Por: Fernando Rosso , Ruth Werner

Todos los días el gobierno da motivos para el descontento y la movilización popular. La bronca estalló esta vez en la Ciudad de Buenos Aires por el apagón de Edesur que dejó sin luz ni agua a millones de vecinos. Las privatizadas de los ’90, ultra-subsidiadas, siguen “vivitas y coleando” haciendo negocios sobre la base de las penurias populares. El acuerdo con Macri para votar la reforma antiobrera de las ART se transformó en una “sociedad de socorros mutuos” en el Congreso y en la Legislatura de la Ciudad (pág. 4). El progresismo “nacional y popular” tiene un verdadero contubernio con “la derecha” macrista.

Los mismos investigadores kirchneristas reconocen que la extranjerización de la economía aumentó exponencialmente, con el predominio absoluto de las empresas imperialistas entre las líderes del país (pág. 5). Y hasta los economistas K afirman que “La fuga de capitales iniciada en 2007 fue la de mayor magnitud desde la década del ‘70” (Página 12, 4/11), cerca de 80 mil millones de dólares, el equivalente a un 18% del Producto Bruto. En sus intentos de refutar a los que cuestionan el “cepo” al dólar, los K confiesan su servilismo a los grandes empresarios y banqueros fugadores de dólares. Si se suma la promesa de Cristina de pagar toda la deuda (y en dólares) para “honrar nuestros compromisos” con los usureros internacionales, tenemos el cóctel completo que se esconde detrás de los discursos.

La inflación, el impuesto al salario, los ajustes provinciales, la decadencia de la estructura de los servicios esenciales, leyes como la de Riesgos de Trabajo favorables a la rentabilidad empresaria, la precarización y el trabajo en negro, son la verdadera cara del “modelo” que no es “ni nacional, ni popular”, sino patronal y pro-imperialista.

Las iniciativas con las que el gobierno pretende adornarse de progresismo acaban en farsa. El voto a los 16 se aprobó con el limitado carácter de “optativo” y se cajoneó el proyecto de voto para los inmigrantes. La “ampliación de derechos” no vale para los más explotados, la única “libertad plena” que poseen es la de ser mano de obra esclava en talleres clandestinos u obras de construcción de los especuladores inmobiliarios (pág. 5).

El 7D contra Clarín se perfila como un nuevo comienzo de... más de lo mismo: con interminables cruces jurídicos y un conflicto funcional a ambos bandos. El gobierno lo promueve para hacer “como sí” batallara contra las corporaciones (mientras construye su propio monopolio mediático), y Clarín lo aprovecha para erigirse en el articulador de la oposición patronal.

La alianza de Cristina con los más traidores de la burocracia sindical, a quienes les mantienen todas sus prebendas, cierra el círculo de un gobierno que dio por clausurado el “nunca menos”.

Al giro a la derecha persistente y evidente del cristinismo (complementado con un impotente intervencionismo estatal), le corresponde un fortalecimiento de la represión y la persecución, en particular contra los sectores combativos del movimiento obrero y la izquierda. El “Proyecto X” fue un adelanto, la aprobación de la ley “antiterrorista” la continuidad, y los procesamientos de miles de luchadores, la coronación de la “nueva política” represiva. El coronel Berni, el agente ideal para llevarla a cabo.

Un 8N funcional a la oposición patronal

En las movilizaciones del nuevo “cacerolazo”, fomentado por grandes corporaciones empresariales, la Iglesia y el apoyo de políticos patronales como Macri, De la Sota, Carrió o De Narváez, no se escuchará ninguna denuncia a los contornos más reaccionarios de la política gubernamental. La convocatoria no levanta ninguna demanda sentida por los sectores obreros y populares (aunque algunos individuos aislados hablen del 82% móvil). Mientras se critica al gobierno, nada se dice de la oposición tan antiobrera y antipopular como el kirchnerismo. El cacerolazo es absolutamente funcional a las distintas variantes de la oposición patronal, política o mediática que utiliza a las clases medias como base de maniobra para defender sus intereses políticos o empresarios, opuestos a los de la mayoría. La demagogia “republicana” contra la re-re elección, a esta altura con pocas posibilidades de concretarse, sólo oculta su verdadero programa.

Las vacilaciones de Moyano y Micheli

CFK volvió a insistir con su ya clásico “péguele a los trabajadores que reclaman”. Esta vez les llegó el turno a los ferroviarios del Sarmiento. Se ve que a la UIA no le alcanzó con la ley de ART y ahora quiere que CFK le pare cualquier protesta que apunte a lograr algún aumento, cuando lo acordado en paritarias ya fue carcomido por la inflación.

Pero la caída salarial no es la única razón para protestar. Más del 50% de la fuerza laboral está precarizada o en negro, sin derecho a vacaciones, sin aguinaldo y muchas veces cobrando la mitad que los trabajadores en blanco.

