Argentina - Editorial LVO
Para los patrones, una ley antiobrera, para los que luchan, represión y persecución
19/10/2012
REFORMA "NOVENTISTA" DE LA LEY DE RIESGOS DE TRABAJO. PALOS Y JUDICIALIZACIÓN PARA LOS QUE PROTESTAN
Por Ruth Werner
Pese a los intentos de retomar la agenda política, tras el triunfo parcial logrado contra el motín de los gendarmes y prefectos, la debilidad del Ejecutivo sigue presente en un escenario nacional teñido por la inestabilidad y las crisis recurrentes. El mismo conflicto con los uniformados no cerró las fisuras y el enfrentamiento puede volver a abrirse más tarde o más temprano.
La “guerra” entre el oficialismo y el grupo Clarín sigue al rojo vivo. Aprovechando el aniversario del 17 de octubre, algunas plumas kirchneristas se animaron a hermanar esa fecha emblemática con el 7D (7 de diciembre). Ese día el multimedio debería deshacerse de las licencias que tiene de más para no quedar al margen de la ley. Es ridículo equiparar esta pelea con aquella emergencia obrera que irrumpió en la escena nacional para derrotar la reacción oligárquica, para, contradictoriamente, dar origen a un movimiento nacionalista burgués. La polarización con Clarín, que viene acompañada por crisis institucionales como la del Consejo de la Magistratura, sólo busca darle poder a “oligopolios” capitalistas amigos de los K contra la “corporación” mediática. Ambas camarillas empresarias, son completamente antinacionales, y buscan congraciarse con el imperialismo y el capital extranjero. A los trabajadores en nada nos beneficiará tomar partido por uno u otro bando. Por el contrario es necesario mantener un programa independiente y, eventualmente, saber aprovechar las brechas que se generan en “las alturas”.
Lealtad al capital
Los peronistas festejaron divididos el 17 de octubre. Hubo un acto que encabezó la presidenta, otro de Hugo Moyano y el de “Unidos y Organizados”, el nuevo agrupamiento kirchnerista, en Córdoba. El mapa habla no sólo de la fractura en el peronismo y en su burocracia sindical sino de la sorda puja de intereses que poco responden a los intereses del pueblo pobre y trabajador.
CFK no hizo ningún anuncio favorable para los trabajadores. Hasta los economistas del plan Fénix, a los que nadie tildaría de opositores, denunciaron que la inflación alcanza índices “preocupantes”, un 22% anual, el doble de lo que dice el INDEK. Pero a la presidenta poco le importa, ni siquiera habló de generalizar las asignaciones familiares o de subir el mínimo no imponible del vergonzoso impuesto al salario. El sol del 17 brilla, en cambio, para los empresarios. La reforma a la ley de ART es tan antiobrera que pareciera haber sido escrita por la Unión Industrial Argentina. La Asociación de Abogados Laboralistas la calificó como “una afrenta a los derechos humanos” y denunció que “bajo ningún concepto, (es) una solución posible a las necesidades del trabajador, tanto en el ámbito de la prevención del daño, como de su posterior reparación”. Una vez más los K perpetúan una ley de los ‘90 (con algún cambio cosmético). El FAP de Hermes Binner y de Víctor De Gennaro presentó un proyecto alternativo. Pero donde gobiernan, como en Santa Fe, los accidentes laborales se cuentan por miles (ver pág. 5). Nada que festejar
Raúl Scalabrini Ortiz dejaba una famosa descripción sobre el 17 de octubre de 1945: “Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. (…) Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de la Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor mecánico de automóviles, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevado”. Ese día la clase trabajadora realizaba una gran huelga política, pero esa fuerza terminaría subordinada al peronismo cuya misión fue liquidar su independencia política. Con su emergencia el “subsuelo de la patria” conquistó derechos sociales pero tenía prohibido atreverse a tomar el cielo por asalto. A 67 años del 17 de octubre, Cristina sigue repitiendo la “idea fuerza” del peronismo, la de la “armonía entre las clases” donde los que siempre ganan son los explotadores.
