La crisis capitalista internacional, cuyo epicentro sigue estando en la Unión Europea, está generando no sólo crisis económicas y sociales sino también crisis políticas. En el Estado español, el régimen político nacido de la Transición está atravesando una aguda crisis, consecuencia de que están puestos en jaque los cimientos económicos que, desde mediados de los 90 tanto el PP (el “boom” que produjo la Ley del Suelo de Aznar) cómo el PSOE, trataron de glorificar la “economía del ladrillo”, vendiendo el Estado español como el mejor y más estable modelo económico de la UE. El caso es que desde el 2007 a esta parte, la crisis económica está generando una profunda crisis política que afecta a todo el andamiaje institucional del régimen político nacido de la Transición del 78’, creciendo el malestar con las principales instituciones de esta “democracia para ricos”.

A cinco años del inicio de la crisis en el Estado español, PSOE y PP han volcado todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y sectores populares (el FMI pronostica un aumento del paro hasta el 27%). Para lo que a la burguesía española y éste régimen es “apretarse un poco el cinturón”, para millones de familias trabajadoras es una verdadera depresión social y recortes draconianos. Los últimos datos publicados muestran que “de todo lo que se recauda en España el 90% procede de las rentas del trabajo medias y bajas, siendo el 10% restante lo que aportan los contribuyentes más ricos, las rentas de capital y las empresas. En España, el 10% de los ciudadanos más ricos acumula un patrimonio 135 veces más elevado que el 20% más pobre de la sociedad española”. [1]

Mientras los trabajadores y sectores populares cargan con los costes de la crisis. Desde que entró en vigor la nueva Reforma Laboral en 2012, además de perder gran parte de las conquistas laborales ganadas por los trabajadores durante años, se ha producido una escalada de despidos y ERE’s sin precedente alguno, dando lugar a 6 millones de parados y una juventud que está por encima del 55% de paro. También el drama social de los más de 500 desahucios diarios o los recortes a gran escala de sanidad y educación. Por otra parte, las Comunidades Autónomas están recortando cada vez más el presupuesto, ejecutando unos planes de ajuste draconianos como en la sanidad y la educación. El Gobierno central vigila y presiona para que estas medidas sean llevadas adelante sin dilación. Además la reducción de la tarta está poniendo en crisis el Estado de las Autonomías, el café para todos se está agotando. Cataluña es el caso más significativo, ya que el Govern viene manteniendo un enfrentamiento con el Gobierno central sobre el nivel de déficit admitido [2].

En este marco, todas las instituciones y partidos burgueses están inmersas en casos de corrupción, como el caso Bárcenas del PP y que afecta al Gobierno, los ERE’s del PSOE en Andalucía, las ITV de CiU en Cataluña... prácticamente en cada comunidad autónoma hay escándalos de corrupción. Todo esto: la caída de todo el peso de la crisis sobre los trabajadores y sectores populares, el sistema bipartidista y el Estado de las autonomías "agotados", la corrupción,... está afectando a todas las patas que mantienen el Régimen del 78’ hasta el punto de quiebra. No se salva nadie, pues la institución mejor valorada no hace mucho, la Monarquía, está pasando por sus peores momentos desde los tiempos de la Transición, atravesando una importante crisis de legitimidad y fuertemente cuestionada por un sector de los trabajadores y la juventud. Es el annus horribilis de la Monarquía.

El annus horribilis de la monarquía

Artículos de análisis, de opinión, tertulias en la televisión…todos los medios de comunicación y el conjunto de instituciones están preguntándose cómo se ha podido llegar a esta situación. El debate que se ha puesto sobre la mesa, no es un plato más entre tantos otros, sino más bien es el plato central: ¿Monarquía o República?. Cómo si de una novedad se tratase la Monarquía está implicada en casos de corrupción y se le imputa a Iñaki Urdangarín -yerno del Rey- y a su esposa la Infanta Cristina “tráfico de influencias” por su posición privilegiada para favorecer y engrosar sus arcas reales. ¿Y qué han hecho durante más de 300 años de reinado borbónico?

