“Se es dirigente cuando se resuelven los conflictos. Algunos creen que cuanto más duro se es, más se está comprometido con el cambio. A veces me duele que muchos compañeros no se den cuenta que con sus acciones tensan la cuerda”. Las palabras pertenecen a Cristina Fernández de Kirchner y fueron dirigidas a la CGT San Lorenzo, en el acto del martes 1° de febrero en Santa Fe. El “socialista” Hermes Binner consentía desde el palco. El discurso vino acompañado del decretazo de la conciliación obligatoria contra el conflicto que por más de una semana mantuvo bloqueado el acceso a una decena de aceiteras del Gran Rosario. Los trabajadores venían realizando medidas de fuerza en reclamo de un piso salarial de 5000 pesos y la equiparación con el sindicato más importante del sector, que representa a los aceiteros. Tras el pedido de “moderación” y “mayor responsabilidad a los sindicatos en sus reclamos”, la CGT San Lorenzo levantó las medidas acatando la orden de Ministerio de Trabajo.

La presidenta había cerrado su discurso advirtiendo que “la verdadera defensa del modelo es permitir que el modelo siga funcionando”. ¿Pero qué “modelo” propone defender realmente el gobierno “nacional” y “popular”?

“Si tenemos en cuenta que las plantas aceiteras del Gran Rosario muelen 110.000 toneladas diarias de granos y la tonelada de soja cuesta 500 dólares, podemos advertir que las pérdidas son millonarias” se quejaba Alberto Jacobson, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de San Lorenzo, al referirse a los bloqueos. Justamente. En sus palabras puede leerse, si se quiere, toda una definición del “modelo”. Empresarios que ganan millonadas mientras hay trabajadores de las grandes empresas aceiteras y cerealeras que cobran $1800 al mes, que están tercerizados, sufren la mayoría de los accidentes de trabajo y no tienen derechos laborales y sindicales. El ataque a los obreros en lucha es prueba del doble discurso kirchnerista. El mismo gobierno que vocea contra los sojeros, se puso del lado de los pulpos exportadores de soja y aceite.

Buena voluntad

En las próximas semanas arrancan las negociaciones paritarias y con ellas la puja salarial. Las cámaras empresarias nucleadas en el Grupo de los 6, se reunieron cuando todavía sonaban los ecos del discurso de la Presidenta. Y lanzaron: “no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante expresiones de dirigentes sindicales que hacen públicas, con inusual anticipación, lo que serían sus pretensiones salariales. (…) La nueva escalada en el uso del método de acción directa por parte de los sindicatos seguro estará en la mesa”. En la misma reunión los líderes empresarios cuestionaron la designación de jueces laborales ligados a la CGT.

Así, el discurso de CFK fue toda una muestra de su “buena voluntad” ante el pedido de moderación en los reclamos salariales y de freno a la conflictividad que exigen las patronales. Una nueva marca del giro a la derecha de CFK que, preparándose para su reelección en los comicios de 2011, da otro signo de “seguridad” al establishment. Hay que sumarlo al pago de la deuda externa al Club de París, el respaldo al gobernador asesino Gildo Insfrán en Formosa luego de la brutal represión que se llevó la vida de los QOM de la Comunidad Primavera, la creación del Ministerio de Seguridad tras los hechos de Villa Soldati, y hasta la aceptación de hacer un régimen penal para los menores (ver nota en página 7).

La apuesta de la derecha

El objetivo de debilitar la acción directa y mermar el poder de los sindicatos, constituyen hoy dos puntos estratégicos de la agenda de las grandes patronales. Eduardo Duhalde hizo de vocero de esta política: “si llego a la Presidencia voy a cambiar cinco o seis leyes porque no podemos seguir pensando que los dirigentes gremiales de la educación son dueños de la educación y los dirigentes gremiales de la salud son los dueños de la salud (…) Hay que cambiar las normas donde hay sectores que han ido ganando derechos que perjudican a los argentinos” (Declaraciones hechas a Radio Brisas de Mar del Plata, 18/1/2011). Días después Felipe Solá repetía conceptos similares por televisión.