Lo que a esta altura también sobran son las vacilaciones de los dirigentes sindicales. Desde hace más de un mes, Hugo Moyano y Pablo Micheli (a lo que se sumó ahora también Barrionuevo) hablan del paro nacional. No hay fecha concreta, ni está clara su modalidad, si será con movilización o no. Ni siquiera informan el programa de la convocatoria.

Cualquier trabajador puede acordar con las denuncias de Moyano. Es lógico el pedido de $4000 antes de fin de año. Pero, ¿qué es lo que impide que le pongan fecha al paro? Según dicen, esperan el resultado del cacerolazo que, como dijimos, es una acción funcional a los objetivos de la oposición patronal. Para Moyano y Micheli, se trata de limitar lo más posible la acción obrera para que esta no impacte en el escenario político. Por eso, mientras se llenan la boca con discursos, se muestran junto a Scioli, Macri o De la Sota (Moyano), o apoyan al FAP de Binner (Micheli). La nota esta semana la dio Facundo Moyano, dirigente de la Juventud Sindical, que se la daba de “progre” y que desde EE.UU. se fotografió abrazado a un legislador macrista, con una imagen de Barack Obama. El fotogénico Julián Obiglio es uno de los que apoyó la ley de Riesgos de Trabajo

Imponer el paro activo nacional, con un programa obrero y popular

Nuestra política es la opuesta a la de estos dirigentes. Queremos que la clase trabajadora y el pueblo pobre pesen en la vida nacional con sus propias demandas. Desde la izquierda clasista peleamos para que la salida la den los trabajadores

La tarea del momento es imponer el paro nacional. Con los compañeros del Frente de Izquierda, si se concreta el paro, debemos impulsar en común un posicionamiento para promover un polo o bloque antiburocrático para intervenir con una política independiente.

La convocatoria al paro debe hacerse lo antes posible para prepararlo con tiempo, para debatir en asambleas y plenarios de todos los gremios, para obligar a los dirigentes de la CGT y la CTA oficialista a convocarlo y que éste sea realmente contundente.

El programa que levantamos para impulsar el paro parte de exigir la anulación de la ley antiobrera de ART y del impuesto al salario, el apoyo a todos los que reclaman un plus de fin de año, un salario mínimo igual a la canasta familiar, el 82% móvil y el fin del trabajo en negro y precario. Para lograr la simpatía del pueblo pobre hay que levantar sus reivindicaciones más sentidas. Hay que terminar de una vez por todas con crímenes sociales como el de Once. Por eso, para echar a la mafia de patrones, funcionarios y burócratas que se la llevan con pala, mientras millones de usuarios arriesgan sus vidas viajando como ganado, la pelea es por nacionalizar todo el transporte bajo administración directa de los trabajadores. Para que no haya una sola familia sin techo o arruinada por los temporales es necesario un verdadero plan de obras públicas que garantice servicios públicos y vivienda digna para todos. Para acabar con los apagones, hay que renacionalizar sin pago las empresas eléctricas y ponerlas a funcionar bajo control de trabajadores y usuarios. Aunque no quiera la CTA Micheli, hay que darle la espalda a los dirigentes de la Mesa de Enlace sojera (como Eduardo Buzzi de la Federación Agraria) pelear por los reclamos de los peones rurales y expropiar a los terratenientes y a la gran patronal agraria. Convocamos a la unidad de la izquierda y los luchadores antiburocráticos para imponer una gran jornada de pelea en las calles de toda la clase trabajadora que sea el inicio de un plan de lucha nacional.

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A oscuras

Al cierre de esta edición el apagón de Edesur y Edenor había dejado sin luz a más de tres millones de personas. Gran parte de la Capital se transformó en una ciudad apocalíptica. Calor agobiante, semáforos muertos y una marea de autos atascados. Las seis líneas de subte varadas y el ferrocarril Mitre con servicio suspendido. La oscuridad también se hizo notar en las zonas sur y oeste del Gran Buenos Aires. Por eso hubo protestas y hasta cortes de calle en varios barrios de la Ciudad. Este “7N” fue toda una definición del carácter pro empresario y antinacional del gobierno K. En 9 años de Kirchnerismo los servicios esenciales como la luz y el agua que hacen a la vida del pueblo trabajador continúan en manos de los saqueadores privatizadores de los ’90. El esquema de mantener las ganancias de las privatizadas mediante los jugosos subsidios que mes a mes les otorga el gobierno estalló quedando al desnudo los enormes déficits estructurales de empresas saqueadoras que no han puesto un peso en inversión para mejorar las condiciones de vida de millones. El gobierno nacional de Cristina Fernández y el macrista de la Ciudad deben responder por todos los daños y pérdidas que sufrió el pueblo trabajador con el apagón. Hay que echar a todas las empresas privatizadas, renacionalizándolas sin indemnización para ponerlas a funcionar bajo administración directa de los trabajadores y usuarios.