Hasta ahora los escándalos de corrupción relacionados con la Casa Real salpican al Duque de Palma -Iñaki Urdangarín- y a la Infanta Cristina, pero no ha salido a luz la “red de corruptelas” que han ido tejiendo durante todos estos años toda la Familia Real. Además la herencia recibida por Don Juan, padre de Juan Carlos I, fue de 375 millones de pesetas (2,2 millones de euros), procedentes de 3 cuentas suizas con depósitos de 728 millones de pesetas, unos 4,3 millones de euros que se repartieron entre el Rey y sus hermanas.

El caso Nóos y sus conexiones con el ex presidente de la Generalitat valenciana, la implicación directa de la Corona con Urdangarín a la cabeza y ahora la implicación de la Infanta Cristina han puesto en un aprieto a la Monarquía española impuesta “por la gracia de Franco” y ratificada por el régimen nacido en 1978. El caso Nóos pegó un nuevo salto cuando se imputó a la Infanta Cristina, hasta tal punto que el mismo Rey implicándose en el escándalo tuvo que intervenir asegurándole un abogado para su defensa, nada menos que uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca. Pero el entramado de esta “telenovela” no termina aquí ya que “La princesa Corinna zu Sayn-Wyttgenstein, amiga del Rey y protagonista de varios de los correos electrónicos aportados por Diego Torres al ’caso Nóos’, sostiene en relación a esos mails que sólo intentó buscarle un trabajo a Iñaki Urdangarin en la Fundación Laureus, por lo que no cobró nada.” (Corinna: "Sólo traté de encontrarle un trabajo digno a Iñaki". www.Publico.es) (…) “Las gestiones de Corinna son mencionadas en los correos electrónicos de Diego Torres, donde se refleja que la princesa explicó que el rey estaba al tanto y de cómo ella informó a Urdangarin de que cobraría un sueldo anual de entre 200.000 y 250.000 euros. El duque de Palma le dice en otro mail que antes de decidirse debía consultarlo con su suegro -el Rey- y Alberto Aza, entonces jefe de la Casa del Rey” (Idem).

El Wikileaks de la Monarquía, la transición española y los EEUU

Estamos llegando a un “punto de no retorno” y la monarquía parlamentaria en la que vivimos empieza a vivir una fuerte crisis y miles de trabajadores/as y jóvenes están atravesando una importante experiencia, empezando a cuestionarse una de las instituciones que dejó en “herencia” el franquismo, la Corona. El papel jugado por esta institución que pretendía ser restaurada ha sido durante años mitificado. Recientemente el diario el Público sacó a la luz una serie de documentos clasificados procedentes de wikileaks con 1,7 millones de documentos relacionados con Juan Carlos I, la elite franquista y los intereses de EEUU en el proceso de transición español.

Los distintos documentos publicados dan cuenta que los años 70 fueron momentos convulsos en los regímenes burgueses instaurados después de la II Guerra Mundial. EEUU y el resto de potencias imperialistas quisieron mantener regímenes dictatoriales (cómo en el Estado español, Portugal y Grecia) para evitar nuevos procesos revolucionarios, manteniendo al régimen franquista. En los 70 cuando el régimen entraba en crisis los EEUU estuvieron al tanto tratando de ver en el príncipe Juan Carlos un posible sucesor. Y éste, como cuentan las citas reveladas, mantuvo una estrecha relación con los EEUU. Tantos unos como otros sabían que había posibilidades de un proceso agudo de la lucha de clases como ya había pasado con el Mayo del 68 o con la revolución de los claveles en Portugal. Ante este nuevo escenario de la lucha de clases internacional, la guerra fría con la URSS y las tensiones en Oriente Medio, las negociaciones de los EEUU con el Rey y el sector liberal del franquismo cobraron incluso importancia geopolítica tratando de mantener las bases militares instaladas en el Estado español.

