Han bastado dos años, desde que estallara la burbuja inmobiliaria española al calor de la crisis internacional, para que se esfumaran las principales “conquistas” del capitalismo español del último ciclo expansivo (1996-2007). Los niveles de renta, riqueza y empleo habían logrado la práctica convergencia con los países de la Unión Europea (UE). Ahora estos índices han retrocedido casi al punto de partida. Además, las nefastas perspectivas que se ciernen ponen en jaque otras importantes posiciones. El avance del imperialismo español de la mano de sus multinacionales energéticas, constructoras o de servicios, así como con gigantes bancarios como el Santander o el BBVA, está en retroceso por la obligación de éstas a desinvertir al deshacerse los pies de barro sobre los que se han construido.

La debacle económica de la peor crisis desde la posguerra española está actuando como ariete contra el régimen nacido de la contrarrevolución democrática de 1978. Se hacen visibles la primeras grietas en la estructura construida sobre el desvío del ascenso obrero desatado tras la muerte de Franco con la complicidad del Partido Comunista de España (PCE) y las direcciones mayoritarias de la clase obrera. La gravedad de la situación ha obligado al mismo monarca a salir a escena, que hasta ahora estaba concentrado en el papel de diplomático estrella del imperialismo español, pero que quedaba, para preservarse, en una discreta posición en política interior.

Con una economía que se debate entre el estancamiento por años y el crack “a la Argentina 2001”, el próximo período estará signado por duras ofensivas burguesas contra el proletariado y los sectores populares y un recrudecimiento de los choques entre las clases sociales, con la clase obrera en las calles de nuevo. Todo un difícil test para el régimen heredero del franquismo, en el que probablemente aparecerán en escena más abiertamente las tendencias a la revolución y la contrarrevolución.

El Estado español en el ojo del huracán de la crisis de la deuda

La débil recuperación internacional se está encontrando con serios obstáculos, que podrían incluso transformarse en el principio de una nueva etapa como la que arrancó tras la quiebra de Lehman Brothers. El coste de los rescates a la banca y la lubricación con dinero público (vía inversiones y ayudas, rebajas fiscales o bajadas de tipo de interés) está ya pasando factura a los Estados, y como era de esperar los eslabones más débiles de la cadena son los primeros en romperse.

Entre éstos están los miembros mediterráneos de la zona euro, especialmente Grecia, Portugal y el Estado español, así como Irlanda. La mala salud de sus economías y cuentas públicas hace que sean observadas con lupa por los mercados de capitales. Si bien el caso más dramático es Grecia (con una deuda pública del 110% del PIB y un déficit del 12,7%), el caso español preocupa tanto por el veloz deterioro de las cuentas públicas (de 2007 a 2009 ha pasado de una deuda del 36,2% al 55,2%, previsible que llegue al 75% en 2012, y de un superávit del 2,23% a un déficit del 11,4%), como por el paro de masas instalado, con previsiones de quedarse por mucho tiempo (ya está en el 19%, y la destrucción de empleo se mantuvo casi al mismo ritmo en enero, con 125.000 parados más).

Con este panorama muchas voces se han levantado para alertar del “peligro español”. Los considerados “gurús” de esta crisis, como Paul Krugman o Nouriel Roubini, han lanzado advertencias como la de que “Si Grecia es un problema para la eurozona, España podría ser un desastre porque se trata de la cuarta economía de la región”, pronunciada por el segundo en Davos. Por más que esta campaña, dirigida por diarios como el Financial Times o The Wall Street Journal, pueda estar animada por la ofensiva especulativa lanzada contra los “débiles” del euro, tiene una buena porción de realidad. Francia y Alemania han impulsado la declaración de la UE, mucho más simbólica que real y concreta, de que atenderán a sus “hermanos menores” en caso de necesidad, empezando por Grecia. Sin embargo, sus propios problemas de déficit, su margen de maniobra limitado ante la magnitud de los problemas heleno, hispano y luso (para empezar) y las propias tensiones dentro de su propia clase dominante (los socios liberales de Merkel ya han empezado una campaña nacionalista contra un rescate alemán a los “derrochadores” griegos), convierten en dudosas esas “buenas intenciones”. La continuidad del euro tal y como lo conocemos está pues, cuanto menos, en entredicho.

