Editorial: Pacto por México

La coyuntura de descontento y movilizaciones contra la imposición de Enrique Peña Nieto y el regreso del PRI, que se abrió antes de las elecciones de julio, profundizadas con la represión llevada a cabo por el gobierno federal y el del DF durante la toma de posesión de Peña Nieto, entró en un reflujo momentáneo.

Después del triunfo que significó la liberación de los presos del 1° de diciembre lograda por la movilización que encabezó la Coordinadora por la Liberación de los Presos 1-D, y que surgió como respuesta a la política represiva del perredista gobierno capitalino, la movilización no continuó. Esto fue debido a las maniobras legales del PRD que reformó el “antiterrorista” artículo 362 del Código Civil del DF (que ahora penaliza “la violencia” de los opositores al gobierno), y la política concertadora y mediatizadora del sector pro-perredista de la Liga de Abogados 1Dmx expresada en maniobras para desactivar el descontento y recomponer el prestigio del nuevo Jefe de Gobierno perredista (Miguel Mancera), que tendía a crecer ante la represión encarcelamiento de los presos del PRD-DF del 1D. Pero también a que las organizaciones sindicales que se reclaman independientes no se sumaron a este movimiento para fortalecerlo y presentar un frente de lucha combativo que enfrentara los planes autoritarios del nuevo gobierno.

Así obstaculizaron que se fortaleciera la tendencia a la salida de los sectores contentos por la miseria y el autoritarismo de la clase política del país. A pesar de esto, quedó claro que la liberación de los presos fue un triunfo de la movilización en las calles, mostrando al PRD como un partido patronal y represor que tuvo liberar a los presos. Es un desgaste de esta centroizquierda que, para muchos, aparecía como democrático.

Pero este respiro para Peña Nieto no significa que tiene asegurada la estabilidad requerida para imponer las transformaciones reaccionarias anunciadas contra las masas, ni que los trabajadores –que no participaron de este primer combate contra el regreso del PRI–, lo vayan a permitir sin luchar.

Además, movimientos opositores de diversa índole y estrategias, como la electoral y pacifista que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que ha demostrado su relación con los empresarios régimen (pese a que no se sumó al Pacto por México propuesto por el PRI) y cuya dirección sostiene una política de reforma de las instituciones o el resurgimiento del EZLN de carácter indigenista y crítico del régimen, enturbian el cielo sereno que el PRI cree que la política “populista” de Peña Nieto está logrando.

Un pacto reaccionario contra México

La derechización del PRD, al dar un salto con el acuerdo pactado –principalmente– con el PRI para imponer un régimen fuerte que aplique las reformas estructurales que demanda de capital extranjero y nacional, y que el debilitado gobierno panista no podía aplicar sin provocar una fuerte crisis política del sistema de partidos surgido en el año 2000, es uno de los elementos reaccionarios que tienden a fortalecer esta nueva etapa de ataque a la clase trabajadora.

Una nueva etapa del régimen de partidos donde el PRI se alterna en el poder ante el desgaste del panismo, para que otra sector representante de la clase dominante aplique las medidas antipopulares y entreguistas, tal como sucedió en el 2000 con la alternancia encabezada por el PAN ante la crisis del priato, que los ideólogos del régimen (y sectores de la izquierda sindical y “marxista”) hicieron pasar como la “transición a la democracia”.

En este contexto, la firma del “Pacto por México” acordada entre el PRI, el PAN y el PRD (hecho a la medida de los grandes grupos económicos y el gobierno de Estados Unidos), es una política de unidad nacional burguesa, donde el PRD es la pata izquierda de un régimen autoritario y antidemocrático, y donde el sol azteca busca ocupar un lugar destacado en la conducción de la política nacional al servicio de la clase dominante (lo que los “chuchos” entienden como una “izquierda moderna y responsable”).

Dicho pacto reforzará los cambios legislativos que permita el IVA en alimentos y medicinas, la reforma educativa y la privatización de Pemex, impunidad a los monopolios, más poder a la Iglesia –sobre todo en educación–, mayor entrega de la soberanía nacional al imperialismo, continuidad de la militarización, fortalecimiento de los cuerpos represivos y de inteligencia y amplias garantías a los capitalistas para sobrexplotar a los trabajadores.

La represión perredista del 1-D apuntalando el autoritarismo del PRI, es parte de las tareas del PRD para ganar credibilidad ante la clase dominante que enfrenta hoy el debilitamiento y desgaste del PAN. Pero este relativo fortalecimiento del gobierno de Peña Nieto enfrenta el gran descontento que existe en la juventud y los trabajadores y el movimiento democrático, y que amenazan la estabilidad que requieren los patrones con el regreso del PRI.

Los movimientos sociales y políticos que reclaman sus demandas ante los planes antipopulares y que rechazan el “Pacto por México”, serán un factor de polarización en este año en que Peña Nieto medirá fuerzas con los explotados y oprimidos. El magisterio independiente llamando a movilizarse contra la reforma educativa, los trabajadores descontentos con la reforma laboral, los jóvenes del #YoSoy132, los reclamos por los desaparecidos, los que desde la vía institucional y sin querer desestabilizar el régimen (como el MORENA que demanda su registro legal para competir en las urnas con el PRD), o las bases zapatistas que con sus demandas indígenas muestran que los planes no están tan seguros, muestran de conjunto las contradicciones que enfrentan los planes del nuevo gobierno y sus aliados.

Esto, en medio de la demostración de fuerzas del narco que presiona a Peña Nieto para una negociación en el marco de combate a las drogas. Por lo que, para estabilizar el país, el gobierno necesita imponer una fuerte derrota a movimiento obrero y popular, justo cuando la crisis capitalista mundial plantea un panorama económico gris para el país.

Es necesario unificar las demandas en un solo pliego que unifique el descontento obrero y popular enfrentando represión y la penalización de la protesta, la militarización del país y que luche por la libertad absoluta de todos los presos del país, la nueva ley laboral que precariza el empleo y violenta el derecho de huelga, la reforma educativa que amenaza el empleo de los trabajadores de la educación, el ataque a la libre organización de la juventud estudiantil y trabajadora, y que haga suyas las demandas de los campesinos e indígenas.

Es necesario que las direcciones sindicales opositoras discutan y acuerden la preparación de un paro general, que enfrente la política de los partidos que sostienen el antipopular “Pacto por México”. Sólo la movilización independiente puede revertir esta ofensiva capitalista.

22-01-2013
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