En uno de los cables desclasificados comenta que "Además, los dirigentes políticos y militares responsables, al mismo tiempo de que son conscientes de que la monarquía no cuenta con una amplia base popular, la consideran sin embargo como un medio para proporcionar el necesario símbolo de consenso nacional" (Público.es. “La Casa Blanca apostó por Juan Carlos aun sabiendo que la monarquía no tenía apoyo popular”). Incluso historiadores del “arco progre” de la socialdemocracia cómo Julián Casanova reconocen que desde un principio el Rey no tenía en mente que el camino tuviera que ser la democracia “al estilo occidental”. Entre uno de los documentos desclasificados comenta: “Entre aceptar un hipotético régimen militar "que mantenga el orden público y elimine a los comunistas" o "actuar antes de que el proyecto empiece a dar muestras de estar fallando", el embajador se decanta por la segunda opción, es decir: "Concentrar todo nuestro peso en que se dé un paso decisivo hacia la construcción de unas instituciones democráticas fuertes" y "dar prioridad al centro [político] pero al mismo tiempo impulsar el desarrollo de un sector socialdemócrata que compita directamente con los comunistas (y no de pie a que formen un frente común)". (Público.es Kissinger: "El rey no debe dudar si desea que EEUU diga o haga algo")”. Para llevar adelante una transición lo más pacífica posible para la burguesía sabían que había que “domesticar” a la clase trabajadora que venía de un ascenso de luchas que podían llegar a cuestionar el régimen. En un primer momento tanto Fraga como Suárez prometieron a los EEUU que nunca legalizarían al PCE, y sí al PSOE, y que una alianza entre estos dos era un peligro. Lo que más tarde “demostraría” el PCE con Santiago Carrillo a la cabeza, es que ellos también podían estar en la “santa alianza” junto al Rey, los nuevos demócratas, los viejos franquistas y la socialdemocracia. El hecho que convencería a Suarez finalmente para legalizar el PCE fue la manifestación silenciosa que recorrería las calles de Madrid frente a los asesinatos de los abogados de Atocha. El silencio dejó bien claro, y así lo pretendía el PCE, que si se les legalizaba “iban a ser chicos buenos” y ser parte de un régimen comandado por el Rey.

Con la ayuda de las direcciones reformistas burocráticas, los partidos socialdemócratas y estalinistas y las direcciones de los sindicatos de clase, pudo la burguesía calmar las aguas en una situación donde el Estado español se enmarcó en un periodo de ascenso obrero y popular que amenazaba no sólo al régimen franquista, sino a la propia supervivencia del capitalismo español. Su punto final fue la aprobación de la Constitución en el 78, la formalización de todos los intentos de devolver las aguas a su cauce. Tanto el PSOE como el PCE evitaron que las movilizaciones se salieran del marco del régimen, y no solo ellos sino también sus sindicatos, UGT y CCOO que han estado actuando hasta este mismo momento para la misma contribución: domesticar al movimiento obrero en pos de la prosperidad del régimen impuesto. Es así como nacía un nuevo régimen (con nuevos agentes; tanto la burguesía española y sus partidos, de “izquierda”, “centro” o “derecha”, como la burocracia sindical), herencia directa de la Dictadura, y como hijo menor de la misma pasaría por alto todos los atropellos dirigidos hacia la clase obrera en el periodo anterior. Los policías, jueces, empresarios, políticos,… de la Dictadura pasaron a formar parte del nuevo Estado monárquico constitucional, a cambio, claro está, de que la “Democracia” no les pasara factura alguna de sus anteriores crímenes, ya que éstos se habían realizado en defensa de los intereses de la misma clase dominante, ahora reciclada de franquista a democrática.

