Los ex genocidas agrupados en el acto del 5 de octubre en Plaza San Martín buscan la amnistía y la reconciliación. La política de Kirchner es evitar que se abra un gran proceso de movilización popular. Para los trabajadores y el pueblo la aparición con vida de Jorge Julio López es una lucha por sus propias libertades amenazadas.

La Verdad Obrera conversó con Christian Castillo y José Montes, dirigentes nacionales del PTS y Myriam Bregman, abogada militante del PTS en el CeProDH y miembro de la querella en el juicio contra Etchecolatz.

¿Cómo ven el panorama político a casi un mes de la desaparición de Jorge Julio López?

Christian Castillo: Luego de recurrir al aparato de los intendentes del PJ para tratar de copar la marcha del pasado viernes 6, el gobierno busca contener la enorme crisis abierta con esta desaparición tratando de diluir el tema y que, poco a poco, si no pueden resolverlo de alguna manera, el hecho se vaya naturalizando y quede como una mancha más de las tantas de la democracia burguesa argentina. Esto no quiere decir que Kirchner no trate de aparentar que hace “todo lo posible”, pero de a poco empieza a borrarse el tema en los medios y voceros semi-oficiales como Clarín comienzan a sacar el nombre de Julio de sus páginas. Al gobierno no le interesa terminar con la impunidad sino zafar de la crisis y que el caso López no sea detonante de un proceso de movilización por el castigo a todos los genocidas, quiere evitar acciones de mayor envergadura a las realizadas hasta el momento. Busca que el aparato represivo estatal se vea afectado lo menos posible, y en esto coincide con los que defienden abiertamente a los procesistas y piden la amnistía. Pero la única forma de pararles la mano a estos sectores fascistoides, y que luego de lo de López continúan amenazando e incluso agrediendo físicamente a distintos compañeros, es con una respuesta decidida de los trabajadores y el pueblo, con cientos de miles en las calles.

José Montes: Para profundizar, quería recordar cuál viene siendo la actitud del gobierno. Lamentable. En los primeros seis días cuando ya era conocida la noticia, Kirchner hizo silencio de radio mientras se ocupaba en Misiones de la reelección de Rovira. Después su ministro Aníbal Fernández dijo que López estaba en casa de una tía y se dio crédito a todo tipo de elucubraciones que tiraban “carne podrida”, teorías como la del shock emocional, ahora incluso repetidas por la camarista Argibay. También mandó a Hebe de Bonafini a decir que había que investigar a la víctima. La verdad es que se sigue embarrando la cancha...

Myriam Bregman: Eso es claro. De lo contrario el gobierno hubiera entregado a los organismos de derechos humanos la lista de los genocidas, hubiera abierto los archivos de la represión y de la SIDE. Si no la dan, es evidente que algo se encubre. ¿Cuántos de esos militares, policías que asesinaron en los ‘70, forman parte hoy de las fuerzas represivas? Además, los organismos que integramos “Justicia Ya”, hemos exigido a Solá y a Kirchner que se nos brinde información completa de la investigación pero esto no sucede. Todos los días vemos cómo se dan datos a los periodistas antes que a los organismos que participamos de la querella. Y algo no menor, la causa de López la siguen llevando por ausencia de paradero y no por secuestro. Otro ejemplo, con respecto al cadáver que hallaron a dos días de desaparecido Julio, en el “camino negro” de Punta Lara, el mismo que la policía de esa zona informó que se trataba de López, se acaba de demostrar que es de una persona muerta de un tiro de 9 mm el mismo lunes que desapareció Julio, o sea que no es muy difícil imaginar que pudieron matarlo para que pasara un mensaje mafioso. Sin embargo todavía no le hicieron el ADN y no hay ninguna investigación sobre quién se trata. Tampoco llamaron a indagatoria a los responsables de pasar ese mensaje, que podría ser la punta de la investigación sobre quién secuestró a López.

¿Tiene alguna relación lo que está sucediendo con la condena a Etchecolatz?

MB: Es evidente que la desaparición de López es un mensaje que apunta a frenar cualquier lucha que trate de utilizar como punto de apoyo la condena de genocidio. Este fallo abre la posibilidad de juzgarlos a todos por ese delito de lesa humanidad, superando el esquema que rige hasta el momento. Se trata de no juzgar sólo algunos casos emblemáticos como pretendía el gobierno cuando anuló las leyes del perdón sino pelear por el castigo a todos los genocidas. Por eso, aunque hoy aparezcan aislados, el objetivo de los “dinosaurios” que manifestaron en Plaza San Martín, es preparar las condiciones para lograr una amnistía, montar un movimiento que vaya sentando las bases para un nuevo “punto final”. Pero tenemos que ser concientes que este sector no está solo, también es la política oficial de la Iglesia. El propio Bergoglio adhirió a ese acto. Y como de costumbre, detrás de las sotanas se sumó Lilita Carrió a pedir la reconciliación con los genocidas.

