Evo Morales prometió poner fin a la opresión de los pueblos originarios iniciando una “revolución democrática y cultural”, cuya base es lo que el vicepresidente Alvaro García Linera (AGL) denomina “capitalismo andino-amazónico”: una vía de reformas graduales -las posibles- para atraerse al empresariado nacional y la colaboración del capital extranjero.

Esta búsqueda de compromisos se refleja en el gabinete, donde ministros empresariales como Rik o San Miguel (ligado a las “capitalizaciones” gonistas [1] y ex abogado de Asbún, dueño del LAB [2], conviven en esta tarea con otros de extracción sindical o indígena cuestionados por las bases, como el Ministro de Agua Abel Mamani [3] o el de Trabajo, el ex dirigente fabril Gálvez [4].

El gobierno ya negó la posibilidad de aumento salarial reafirmando el respeto a la “estabilidad macroeconómica” y la “seguridad jurídica” bases del neoliberalismo. La política petrolera, aunque bajo un discurso nacionalista apenas apunta a renegociar los contratos de la entrega del gas con las transnacionales. Aunque logre finalmente mayores impuestos y cierta intervención estatal, la “parte del león” seguiría en manos del capital extranjero. Esta es la lógica de la “asociación estratégica” que busca con Petrobras.

Lejos de ser “realista” este camino no responde a las necesidades elementales de las mayorías ni puede liberar a Bolivia del atraso, la pobreza, la opresión y la dependencia.

Hay que acabar con las bases de la opresión racista

Evo Morales anunció el fin de 500 años de opresión y la “descolonización del Estado”. Su apelación cala en las mayorías populares -más del 62% se reconoce indígena-, víctimas del histórico racismo de las élites “blancoides”. Pero la propuesta de “inclusión” y “reconocimiento” de los pueblos originarios no ataca las raíces materiales de la opresión y discriminación de millones de aymaras, quechuas y tupí-guaraníes: el latifundio dominante en las Tierras Bajas; la propiedad y la riqueza de las élites empresariales; la subordinación del país al capital extranjero.

Que pueda haber generales, jueces y ministros de rostro y apellido originario no liquida la opresión aunque beneficie a la reducida capa burguesa y pequeñoburguesa de origen indígena, como la “burguesía chola” que aspira a remover las barreras sociales y culturales que le impedían asimilarse a las cumbres del poder, pero que no tiene interés en cambiar la situación de sus hermanos pobres, que trabajan por salarios de 50 dólares, deben emigrar a la ciudad por falta de tierras o emplear a sus hijas como domésticas por 20 o 30 dólares mensuales.

Evo pone como ejemplo el fin del “apartheid” en Sudáfrica pero el acceso de Nelson Mandela y su partido, el CNA [5], al gobierno a mediados de los ‘90 y la derogación de las normas brutalmente racistas en ese país, siendo conquistas elementalmente democráticas, no significaron un cambio en la situación de las mayorías negras ni el fin de la riqueza y privilegios de la burguesía blanca, sino una alianza entre ésta y la capa dirigente del CNA para preservar el orden capitalista bajo “rostro negro”. Algo similar sería un capitalismo boliviano de “rostro indio”...

La utopía del "capitalismo andino-amazónico”

García Linera sostiene la necesidad de una larga etapa de 50 o 60 años de “capitalismo andino y amazónico” para lograr un desarrollo nacional, argumentando que no hay suficiente capitalismo en Bolivia ni “articulación” entre el sector capitalista y no capitalista de la economía, por lo que “En los últimos 60 años se ve un retroceso de la actividad comunitaria productiva (...) sigue habiendo comunidad pero ésta ha implosionado internamente en estructuras familiares.” [6] Pero es el creciente dominio capitalista lo que descompone los elementos sociales y culturales indígenas que el MAS reivindica.

Bolivia padece del capitalismo semicolonial “realmente existente”, no de su “ausencia”: más del 75% del PBI es aportado por el sector “formal”, es decir capitalista y dominante de la economía, que explota a los trabajadores que emplea directamente y también expolia a las partes de la población: campesinos, artesanos, “gremiales”, etc. incluidos bajo el rótulo de “sector informal”.