La quiebra de la marca “España”

Hasta ahora el gobierno del “socialista” Zapatero apostaba a que la recuperación internacional sacaría al capitalismo español de su recesión. Una apuesta cuanto menos arriesgada visto que ésta parece estar entrando en una nueva fase aún más compleja, pues los “nuevos problemas” ponen en cuestión la continuidad del principal motor de la mini-recuperación, las históricas intervenciones de rescate y estímulo de los Estados.

La deuda española, en el ojo del huracán se está disparando en los mercados. Su diferencial con el bono alemán ha aumentado hasta el 1% (algunos advierten que puede pasar al 1,2% en poco tiempo), los intereses ya han pasado el 4% y los CDS están en 170.000 euros al año por cada 10 millones de deuda, más altos que los de los gigantes bancarios nacionales. El incremento de los problemas para refinanciar el Estado (que prevé sigan cayendo sus ingresos por el aumento del paro y la recesión o estancamiento casi crónico, en 2009 la caída fue del 47,8%), hace que Zapatero haya dado un importante giro en su política, planteando ya los primeros elementos de un plan de ajuste “a la griega”.

Y es que la pérdida de la confianza de los mercados internacionales supone cerrar el grifo de la financiación exterior, una válvula clave para el crecimiento y mantenimiento del capitalismo español en el último ciclo. Antes de la crisis, en 2007, el endeudamiento de la economía española era del 160% del PIB (35 puntos de deuda pública), es decir la burguesía nativa debía al exterior más del 120% de la riqueza producida en un año. Se puede decir que el auge del imperialismo español, con sus inversiones multimillonarias, se realizó a costa de “vivir por encima de sus propias posibilidades”.

Con la quiebra de la marca “España” es el fin de fiesta. La caída de la calificación crediticia de la deuda española puede poner en mayores aprietos a la banca para ofrecerla como aval de sus propios préstamos en el exterior. A esto habría que sumar sus propios méritos, como el tener que digerir más de 300.000 millones de crédito dudoso que le debe el sector del ladrillo, o problemas surgidos en 2010, como la restricción del crédito anunciada por el BCE. Todo parece empeorárseles, y sin embargo, la actual evolución de la crisis pone mayores dificultades para un nuevo rescate público.

A su vez, empieza a producirse una inicial huida de capitales de la Bolsa de Madrid (como la de Lisboa o Atenas). Sirva de botón de muestra la negra jornada del jueves 4 de febrero del año en curso, con una caída de casi un 6%, la mayor en catorce meses, que acumuló esa semana una del 9,4%, todo lo remontado en seis meses. Lo más significativo fue el motor de las órdenes de venta. Los inversores extranjeros querían deshacerse de sus inversiones españolas. Un ejemplo es el Santander, con una caída del 9,4% el mismo día que presenta 9.000 millones de beneficios en 2009 –el segundo mejor de su historia y un 0,75% más que en 2008–. Si sumamos a esto que el estallido de la burbuja española ha obligado a muchos “campeones” a desinvertir a toda prisa para evitar la suspensión de pagos, aunque no la quiebra técnica en la que muchos de ellos se encuentran, plantea la perspectiva de pérdida de importantes posiciones internacionales en sectores como la energía (Endesa ya se ha vendido, Repsol sigue apurada por su accionista mayoritario, el constructor Sacyr), telecomunicaciones, puede que más adelante la banca y otros sectores (aéreo, constructoras).

