La clase trabajadora debe tener en claro que no estamos frente a una crisis pasajera, sino ante la crisis más importante del capitalismo desde los años ’30. Una crisis que hoy está mostrando el fracaso de los paquetes de “rescate” y de la cual nadie está al margen. Veamos sino el caso de Brasil, hasta ayer presentado como ejemplo a seguir, que ha perdido en el mes de diciembre alrededor de 650.000 puestos de trabajo, 100.000 de los cuales corresponden a la industria del estado de San Pablo, que concentra el 40% de la producción industrial bruta del país.

Tenemos que prepararnos para duros enfrentamientos ya que los empresarios, como estamos comenzando a ver, después de haber tenido en estos años fabulosas ganancias, buscan descargar la crisis sobre nuestros hombros. Con la economía mundial entrando en depresión, la perspectiva de que la caída actual de la economía termine en una nueva catástrofe como la que vivimos en el 2001-2002 no es sólo posible sino probable.

Para que la crisis no caiga sobre nosotros, como ocurrió en aquel momento, es preciso una intervención decidida de la clase trabajadora, levantando una perspectiva independiente. Al estar la burocracia sindical apoyando al gobierno o negociando con las patronales las bajas salariales, está planteado en primer lugar poner en pie un polo de agrupamiento nacional con los sectores combativos de la clase obrera, para apoyar las luchas, impulsar la elección de delegados y plantear una salida obrera frente a la crisis, luchando para que los sindicatos, la CGT y la CTA rompan con su subordinación a las patronales y al gobierno y llamen a un paro nacional y a un plan de lucha.

Los programas que levantan tanto el gobierno como la oposición son no sólo completamente antiobreros sino incapaces de enfrentar una crisis de dimensiones históricas como la actual, que manifiesta agudamente las contradicciones y el carácter antisocial del régimen capitalista.

Frente a las suspensiones y despidos hay que plantear el reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores, efectivos y contratados, a nivel de empresa o de toda la rama, manteniendo el salario. El chantaje de la rebaja salarial o las suspensiones pagando sólo porcentajes del salario, que las burocracias sindicales esgrimen como las salidas “posibles”, son sólo preparatorios de futuros despidos. ¡Ni despidos, ni suspensiones, ni rebaja salarial de efectivos y contratados! ¡Reparto de las horas de trabajo sin rebaja salarial! Hay que hacer carne este planteo en el conjunto de la clase obrera. La desocupación no es una fatalidad natural a la que los trabajadores debamos resignarnos, sino que es producto que frente a la crisis son los patrones quienes hacen valer sus intereses por sobre los nuestros. Hay que terminar con esto. Y, como ya está ocurriendo en muchos casos, seguir el ejemplo de Zanón y tantas otras cuando hay despidos masivos o frente al abondono directo de las empresas por sus patrones: ocupar y ponerlas a producir bajo gestión obrera. Toda empresa que despida masivamente debe ser nacionalizada sin indemnización y puesta a funcionar bajo administración obrera.

Más en general, lo cierto es que a la crisis sólo se le puede hacer frente avanzando sobre la propiedad de los grandes patronales que controlan los recursos estratégicos de la economía nacional. ¡Que la crisis la paguen las patronales, los bancos y los terratenientes!, como decía certeramente la consigna que encabezó la convocatoria al acto unitario a Plaza de Mayo del 20 de diciembre pasado. Para evitar la fuga de capitales y el giro de ganancias al exterior de bancos y empresas, nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo administración de los trabajadores. Es esta además la única forma de evitar certeramente un golpe devaluatorio como el que propicia un amplio arco patronal y que tendrá a los trabajadores como sus principales afectados.

A pesar de su retórica “antinoventista” el kirchnerismo ha dejado en manos de consorcios capitalistas multinacionales -y nacionales en una minoría de casos- los recursos estratégicos de economía, como los energéticos -petróleo, gas, electricidad- o la minería. La única medida “estructural” que tomó fue la eliminación de las AFJP, pero no para mejorar sustancialmente los ingresos de los jubilados sino para subsidiar a los empresarios y contar con “caja” para pagar la deuda externa y para los intendentes y gobernadores amigos en un año electoral. Todas las empresas privatizadas deben ser nacionalizadas y puestas bajo la dirección de sus trabajadores.

La tierra es en gran parte propiedad de una minoría selecta: 1000 propietarios cuentan con 35 millones de hectáreas; 4000 tienen 84 millones, la mitad de todas las tierras utilizables para ganadería y agricultura. Estos propietarios junto con las grandes exportadoras y los grandes capitalistas agrarios -entre ellas las empresas del llamado agro business, como Los Grobo- se quedan con la parte del león de los ingresos de la producción agropecuaria que, más allá de sus altas y bajas, constituyen una base central de la economía nacional. La crisis agraria que se deriva de la actual sequía y de la baja de los precios internacionales está sepultando los sueños alimentados en los últimos años de parte de la pequeño burguesía y baja burguesía rural que vio su salvación de la mano de los grandes propietarios y productores, que se preparan para utilizar la crisis en su beneficio y apropiarse de nuevas tierras. Lejos de la devaluación que proponen todos los dirigentes del campo, con la Federación Agraria como uno de sus principales voceros, hay que nacionalizar las tierras y medios de producción de los grandes propietarios y productores y utilizar sus recursos en beneficio de las necesidades obreras y populares.

Estos recursos, junto a lo que se obtendría con el no pago de la deuda externa e impuestos a las grandes fortunas, permitirían concretar un verdadero plan de obras públicas para cubrir las necesidades populares en educación, salud, vivienda e infraestructura, lo cual junto a la rebaja generalizada de la jornada laboral -sin tocar el salario- permitiría terminar con el desempleo.

Obviamente, los capitalistas se opondrán a cualquiera de estas medidas, que sólo podrán ser impuestas con una lucha decidida. Nada puede esperarse del PJ de los Kirchner, Reutemann, Scioli y Schiaretti, ni de sus opositores patronales. Tampoco de las distintas variantes de la centroizquierda, que sólo son capaces de ir a remolque de alguna de las salidas patronales. Las ilusiones alimentadas por el kirchnerismo que la reconstrucción de la “burguesía nacional” permitiría terminar con la dependencia y el atraso y mejorar la situación de la clase trabajadora comienzan a agotarse. Más allá de los ritmos, tenemos que prepararnos para una nueva gran crisis nacional, donde esté en cuestión qué clase gobierna. Es preciso construir una alternativa política independiente de la clase obrera, una gran izquierda de los trabajadores, que luche por un gobierno y un programa obrero y socialista. Llamamos al Partido Obrero y a otras fuerzas que se reivindican de la izquierda obrera y socialista a impulsar en común este planteo.