Por Javo Ferreira, LOR-CI

La reciente suspensión del gobernador electo del Beni (departamento al norte del país que junto a Pando y Santa Cruz forman parte de la llamada “media luna fértil”), Ernesto Suarez y la emisión de la orden de detención para el gobernador de Santa Cruz luego del 2 de enero, significa un salto en el control del aparato del Estado por parte del MAS y un nuevo capítulo de las peleas interburguesas entre la oposición y el oficialismo. Apoyándose en el articulo 8 de la Ley de Autonomías (aprobado durante 2010) que permite destituir a cualquier funcionario que tenga una acusación de corrupción para que “pueda defenderse en los estrados judiciales”, con la sola acusación de la fiscalía, el MAS ya ha logrado desplazar a varios de los opositores, tanto en alcaldías como en gobernaciones. Ésta como otras leyes aprobadas, son la expresión de la adaptación de la legislación a la Nueva Constitución y son parte de la construcción de este nuevo régimen, que pese a las figuras autonómicas, en realidad es un Estado renovadamente centralista como lo evidencian por un lado esta reciente destitución y, por otro, la pasada marcha indígena en defensa de su territorio.

¿Quiénes son Suarez y Costas?

La oposición convierte estas derrotas institucionales a manos del oficialismo en puntos de apoyo en su campaña contra el “totalitarismo” del MAS, poniendo en marcha una campaña política en “defensa de la democracia” y el voto popular. Sin embargo, los trabajadores y el pueblo pobre no pueden olvidar de quiénes estamos hablando. Todos fueron exponentes de lo más reaccionario de la derecha y de las clases dominantes regionales. Fueron solidarios con la asonada semifascista de Cochabamba en enero de 2011 con el saldo de dos cocaleros muertos, fueron solidarios con Leopoldo Fernández y la matanza de 15 campesinos en el Porvenir, fueron solidarios en Sucre con la demanda de “capitalía plena”, con los acontecimientos de la Calancha, de la humillación de campesinos miembros de los pueblos indígenas que fueron obligados a arrodillarse y besar la reaccionaria bandera regional heredera de la Colonia. Son los mismos que organizaron feroces ataques fascistas contra collas e indígenas en Santa Cruz, en el Chaco y en diversos puntos del país, defendiendo el latifundio y a los terratenientes, defendiendo el antiguo régimen de democracia pactada y neoliberal. Estos oligarcas reaccionarios son los que hoy claman por la “democracia” y el “estado de derecho”.

¿Al servicio de quién pelea el MAS?

El 21 de octubre de 2008 los representantes masistas firmaron los acuerdos de la nueva constitución con Costas, Suarez, Cossio y sus amigos en Cochabamba, garantizando el latifundio y la propiedad privada empresarial. La agenda de octubre se encajonó y se pactó con las trasnacionales petroleras, las mismas que hoy gracias al gobierno del MAS recibirán el 100% de sus inversiones en exploración y prospección petrolera. Los maoístas al frente del ministerio de minería durante años, garantizaron que el 88% de la renta minera retenida por las trasnacionales se vaya a sus casas matrices, saqueando nuestros recursos naturales. En las fábricas textileras y joyeras nada ha cambiado: salarios de hambre de 1200 Bs. en promedio, con condiciones laborales que sobrepasan muchas veces las 12 horas de trabajo, con tercerización y precarización del empleo. Por lo tanto, es más que claro que el MAS no pelea contra la derecha, sino que pelea por nuevas formas de administración estatal con la derecha y al servicio de las mismas clases que los primeros. Pero si esto es así, ¿Por qué entonces las destituciones, detenciones y la judicialización de la política?

¿Totalitarismo o judicialización de la política?

Algunos grupos de la oposición pretenden mostrar estas destituciones e incluso las eventuales detenciones como expresión de lo que han decidido llamar “totalitarismo”. Estas gentes tan acostumbradas a tratar el país como su hacienda, hoy deben disputar el control del aparato del estado con una nueva camarilla tan voraz como los primeros, y al no tener la relación de fuerzas para hacerlo hablan de totalitarismo, fascismo, etc. Un sector burgués que estuvo con el MAS durante los primeros años de gobierno y que pretende convertirse en el principal partido de recambio, como es el Movimiento Sin Miedo (MSM) de Juan del Granado, afirma los siguiente: “Detectamos dos áreas de errores en la gestión gubernamental, el primero en la gestión política, en la que ha recrudecido la visión poco democrática de la convivencia que deberíamos tener todas las fuerzas políticas que comparten o no con el Gobierno, y el segundo es la gestión económica, pues se ha mantenido la improvisación, ausencia de políticas estratégicas y esto empezó con el gasolinazo que lo hemos sufrido todo el 2011” (Página 7, 23/12/2011). Es decir, para los sectores burgueses que aún se mantienen en competencia, los decibeles son notoriamente menores, ya que aun las libertades democráticas no han sido conculcadas, y desde este ángulo no se puede hablar ni de fascismo ni de totalitarismo como reza la derecha cavernaria heredera del viejo régimen de “democracia pactada”. Pero por otro lado, la pelea del MAS por el control de los fondos y del aparato estatal departamentales del Oriente es una disputa por otro proyecto igualmente burgués y reaccionario. Si no, veamos cuál es la estructura de alianzas que el MAS ha tejido para llevar adelante estas operaciones de “limpieza”: los primeros acuerdos en la institucionalidad se dieron con las gestiones de Avalos para lograr un frente y la incorporación de prominentes matones de las juventudes cruceñistas en las filas del MAS, llegando a acuerdos con barrabravas de Blooming, Oriente petrolero y el “capo” de la entonces Federación Universitaria Local. En Sucre, luego de un pacto con sectores regionalistas, llevaron como candidato a alcalde a las recientes elecciones a Iván Arcienaga, impulsor, como informa la prensa del 24 de diciembre, de la consigna “¡Capitalía Plena!” que llevó a la asonada derechista de la Calancha. Finalmente en Beni, llegaron a un acuerdo institucional con el MNR, según el vicepresidente Álvaro García Linera: “No tenemos un gobernador del MAS en Beni, es un proceso interno para no dejar vacía la cartera de la Gobernación; no hay alianzas, simplemente acuerdos de carácter institucional y administrativo” (ANF, 23/12/2011) con el actual gobernador interino Haisen Ribera dirigente de una de las fracciones del MNR. Evidentemente, aquí no hay una pelea de la derecha reaccionaria contra una izquierda “progresista” como pretende vender el MAS, sino una pelea de camarillas.

