El traslado de la resolución de las retenciones móviles al Congreso abrió otro momento político de la crisis nacional. Ya no es en las rutas donde se concentran las tensiones de la puja entre dos bandos capitalistas, pero no está dicho si va a ser encauzada o se profundizará la crisis política. Se supone que -en el ideal burgués- el parlamento es el ámbito donde las fracciones y partidos de la clase dominante dirimen sus intereses, más o menos pacíficamente. Pero así como la libre competencia económica en el mercado entre los capitalistas dejó de existir con el surgimiento de los monopolios y las intervenciones estatales; así también sucedió hace mucho con el ideal de la democracia parlamentaria. En los países imperialistas de Europa, los parlamentos son la usina de leyes xenófobas contra los inmigrantes. Y en países semicoloniales como la Argentina, donde las crisis y las manifestaciones de masas son recurrentes, la clase dominante apela aún con mayor facilidad a los decretos de necesidad y urgencia, a las soluciones de fuerza, y a los pactos extra-parlamentarios.

Se ha denunciado que en el actual “debate de ideas” en el Congreso el Estado gastará 500 millones de pesos para canjear apoyos al proyecto de ley oficial, “por leyes que reclaman algunos de los legisladores que buscan llevar programas productivos para sus provincias. La permuta de votos será por incentivos para la producción de olivares, vino, tabaco, frutas” según lo reclamen las distintas regiones en una especie de feria de subsidios. Esto sin contar las nuevas concesiones que los Kirchner se aprestan a darle a los empresarios rurales mediante las “leyes compensatorias”. Mientras las cámaras de TV muestran el circo de las carpas y distraen con los barullos en las comisiones, el ocultamiento a la población de las verdaderas negociaciones, las componendas entre bambalinas, los lobbys tanto de las patronales agrarias como del gobierno con legisladores provinciales, el toma y daca, es una muestra del carácter antidemocrático del sistema parlamentario.

La “ley de la Retención Debida”

De los 257 diputados, sólo una minoría compuesta por los bloques de la UCR, la Coalición Cívica de Carrió y el PRO de Macri, piden bajar las retenciones al 35%; es decir, la expresión legal del reclamo de “retrotraer al 10 de marzo”, lo que significaría la capitulación del gobierno. Es lo que piden los que amenazan volver a las rutas, pero la oposición no tiene cómo imponerlo “dentro de las instituciones”. El proyecto oficialista tiene el objetivo de “ratificar las retenciones móviles pero al mismo tiempo sancionar una ley complementaria que concrete algunas de las demandas insatisfechas de los ruralistas. En ese paquete de cambios se incluirá un guiño al reclamo “federalista” de los gobernadores” (Página/12, 21 de junio). Este intento de disciplinamiento de la mayoría K llevó al senador Urquía (Aceitera General Deheza) a renunciar a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda declarándose a favor del campo.

Entre ambas posiciones, Felipe Solá consideró un “gesto democrático” la convocatoria del vicepresidente Cobos a los gobernadores, que había sido desautorizada por los Kirchner. Schiaretti de Córdoba ha dicho que ambas partes, el gobierno y los ruralistas, deben ceder posiciones. Los diputados cordobeses del PJ presentaron un proyecto propio que ubica las retenciones en un punto intermedio entre el piso del 44% del sistema móvil y el anterior al 11 de marzo. “En ese conglomerado existen diversas propuestas en danza. Desde una baja de la curva de las retenciones móviles (con un techo del 40 ó 42 por ciento) a su transformación en fijas, con una compensación adicional para pequeños y medianos productores. La oficina de Felipe Solá es el lugar que los K prefieren para estudiar en cuál de esos matices confluir. Por allí, desfilaron entre otros el santafesino Jorge Obeid, el cordobés Arturo Heredia y la entrerriana María Cremer, esposa del ex gobernador Jorge Busti” de Entre Ríos (Clarín, 25 de junio). Si este “centro nacional” impidiera la mayoría oficialista, se habrá convertido en un nuevo árbitro de la situación política.