Zapatero quiere que paguen el banquete los que no estaban invitados, los trabajadores

El año I de la crisis en el Estado español ha traído consigo una dura descarga sobre los hombros de los trabajadores en forma de un terrible paro masivo. Ya son 4.300.000 trabajadores sin empleo, 500.000 de más de dos años y 1000.000 ya sin subsidio. El año 2010 promete ser aún más duro, lo empezamos con 1.200.000 familias con todos los miembros en el paro y en su decurso se le agotará el subsidio a 1.700.000 parados más.
Hasta ahora, los despidos masivos se habían centrado en la construcción y los servicios, y especialmente en trabajadores temporales y precarios. La siguiente fase de destrucción se está cebando en la industria. Precisamente en este sector la reestructuración promete ser brutal con los costes laborales, la principal vía por la que se quiere ganar competitividad. Según el FMI, éstos tienen que caer en torno a un 20%. En este sentido es sintomático el caso de Seat (del grupo Volkswagen). Su nuevo presidente, el británico James Muir, dijo “En España, Seat no es una marca, sino una institución. No todos reman en este barco en la misma dirección, echaré a quienes no remen, necesitamos un equipo ganador”. Después procedió al despido de 330 directivos, cargos medios y sobre todo (más de un 80%) trabajadores, a través de indemnizaciones o prejubilaciones, por “bajo rendimiento”. Hasta ahora, lo habitual en los despidos era alegar pérdidas económicas, necesidades de organización, etc. La novedad es el arguemnto del “bajo rendimiento”, lo que permite esquivar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que necesitan autorización administrativa y normalmente acuerdo sindical.

Mientras la clase trabajadora sufría este duro envite, Zapatero cumplía sus “deberes fundamentales” con la banca y la gran patronal, articulando múltiples planes de rescate, crédito y ayuda. A su vez se llenaba la boca hablando del “respeto a los derechos de los trabajadores” dando pequeñas concesiones, como los seis meses de prolongación del subsidio de desempleo con una mísera ayuda de 420 euros. Y a su lado (apoyando incluso el rescate a la banca o la patronal del automóvil) la burocracia sindical se encargaba de mantener la paz social, manteniendo aisladas las distintas luchas contra los despidos en masa y las suspensiones temporales y firmando el 90% de los EREs de extinción a cambio de indemnizaciones. Esta alianza gobierno-burocracia sindical ha resultado criminal para la clase obrera y muy beneficiosa para la patronal, que ha realizado una limpia histórica con un escaso coste social.

Sin embargo, la patronal ha venido presionando para que el gobierno aplique una salida más de fondo, que pase por la deflación salarial, la pérdida de conquistas y derechos, el desmantelamiento del régimen sindical por convenios, la eliminación o recorte de algunas conquistas como sanidad, educación, pensiones.

En esa dirección, el gobierno está empezando a dibujar una “hoja de ruta”. Este giro busca en lo inmediato recuperar confianza en los mercados internacionales, a la vez que pone las bases para la salida estratégica que se le viene demandando.

La primera medida se anunciaba a finales de enero, el “pensionazo”. La propuesta de reforma de pensiones es un ataque frontal contra esta conquista. No se trata únicamente del aumento de la edad de jubilación, sino que es un recorte a la propia masa salarial de los pensionistas. Además se quieren eliminar otras pensiones vitalicias como las de viudedad u orfandad.

Al “pensionazo” se le suma el recorte anunciado de 50.000 millones en los Presupuestos hasta 2012. La ministra de Economía Salgado quiere reducir un 6% los gastos de personal, bien mediante bajadas de salarios a los funcionarios o sólo reponiendo un 10% de la plantilla que se jubile.

Otro recorte va de la mano de la ley municipal en curso y el problema del padrón. La ligazón entre el derecho a empadronarse y un mínimo de metros cuadrados de habitación supone excluir a miles de inmigrantes y jóvenes precarios del derecho al padrón, y lo que ello conlleva en cuanto a sanidad, educación y otras prestaciones. Se busca así aliviar las finanzas de ayuntamientos y comunidades (los flancos más débiles del Estado) excluyendo a los sectores más humildes. Esto se suma al permanente hostigamiento a los trabajadores inmigrantes y la aceleración de los trámites de expulsión.

