Las últimas semanas, el gobierno y la patronal lanzaron nuevos ataques contra los trabajadores; como en Aeromexico, donde lesionan el Contrato Colectivo para favorecer a los nuevos patrones que adquirirán la empresa, o en el sindicato minero y del IMSS. En ese marco, el anuncio de aumento a la gasolina, es un nuevo robo al pueblo trabajador, que sufrirá los efectos de una escalada de precios (ya que subirá el trasporte público, el flete de los alimentos y mercancías, y por ende, su costo). Estas medidas pretenden que sean los trabajadores quienes paguen los efectos de un posible estancamiento de la economía.

Mientras tanto, en el Congreso de la Unión, los partidos pactan reformas como la fiscal, que pretende aumentar la carga impositiva sobre el «trabajo informal» mediante el que sobreviven los millones que no logran acceder a un trabajo digno. O como la reforma electoral, que busca recomponer la imagen de las instituciones después de que el fraude del 2 de julio demostró el carácter tramposo del IFE. En estos pactos participan, junto al PRI y al PAN, sectores de la bancada parlamentaria del PRD, cooperando así con las reformas de Calderón. Estas reformas buscan vender la idea de la democratización de las instituciones. Y, en caso de que no sea suficiente para evitar la acción del movimiento obrero y popular, el gobierno está alistando los instrumentos represivos del estado, como se ve con la militarización creciente del país y las persecuciones al activismo.

Los límites del «milagro» mexicano

A pesar de que el gobierno quiere minimizarlo, las fuertes turbulencias en los mercados bursátiles internacionales están mostrando la fragilidad de los mentados «éxitos» del panismo gobernante.

El estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos (ver articulo en Estrategia Obrera 61) hizo real la amenaza de una recesión en ese país y provocó la salida de capitales en toda la región. México, que concentra un 90% de sus exportaciones en los EE.UU. y está atado por lazos de dependencia y subordinación al imperialismo norteamericano, no podía quedar exento de los efectos de esta crisis.

En las últimas semanas, la bolsa mexicana (BMV) cayó en varias ocasiones, y fueron los títulos accionarios de las inmobiliarias y las empresas de construcción quienes más perdieron, mientras el dólar aumentó su cotización; un efecto evidente de la tormenta en Wall Street. Por detrás de estos bruscos movimientos financieros, está el temor de una recesión en los Estados Unidos, que agravaría la situación económica nacional.

Durante los años 90, bajo los gobiernos de Salinas de Gortari y Zedillo, las transnacionales norteamericanas y sus socios nativos se beneficiaron de las privatizaciones de la industria y los servicios, de los bajos salarios obreros y de las ventajas promovidas por los gobiernos (como las exenciones impositivas o las facilidades para entrarle a las privatizaciones). Y transformaron a México en una plataforma de exportación a su servicio y orientada a los EEUU, concentrada de un puñado de ramas (como la automotriz, la textil y la electrónica); todo esto mientras amplios sectores de la industria -como el calzado-, se arruinaban por la entrada masiva de productos importados. Otro resultado del «modelo neoliberal» fue que en el campo, mientras millones de campesinos e indígenas pobres caían en la miseria, las transnacionales del agro se beneficiaban del TLC.

Desde el 2001, las exportaciones comenzaron a perder terreno en Estados Unidos, debido a la «sociedad» entre ese país y China. Se mostraba el verdadero efecto de la «integración» bajo el TLC: después de que se arruinaron ramas enteras y el campo durante la década del ’90, en los últimos años fueron decenas de miles quienes perdieron sus empleos en las maquiladoras y en las automotrices. Y, en los últimos 12 meses, la retracción de las exportaciones y sus efectos sobre la economía nacional, provocaron el estancamiento de la industria (la manufactura cayó de un 7.6% a 0.3%). Para el 2007, México ocupará el último lugar de la lista latinoamericana.

Tormentas en la economía

Es por todo eso que, desde el 2000, los gobiernos dependieron cada vez más de la venta de petróleo, que les permitió lograr importantes ingresos fiscales. Esto, junto a garantizar altas ganancias a la patronal, le permitió a Fox y ahora a Calderón atraer grandes inversiones en el sector financiero, y en menor medida en la industria.
Ahora, con el cielo encapotado por los nubarrones de crisis financiera, la dependencia del petróleo es un factor de riesgo. Esto se debe a los anuncios de agotamiento de pozos petroleros, y a que, en una recesión económica, los precios petroleros posiblemente retrocedan. Asimismo, el crecimiento de la deuda publica y las dificultades en la recaudación fiscal, cobrarán mucho peso si hay una huida de capitales.

El discurso calderonista de que la economía está «blindada» busca «tranquilizar» a los capitalistas; pero la realidad es que una posible recesión en EE.UU. tendrían en México efectos superiores a los que tuvo la recesión norteamericana del 2000, ya que se daría en medio de una deslegitimación del gobierno y de sus instituciones. En una situación de estancamiento económico, puede acrecentarse la inestabilidad política por el aumento del descontento de los trabajadores y su desconfianza en las instituciones de la «alternancia».

Que los patrones paguen la crisis

El gobierno quiere que los trabajadores paguemos los costos de la crisis que se viene. Ninguno de los partidos del congreso levantan una alternativa que afecte seriamente a los capitalistas; impulsan medidas como el ajuste impositivo contra el trabajo informal, mientras defienden el pago de la deuda externa y dejan pasar los atropellos de la patronal. Es fundamental enfrentar la ofensiva capitalista con un programa que, recogiendo las reivindicaciones obreras, movilice masivamente para frenar los planes y reformas estructurales.

Hay que enfrentar la privatización del sector energético para echar abajo las reformas a la ley del IMSS y del ISSSTE. Frente al ataque a las conquistas de los trabajadores, hay que luchar por Fuera manos del estado de los sindicatos y contra el ataque a los contratos colectivos, al mismo tiempo que impulsamos la recuperación de las organizaciones obreras para los trabajadores.
Los sindicatos deben luchar por ¡Ningún despido ni rebaja salarial!; reparto de las horas de trabajo entre empleados y desempleados, con igual salario, y que la empresa que cierre o despida sea expropiada y puesta bajo control de los trabajadores, como se ha hecho en varios países.

Ante una posible escalada inflacionaria, la única forma de que no se deprecie el salario es lograr el aumento salarial de emergencia y la escala móvil de salarios de acuerdo a la inflación. Y, frente a los intentos de recargar mayores impuestos y alzas a las tarifas y al combustible, hay que luchar por el ¡No pago de la deuda externa! e impuestos a los grandes capitalistas y terratenientes, la vía para obtener los recursos para un mayor presupuesto para la educación y la salud, y los subsidios a los servicios públicos de las mayorías populares.

Las organizaciones obreras y populares tienen que levantar este programa independiente de las propuestas de los distintos partidos (tanto del PAN como de los opositores como el PRI y el PRD), llamando a movilizarse y poniendole fecha a la huelga nacional.