La estrategia de “combate al crimen organizado”, instrumentada por el gobierno federal, se encuentra hoy en el punto más alto de sus contradicciones. El secuestro de Diego Fernández de Cevallos (DFC), además de evidenciar el fracaso de la política calderonista en materia de seguridad, desnudó la fragilidad del régimen y la inseguridad que persiste. El esfuerzo de la presidencia por mostrar un país sin sobresaltos, con gobernabilidad y seguro para la inversión, se está desmoronando.

En Tamaulipas, fue asesinado el candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso y varios aspirantes renunciaron a sus registros ante las amenazas del narco. Otros más huyeron a EU “para salvaguardar sus vidas”. El rapto de DFC – representante de la ultraderecha, la oligarquía empresarial y política del país –, es un duro golpe político contra Calderón. Muestra la debilidad e impotencia del gobierno frente a la acción del crimen organizado, cuyo poder operativo y de inteligencia va claramente en crecimiento.

En el plano externo, la presión sobre la presidencia también va en aumento. Durante su pasada visita a Washington creció el cuestionamiento yanqui acerca de que sus intereses se encuentran “amenazados” en el país y no faltaron las expresiones de preocupación por parte de la Casa Blanca por la latente explosividad de la población en lo que considera su “patio trasero” y que ningún muro fronterizo podría atenuar.

Una dinámica de mayor ataque

El PAN carga con los costos del desprestigio y desgaste del gobierno. Se encuentra dividido y no cuenta con liderazgos fuertes, sin contar el impacto negativo que le significa tener a una de sus principales figuras muerta o cautiva. Tal situación le ha comenzado a restar dividendos electorales (como sucedió en Yucatán). Su crisis es la del proyecto de régimen fuerte surgido después del año 2000: el régimen de la alternancia.

Por ello, los intentos por recomponer el régimen, o de configurar uno nuevo, están cargados de medidas más brutales y represivas contra la población, y pese al desgaste del gobierno de Calderón, éste se ha fortalecido con relación al movimiento obrero y de masas. Un brutal ejemplo de ello es el desalojo de la huelga minera en Cananea, para lo cual el gobierno se valió de unos 2000 policías federales para cumplir los deseos de los empresarios de Minera México que clamaban por la represión a esta lucha de más de dos años.

En Oaxaca se recrudece el accionar de los paramilitares en la zona triqui. El 27/04 en el municipio autónomo de San Juan Copala, grupos paramilitares afines al PRI y a Ulises Ruiz emboscaron a una caravana que trasportaba ayuda internacional a esa comunidad indígena, matando a dos activistas y dejando desaparecidos a una docena más. Casi un mes después de ese ataque se registró el asesinato del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, Timoteo A. Ramírez y de su esposa, Cleriberta Castro, reconocidos opositores al gobierno estatal. Hoy los paramilitares cierran el paso de una nueva caravana de solidaridad y amenazan con un nuevo ataque. Los gobiernos estatal y federal quieren mostrar esta violencia como consecuencia de rencillas personales o conflictos intercomunitarios, cuando son los principales responsables de la “guerra sucia” contra las comunidades indígenas rebeldes, sin que la “alianza opositora”, encabezada por el pejista Gabino Cué, mueva ni un dedo en defensa de las comunidades indígenas y su autonomía.

Otras medidas en esa misma línea de brutalidad son los constantes ataques a las libertades democráticas, como la reciente represión en Cuernavaca contra los electricistas y la criminalización de las protestas de maestros de la CNTE. La impunidad frente a la escalada de feminicidios en el Estado de México, los asesinatos a periodistas y defensores de derechos humanos en todo el país y la imposición de toques de queda en algunas ciudades como Tampico, completan el escenario reaccionario cada día más basado en el autoritarismo.

Si el gobierno pudo avanzar en sus planes contra los trabajadores y el pueblo, como el ataque al SME y la esclavista Reforma Laboral, es resultado también de la política impulsada por las direcciones del movimiento obrero y de masas, que claramente ha sido estéril para potenciar, unificar y generalizar la energía mostrada por los trabajadores electricistas, las comunidades indígenas en resistencia, los mineros, o el magisterio, en un ataque frontal contra la ofensiva de Calderón y el FMI; y para forjar un fuerte combate unitario que impida que sigan creciendo los asesinatos, los encarcelados, los perseguidos y los desaparecidos. Al mismo tiempo, el caso Paulette burdamente dio cuenta de la descomposición institucional de la “justicia”, que penaliza el descontento mientras manipula y se corrompe para garantizar impunidad a los grupos de poder como los que dominan el Edomex.

