En los años previos, el Estado había resuelto la incipiente crisis institucional causada con la creación de la milicia comunitaria autónoma en Cherán, Michoacán, surgida ante los crímenes de los narcos y el despojo que significaba la tala de sus bosques, pactando con la población “aceptar” a regañadientes la existencia de esta forma de autodefensa comunitaria (donde la población en asamblea general decide la política y las acciones de milicia popular), a cambio de que su actuación no traspasara los límites de esa comunidad y manteniendo la “protección” del ejército ante probables ataques de los narcos. Este ejemplo de organización alentó el surgimiento de los grupos de autodefensa principalmente en Guerrero y Michoacán que, fue más allá de lo que el gobierno de EPN y los analistas del CISEN podían esperar. Sobre todo, porque implica la proliferación del armamento en manos de sectores populares-rurales (como sucede con los grupos guerrilleros), que objetivamente ponen en cuestión el monopolio estatal de las armas. Cosa que ha hecho surgir un alerta de los sectores más de derecha como los empresarios y el panismo, o “democráticos” como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los que preocupa una mayor erosión del Estado y presionan al gobierno hacia una solución “de derecho” (es decir, de liquidación de este fenómeno armado con la fuerza del Estado).

En el marco de esta situación crítica, analizada por el CISEN y el ejército, el gobierno aplicó una política diferenciada en los casos de Guerrero y Michoacán, pues mientras en este último las autodefensas fueron relativamente toleradas como mal menor dado su composición más de clase media y que no asumieron una postura anti- gobierno, en Guerrero expresan un carácter más campesino-indígena y opositor (marcharon armados junto a la CNTE en julio del año pasado apoyando su lucha contra la reforma educativa de Peña Nieto), en un Estado donde la lucha armada tiene larga tradición (el emblema de la CNTE representa a los difuntos dirigentes guerrilleros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas) y cuenta con simpatías entre la población que sufrió terriblemente la “guerra sucia” del Estado en los 70s-80s. Hoy Michoacán se ha convertido en el eje central de los problemas de ingobernabilidad que enfrenta el gobierno de Peña Nieto, y se suma a los otros puntos considerados “focos rojos” por el CISEN, mostrando los flancos débiles del Pacto por México que dificultan la estabilidad necesaria que reclama la clase dominante para profundizar sus planes contra la población trabajadora. Es una muestra de que la implementación de las reformas aprobadas en los últimos meses, muy probablemente tensará la situación en medio de un descontento creciente de la población trabajadora y abrirá escenarios que pueden desbordar la estabilidad lograda por el gobierno del PRI y el régimen de la alternancia.

La nueva fase de la ofensiva burguesa centrada en el redoble del ataque al magisterio (como se ve en el intento de charrazo en la sec. 9 de la CNTE y en la criminalizadora propuesta de ley para los maestros paristas de Edomex, por ahora retirada); en los despidos masivos anunciados en Pemex, IMSS y CFE, etc.) y el descontento ante la aprobación de las leyes secundarias para reforma energética, en medio del bajo crecimiento económico para este año, es el reto del gobierno de Peña Nieto.

Y es que en Michoacán existe el gobierno priísta más débil (Fausto Vallejo) a un año de ser nombrado, tanto por el cuestionamiento al gobernador por sus supuestas ligas con el narco (que habría financiado su campaña), como por las licencias solicitadas por motivo de salud que menguaron su autoridad e impidieron la definición de planes a mediano plazo para enfrentar la problemática de la entidad. La demanda de desaparición de poderes solicitada por el PAN, independientemente de su oportunismo político, parte de una situación objetiva de ingobernabilidad que, no existe siquiera en Tamaulipas, donde el narco ha desquiciado la entidad.

Aceptar la desaparición de poderes en Michoacán y nuevas elecciones para elegir un gobernador provisional, hubiera significado un golpe a la credibilidad del PRI y a su intención de recomponer su fuerza en este Estado, así como un fortalecimiento del PAN a nivel local (donde quedó en segundo lugar en la presidenciales del 2012 y el panismo es encabezado por la hermana del ex presidente Felipe Calderón), cuya repercusión a nivel nacional se expresarían en las elecciones del 2118. De ahí la necesidad para el PRI de recomponer el “tejido social” en esa entidad.