El motor de la ofensiva masista: las derrotas en las elecciones judiciales y el TIPNIS

Que esta ofensiva contra sus competidores se haya agravado en las últimas semanas no es casualidad. El MAS viene de sufrir dos severas derrotas políticas, la primera, el resultado de las elecciones judiciales donde el voto nulo y blanco quitaron toda legitimidad popular a los nuevos magistrados, y donde el MAS intentó, mediante el mecanismo de votación, legitimar a uno de los poderes del estado burgués más odiados por la población, sin conseguirlo. El otro, fue la derrota con la llegada de la marcha indígena del TIPNIS a la sede de gobierno que le costó un par de ministros y vice ministros al gobierno, así como la necesidad de aceptar la no construcción de la carretera. Sin embargo, las trasnacionales, las clases dominantes cochabambinas y benianas no están dispuestas a dejarse arrebatar tan suculento negocio. Para este fin a través de cocaleros, comunidades interculturales (cocaleros) y probablemente alguna comunidad indígena y empresarios pusieron en movimiento la marcha a favor de la carretera el mismo día que se inauguraba una deslucida cumbre gubernamental con los movimientos sociales el 11 de diciembre pasado. Esta cumbre, que ya culminó su primera fase y debe completarse en enero, no sólo no contó con la participación de la COB pese a los esfuerzos de Montes y agentes gubernamentales de la burocracia, sino que culminó con la ruptura del “pacto de unidad” tras el abandono de las organizaciones indígenas de tierras altas y bajas: CONAMAQ y CIDOB, que se ubican ahora en la oposición al gobierno.
Ante estas derrotas que desnudan la demagogia “indígena” del actual gobierno, es que intentan recuperar terreno sobre la base del control del Ministerio de gobierno y la fiscalía. Necesitan conquistar nuevos puntos de apoyo en los departamentos en cuestión para poder fortalecer desde el Estado y las instituciones departamentales la marcha cocalera e indígena por carretera. Por un lado avanzan en la transformación del MAS en un partido del nuevo régimen. Sin embargo, para poder construir ese partido ahora que las ligaduras con los movimientos sociales están rotas o se mantienen con sectores de la burocracia sindical, la única forma que el MAS ha encontrado para construir su partido, es siguiendo el camino que han transitado prácticamente todas las organizaciones políticas burguesas: desde el Estado y a través del Estado, como mecanismo de construir y fortalecer lealtades sobre la base de prebendas, en especial en las regiones donde son minoría. Es por este motivo que el MAS necesita desbancar a los representantes de la oposición con el tiempo suficiente para poder llevar adelante esta labor. Pero por otro lado necesitan tener un mayor y sólido control del Estado ante la posibilidad de un salto de la crisis económica internacional y de la lucha de clases. Los intentos cada vez más exitosos en la judicialización de la política no constituyen un ataque contra la “democracia en general”, sino que son el resultado de la construcción de un nuevo orden de dominio burgués, de un nuevo régimen político, que conduce inexorablemente a la centralización de la política y al desarrollo de tendencias que los marxistas definimos como semi bonapartización. Esta tendencia se manifestó en el movimiento obrero y popular con el encarcelamiento hace un año de dirigentes del movimiento sin tierra, con la represión y detención de estudiantes de Caranavi, con el procesamiento de varios dirigentes nacionales de correos, con la persecución de dirigentes universitarios y normalistas, con la salvaje represión a los marchistas del TIPNIS, con el reciente procesamiento de varios activistas en el conflicto del TIPNIS, de la COB y de dirigentes de correos. Ahora utilizan los mecanismos judiciales para tomar ventaja frente a las tiendas políticas de la oposición pero al servicio de las mismas clases dominantes y de los mismos apetitos que sólo la administración estatal puede satisfacer.

Desde la LOR-CI consideramos estas fricciones y peleas como parte de la lucha de diversas camarillas burguesas por afianzar su control sobre el conjunto de las instituciones estatales. Los trabajadores, campesinos y naciones originarias no debemos caer ni en la trampa del oficialismo que dice “luchar contra la corrupción” ni en la mentira “democrática” de los oligarcas, ya que como ha evidenciado la lucha de clases de los últimos años y en especial la huelga de la COB de abril, tanto masistas y derechistas se oponen a las demandas obreras y populares como son la lucha por el salario, mejores condiciones de trabajo, cumplimiento de la agenda de Octubre y la demanda de nacionalización petrolera y minera. Los trabajadores debemos elaborar nuestro propio programa de acción ya no sólo sindical, sino político, con independencia de clase, socialista y revolucionario, para enfrentar a los patrones, a las trasnacionales y a los latifundistas. Al hacerlo veremos cómo las disputas entre oficialismo y oposición se alivianan o incluso desaparecen para dar lugar a una unidad antiobrera y antipopular como se ha evidenciando en los últimos conflictos.

28-12-2011