Por segunda vez en 8 meses, vuelve a emerger la Argentina de los explotados desafiando la concentración de tierras en pocas manos y la falta de vivienda de millones de familias trabajadoras.

El Estado “presente” que pregonan los K se mostró, primero en Soldati y ahora en Ledesma, como un Estado gendarme que ante ambos levantamientos cometió un triple crimen contra los trabajadores sin techo. Los kirchneristas que se hacen gárgaras desde 678 con la “gran epopeya” de la 125 contra los dueños de la tierra, han respondido, por segunda vez, en su defensa. Los que se jactan que con el 17 de octubre del peronismo la clase trabajadora argentina adquirió “ciudadanía política”, han respondido, en defensa del Patrón Costa de este tiempo, don Blaquier, intentando aplastar al actual “subsuelo de la patria sublevado”.

El pacto reaccionario que cerraron Macri y Cristina ante la emergencia habitacional con la ocupación del Indoamericano, después de derramar la sangre de trabajadores inmigrantes, no dio una sola vivienda. El denunciante de aquellas primeras ocupaciones ante la justicia que desató la represión de la Metropolitana y la Federal, fue Sergio Schoklender, el empresario de los “derechos humanos y habitacionales”. Los aparatos territoriales del macrismo y el peronismo actuaron en pinzas con la Gendarmería. Las ocupaciones fueron desactivadas con promesas, y el gobierno parió el ministerio de Seguridad de Garré. Tal fue el pacto reaccionario, con muertes impunes, de Macri y los K, que el tema ni se tocó en la campaña de Capital aunque, entre globos y corazones, militarizaron la zona sur de la CABA demostrando que la Gendarmería que se instaló aquella vez en Soldati había llegado para quedarse. Pero Ledesma muestra que también llegó para quedarse la tendencia a la irrupción de miles de familias sin vivienda que volvieron a brotar de la tierra en Jujuy, alrededor de los ingenios del monopolio Blaquier.

Esta vez la presidenta había adelantado una propuesta de “solución estratégica”. Un día antes de la sangrienta represión en Ledesma, CFK estuvo con el gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, anunciando en Salta la inauguración de lo que llamó “una cárcel modelo de Latinoamérica” para el Noroeste argentino. Como es usual, todo el kirchnerismo, empezando por el propio gobernador jujeño, salió a deslindar sus responsabilidades políticas del nuevo triple asesinato. Los que dicen que el kirchnerismo reuperó el papel de la política y “ya no gobiernan las corporaciones”, descubren ahora que, en el NOA, el “poder real” del monopolio de la familia Blaquier es la verdadera autoridad de jueces y policías. Dicen que quieren “mantener a Jujuy en el siglo XIX”, cuando los subsidios provenientes de la Anses, con los fondos de los jubilados, como los que recibe Blaquier, son una moderna construcción del siglo XXI del “modelo” K. También son una columna vertebral del “modelo” los millonarios subsidios de De Vido a los popes de la Cámara de la Construcción, que se ha mantenido siempre K, y para la cual trabajan en condiciones precarias los inmigrantes bolivianos y paraguayos (víctimas del mayor índice de muertes laborales), como los asesinados en Villa Soldati: no solo ello, la propia camarilla gobernante es una experta en negocios inmobiliarios, de Santa Cruz a Puerto Madero. Asi lo certifica el deschave del “garantista” juez de la “renovada” Suprema Corte, Eugenio Zafaroni que confesó no saber para qué se utilizaban las 15 propiedades que posee en la Capital (como buen especulador inmobiliario, no tenía por qué interesarle de donde provenían las ganancias de su inversión), en la misma ciudad en que la Justicia condena las tomas de predios ociosos de miles que se arrojan sobre un pedazo de suelo para tener donde caerse muertos. ¿No hemos llegado a leer en los blogs de los intelectuales K que la inversión de Néstor Kirchner en superhoteles en Santa Cruz estaba justificada porque el peronismo no es un “partido clasista”, sino que siempre tuvo sus millonarios, como el histórico Jorge Antonio? De ahí en más, podemos esperar cualquier tipo de argumento para salvar la cabeza del gobernador K Barrionuevo. El fondo de su pensamiento es que mientras la derecha de Sobisch fue -como cualquier principiante de La Cámpora sabe- responsable del crimen del maestro Fuentealba, en cambio esta derecha que representan los gobernadores como el de Jujuy o Insfrán en Formosa es la derecha del “proyecto nacional”.