Los Kirchner en su encrucijada

Aunque todas las miradas están centradas en el Congreso, la encrucijada la tienen los Kirchner. Hugo Moyano interpretó que “la diferencia con los cacerolazos del 2001 es que estos no pidieron “que se vayan todos” sino por el diálogo”. El envío del proyecto de Cristina al Congreso respondió de contragolpe con el objetivo de hacer pasar el mismo contenido bajo otras formas. Como dijimos en el número anterior de La Verdad Obrera, el gobierno intenta poner fin al conflicto con el campo apelando a la mayoría parlamentaria que el oficialismo logró en octubre de 2007, es decir en otro país. La fractura en la clase dominante y el giro mayoritario de las clases medias a la oposición dejaron atrasada esa representación política con la realidad de las clases y sectores de clase. Si el matrimonio presidencial -aún en el caso que contaran efectivamente con la mayoría de las cámaras- transforman en ley la resolución 125, el actual interregno de negociación parlamentaria de la disputa interburguesa, puede dar lugar a una fase superior de la crisis política que ponga en cuestión ya no sólo la autoridad presidencial sino también la del Congreso. El “republicano” Morales Solá lo dice claro desde La Nación: “Un Estado que responde sólo a una facción es un Estado imperfecto. Y la disciplina kirchnerista en el Congreso podría preludiar una nueva ronda de conflictos agropecuarios. “No luchamos 100 días por si se trataba de una resolución o de una ley, sino contra el contenido de la decisión”, aclararon varios dirigentes rurales”. Más allá de si puedan concretar la amenaza de volver a las rutas, el desafío planteado a partir de la puja abierta con la burguesía agraria, pasó a ser político.. En el fondo, la disputa por las retenciones abrió una pelea para redefinir las formas del régimen político que quedó en profunda crisis en el 2001.

La camarilla santacruceña fue erigida como salida de emergencia por el peronismo comandado por Duhalde, tras la masacre del Puente Pueyrredón. Aquella situación de excepción hizo que todas las fracciones de la clase dominante, en un principio, elogiaran que Kirchner había logrado restablecer “la autoridad presidencial”. Con los años de crecimiento económico empezaron los primeros cuestionamientos al centralismo de la camarilla kirchnerista que se valió de esta situación para transferir renta a las patronales industriales y fomentar los negocios de empresarios amigos en alianza con las grandes multinacionales. El arco opositor “republicano” que derrotó el intento reeleccionista de Misiones (que como ahora iba desde la Iglesia a la CTA), que llevó a cambiar “pingüino por pingüina” y a una campaña presidencial centrada en la promesa de Cristina de “mejorar la calidad institucional”, ahora reclama con el apoyo masivo de las clases medias que el gobierno se atenga a una ley pactada con los ruralistas y la oposición. “¿El diálogo volverá a ser la principal herramienta del consenso de nuestra democracia?” es el lema que eligió TN.

Agrupar todas las fuerzas de la “tercera posición”

Cualquiera sea la variante que puedan ensayar, la división en la clase dominante argentina, la debilidad en que queda el gobierno y los síntomas de agotamientos del “modelo K”, abrieron un período de transición hacia nuevas crisis. Hace meses atrás, el gobierno sostenía que la crisis financiera que se desató en EEUU no iba a afectar a la Argentina que, por el contrario, estaba ante una oportunidad histórica porque exporta los alimentos que necesita el mundo. Pero la paradoja es que fue “la oportunidad” la que abrió la crisis. Una de las manifestaciones de esa crisis internacional a la que no ha podrido escapar el país, es que el aumento sideral de los precios de las materias primeras se explica en un 30%, como mínimo, por los mismos capitales especulativos que huyeron de la burbuja inmobiliaria para crear otra burbuja, ahora con las commodities.

Aunque la clase trabajadora no ha intervenido en estos primeros episodios, tenemos que prepararnos para que, en el mediano plazo, se multipliquen los procesos de luchas de los trabajadores que tenderán a cuestionar al gobierno y a sus agentes “sindicales”, y hará una experiencia con las distintas variantes patronales.

Desde esta perspectiva es que tenemos que redoblar la campaña política independiente que lanzamos apenas iniciado el conflicto entre los propietarios del campo y el gobierno nacional. La declaración que más de 400 intelectuales, docentes universitarios, escritores y trabajadores de la cultura han lanzado pronunciándose “ni con el gobierno ni con las entidades patronales del campo”, empieza a recibir adhesiones de dirigentes y delegados sindicales y estudiantiles combativos. Desde el PTS hemos dirigido un llamado de emergencia a todas las fuerzas que sostenemos una posición independiente de ambos bandos capitalistas a hacer todos los esfuerzos para que se escuche y amplifique la voz de quienes tenemos una “tercera posición”.