Hoy los dardos apuntan directo al jefe de la CGT, convertido en blanco de los empresarios. No es que olviden que Hugo Moyano dio sobradas muestras de garantizar los techos salariales y la “gobernabilidad” (no hubo ninguna huelga general bajo el gobierno kirchnerista) pero cada vez miran con mayor recelo el juego propio del capo de la CGT, que saben, está basado en su capacidad de parar sectores estratégicos de la economía capitalista del país. Una expresión distorsionada de la potencialidad y fuerza del movimiento obrero, algo que el máximo burócrata de la CGT utiliza para favorecer sus privilegios corporativos y burocráticos.

Ante este escenario las patronales apuestan, de máxima, a fortalecer a un candidato opositor capaz de garantizar tras las próximas elecciones a un nuevo gobierno más “propio” sin sindicatos fuertes o totalmente domesticados. Mientras pegan por derecha para fortalecer a los sectores más conservadores al interior del gobierno K, como Scioli, enemigo del moyanismo.

A esta agenda de los empresarios y que vocifera el peronismo federal es a la que cede el kirchnerismo. Pero lo hace con un doble juego. Por un lado sostiene su alianza con la burocracia de Moyano -a quienes tras la muerte de Kirchner definieron como “la columna vertebral”- para mantener el control de los trabajadores. Mientras que por el otro, quiere demostrar que son ellos mismos, los kirchneristas, quienes pueden ponerle límites al líder de la CGT. El pago de 1000 millones de pesos acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución que se repartirán las obras sociales sindicales es una muestra de lo primero. El reciente discurso en Rosario contra los bloqueos en Santa Fe es un ejemplo de lo segundo. Días atrás Moyano había respaldado las medidas de fuerza.

Nuestra apuesta

El gran acuerdo que tienen las patronales, gobierno y oposición, y la misma burocracia sindical, es en golpear al sindicalismo de base. Las tendencias a la acción directa se han continuado durante todo el período kirchnerista y el intento de regimentar la acción directa está aún lejos de imponerse.

El duro conflicto de los tercerizados ferroviarios prendió nuevas alarmas. Los sectores más explotados de la clase obrera enfrentaron a una de las burocracias más podridas de la Argentina, aliada a los negocios del Estado y las privatizadas, y pusieron en la agenda nacional un reclamo que generó la simpatía de millones de trabajadores: el pase a planta y la igualdad de derechos.

Meses antes habían sido los obreros de Kraft, Pepsico y Arcor quienes habían roto el techo salarial con el “efecto 35 %” a través de los cortes de autopista y los paros.

Contra estas y otras amenazas a las ganancias capitalistas y los privilegios de la burocracia es que se alzan los nuevos ataques. Desde los discursos contra la acción directa de los últimos días, hasta la abierta criminalización del derecho a la protesta que pesa sobre trabajadores ferroviarios, de Kraft y miles de procesados, incluido el intento de desafuero del delegado de base de Fate, Víctor Ottoboni (ver nota en páginas centrales).

Nuestros esfuerzos están puestos en impulsar en el seno de la clase trabajadora una corriente clasista que se proponga recuperar a los sindicatos y las organizaciones de base de manos de la burocracia sindical. Para que no sigan maniatadas por dirigentes que sólo defienden sus privilegios y puedan desarrollar toda su potencialidad. Para defender a los delegados de base combativos atacados, para luchar en defensa de los contratados y la prepotencia patronal. Para pelear porque todos los trabajadores ganen un mínimo equivalente al costo de una canasta familiar, y por acabar con el trabajo en negro. Una corriente que luche para unir las fuerzas de los trabajadores con los sectores del pueblo pobre y oprimido, los que el gobierno y la derecha ahora quieren criminalizar.