En los últimos meses los trabajadores han emprendido distintas luchas por el salario y por mejores condiciones de trabajo aumentando significativamente los índices de conflictividad laboral, momento que tuvo su pico máximo el pasado 7 de octubre con el Paro General de 24 hs.
Sobran los motivos para salir a la lucha: los bajos salarios, las formas de contratación precaria, el trabajo en negro, y además la posibilidad de incidir en las negociaciones salariales y en la votación del Presupuesto Quinquenal que realizará en estos días el Parlamento. Por otro lado cada vez queda más claro que plata hay: los índices macro económicos son positivos, los balances de las empresas muestran ganancias extraordinarias, el aumento del crecimiento económico es acompañado por un incremento en la brecha de desigualdad entre los sectores más ricos y los más pobres de la sociedad. O sea que el crecimiento no es igual para todos, como nos quiere hacer creer el gobierno de Mujica: la bonanza económica es para las empresas exportadoras, para los dueños de las tierras (cada vez más extranjerizadas) y para los agroexportadores, es para los bancos y las empresas de comercio y los servicios. Los capitalistas descorchan champaña este fin de año porque sus ganancias se han incrementado a costa de los salarios de miseria de los trabajadores y las precarias condiciones de trabajo garantizadas por el gobierno frenteamplista de Mujica, que aseguró una y mil veces que los inversores pueden estar tranquilos en Uruguay porque van a ganar fortunas y nadie va a cuestionar su riqueza. El Frente Amplio garantiza también la plata para el pago puntual de la deuda externa que cada vez crece más y que pagamos todos los uruguayos hipotecando nuestro futuro y el de las próximas generaciones.

El fracaso de las negociaciones salariales hizo también que diversos gremios hayan iniciado duros conflictos, tanto en el ámbito privado como público por recomposición salarial en algunos casos y contra la precarización laboral y por mejores condiciones de trabajo en otros: municipales de Montevideo y Canelones, docentes, trabajadores de la salud, controladores aéreos, funcionarios de la universidad, trabajadores bancarios, judiciales, recolectores de la basura, trabajadores de la construcción, de comercio, de la aduana, frigoríficos, arroceros, portuarios, etc etc.

Estas luchas han incluido en algunos casos acciones callejeras como importantes movilizaciones (como la del gremio de la construcción), ocupaciones de dependencias estatales (como en el caso de los judiciales) y piquetes para impedir el comercio exterior y la utilización de carneros (como sucedió en el puerto de Montevideo).

Pese a la demostración de fuerzas que viene dando la clase trabajadora, los dirigentes sindicales del PIT-CNT se vienen negando a unificar las luchas, evitando unir los reclamos obreros en una gran lucha nacional por el salario y contra la precarización laboral. Así desgastan las energías de la clase obrera, permite que los gremios luchen y negocien por separado, cuando estamos ante la oportunidad de pegar con un solo puño, ya que el gobierno viene golpeado por el incremento de la conflictividad obrera y por las divisiones al interior del Frente Amplio sobre temas candentes como discusiones sobre la Ley de Caducidad además de los casos que salpican a figuras del gobierno como la votación que permitió la clausura del expediente de los Peirano o las omisiones en las declaraciones juradas patrimoniales del ex vicepresidente Nin Novoa.

La burocracia sindical (con el Partido Comunista a la cabeza) vuelve a actuar frenando la combatividad obrera, planteando que el eje de la lucha no debe ser “contra el gobierno” y negociando muchas veces migajas para proteger al gobierno frenteamplista.

Mujica se alía a la derecha contra los trabajadores

Frente a las medidas de acción directa de los trabajadores como las ocupaciones y los piquetes, la derecha expresada en los partidos Nacional y Colorado y las cámaras empresariales salieron con los tapones de punta condenando la radicalidad de la protesta, rechazándolas por desmedidas y exigiendo “mano dura” al gobierno contra los “excesos” de los trabajadores.

Parece que Mujica escuchó estos reclamos (no los de los trabajadores sino los de la derecha recalcitrante) y actuó en consecuencia llamando a los trabajadores a la reflexión en pos de no espantar las inversiones extranjeras. Pero además arremetió contra el derecho más elemental de los trabajadores, el derecho a la huelga, ya que ha firmado un decreto donde dice expresamente que ante una ocupación de alguna dependencia pública se procederá a autorizar a las fuerzas policiales a que desalojen el edificio para garantizar su normal funcionamiento. Toda una muestra de que el gobierno de Mujica está al servicio de los empresarios que se están llenando de plata los bolsillos y contra los trabajadores que reclaman nivelar sus ingresos.

Esta disposición del ex tupamaro causó sorpresa y repudio en amplios sectores de las bases frenteamplistas. Sin embargo es coherente con su disposición de aumentar los fondos para las fuerzas represivas, además de la operación de reconciliación con las Fuerzas Armadas que viene haciendo desde que asumió, hace diez meses. Junto con la política carcelaria y la baja de la edad de imputabilidad de los menores, son todas medidas que intentan ubicar y jerarquizar a las fuerzas represivas, dotarlas de legitimidad y aumentar su poder de fuego frente al incremento de las luchas obreras. Como todo gobierno al servicio de los capitalistas, necesita de estas fuerzas para usarlas contra las luchas obreras y populares.

La respuesta del sindicalismo oficialista fue siniestra: más allá de algunas declaraciones a la prensa a nadie se le ocurrió realizar una demostración de fuerzas en las calles, aprovechar la disposición de lucha y de movilización para poner en pie un movimiento que se declare firmemente en contra de este avasallamiento a los derechos más elementales por parte de un gobierno que supuestamente es de izquierda.

Hay que exigir a la dirigencia sindical la realización de asambleas en todos los lugares de trabajo, sean públicos o privados, porque esto es un ataque para todos, la base tiene que decidir, todos tenemos que participar. Hay que votar un repudio generalizado a este decreto reaccionario “antitoma” y demostrarlo en las calles, hay que exigir el llamado a un Congreso Nacional de Delegados de Base de todo el movimiento obrero elegidos de forma democrática por las bases en todos los lugares de trabajo, para borrar las diferencias entre público y privado, efectivo y contratado, precarizado y eventual, trabajo en negro, que todos puedan participar y decidir un plan de lucha unificado con una clara definición de independencia política del movimiento obrero. Es necesario luchar por:

• Aumento de salarios a nivel de media canasta familiar

• Presupuestación de todos los contratados y precarizados

• Basta de trabajo en negro

• A igual tarea, igual salario

• Que el gobierno deje de pagar la deuda externa y ponga ese dinero en los presupuestos de salud y educación

• No a la Reforma del Estado que flexibiliza aún más la fuerza de trabajo

• Expropiación y estatización sin pago y bajo control obrero de toda fábrica que cierre o pretenda despedir a su plantilla.

Por Karina Rojas desde Uruguay, miembro del

www.debatemilitante.blogspot.com

Grupo simpatizante de la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional

Uruguay