Otro ariete es la futura reforma laboral, que vergonzosamente la burocracia continua negociando. Esta ley pretende nuevos tipos de relaciones laborales precarias, abaratar el despido (incluso para los que tienen un contrato de indemnización de 33 o 45 días actualmente) y desregular el sistema de convenios de cara a que salarios y demás condiciones se determinen de manera cada vez más individual, entre patrón y trabajador.

Este gravísimo paquete va a abaratar la factura de los despidos de este año y poner las bases para que empresa por empresa se pueda empezar a tirar por los suelos los salarios. El acuerdo de Negociación Colectiva que acaban de firmar los dirigentes sindicales de CCOO y UGT con la patronal va en el mismo sentido, prácticamente han congelado los salarios para los próximos tres años.

Si estos planes consiguen imponerse el resultado final será un empobrecimiento sustancial de la población, no sólo de los eslabones más débiles de la clase obrera como hasta ahora (juventud, inmigrantes, mujeres) sino también de las clases medias y los sectores obreros con más antigüedad y mejores condiciones.

El régimen heredero de Franco puesto a prueba

Esta crisis llega en un momento de debilidad extrema del régimen político español, lo cual hace todavía más difícil que los ajustes que demanda la burguesía para evitar un naufragio histórico puedan llevarse adelante, al menos no sin muchas dificultades.

El régimen de 1978 viene dando algunas muestras de agotamiento sobre todo en el entramado institucional bajo el que encontraron cómodo cobijo todos los sectores territoriales de la burguesía. Hay un cuestionamiento del “Estado de las autonomías”, que además de contener las demandas nacionalistas de las dos facciones más fuertes de la burguesía junto con la central/madrileña (vasca y catalana), ha sido el marco de la prosperidad y desarrollo de otras burguesías autonómicas que han gozado del apoyo clientelar de sus respectivos gobiernos autonómicos, como la gallega, la andaluza o la valenciana entre otras.

Una muestra de este agotamiento es el auge del enfrentamiento entre “españolismo” y “catalanismo”, que cuenta además con cada vez más arraigo en sectores de las clases medias catalanas (ya hay un 25% de independentistas según las encuestas). La pelea del Estatut [1] está desprestigiando en Cataluña al centralismo español y en el resto del Estado a una institución capital como el Constitucional por su politización. Por otro lado, y de forma coyuntural, el nacionalismo vasco está más en retroceso, por el aniquilamiento del Movimiento de Liberación Nacional Vasco [2] y la ofensiva PP-PSOE para quitarle el gobierno autonómico al PNV, y alguna concesión como la institucionalización legal de su régimen fiscal propio (que la mantiene como la autonomía con mejor calificación crediticia).

Sin embargo, la delicada situación de las finanzas estatales (que pone en duda los compromisos del Estado central con la financiación de las autonomías) y del mismo capitalismo español (antes un “buen primo” en el mercado internacional para vascos y catalanes, ahora casi un “hermano tonto”), tiende a agudizar las tensiones nacionales y regionales del Estado español.

Así mismo las “tareas comunes” a realizar por todos estos sectores tampoco tienen fácil acometimiento. Existe un enconado enfrentamiento entre el PP y el PSOE desde 2004. La retirada de Irak, la negociación con ETA, las bodas homosexuales, la memoria histórica, la política anti-crisis considerada light por el PP son el bagaje de seis años de “crispación” que parece difícil dejar de lado. Con este bagaje se hace difícil que Rajoy opte más por el acuerdo con el gobierno si lo sigue presidiendo Zapatero, que por desgastarlo hasta derribarlo, aunque no sea lo que más convenga al régimen español.

Por otro lado tenemos un Zapatero desgastado, que ha agotado todas las “rentas” de la imagen de combatiente de la derecha. Además su último cartucho, la paz social con los sindicatos, está en riesgo y da muestras de estar a la deriva tras el giro del “pensionazo” (aunque mantiene importantes vías abiertas para que no haya una fractura total).