Actualmente, una parte significativa de la clase obrera carece de esos antiguos derechos, cobra sueldos de miseria, está precarizada, trabaja en negro, con contratos basuras o en empresas tercerizadas, cuando no depende del subsidio al desempleo. La reforma a la Ley de Riesgos de Trabajo es un ejemplo que el “modelo” sólo iguala para abajo.
El gran operativo desplegado por el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, contra los chóferes de la 60 y la amenaza de aplicarles una ley que contempla penas de prisión de 2 a 8 años, es una muestra de la política oficial para quienes luchan por sus derechos. En la misma sintonía, el gobernador K de Jujuy, Eduardo Fellner, ordenó el desalojo brutal de los vecinos del Barrio Malvinas en lucha contra la instalación de una planta transformadora. El saldo fueron más de 80 heridos y 70 detenidos.
Moyano y el peronismo de derecha
Desde el edificio histórico de la CGT, Hugo Moyano arengó a sus seguidores llamando a “encauzar contra el gobierno el voto de los trabajadores” y planteando reabrir el debate de la coparticipación federal. Lo mismo propone José De la Sota, el gobernador peronista de Córdoba. El día anterior, Moyano había acusado al abogado de la CGT, el diputado Héctor Recalde de “servil al poder” por su posición frente a la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo. Es conocida la “lealtad” kirchnerista de Recalde. Pero su servilismo no es diferente al que mostró Moyano antes de romper con el gobierno. Y para ser honestos, ¿quién puede creer que los “notables” que acompañan a Moyano, el duhaldista Eduardo Amadeo, la derechista Claudia Rucci, o el mismo De la Sota, van a defender a los trabajadores?
Ninguna de las políticas patronales, opositoras u oficialistas, ofrecen una salida progresiva. Sólo confiando en sus propias fuerzas y recuperando sus propias organizaciones para la lucha, con plena independencia del Estado y los patrones, los trabajadores podrán avanzar en sus conquistas y derrotar cualquier intento de hacerles pagar los platos rotos de la crisis capitalista. Esta fuerza de los trabajadores y el pueblo pobre es la que hace unos meses se vio en el norte del país, en el ingenio La Esperanza, donde hoy se vuelve a la huelga de la mano de los “cuartas”, los obreros precarizados, llenos de odio a los patrones. En los trabajadores que protagonizaron la toma del Ministerio de Educación en La Plata, en los docentes de la provincia de Buenos Aires que van al paro, en los choferes de la 60, en las tomas de los secundarios en la Capital. El desafío es darles una perspectiva política, de independencia obrera, impulsando la lucha por un gran partido de trabajadores que levante un programa para vencer.
El 20 por Mariano Ferreyra, el 24 por la anulación de la ley antiobrera
El 20 de octubre tenemos una cita de honor. Hay que colmar la Plaza de Mayo en homenaje a Mariano Ferreyra para pelear por la cárcel perpetua para los responsables materiales e intelectuales del crimen del joven militante. El próximo miércoles 24 iremos al Congreso, en la marcha convocada por la CTA opositora y la CGT Azopardo para pelear por la anulación de la Ley de Riesgos de Trabajo y terminar con el negociado de las ART.
Pablo Micheli y Hugo Moyano volvieron a hablar de un paro nacional. Pero sigue sin ponerle fecha. No hay que confiar en estos dirigentes, hay que tomar la preparación del paro y de un plan de lucha en nuestras propias manos. Para que realmente sea una medida de toda la clase trabajadora hay que impulsar asambleas de fábrica, plenarios por gremio y a nivel nacional, e involucrar a la base de los gremios dirigidos por la CTA y la CGT oficialistas. Asimismo, está planteado levantar desde ahora un programa que empezando por pronunciarse contra la represión y la persecución a los luchadores plantee la anulación del impuesto al salario, la generalización de las asignaciones familiares; un salario equivalente al costo de la canasta familiar y el fin del trabajo en negro y precario. Que tenga como norte, forjar la alianza obrera y popular, para imponer una salida de fondo, y pelear, entre otras medidas, por la expropiación de los terratenientes y la gran burguesía agraria, la nacionalización de la banca y el monopolio del comercio exterior.