El poder del narco y el crecimiento de las autodefensas como profundización de la crisis de gobernabilidad

La impunidad de los grupos de narcos que afecta la economía de Michoacán vía la extorsión a los empresarios productores de aguacate limón en la región y los comerciantes, así como por la participación de los Templarios en rubros de la economía como la minería y la exportación de acero a China desde el puerto Lázaro Cárdenas, y que impone sus dictados a la población secuestrando y asesinando ha exhibido públicamente la crisis de gobernabilidad que definimos antes, la cual cuestiona directamente la fortaleza del gobierno de Peña Nieto, condición elemental para sus planes de atraer inversiones de Europa y Asia y aumentar la exportaciones.

Y ya sea por la complicidad de los militares y cuerpos de seguridad con el narco, o por el control territorial de estos grupos, la impotencia del gobierno estatal es percibida por la población como una virtual inexistencia de poderes, lo que significa un desgaste de Peña Nieto.

Durante el año previo, esta situación posibilitó el rápido crecimiento de las llamadas autodefensas como respuesta ante esta situación, que cuentan con legitimidad ante la población, resaltando el descontento con las autoridades por su impotencia ante los cárteles de la droga, y el apoyo a las acciones de los grupos de civiles que combaten al narco. Sin embargo, este fortalecimiento obedece también a una limitada tolerancia por parte del gobierno que, ante la imposibilidad –por ahora- de inmovilizar a estos grupos no contemplados en el organigrama de seguridad y de controlar militar y políticamente a los “caballeros templarios”, los acepta como un mal menor, funcional a sus limitaciones para normalizar la situación en esta región.

Sin embargo, el fortalecimiento de las autodefensas en Michoacán, que controlan un 25 por ciento de territorio arrebatándole posiciones a los narcos, plantea al gobierno la preocupación de hacia dónde pueda derivar este fenómeno; ya sea que, una vez desalojados los Templarios de su último bastión (Apatzingán), los grupos de autodefensa queden como una fuerza armada independiente del estado, distinta a las tradicionales policías comunitarias (como la de Guerrero ) que tienen cerca de 18 años funcionando y son aceptadas por los gobiernos estatales – generalmente desarmadas- basadas en los usos y costumbres, elegidas por la comunidad y que debido a su autoridad moral reeducan a los infractores del bando de la policía. O lo más riesgoso, que se “radicalicen” y se conviertan en grupos opositores armados. Por lo que esta política de negociación con las autodefensas donde no quedan claros los limites desde el punto de vista del Estado burgués, no puede ser indefinida.

Hace unos días, el gobierno, ante el cuestionamiento de los empresarios y su descrédito a nivel internacional, respondió con una medida desesperada para imponer su autoridad llenando la región de Tierra Caliente de militares y policías federales para restarle fuerza y prestigio a las autodefensas y detener su desarrollo, demandando su desarme. Medida que, como quedó demostrado por la respuesta del Consejo general de Autodefensas y el apoyo popular que recibió crea más tensión en la región (la población desarmada enfrentó al ejército que desarmó a sus protectores). Pues al ser una medida abiertamente autoritaria que no fue consensuada con las otras fuerzas políticas del Congreso, ni negociada con la dirección de las autodefensas, le abrió una nueva crisis que dejó mal parado al gobierno fortaleciendo la imagen de las grupos armados, polarizando la situación con las autodefensas y la población de varios municipios, así como mostrando la tendencia al surgimiento de milicias populares con grupos más autónomos en la región (como en Buenavista Coalcomán donde la mayoría del pueblo está armada) y en otros estados del país.

La desproporcionada respuesta de los militares en Antúnez a los pobladores que pretendían recuperar las armas confiscadas a los autodefensas mediante el asesinando a 3 personas, pese a los intentos de cooptación del máximo representante de las autodefensas, impidió por el momento al gobierno una mayor ofensiva militar contra los autodefensas para recomponer su imagen y controlar totalmente los movimientos de estos grupos .Y es que pese a la fuerte militarización del estado, el gobierno tiene que negociar con estas fuerzas que han ganado prestigio y fortaleza al desalojar a los Caballeros Templarios de las comunidades, y que -asumiendo funciones de autoridades civiles- están regresando a sus dueños las tierras arrebatadas por el narco; las cuales establecieron incluso que los comerciantes deben frenar las alzas a los comestibles en la región, toda vez que no hay pretextos para justificarlas al terminarse las extorsiones por la expulsión de los narcos.
Ganar tiempo y aislar el conflicto de Michoacán del resto del país, es parte de la estrategia oficial para estabilizar. Por lo que, incluso, es probable gobierno hasta sometería a juicio a los soldados que asesinaron a los pobladores en Antúnez, para “limpiar” su imagen y tender un puente hacia una negociación con las autodefensas y la población, que cerrara un escenario de cierta inestabilidad.