La coyuntura electoral: desvío del descontento

Las dificultades del PAN para preservar la seguridad que requiere la clase dominante ha hecho que el PRI se perfile como el partido que puede garantizar a la burguesía y el imperialismo un recambio de gobierno favorable a sus intereses, que desvíe el descontento popular y resulte en un fortalecimiento de las instituciones del Estado. Peña Nieto aparece como un candidato fuerte para el 2012. Tiene el respaldo de varios gobernadores y también de un importante sector del empresariado. Por si fuera poco, el manejo de su imagen mediática busca captar la atención de las masas y presentarlo como “la alternativa” de gobierno ante la impopularidad de Calderón. Para hacer frente a tan polarizada situación, el recambio de régimen será sólo en aras de su supervivencia, pues está claro que no puede ofrecer otra cosa a las masas que la sistematización de las atrocidades que ya se vienen cometiendo contra la población trabajadora y popular. Recordemos quién es el “revolucionario institucional”: el partido del orden y la contra insurgencia. De los gobernadores caciques, como Mario Marín y Ulises Ruiz; de los paramilitares y las guardias blancas; de la represión y las violaciones en Atenco; de la Sonora de Bours y la impunidad en la tragedia de la guardería ABC; de Moreira y el homicidio industrial en Pasta de Conchos; del gobierno de Veracruz que promueve la penalización del aborto; del “accidente” de la niña Paulette en el Edomex de Peña Nieto; de los líderes charros, que colaboran con el gobierno.

Por su parte, el PRD demuestra que sus alianzas electorales con el gobierno de la militarización, la represión y el desempleo, están por encima de los derechos de la población pobre que dice representar. En Quintana Roo, ante la detención de su candidato a gobernador Greg Sánchez, acusado de vínculos con el narcotráfico, la dirigencia perredista se apresuró en aclarar que no romperán su política de alianzas con el PAN, a pesar de que denunció un uso faccioso de la justicia por parte del panista gobierno federal y denunció a Gómez Mont como el responsable de este golpe.

Por su parte, el ala “izquierda” de López Obrador, por su estrategia electoralista, pacifista y legalista, se ha mostrado impotente frente a cada embestida del gobierno de la derecha. Más allá de sus alas, el PRD mantiene su pacto de coexistencia interna entre un sector más colaboracionista con el gobierno y otro que aparece a los ojos de las masas como más “opositor”, pero que en ambos casos buscan preservar la estabilidad del régimen. Por eso en los estados donde gobierna -Chiapas, Guerrero, Zacatecas, Michoacán y el DF- y a nivel federal también protege caciques, fortalece la represión, respalda paramilitares y narcos. El PRD avala la militarización del país y el perfeccionamiento de fuerzas policíacas.

Descontento con la política represiva y antiobrera del gobierno

El gobierno de Calderón, a pesar de estar envalentonado contra los trabajadores, no cuenta con el apoyo mayoritario de la población. Mientras tanto, en varias regiones del país se propaga un amplio descontento por la aplicación de los planes de miseria y la política reaccionaria.

Por encima del temor a que el “crimen organizado” siga su fortalecimiento, los partidos de Congreso, al igual que Washington, temen que el descontento pueda expresarse en la acción obrera y popular. Por eso es que descargan duros golpes contra los sectores que luchan, como en Cananea, Pasta de Conchos y en el SME.

En este contexto, los trabajadores y el pueblo tienen planteado remontar los duros golpes recibidos, con base en la gran energía y disposición a la lucha que persiste en amplios sectores del campo y la ciudad. Es indispensable rodear de solidaridad las luchas de los mineros, el magisterio y los electricistas, y coordinar todas las acciones para sentar las bases de un plan de lucha unificado, contra las violaciones a los derechos humanos y garantías individuales, y contra la ofensiva del gobierno sobre los trabajadores y el pueblo, contra la represión y el avasallamiento de las más elementales libertades democráticas