CH.C: Hay que estar muy alertas. La actitud gubernamental de contener la movilización y embarrar la cancha es una clara concesión a los militares genocidas que buscan una nueva vuelta de impunidad. Ya vimos en Semana Santa la capitulación de Alfonsín ante los carapintadas. No tenemos que descartar que Kirchner trate también de llegar a una especie de punto final aunque esta vez no se haga necesariamente a través de una ley sino por otros mecanismos, como puede ser dejar que las causas se vayan dilatando e instruyendo al poder judicial para que desestime las acusaciones por genocidio. La misma propuesta de poner en pie un tribunal especial al estilo Nüremberg puede también cumplir este papel, si recordamos que en aquellos juicios sólo fueron condenados veinticuatro jerarcas del régimen nazi, quedando exentos casi todo el generalato, los suboficiales, colaboradores, burgueses adscriptos al régimen. Luego hubo en Alemania unos 1.000 casos juzgados más: menos de 100 recibieron reclusión perpetua y menos de 300 sanciones limitadas. Por ejemplo ninguno de los jueces nazis, responsables de imponer entre 1933 y 1945, 26.000 sentencias de muerte por cosas tales como hacer un chiste antinazi, fue condenado y muchos siguieron en sus funciones.

JM: No nos olvidemos que con este gobierno el 95% de los genocidas sigue libre, y además con la Bonaerense, la SIDE y las FF.AA repletas de asesinos. El mismo Bendini que se jacta de que con Kirchner hay un “nuevo ejército” en los ‘60 formó parte de Tacuara, una organización de extrema derecha que hacía el saludo fascista, luego en 1975 desde el Colegio Militar defendía una ideología católica de ultraderecha preconciliar y a partir del golpe operó al igual que todos los militares de la dictadura.

MB: Recordemos que este fue el gobierno que militarizó Las Heras para defender a las petroleras e incluso ahora estamos viendo cómo recurre a patotas para amedrentar a los que luchan como pasó en el Hospital Francés. Y para complementar, quería agregar que en tres años y medio desde la nulidad de las leyes hay tan sólo un poco más de 200 imputados. De esos, sólo dos docenas están en prisión efectiva mientras el resto cumple cómodos arrestos domiciliarios. El mismo gobierno en un informe enviado a la Organización de Naciones Unidas indica que existieron 488 lugares usados como centros clandestinos de detención y habría otros 65 en proceso de revisión. Si se toma un promedio de funcionamiento de esos campos tomando en cuenta las declaraciones de los detenidos se calcula que hubo cerca de 3 guardias cada 40 prisioneros. Si existieron al menos 30.000 desaparecidos y detenidos ilegales y se cuentan turnos de 8 horas, la cifra de represores sería realmente escalofriante superando ampliamente los casos denunciados en el Nunca Más. Esto sin tener en cuenta los que salían a hacer las “operaciones” y tantos otros militares y civiles que jugaron un rol en la implementación del terrorismo de Estado.

¿Qué significa la condena por genocidio?

MB: Hablar de genocidio en este caso significa, desde el punto de vista jurídico, que la dictadura se organizó para, a través del aparato de Estado, exterminar a otro “grupo nacional”, constituido por todos aquellos que eran un obstáculo a todo el modelo de país que querían imponer en favor del gran capital nativo y extranjero. Hay múltiples pruebas que venimos mostrando desde hace años, pero esta es la primera vez que se reconoce jurídicamente. Con este planteo estamos cuestionando el esquema jurídico que se empleó desde el Juicio a las Juntas en adelante, ya que hasta el momento se juzga por una mera sumatoria de delitos. Estamos señalando que no hubo una serie de crímenes individuales inconexos, sino un plan de exterminio. Un plan que, adelantado con las Tres A y la intervención del Ejército en la represión interna bajo el gobierno de Isabel, no trató sólo de terminar con las organizaciones armadas, sino que afectó al conjunto de la vanguardia obrera y popular. Y que contó con el apoyo del gran empresariado y también agregaría yo...de la Iglesia, la burocracia sindical y los partidos políticos patronales.