Una salida transitoria (militar y política)

Esta crisis de gobernabilidad que tiene sus orígenes en los gobiernos panistas surgidos en la alternancia, y que la indefinición estratégica de Peña Nieto y su gobierno para enfrentarlo acrecentó, es hoy uno de los puntos más débiles del acuerdo de PRI-PAN debilitado por la salida del PRD, por sus intereses pragmáticos, del Pacto por México. Por eso, estabilizar Michoacán y recomponer las instituciones en ese lugar (el gobierno federal está “depurando” las policías del estado poniendo en su lugar a la Policía Federal) es clave para imponer la gobernabilidad a nivel nacional.

Dado que -como decíamos arriba- el PRI gobierno no puede aceptar ni la desaparición de poderes en el estado y la renuncia del gobernador Fausto Nieto -lo que implicaría el reconocimiento de una crisis institucional regional-, hoy recurre al nombramiento de un Comisionado de Seguridad que absorberá las funciones que competan a la organización, coordinación y planificación de la estrategia de seguridad en el Estado, imponiéndole al debilitado gobernador que ceda su poder a al emisario del gobierno federal, evitando así que la crisis de profundice. Desde ahí, el Comisionado buscará negociar con las autodefensas tanto el control territorial, como los límites al armamento de las autodefensas y su campo de acción.

Esta ofensiva castrense se acompaña de un gran aparato propagandístico que enfatiza los recursos millonarios destinados a esta tarea, así como la exhibición de la captura de capos menores, cuyo destinatario del mensaje es la Casa Blanca, que es realmente quien define la estrategia contra el narco, ante el riesgo de inestabilidad que ve como un problema de “seguridad nacional” para los Estados Unidos. Y es que la preocupación del gobierno de Obama –en voz de John Kerry, el secretario de estado de ese país- y su injerencista ofrecimiento de ayuda para “resolver” la crisis eh Michoacán, muestran el grado de desconfianza hacia el gobierno de Peña Nieto, en un contexto de mucho descontento en el país que probablemente se recrudecerá ante la ola de despidos anunciados, el creciente costo de la vida, alza en los servicios, crecimiento de la pobreza, etc. Este no es el mejor escenario para los planes de los EE.UU en lo que considera su “patio trasero”.

Esta preocupación del imperialismo por la estabilidad de México, mete en un brete a Peña Nieto que debe liquidar lo más rápido posible este proceso que plantea elementos de autonomía respecto al estado, donde desarmarlo implica dejar a las autodefensas a merced de los Templarios; es lo que está causando resistencia al desarme.

El plan del PRI para Michoacán es recomponer los flancos débiles en la gobernabilidad del estado con una mayor centralización del poder político y el control militar como parte de una estrategia nacional autoritaria. Una salida transitoria que busca fortalecer gradualmente su política para imponerse totalmente en la entidad y, desde ahí aplicar la estrategia que le plantee la situación concreta: o una ofensiva sobre el narco capturando a algunos jefes importantes de los Templario (para quitarle razón de ser a las autodefensas y presentar resultados concretos a Washington), o una negociación con los narcos que permita una estabilidad relativa en la región, evitando una guerra total, ya sea contra los Templarios o contra los grupos autodefensa. En última instancia, hoy se lograría un equilibrio precario que, a mediano plazo fortalecería a la fuerza principal (la más ofensiva) que es el ejército federal.

Esta puede ser la salida más económica para un gobierno autoritario que no puede imponerse como quisiera, en una región donde está cuestionado en los hechos el monopolio estatal de las armas, y donde el ejército, para desarmar totalmente a los grupos de autodefensa, tendría que hacer una masacre contra la población armada y no armada, lo que provocaría una gran crisis del gobierno y del régimen político. Sin embargo, el riesgo del autoritarismo campea sobre este conflicto social y político. Y es que el gobierno de Peña Nieto necesita recomponer su imagen y mostrar que el estado es fuerte, que no es un “estado fallido”, para imponer la gobernabilidad.

