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Argentina - Editorial

‘Servicios esenciales’

02/11/2011

El recorte de subsidios en los servicios de electricidad, agua y gas para los bancos, las mineras, las petroleras, los capitalistas del juego y las telefónicas, viene a demostrar que el “modelo” les vino bancando, “a los que más tienen”, durante todos estos 8 años, los servicios esenciales que le faltan a millones. De la misma manera, la derogación del decreto de Menem que privilegiaba a las multinacionales mineras y petroleras sin obligarlas a liquidar las divisas de sus exportaciones en el país demostró el parentesco de este gobierno con la “herencia” de los 90, cuando los Kirchner impulsaban la entrega de los recursos naturales desde la gobernación de Santa Cruz.

Pero en tanto el establishment recibió con alerta las medidas intervencionistas de CFK en el mercado cambiario para frenar la fuga de dólares, en cambio, el reciente ajuste a los subsidios para energía a las “empresas rentables” despertó el apoyo hasta de la misma Asociación de Empresarios Argentinos. La AEA consideró “positivo avanzar en la reducción de subsidios”, porque “contribuirá a mejorar la solidez fiscal de la Argentina” frente a la crisis financiera internacional. Si bien el ahorro fiscal de unos 600 millones, que significará la medida, es mínimo comparado con los alrededor de 50.000 millones de pesos del total presupuestado en subsidios a la producción y servicios, indica un camino de ajuste del gasto que vienen reclamando las corporaciones patronales. Que esto no afectará el nivel de vida de “los que menos tienen” como promete Boudou, está por verse. Es difícil pensar que empresas como las telefónicas se harán cargo de la diferencia que deberán pagar por la quita de subsidios y no trasladen el costo a las tarifas. Por ahora, una comisión anunciada por Boudou y De Vido “revisará” las tarifas de energía para los sectores de más altos ingresos porque, según el propio ministro de Economía, se paga poco de electricidad “en Puerto Madero o los countries”. Para la gran patronal es un buen paso del gobierno hacia un “sinceramiento de tarifas”. Cuando llegue ese momento, dicen los que promueven un tarifazo abierto contra las mayorías, habrá que establecer una “tarifa social” para “los que menos tienen”.

En última instancia, más allá que las medidas actuales del gobierno pretendan ser sólo retoques (“a izquierda y a derecha”) para mantener, en esencia, el viejo equilibrio, la crisis internacional ha puesto en cuestión el esquema del “bonapartismo fiscal”. Esto es: una caja estatal abultada con que el kirchnerismo vino arbitrando entre un empresariado con predominio extranjero (que en medio de la crisis en EE.UU. y Europa duplica la remisión de ganancias a sus casas matrices que reclaman los dólares de sus filiales semicoloniales); un sistema de subsidios para garantizarles alta rentabilidad con baja inversión privada, y en la otra punta, los aumentos salariales en las paritarias que buscan empardarle a la inflación y los planes de contención social para desempleados y trabajadores en negro.

Las medidas que ahora el oficialismo presenta como recortes a los “privilegios de las empresas más rentables”, serán puestas por el gobierno en la mesa de negociación del “pacto social” contra los trabajadores a quienes se reclamará que, también, resignen su parte en nombre de la “unidad nacional” y la “defensa del modelo”. En ese sentido van las declaraciones oficiales de fijar en un tope de alrededor del 18% para los aumentos salariales y el adelanto de la paritaria docente, para hacerla funcionar como acuerdo testigo, que arreglaron los oficialistas Yasky y Baradel con el gobernador Scioli. A Moyano no sólo le bajaron el proyecto de Ley de “reparto de las ganancias” sino que ni siquiera le otorgan la elevación del mínimo no imponible que afecta a los trabajadores de altos salarios. Por esto, estratégicamente más que en el dólar o los subsidios, la mira del gobierno está puesta en la protesta social. CFK no pierde oportunidad para fustigar la lucha de los trabajadores. Ahora aprovechó un corte de la UATRE del Momo Venegas para señalar que “merecemos otro tipo de prácticas para las protestas. No se priven de hacerlo, pero háganlo en una plaza, está la Plaza de Mayo”. La presidenta no condena que la cúpula del sindicato de los obreros rurales venga permitiendo el más alto porcentaje de trabajo en negro en esa rama sino, por el contrario, que esta vez hayan cortado la ruta por una causa justa, como es la homologación del convenio de aumento del 37% que reclamaban.

Así, la presidenta cada vez que puede usa el atril de la cadena nacional para condenar la acción directa, dándole letra a los jueces que, en un alto porcentaje provenientes de la dictadura, aumentan los procesamientos contra los que luchan. La operación contra el Pollo Sobrero y los ferroviarios del Sarmiento no fue un hecho aislado. Como destacamos en este número, la “megacausa Panamericana” es todo un símbolo del curso del gobierno de CFK. Allí se iniciaron causas judiciales a docenas de luchadores obreros y de la izquierda, entre ellos los principales dirigentes de la comisión interna de Kraft, que tiene a seis de sus once miembros procesados por cortes de ruta contra despidos, por el salario e, inclusive, en protesta contra el asesinato de Mariano Ferreyra en el marco de una jornada nacional de lucha. La frase de que “no se reprime la protesta social” está desmentida no solamente con las represiones seguidas de asesinatos por los gobernadores K en Formosa o Jujuy, y en conjunto con Macri en el Parque Indoamericano. También en la persecución a las organizaciones de la clase trabajadora concentrada en la industria en la zona norte del conurbano bonaerense, que utiliza las manifestaciones en la Panamericana como parte de sus métodos de huelga activa y como forma de hacer visibles las protestas obreras contra las poderosas multinacionales, el bloqueo informativo de las corporaciones mediáticas y el abandono de la burocracia sindical que este gobierno viene sosteniendo como aliada estratégica. Mientras se muestra el encarcelamiento a los genocidas de la ESMA, producto de la lucha de años, como un logro del kirchnerismo, se aplica el método de la infiltración a las organizaciones populares, como la que hizo Astiz a las Madres de Plaza de Mayo en la dictadura, por parte de agentes de inteligencia y Gendarmería (“servicios esenciales”) en las marchas de los trabajadores y la izquierda, como consta en los expedientes de la misma causa Panamericana y denunciamos en este número (ver página 3 y contratapa). El flanco izquierdo de la coalición de gobierno repite la frase de la presidenta en su cierre de campaña: “con nosotros, el Estado no es neutral” y estará “a favor de los trabajadores y los que menos tienen”. El Estado, que por supuesto nunca es neutral sino que actúa como la junta que administra los negocios de la clase dominante, bajo su forma peronista de gestión supone, especialmente, la regimentación de las organizaciones obreras, y por ende la persecución de todo aquel que desafíe los intentos de subordinación a las corporaciones capitalistas.

El Frente de Izquierda, que viene de consolidar el apoyo de una franja de más de medio millón de votos de los trabajadores y la juventud, será parte de la convocatoria, para el próximo 23 de noviembre, de una marcha unitaria a Plaza de Mayo que reclamará el desprocesamiento a todos los encausados por luchar y el fin de las persecuciones al sindicalismo de izquierda. El PTS, que orgullosamente cuenta con el mayor número de dirigentes procesados en la izquierda, convoca a reforzar la militancia en sus filas para construir un partido revolucionario e internacionalista como lo reclama la crisis capitalista de alcance mundial y los aprestos que hacen en la Argentina para que la paguemos los trabajadores y el pueblo.

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