El gran capital tiene nombre y apellido: REPSOL, Petrobras, Total y otras transnacionales en hidrocarburos; ENTEL, AISA, Electropaz en los servicios “capitalizados”; COMSUR [7]; los latifundistas que acaparan millones de hectáreas en el Oriente; grandes empresas como AMETEX, grupo textil abanderado del ALCA y algunos bancos ligados al capital extranjero. La “burguesía nacional” es socia menor del capital extranjero en la entrega y expoliación del país.

Sin embargo, AGL espera “darle a la economía boliviana nuevamente una cabeza en torno del Estado. Y, alrededor de esta cabeza, articular inversión extranjera, inversión privada local, sectores campesinos, comunitarios y microempresariales-artesanales, en una perspectiva de shock productivo” [8] para que todos colaboren armoniosamente en una vía “capitalista andina” al desarrollo nacional...

El problema de la Asamblea Constituyente

Evo propone la futura Asamblea Constituyente como instancia para “refundar el país”, pero quiere una Asamblea que sirva para “unir a los bolivianos respetando la diversidad” y “lograr un nuevo pacto social” buscando el “consenso” con los comités cívicos y otros “factores de poder” que exigen garantías como las “autonomías departamentales”. Así condicionada la Asamblea no permitirá la libre expresión de las profundas aspiraciones democráticas de obreros, campesinos e indígenas, que tienen derecho a resolver en una Constituyente verdaderamente libre y soberana con plena participación de los sindicatos y movimientos sociales, los grandes problemas nacionales: como conquistar la tierra y el territorio, la efectiva nacionalización del gas y los recursos naturales, el salario y el trabajo. Para conquistar una asamblea así, en lugar de depositar pasivamente confianza en las promesas oficiales, será necesaria la más amplia movilización y organización. Esto es una responsabilidad que deben asumir sin dilaciones las organizaciones sindicales y de los pueblos originarios, impulsando el desarrollo de la coordinación, comités y otras formas de organización, necesarios además para la lucha por la nacionalización del gas y el conjunto de las demandas obreras y populares.

Sin ruptura con el imperialismo no hay solución a los males nacionales

La “recuperación del gas” es una falacia si no se rompe con las transnacionales y se nacionaliza toda la industria petrolera. Esta medida, junto con la renacionalización de las empresas “capitalizadas” y los recursos naturales, así como el no pago de la deuda externa son imprescindibles para poner fin a la sangría del país por el capital extranjero. Sin la liquidación del latifundio es imposible resolver la demanda de tierra y territorio de los campesinos y pueblos originarios. Comenzar un genuino proceso de industrialización del país es impensable sin estas medidas y otras, como la nacionalización de la banca (para brindar crédito barato a los pequeños productores) y el monopolio del comercio exterior (para proteger la producción local e impedir la fuga de recursos). Claro que llevar hasta el fin este programa significa quebrar la propiedad capitalista y sólo puede ser garantizado con el poder de los obreros, los campesinos e indígenas pobres, lo que sentaría las bases de una reconstrucción socialista de la sociedad.

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El gobierno de Evo Morales de los dichos a los hechos...

¿Socialismo imposible?

Alvaro García Linera argumenta que “el socialismo no es posible en Bolivia” pues hay “un proletariado minoritario demográficamente e inexistente políticamente; y no se construye socialismo sin proletariado”, reproduciendo un siglo después los prejuicios que los populistas rusos oponían a Lenin en 1894. [9] No se trata de “implantar el socialismo ya” (pues será una construcción histórica a completarse con la extensión internacional de la revolución) sino del único camino para salir del atraso, la pobreza, la opresión y la humillación bajo las cadenas imperialistas.

Además, la clase trabajadora boliviana es mucho más fuerte que en los ’50, cuando apenas eran 50.000 los mineros que encabezaron la revolución del ‘52. Hoy son más de 1 millón de asalariados, la mayoría en las ciudades de La Paz, El Alto (donde el 47% de la población activa es obrera o empleada), Cochabamba y Santa Cruz. Junto con los campesinos y otros sectores humildes conforman la aplastante mayoría de la población. Es cierto que la clase obrera viene de sufrir años de reflujo pero viene mostrando alentadores síntomas de recuperación, y puede dar nuevos pasos en la reorganización sindical y la lucha por las demandas, así como en su experiencia política. Si el movimiento obrero avanza uniendo a sus demandas una respuesta de clase a los grandes problemas nacionales, podrá postularse a encabezar con sus métodos y su programa la alianza con los campesinos y pueblos originarios, necesaria para terminar con la dominación imperialista y las clases dominantes nativas.
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