El lanzamiento de un nuevo lock out patronal por 8 días de la Mesa de Enlace de las patronales del campo -esta vez limitado a las exportaciones de granos y sin bloqueo de alimentos a las ciudades- profundizó la crisis nacional.
Es claro que lo último que quieren los Kirchner es terminar la crisis que comenzó en Semana Santa aceptando una derrota política ante el desafío de la burguesía agraria a la autoridad presidencial y retrotraerse de la resolución del 11 de marzo sobre las retenciones móviles a las exportaciones. “Si así ocurriera, después del campo vendrían las protestas de otros sectores que también tienen problemas. En el país hay todavía muchos problemas por resolver”, se sinceró un hombre que suele frecuentar al ex presidente Kirchner” sintetiza Clarín. Es decir, el gobierno quedaría en una debilidad tal que alentaría, no solamente a otros sectores capitalistas como los industriales que piden una nueva devaluación para, ellos también, “defender la rentabilidad”; sino a lo que más temen: la lucha de los trabajadores y sectores populares por sus propias demandas, empezando por el salario cada vez más retrasado con respecto a la creciente inflación.

Empate de fuerzas

Después de haber renunciado a Lousteau, el gobierno apostaba a lograr -a cambio de subsidios y compensaciones pero sin entregar lo sustancial-, un respiro político al terminar con la protesta y, en perspectiva, incorporar al “Acuerdo del Bicentenario” del 25 de mayo (nuevo nombre del deslucido Pacto Social) a la burguesía agraria junto a las patronales industriales de la UIA y la dirigencia de la CGT. Más allá de si, verdaderamente, el jefe de Gabinete Alberto Fernández es un ala con una línea más conciliadora con el campo, vetada por Kirchner, o era parte del juego de la negociación, el gobierno fracasó en su conjunto en este plan.

La disputa se reabrió porque, de un lado, el triunfo político que proclamó ante los medios Eduardo Buzzi de la Federación Agraria al decir que “el gobierno está dispuesto a rediscutir las retenciones”, fue inaceptable para los Kirchner. Efectivamente el gobierno venía haciéndoles concesiones en las negociaciones secretas. Inclusive, se dice, la promesa de bajar el tope a la movilidad de las retenciones hasta un 50%, cuando el proyecto inicial preveía que si el precio internacional de la soja superaba los 600 dólares la tonelada (actualmente está alrededor de los 460), se le retenía el 95% del excedente de ese monto (lo que los ruralistas denuncian como imposición de un precio máximo). Pero, a pesar de estos acuerdos económicos, el gobierno no estaba dispuesto a reconocer públicamente que le doblaran el brazo en la pulseada política.

Del otro porque, en el fondo, la burguesía agraria considera, como dicen en su “Carta abierta del campo a los argentinos”, que las retenciones móviles son “una medida de marcado tinte confiscatorio” y creen insuficientes las concesiones que el gobierno les otorgó durante “la tregua”. Como repiten los dirigentes de la Federación Agraria “las compensaciones son mezquinas” al limitarse a productores de hasta 500 toneladas de soja y reclama elevar los reintegros hasta los de 1.500 (en promedio 750 hectáreas) ya que de lo contrario “los medianos productores quedan excluidos”. Según la confesión de los propios dirigentes de la FA, esta demanda sería clave para desactivar la protesta, lo que desmiente a los sectores de izquierda, como el PCR y el MST, que insisten en que los cortes de ruta son protagonizados sólo por los pequeños productores.

La resultante, hasta hoy, es que ninguno de los dos bandos patronales tiene la fuerza suficiente para imponerse categóricamente sobre el otro. ¿Por qué? En el fondo, porque el carácter capitalista y reaccionario de ambos los inhibe de concitar el apoyo activo de verdaderas fuerzas populares a su favor.

¿Hasta dónde puede la patronal agraria sumar apoyo de masas en las clases medias bajas cuando se hace más claro que buscan “defender la rentabilidad” de los enriquecidos productores de soja? A su vez, ¿podría convencer el gobierno a los trabajadores de que salgan a movilizarse “contra la oligarquía” cuando se hace cada vez más evidente que las retenciones son para aumentar la recaudación para pagar la deuda externa, subsidiar a los empresarios mientras no aumentan los presupuestos de salud o educación y caen los salarios frente al aumento de precios?