Una tregua que no desestabilice

La política del gobierno una vez fracasada la intentona autoritaria de desarmar a las autodefensas (utilizando inicialmente al Dr. José Manuel Mireles), es de negociar con estas fuerzas que solamente piden un verdadero compromiso del gobierno y acciones contundentes del ejército para capturar a los principales jefes de los templarios. El regresarles el armamento a las autodefensas y permitirles seguirse movilizando con cierta autonomía y bajo el control y acuerdo con los militares, es parte de una política que busca el consenso, amparada en el respaldo de la fuerza militar y la virtual ocupación del estado por el ejército. Y es que logrando una negociación en Michoacán, el gobierno no solamente avanzaría en resolver la crisis de gobernabilidad regional, sino que desactivaría un conflicto que podría empalmar con los otros “focos rojos” que existen en el país.

Muy probablemente apostará a una combinación de cooptación, desgaste, aislamiento y división de las autodefensas, y una posteriormente actuación con las medidas drásticas que tengan cierta “legitimidad”. Esto para nada cierra la posibilidad de un enfrentamiento entre las autodefensas y el gobierno provocando un salto en la polarización social y política en la entidad, aunque ya las mismas autodefensas han declarado que quieren evitar choques como éstos.

Y pese a las declaraciones ultimatistas del secretario de Gobernación, la realidad llevó al gobierno a acordar una tregua con las autodefensas, a cambio de aminorar la actividad de éstos y no ostentar su armamento, manteniendo así un precario equilibrio que le permite al gobierno avanzar en el control de los municipios, fortaleciendo la virtual ocupación militar de la región. Parece que el gobierno cuenta con que por ahora no se ve una tendencia al enfrentamiento y a la radicalización de este movimiento. Y es que las autodefensas busca restablecer el “estado de derecho” en la región (han declarado no estar en contra el gobierno ni de los militares, aunque desconfían públicamente de ellos), para permitir el libre desarrollo del comercio de los productores de esa región hoy en crisis como resultado de la extorsión de los “caballeros templarios”. Esto muestra sus límites políticos e ideológicos, los cuales han sido incluso destacados por distintos intelectuales con mayor certeza que algunas corrientes que obvian esto y presentan caracterizaciones apresuradas y exageradas. En un sentido, su lucha es por restablecer la gobernabilidad, misma que –contradictoriamente- con sus acciones enfrentan. Hay que considerar también que aunque este movimiento expresa a un sector más plebeyo y cansado de los abusos de los narcos, hay un predominio importante de franjas provenientes de la clase media (empresarios, agricultores exportadores de limón y aguacate; comerciantes). Incluso su armamento estaría expresando esto, al ser de alto poder de fuego, superior al de las viejas carabinas utilizadas por los grupos de autodefensa agrupados en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), cuya composición es mayoritariamente campesina y que se ha hecho parte de la lucha del magisterio combativo de ese estado y de otras demandas populares.

No podemos asegurar cuál será la dinámica que seguirá este proceso que deja abierta, por un lado, la posibilidad del desarrollo de sus aspectos progresivos (y educativos) como son el derecho a la autodefensa armada y tendencias a la autonomía y la auto-organización por fuera de los organigramas oficiales de seguridad. Pero también hay que considerar, como posibilidad, que fuera cooptada una parte de las autodefensas, o incluso que decante un ala paramilitar tipo guardias blancas dado el carácter de clase ya mencionado de muchos de sus componentes y su búsqueda de protección estatal que disputaría la hegemonía de este fenómeno con los sectores más populares y proletarios.

Sin embargo, lo que hasta ahora está primando es que hay acuerdo entre los principales partidos patronales para recomponer la gobernabilidad en Michoacán, Ya el PRD en voz de su coordinador en la Cámara de Diputados, dio su apoyo al Acuerdo para Seguridad en Michoacán. Pues, pese a haber roto el Pacto por México, su compromiso para garantizar la estabilidad del régimen, no está en duda.

22-ene-2014