Todo se olvidó quedándonos con un Rey elegido por Franco, con agentes policiales que habían pertenecido a “los grises”, políticos franquistas “reconvertidos” por interés propio a “demócratas”, véase Fraga, jueces de la Dictadura en el Tribunal Constitucional… Es por todo ello que el régimen del Estado español, representada por sus políticos de cualquier color, es heredero directo del régimen Franquista.

República si, pero ¿qué tipo de República?

La crisis de la mayor institución del Régimen está acelerando el cabreo y la indignación que se viene expresando desde el despertar de la juventud a partir del 15M y las distintas luchas de trabajadores y de la juventud que se han producido a posteriori, permitiendo fermentar escenarios más agudos de la lucha de clases. En medio de este aumento de las luchas y las movilizaciones se puso a debate entre la izquierda, la necesidad de un proceso constituyente. Ahora la situación ha dado otra “vuelta de tuerca” poniéndose a debate si monarquía o república, con incluso algunas alas del PSC pidiendo la abdicación. En todas partes este debate está a la orden del día. Por supuesto los principales partidos de la patronal tanto el PP como el PSOE mantienen una postura de continuidad del Régimen y de la Monarquía, queriendo añadir a ésta en la Ley de transparencia. El PCE e IU hablan de “República Federal, laica, participativa y solidaria”, pero no hay que olvidar que fue el PCE quien aceptó en la Transición la bandera franquista, la monarquía y la constitución. Toda esta serie de escándalos está mostrando la verdadera cara de la monarquía y su verdadero carácter reaccionario de esta democracia para ricos aumentando el desprestigio a ritmo vertiginoso. El debate está servido y el conjunto del régimen está imbuido en un proceso agudo de mayores conflictos de clases y profundos debates que desde Clase contra Clase queremos contribuir.

A parte de indignada y cabreada, la clase trabajadora y sectores populares está empezando a cuestionar a este régimen, una auténtica democracia para ricos. Por ello, desde Clase contra Clase planteamos la necesidad, no de una República Democrática al uso sino de una "República social" como la de la Comuna de París, la que separó la Iglesia del Estado, expropiando los bienes del la Iglesia en beneficio de todo el pueblo, disolvió las fuerzas policiales y formó comités armados. Estableciendo también que todos los representantes electos ganaran el salario promedio de un obrero y fueran revocables por los electores, además de establecer una serie de medidas sociales para el pueblo. Así como en 1871 la clase trabajadora parisina lo hizo posible, hoy sigue siendo necesaria la intervención de la clase obrera, haciendo suyas todas las demandas democráticas y que junto al resto de sectores populares ponga en pie nuevos organismos de autoorganización de las masas para dirigir la lucha contra el Estado hasta terminar con el Gobierno, la Monarquía y el Régimen de 78’.

Derrotando a este Régimen en estado de descomposición, se podrá levantar una Asamblea Constituyente Revolucionaria, en la que el voto de cada ciudadano valga lo mismo resida donde resida y con representantes constituyentes electos entre el pueblo trabajador de forma directa y proporcional a la población, que sean revocables inmediatamente por sus electores si no cumplen el mandato con el que fueron electos. Esta es la única vía para resolver las cuestiones democráticas y sociales que deben liberar a la clase trabajadora y al conjunto del pueblo de las garras del capitalismo y el Régimen moribundo. Que empiece por la abolición de la Monarquía, el Senado y la institución presidencial y se reemplace por una cámara única con diputados revocables y con salarios iguales a los de un profesor o un obrero, entre otras muchas cuestiones democráticas. Y resolviendo a la vez cuestiones sociales como la condonación de las deudas hipotecarias, la expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos y ponerlas al servicio del pueblo mediante alquileres sociales, el reparto de horas de trabajo entre ocupados y parados sin rebaja salarial y el no pago de la deuda entre otras muchas [3].

Solo la clase trabajadora organizada tiene la urgencia y el poder necesario para echar a bajo las bases de este régimen y dar respuesta al conjunto de demandas de los trabajadores y el pueblo.