Fuerzas auxiliares

A falta de un programa que pueda entusiasmar y movilizar a los sectores populares, ambos bandos patronales cuentan con apoyos de “fuerzas auxiliares”. Mientras José Luis Lingeri de la CGT respaldó a Cristina Kirchner pidiendo a los empresarios que “moderen su rentabilidad” para frenar la inflación, el jefe del Sindicato de taxistas Viviani apuntó contra la protesta de las entidades del campo diciendo que “No se puede negociar bajo presión”. Ahora Hugo Yasky, secretario general de la CTA sostuvo que “la política de retenciones a las exportaciones agropecuarias es “indiscutible”, sumándose a la fracción pro-gubernamental de Luis D’Elía. Hasta aquí nada nuevo: la acérrima defensa de la burocracia sindical oficialista de la política de recaudación del gobierno para afrontar los pagos de la deuda externa y aumentar los subsidios para mantener la rentabilidad de la fracción industrial de los capitalistas.

Lo nuevo es la reaparición de Víctor De Gennaro -que ha vuelto después de una larga siesta a ubicarse en el bando opositor- junto a dirigentes enrolados en ATE, esta vez, como “ala izquierda” del “campo”, respaldando a la Federación Agraria. “¿Cuándo se van a separar de la Sociedad Rural?”, fue la pregunta reiterada de los afiliados de ATE a Buzzi en la conferencia que dio junto De Gennaro semanas atrás. La respuesta del ruralista fue contundente: “Lo primero para entender el presente, es que el “conflicto del campo” es por las retenciones, un paro por las retenciones. Mirá que frasecita tan corta”. Junto a ellos, Pino Solanas, Claudio Lozano y Eduardo Macalusse del “ARI autónomo” son parte de este espacio de una centroizquierda reagrupada detrás del campo, a la que se suma el MST de Vilma Ripoll. Todos ellos denuncian a los pooles de siembra y a los pulpos como Cargill, mientras cubren el flanco izquierdo del “paro por las retenciones” junto a los grandes propietarios de tierras y vacas de la Sociedad Rural y la CRA, y la superexplotación de los peones rurales que también usufructúa la Federación Agraria.

Agotamiento

Este segundo round de la pelea entre capitalistas se da en medio de una agotamiento más general del esquema económico del dólar alto en que se apoyan los Kirchner, que analizamos en el Suplemento EconoCrítica que sale con este número de La Verdad Obrera. En estos días, la falta de combustible anuncia un agravamiento de la crisis energética. Al conocerse la ruptura de la tregua la Bolsa de Buenos Aires cayó 1,5%, el dólar volvió a subir hasta 3,21 y los títulos públicos se desplomaron hasta un 5%. El Banco Central debió gastar 100 millones de dólares para contener la tendencia al alza por la presión compradora de la moneda norteamericana. La crisis política retroalimenta los síntomas de crisis económica que todos los bandos capitalistas descargarán crecientemente sobre los trabajadores y sectores populares. Como venimos insistiendo, es necesario unificar la acción de las organizaciones antiburocráticas de los trabajadores, los estudiantes combativos y la izquierda, para dirigirse al conjunto de los trabajadores con un programa para intervenir en la crisis nacional con total independencia de los dos frentes patronales en disputa.

Un programa para la intervención independiente de los trabajadores

Sólo 4.800 propietarios rurales concentran 85 millones de hectáreas, la mitad de todas las tierras agropecuarias de la Argentina. La comercialización de los alimentos del campo está en manos de un puñado de monopolios exportadores y formadores de precios, como Cargill, Dreyfus o Aceitera General Deheza y grandes frigoríficos. El gobierno es el principal garante de sus negocios y destina las retenciones a pagar la deuda externa y subsudiar la rentabilidad de la clase empresaria.

Nuestra salida:

– Nacionalizar las grandes propiedades del campo que defienden tanto el gobierno como las 4 entidades rurales. Estatizar el comercio exterior y expropiar a las grandes empresas agro-industriales, para garantizar alimentos baratos y terminar con una de las principales fuentes de inflación y pobreza.

– No al pago de la deuda externa. Abajo los impuestos al consumo como el IVA. Impuestos progresivos a las grandes fortunas.

– Blanqueo para todos los peones rurales derogando la ley de Videla y Martínez de Hoz que rige el trabajo en el campo, defendida tanto por el gobierno como por las 4 organizaciones ruralistas. Basta de trabajo en negro y precarizado.

– Escala móvil de salarios: aumento general de emergencia, mínimo igual a la canasta familiar y ajuste automático según los precios al consumo. Reapertura de las paritarias con delegados elegidos en la base.