En este marco una reedición de los Pactos de la Moncloa (que ayudaron a recobrar la paz social en plena Transición), como piden muchos analistas, se hace muy difícil. Hasta tal punto que el mismo Rey ha decidido intervenir. Desempeñando el rol bonapartista que le consagra la Constitución de 1978, el que fuera nombrado por Franco como sucesor en la Jefatura del Estado, se propone a “arrimar el hombro” para tratar de facilitar que el ajuste draconiano que se prepara contra nosotros venga con el apoyo de todos los agentes sociales y políticos del régimen. Sus contactos y reuniones para empezar, la mantenida con los secretarios generales de las dos principales centrales sindicales (CCOO y UGT), demuestran que el régimen está en una encrucijada en la que se ve forzado a empezar a emplear algunas “cartas” que hasta ahora venía reservándose. Las peticiones de una reedición de los “Pactos de la Moncloa” demuestran la mala salud del régimen, pero también un grave peligro para los trabajadores y sectores populares. Una reedición de un pacto así supondría una descarga total del peso de la crisis sobre nuestras espaldas, al igual que aquellos acuerdos de 1977 fueron el principal arma para desmantelar la lucha obrera, que el paro aumentara brutalmente y que los salarios cayeran en picado comidos por la super inflación de finales de los años ’70.

Sin este consenso los planes de ajuste necesarios corren el riesgo de entrar en barrena, poniendo más oscuro el futuro del gobierno de Zapatero y sus sostenimiento hasta 2012, pero también permitiendo que las grietas que empiezan a aparecer puedan acabar en socavones.

La inicial ruptura del pacto gobierno-burocracia sindical

El pensionazo ha supuesto el primer punto de fricción entre el gobierno y las direcciones sindicales desde 2004. Su oposición es el principal escollo interno para que se termine de llevar adelante, junto con el no apoyo de ninguna otra fuerza política por el momento. Esta soledad del gobierno puede hacerle recular coyunturalmente; sin embargo, lo agudo de la situación del capitalismo español en la arena internacional (y la tendencia a empeorar) plantea que el giro, más allá de avances y retrocesos, va a suponer un cambio de la situación nacional hacia un escenario más dinámico en el terreno de la crisis política y social.

Existe una presión de la base sindical que se viene manifestando en que las direcciones se han visto forzadas a convocar manifestaciones para descomprimir y represtigiarse como la del 12 de diciembre de 2009 en Madrid contra e bloqueo de la patronal de miles de convenios. Además, a pesar de no haber habido luchas generalizadas, sí se han dado conflictos por fábrica o sectores, algunos de ellos con rasgos de radicalización (como los metalúrgicos gallegos, sus asambleas generales y las batallas campales con la policía, los gasistas de NGS en Cádiz con una huelga ilegal, el parón espontáneo de los trabajadores de SEAT de Barcelona contra despido). Esta miríada de conflictos, aunque se han mantenido aislados y aun dirigidos por las direcciones tradicionales, constituyen un límite a la política de “entrega” de estos dirigentes.

A su vez, la burocracia sindical mantiene un cierto instinto de supervivencia como casta. Si el ajuste como tal comienza a aplicarse supondrá no solo un mazazo contra la clase obrera, sino contra el propio modelo de representación en el que sustentan su posición social la burocracia (ya hay propuestas del Banco de España de volver a la negociación de convenios por empresa desligados de los provinciales, eliminar la figura del ERE). El gobierno pretende ofrecerles a cambio su “institucionalización” por ley, pero por más que pueda resultar atractivo a primera vista, se trata de un caramelo envenenado pues, ¿por qué los van a mantener si terminan completamente alienados de su base? ¿De qué servirían unos sindicatos casi estatales si rompen sus lazos de control sobre los principales sectores del proletariado?

No Pasarán, la clase obrera española debe ponerse en pie

Si el gobierno mantiene su nuevo rumbo puede comenzar a darse un proceso de movilizaciones más generalizadas. Las primeras ya han sido convocadas para la última semana de febrero y la primera de marzo, con manifestaciones en todas las capitales de provincia contra el pensionazo. Si los trabajadores empiezan a ser movilizados se puede desatar una dinámica propia que termine escapándose de las cortas y mezquinas intenciones de los dirigentes sindicales. Es posible, pues, que en los próximos meses la situación española comience a “helenizarse”, más allá de que no podamos determinar los ritmos del proceso.

Entre tanto, el problema del paro sigue siendo el central en este momento y el principal elemento de división de la clase (ya que los sindicatos no toman como reivindicación su derecho a un puesto de trabajo). A la vez, los despidos masivos continúan (algunos incluso vulnerando o bordeando la propia ley, como en SEAT). Esto va a seguir dando luchas aisladas en el movimiento obrero. Algunas de ellas pueden seguir manteniendo muestras de radicalización o de una subjetividad avanzada (como las huelgas de solidaridad en Acerinox, Cádiz, por la reincorporación de cinco trabajadores de las subcontratas). De hecho, en las regiones más golpeadas por la crisis, como algunas zonas del campo andaluz (con hasta un 40% de paro) ya se están dando luchas generalizadas a nivel comarcal, como la huelga de la naranja en el campo sevillano en octubre de 2009 o la reciente huelga general de la comarca de la Sierra de Cádiz. Ambas luchas paralizaron por completo sus regiones en contra incluso de las direcciones de CCOO y UGT, que boicotearon las protestas.

Al mismo tiempo, el malestar en la juventud y sectores de las clases medias, aunque de momento no se expresa en fenómenos de lucha, es un elemento que permanece latente y puede saltar. La reforma educativa que se está ya discutiendo, y que viene en el paquete del ajuste draconiano, puede ser la chispa que reencienda el movimiento estudiantil.
Estos elementos podrían llegar a configurar pequeñas vanguardias que, en caso de que se produzcan movilizaciones más generalizadas en todo el Estado conforme el plan siga avanzando, pueden jugar un rol.

En medio de esta situación, desde Clase contra Clase estamos proponiendo a los sindicatos opositores (CGT, CoBas, Intersindical) y las organizaciones que se reclaman obreras y socialistas, impulsar una campaña unitaria de todos aquellos que se oponen a la política de la burocracia de CCOO y UGT, que denuncie su paz social con el gobierno y la patronal, los acuerdos de moderación salarial y las negociaciones de la reforma laboral, y al mismo tiempo exija e imponga desde abajo un plan de lucha y la huelga general contra el paro de masas y los planes de ajuste de Zapatero. Para que sea realmente efectiva debemos apostar a que esté anclada en los centros de trabajo, promoviendo asambleas para discutir ¿qué hacer?, tratando de imponer mecanismos de democracia directa como la elección de delegados revocables y promoviendo manifestaciones, paros, huelgas regionales (como las que ya se están produciendo en el campo andaluz).

Estas necesarias medidas de lucha, junto a levantar un programa obrero de emergencia, son lo único que puede garantizar una oposición seria e independiente de la clase trabajadora a la patronal y el gobierno. No hay términos medios, o se salvan los banqueros y los grandes empresarios y multinacionales o los trabajadores y los sectores populares.

Mientras los empresarios se preparan para la guerra, los trabajadores y su vanguardia debemos volver a las mejores tradiciones revolucionarias del proletariado español, el único en Europa occidental en el siglo XX que durante la Revolución española de 1936 mostró que podía tomar el poder y puso gran parte de la economía bajo el control de los trabajadores organizados. Esto es lo que tanto revisionismo histórico de la guerra civil en clave socialdemócrata, y fundamentalmente el peso de la derrota de la guerra civil y después de la contrarrevolución democrática que significó la Transición pactada, busca borrar de la conciencia de los trabajadores y en particular de las nuevas camadas. Sin embargo, la profundidad de la crisis puede sacudir sus conciencias. A esto apostamos los revolucionarios de Clase contra Clase. De nuevo, “No Pasarán” debe ser el grito de guerra de la clase obrera del Estado español, comenzando por lograr la unidad de todos los trabajadores, nativos o extranjeros, fijos o temporales, contra el ataque despiadado que preparan la patronal y el régimen.