(CeProDH, 17/05/13) Murió Videla, pero lamentablemente sigue vivo gran parte del producto de su obra contrarrevolucionaria.

El despreciable Videla no fue un “loco”, sino que comandó el brazo ejecutor de un plan de exterminio al servicio de las grandes patronales, los banqueros y los terratenientes, grupos minoritarios que hoy continúan manejando la economía nacional.

El golpe contrarrevolucionario encabezado por Videla en 1976 fue parte de un proceso que comenzó en Chile, Uruguay y Bolivia, un proceso comandado directa o indirectamente por el Departamento de Estado de EE. UU., que vino a acabar a sangre y fuego con el ascenso revolucionario de los obreros y estudiantes de todos estos países. El Plan Cóndor, en cuya causa la nieta recuperada María Victoria Moyano y el CeProDH son querellantes, fue parte de esa coordinación contrarrevolucionaria que permitió que años después se implantara el neoliberalismo en nuestros países, cuya matriz privatizadora y de desguace de la educación y la salud pública nacional, al igual que la flexibilización de las condiciones laborales, aún hoy sigue vigente luego de diez años de un Gobierno que se precia de ser “nacional y popular”.

La gran burguesía argentina tiene su génesis manchada por la sangre de los explotados y oprimidos, que comenzó con el genocidio a los pueblos originarios con Roca a la cabeza, luego con la masacre en la Patagonia bajo el mando del coronel Varela, la Semana Trágica en Buenos Aires, cuando surgieron los primeros comandos fascistas -predecesores de la Triple A- en la Liga Patriótica para aplastar a los obreros insurrectos; los golpes de Estado desde 1930.

Los mentores civiles del golpe encabezado por Videla en 1976 se valieron de sus servicios criminales para acabar con comisiones internas de trabajadores de sus fábricas y empresas y con el sindicalismo de base de entonces, con la complicidad de la burocracia sindical. Esos trabajadores fueron el principal blanco de la dictadura genocida.

El Gobierno kirchnerista, además de mantener en pie gran parte de la infraestructura del neoliberalismo (privatizaciones de la gran mayoría de los servicios públicos y flexibilización laboral), también mantuvo en pie organismos de espionaje e infiltración a las organizaciones populares por parte de las fuerzas de seguridad, como el ’Proyecto X’ de Gendarmería y un destacamento especial de inteligencia ilegal en la Policía Federal Argentina, como acaba de salir a la luz con un infiltrado de esa fuerza en la Agencia Walsh. Con esta metodología se arman las causas penales que pesan sobre más de cinco mil luchadores obreros y populares en todo el país. Este Gobierno sancionó las leyes represivas que le dictó el Departamento de Estado, como las leyes antiterroristas. Jorge Julio López fue secuestrado y está desaparecido desde 2006 y la presidenta jamás lo mencionó en público. Los videlistas que cometieron este crimen siguen bajo un manto de total impunidad. Desde 1983 murieron bajo las balas del “gatillo fácil” policial más de tres mil jóvenes, la mitad durante el Gobierno de los Kirchner. Hay un promedio de un muerto al día por “gatillo fácil” o torturas en cárceles, comisarías o institutos de menores.

Hoy, treinta y siete años después del golpe, hay sólo cuatrocientos siete condenados por crimenes de lesa humanidad, cientos murieron impunes y otros tantos están prófugos. De los más de cuatrocientos nietos con su identidad fraguada, sólo se pudieron recuperar ciento siete. El Gobierno se niega a abrir todos los archivos de la dictadura y a disolver los aparatos de inteligencia, cuya función es espiar e infiltrar a las organizaciones populares.

Murió Videla, un ser al que odiamos y despreciamos. Nuestra lucha no cesa.

María Victoria Moyano (nieta recuperada por las Abuelas): (011) 15 6790 4333 Alejandrina Barry (hija de desaparecidos): (011) 15 5834 2351 Myriam Bregman (abogada de Jorge Julio López y querellante en los juicios a los genocidas): (011) 15 4170 2398 Carla Lacorte (víctima del gatillo fácil de la Bonaerense): (011) 15 3567 3992 Jorge Sobrado (ex detenido-desaparecido en el CCD La Rivera, Córdoba): (011) 15 5731 9523

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos