En la madrugada del 19 de febrero, una explosión en la mina “Pasta de Conchos”, en Sabinas Coahuila, sepultó a más de sesenta trabajadores que están bajo riesgo de morir por la violenta explosión, la falta de oxígeno o por intoxicación con metano o gas grisó (altamente tóxico y explosivo), en tanto que 13 obreros sufrieron heridas y fueron hospitalizados. Miles de personas han permanecido desde entonces en las afueras de la fábrica para exigir que los rescaten, denunciando las condiciones de riesgo en las que trabajan los mineros empleados para la empresa Industrial Minera México, que se encarga de la explotación carbonífera en la zona. Circundando la mina, permanecen cientos de efectivos del ejército mexicano que, lejos de resguardar la seguridad de los trabajadores, buscan contener el descontento y el odio de los familiares, vecinos y amigos de los mineros contra las autoridades y la patronal.

El gobierno de Fox, mostrando una vez más su desprecio por la suerte de los trabajadores, tardó casi 2 días en enviar a sus “representantes”, mientras que las autoridades locales, con todo su cinismo y desdén por las familias obreras, mandaron cavar fosas y tapiaron las cercanías de la mina, para evitar que los familiares puedan ver las evidencias de la responsabilidad patronal en la tragedia. Mientras tanto, son los propios compañeros de los trabajadores atrapados, quienes están llevando adelante los desesperados intentos por rescatarlos.

Este “accidente” no es tal, sino que es el resultado de la negligencia de los capitalistas y de la irresponsabilidad del gobierno estatal y federal, y es la consecuencia de la inexistente inversión en mantenimiento y en seguridad para las labores en la mina.

La explosión en “Pasta de Conchos” no es inédita. Desde los años sesentas en que comenzó la explotación de carbón en el norte del país, ya ha habido varios “accidentes”, como el de la mina Cuatro y Medio en 1998, donde murieron 37 trabajadores. En Coahuila, uno de los principales propietarios de la explotación minera es el empresario César de la Garza Herrera, denunciado por 40 muertes obreras en menos de seis meses en su mina en Muzquiz, donde se ha distinguido por mantener en funcionamiento pozos mineros que no pasan las garantías de seguridad más elementales, manteniendo a los trabajadores en condiciones laborales esclavizantes.

Como dijo un trabajador: "Si esto pasó es porque les untan las manos de dinero a la Secretaría del Trabajo" (La Jornada, 22/2). Y es que las trágicas consecuencias de la explosión en “Pasta de Conchos” es el resultado de la política asesina de la patronal norteña y el gobierno que la protege. La red de corrupción y complicidades que los trabajadores y vecinos están denunciando, está al servicio de preservar las jugosas ganancias de los capitalistas, amasadas con la sangre y el sudor de cientos de trabajadores, para lo cual se permite impunemente que sean violentadas reglas de seguridad en detrimento de los trabajadores.

Con este desastre, lo que queda al descubierto son las infrahumanas condiciones en las que trabajan cientos de mineros en el norte del país, muchos de ellos por una paga que no supera los 56 pesos diarios, sin derecho a la sindicalización, y con jornadas extenuantes en condiciones que ponen en riesgo su vida. El contubernio de la patronal, el gobierno y los líderes sindicales, tienen una política criminal que garantiza jugosas ganancias para la oligarquía norteña y las trasnacionales, mientras cientos de obreros son obligados a exponerse día con día a accidentes fatales. Con el magro sueldo, subsisten en la región centenas de familias, sin prestaciones ni seguridad social que las ampare. Claudia Jiménez, esposa de Javier Pérez, minero que quedó sepultado en la madrugada del 19, dice a la prensa sobre su esposo “es lo que mas quiero en la vida, y no voy a dejar que la mina me lo quite”. Y es que, para los obreros que migraron hace varios años para habitar los pueblos circundantes a la mina -San Juan de Sabinas, Palau, Nueva Rosita y Múzquiz-, el trabajo diario es un riesgo latente y ante la falta de empleo, viven con la amenaza cotidiana de perderlo con el chantaje patronal de que “si no te gusta te vas, muchos quieren tu puesto”.

Ese es el secreto de las ganancias de la empresa Minera de México: el sudor y la explotación extrema de sus trabajadores. La misma es propiedad del Grupo México, el principal conglomerado de explotación minera del país, liderado por los magnates de la familia Larrea. En el 2005, reportaron ganancias por 1,100 millones de pesos, un 37% más que en el 2004, beneficiada con el alza de los precios internacionales de los minerales. Este consorcio capitalista tiene entre sus directivos a “grandes hombres de negocios” como Claudio X. González y hasta a Luis Téllez, ex secretario de Energía, y se benefició de las privatizaciones concretadas en los sexenios de Salinas y Zedillo. Mientras la fortuna de los capitalistas propietarios del Grupo México asciende a 1,100 millones de dólares, los trabajadores dejan su vida por 700 pesos semanales.

Mientras escribimos este texto, aun no se han logrado rescatar a los trabajadores y con el correr de las horas todo el pueblo trabajador teme aún más por su vida. En cortes informativos, se han hecho informes “extraoficiales” de que se han confirmado ya por lo menos cinco decesos. Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo-Contracorriente nos solidarizamos con los familiares que esperan con ansiedad que los compañeros sepultados sean rescatados con vida, y con su justo odio contra la empresa Industrial Minera México y el gobierno de Coahuila representado por el priísta Humberto Moreira Valdés. Llamamos a las organizaciones sindicales, campesinas, populares, de derechos humanos y de izquierda, a denunciar esta tragedia que es consecuencia de la política laboral antiobrera impuesta por la patronal, así como a movilizarnos y realizar una amplia campaña en solidaridad con los mineros de “Pasta de Conchos” y sus familias, denunciando al gobierno estatal y nacional, y exigiendo el castigo a los responsables, proponiendo para ello la formación de una comisión investigadora independiente de la empresa y el gobierno (que buscan ocultar la responsabilidad patronal) encabezada por los trabajadores mineros y las esposas de sus compañeros atrapados en la mina. Es necesario y urgente, solidarizarnos activamente con las familias obreras que permanecen en vela fuera de la mina. Las organizaciones sindicales deben ponerse a la cabeza de ello, junto con las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, debemos comenzar una campaña nacional de apoyo que recolecte cobijas, comida, agua y todo lo necesario para mejorar las condiciones en las que se encuentran estas familias. Por ello en los centros de trabajo, de salud, en las escuelas y facultades de la universidad, debemos comenzar a organizarnos para llevar adelante esta tarea.

Liga de Trabajadores por el Socialismo-Contracorriente

23/2/2006