CH.C: Continuando con lo que dice Myriam no nos tenemos que olvidar que el genocidio respondió a tratar de terminar con un proceso de insubordinación de la clase trabajadora. En un artículo que publiqué para la revista Lucha de Clases, Elementos para un “cuarto relato” sobre el proceso revolucionario de los setenta y la dictadura militar”, planteo que la etapa que se vivió en la Argentina entre 1969 y 1976 tuvo un carácter revolucionario, y que dentro de ella hay que darle su justo valor a las acciones realizadas por la clase obrera. En esa década los trabajadores fueron protagonistas de acciones memorables: a partir de mayo de 1969 se vivió en el país una serie de semiinsurrecciones en ciudades muy importantes del país como Córdoba, Rosario, Tucumán o Mendoza. Posteriormente veremos la persistente rebelión de las comisiones internas combativas en el Gran Buenos Aires contra el Pacto Social de Perón. En junio/julio de 1975 se desarrollarán las grandes acciones contra el plan Rodrigo, la primera huelga general contra un gobierno peronista que echó al mismo Rodrigo y a López Rega. Esa clase obrera tendía, antes del golpe, a superar su experiencia con el peronismo.

Esta profunda amenaza al orden existente será respondida por la burguesía. Primero empezaron las bandas de la Triple A en 1974. La escalada se profundiza en 1975 ya directamente encabezada por las FFAA: no hay comisión interna opositora a la burocracia que no haya sido atacada. El caso emblemático fue el de Villa Constitución a principios de 1975, pero también pasó en Indiel, en Astilleros Río Santiago, en Propulsora Siderúrgica, en Astarsa. La acción represiva se multiplicará con el golpe militar y el terrorismo de Estado. El genocidio fue la respuesta de la clase dominante a esa clase obrera que no podían doblegar: la gran mayoría de los desaparecidos fueron trabajadores asalariados y, más de un 30%, obreros fabriles.

JM: Sólo a partir de ver la magnitud del genocidio se puede entender cómo creció la desigualdad en este país durante la dictadura y los gobiernos civiles que continuaron su “obra”. Si tomamos los datos de 1974 sabemos que la diferencia entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre era de 12 a 1. Esa relación llegó a ser de 40 a 1 en el 2002. Y encima Kirchner ahora festeja hipócritamente que actualmente es “sólo” de 31 veces. Este enorme crecimiento de la desigualdad social es obra en primer lugar de la dictadura, luego de los gobiernos constitucionales radicales y peronistas y de la ofensiva descargada sobre las espaldas del pueblo trabajador en los ’90 y luego con la devaluación. El golpe impuso a sangre y fuego una verdadera contrarrevolución económica y social que querían la gran patronal y el imperialismo. Los gobiernos constitucionales continuaron siendo sirvientes del gran empresariado y el capital internacional. Esta política económica implicaba necesariamente mantener la impunidad a los genocidas. Significaba rescatar a las FF.AA para que en caso de que los trabajadores se rebelaran pudieran volver a actuar. Esa es la razón de fondo de la impunidad. Es por eso que instituciones como la Bonaerense, la Federal, la SIDE no son reformables, son instituciones para reprimir al pueblo, para cumplir órdenes de la clase dominante. Por eso planteamos que hay que luchar por su disolución. La movilización popular tiene que tomar esta demanda.

CH.C: Aprovechando esto último que se plantea quería hacer una reflexión. Decíamos antes que Kirchner quiere imponer el olvido para seguir cohabitando con los que hicieron desaparecer a López. Hay que tomar conciencia que si lo logran estos sectores de derecha se envalentonarán para volver a cometer nuevos atentados. Las libertades democráticas de los trabajadores y el pueblo están amenazadas. Si prospera un nuevo “punto final” los genocidas seguirán impunes como amenaza permanente para todos lo trabajadores que quieran rebelarse. Y no tengamos dudas que apuntarán a golpear a nuestros dirigentes, a nuestros compañeros más militantes, al servicio de fortalecer a los grandes capitalistas que nos superexplotan, los mismos que prohijaron el golpe. Ya vimos al abogado de los patrones de Jabón Federal -un viejo procesista- amenazando con “colgar de un gancho” al abogado de los trabajadores en lucha. Por eso también hay que dar una respuesta, encarar una pelea de fondo.

JM: Por su naturaleza de clase este gobierno es totalmente incapaz para acabar con este régimen de impunidad. Si queremos meter presos a todos los milicos y a todos los responsables del genocidio necesitamos una enorme lucha obrera y popular. Un paro general como exigimos a las centrales sindicales, a la CGT y a la CTA el próximo 18 es un paso adelante. Es muy importante para que los trabajadores tomen en sus manos esta bandera, para tomar fuerzas, para que la clase obrera intervenga como tal en la lucha por la aparición con vida de López y le de una dirección independiente a la movilización social.