Las burocracias de las centrales sindicales encabezadas por Moyano y Yasky, nuevamente, como en el Indoamericano “lamentaron las trágicas muertes” pero no hicieron nada por el masivo reclamo vivienda ni responsabilizaron al gobernador K. En Ledesma, en pleno período electoral, la Legislatura provincial debió dictar una ley de expropiación de 40 hectáreas a los Blaquier (con pago de indemnización y a cambio de permitirle deforestar otras tierras fértiles para su beneficio) para descomprimir. Pero las ocupaciones de tierra se extendieron aun más en la provincia (ver páginas 4 y 5).

El secretario del Sindicato Azucarero de Ledesma, Bautista, alertó en los medios: “Queríamos que hoy empiecen los arreglos en el terreno, pero vemos que todo sigue igual. Queremos una reunión con el gobernador para conocer en qué se avanzó. Los mismos policías tomaron las tierras. Acá hay docentes, empleados municipales. La situación es desesperante y no queremos que llegue a una guerra civil”.

¿Exagera? En cierta medida, coincidió con Trotsky sin saberlo, quien define los distintos momentos de “guerra civil” como: “una etapa determinada de la lucha de clases cuando ésta, al romper los marcos de la legalidad, llega a situarse en el plano de un enfrentamiento público y, en cierta medida físico, de las fuerzas en oposición. Concebida de esta manera, la guerra civil abarca las insurrecciones espontáneas determinadas por causas locales, las intervenciones sanguinarias de las hordas contrarrevolucionarias, la huelga general revolucionaria, la insurrección por la toma del poder y el período de liquidación de las tentativas de levantamientos contrarrevolucionarios”.

En este sentido amplio, las batallas en el Indoamericano y en Ledesma son momentos de ruptura de los marcos de la legalidad burguesa, elementos de guerra civil primarios y en una situación de crecimiento económico en la que, centralmente, impera el conformismo social. No son los levantamientos de desocupados de la hiper-recesión de los 90, pero expresan un fenómeno de masas (que toca hasta las familias de policías en Jujuy). Se dan por el crecimiento de la economía que creó millones de puestos de trabajo precario. Junto a sectores sin empleo, lo emergente son las capas más bajas de la clase trabajadora que entran a escena por mejorar su situación (como, también, pasó con los ferroviarios tercerizados del Roca). Son aquellos a los que no les alcanza con el “nunca menos” de la asignación por hijo. En Soldati fueron albañiles y trabajadores en negro de las textiles, que no podían pagar alquileres altísimos en las villas de la CABA. Lo mismo sucede ahora en Ledesma, con los trabajadores de los citrus o los municipales de bajos salarios. Su demanda ataca un problema estructural del capitalismo: el enorme déficit de viviendas que “el modelo” de “paritarias de trabajadores en blanco + AUH” no resuelve. Por el contrario, el kirchnersimo se ha valido de la concentración de la tierra, urbana y rural, y de la especulación inmobiliaria.

Si esto es así con ocho años de ascenso de la economía nacional, ¿se puede pensar en una salida en manos de la clase dominante cuando golpee decididamente las puertas de la Argentina la crisis capitalista internacional que está en pleno desarrollo en los países centrales?

La corriente nacional que impulsa el PTS con el periódico Nuestra Lucha tiene la estrategia de unir las filas de los trabajadores, empezando por defender el derecho de los sin tierra y vivienda a la acción directa por sus necesidades vitales y exigiendo el castigo a sus asesinos. Hay que romper las fronteras que dividen a la única fuerza social capaz de dar una salida levantando las demandas de todos los explotados y oprimidos, y construir un partido capaz de vencer, quebrando la resistencia de los explotadores. Como cuando nos hicimos presentes con una columna en Villa Soldati para expresar nuestra hermandad de clase, hemos sido parte en las marchas y acciones de repudio en todo el país, desde Neuquén a la Capital, y en la propia Jujuy exigiendo un paro nacional para que se vaya el gobernador Barrionuevo, la expropiación de las tierras de Blaquier y los latifundistas, y poner todos esos recursos para un gran plan de viviendas para todos controlado por los trabajadores y ocupantes sin techo.

El programa que está al orden del día para satisfacer esta demanda de masas no es planteado, obviamente, por ninguna de las fuerzas políticas patronales en pugna en el actual proceso electoral. Y a la única que lo plantea, el Frente de Izquierda, la intenta proscribir esta democracia para ricos mediante la contrareforma electoral del 14 de agosto. Una comprobación más de la justeza de la pelea política de principios por romper la barrera impuesta por el régimen y llamar a votar al Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

4/08/2011