El pedido de prisión preventiva de los fiscales Starc y Quiroga contra Javier “Poke” Hermosilla, uno de los principales referentes de la Comisión Interna de Kraft, y de Oscar Coria, delegado de sector de Kraft despedido en el histórico conflicto de 2009, constituye un ataque a las libertades democráticas, alentado por un aumento en la criminalización de la protesta social que lleva adelante el “gobierno de los DD.HH.” contra los trabajadores que luchan por sus reclamos. Entrevistamos a los compañeros, militantes del PTS, junto a Myriam Bregman, abogada del CeProDH y también referente del PTS.

¿Cómo empezó la audiencia del martes 30?

O.C. Pese a los efectos del temporal, cuando llegué a las 6.30 a la puerta de Kraft me encontré con muchos compañeros del turno noche, más otros de la mañana y la tarde.

En la fábrica hay un apoyo enorme a esta pelea, cientos de compañeros firmaron el petitorio para ser entregado a los jueces. Nos encontramos con compañeros de otros lugares de trabajo como los de la línea 60, Donelley, WorldColor, Stani, Pepsico y marchamos a los tribunales de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, donde hicimos un acto de repudio al pedido de encarcelamiento de los fiscales Starc y Quiroga y denunciamos la criminalización de la protesta encabezada por el secretario de Seguridad Sergio “Rambo” Berni. Participaron también trabajadores del Frigorífico Rioplatense, INDEC, Subte, de la autopartista Lear, Volkswagen, centros de estudiantes secundarios de la Capital, organismos de DD.HH. como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos con Enrique “Cachito” Fukman, Liberpueblo con Diana Kordon, partidos de izquierda como IS, PO, PCR, Opinión Socialista, TPR y PTS. En la audiencia se sentían los cantos de aliento y los discursos de las delegaciones. Antes de que comenzara, el CELS entregó un escrito presentándose como “amicus curiae” cuestionando con fundamentos legales y jurisprudencia nacional e internacional la solicitud de prisión preventiva, así como la utilización del artículo 194 del Código Penal para afectar derechos vitales como el de huelga, manifestarse por derechos laborales, peticionar a las autoridades y ejercer la libertad de expresión. Myriam Bregman y Agustín Comas nos representaron como abogados en la audiencia.

¿Por qué quieren encarcelarlos?

P.H. Los que estamos procesados encabezamos la lucha por nuestros derechos en la zona norte del Gran Buenos Aires, la de mayor concentración obrera del país. En las últimas elecciones de la Alimentación sacamos el 40% de los votos, lo que demuestra un avance de los sectores antiburocráticos del sindicalismo de base. Yo arrastro 11 causas y tengo un pedido de embargo por más de $100.000 por cortes de ruta para reclamar lo que nos corresponde. Soy miembro de una comisión interna clasista que acata y lleva adelante todas las medidas de lucha votadas democráticamente en asamblea en una fábrica que tiene más de 2.000 trabajadores. El fiscal Starc nos acusa de ser peligrosos y cometer reiterados delitos, la forma que llama al derecho a la protesta, basado en que tanto Oscar como yo manifestamos “continuar ejerciendo una conducta criminal” a partir de la participación en movilizaciones de los trabajadores de Kraft. Por eso recomienda encerrarnos para que “no se produzcan nuevas interrupciones en el tránsito” que “perjudican a toda la sociedad”.

Starc y los fiscales tomaron al pie de la letra los discursos de Cristina contra los piquetes y los métodos de acción directa que utilizamos los trabajadores en defensa de nuestros reclamos. No utilizan la misma vara cuando interrumpen el tránsito los cacerolazos de las clases medias o los “piquetes de la abundancia” de la Mesa de Enlace. Es una persecución contra los trabajadores combativos.

O.C. Yo tengo cinco causas abiertas, una por el conflicto de 2009 cuando luchamos contra los despidos y la defensa de los puestos de trabajo, otra cuando hicimos un paro y cortamos la Panamericana por el asesinato de Mariano Ferreyra, otra más por participar en un corte votado en asamblea para reclamar aumento salarial durante la paritaria de 2012. Pero Starc omite las causas por las que estamos procesados, las que están seriamente cuestionadas por ser parte de la denuncia conocida como “Proyecto X”, la política de espionaje sobre las organizaciones obreras combativas realizada por Gendarmería para obtener información de forma ilegal y luego almacenarla en una base de datos. En cada causa armada por Starc hay gendarmes de civil infiltrados entre los manifestantes, informes de inteligencia sobre las acciones y las asambleas de los trabajadores, y hasta la afiliación política y sindical de algunos. Starc es uno de los principales defensores del espionaje que realiza la fuerza dirigida por Nilda Garré y Berni. Pero ni los procesamientos ni el Proyecto X impidieron el avance del sindicalismo de base en el norte del GBA, que se extiende en decenas de fábricas y establecimientos.

¿Qué objetivo tiene esta medida?

M.B. El hecho es grave. Starc pide la detención de los compañeros y posteriormente, cuando el juez Mariano Larrea los procesa por el delito de corte de ruta, hace el pedido de prisión preventiva. Como el juez “se limita” a procesarlos, Starc solicita que sea la Cámara de San Martín la que resuelva y dicte la prisión preventiva de Hermosilla y Coria. Hay una animosidad concreta. El fiscal de la Cámara Pablo Quiroga tenía la posibilidad de desistir de este pedido, porque es a todas luces arbitrario e ilegal, pero le terminó dando cauce. Es un doble juego de instancia de fiscales federales para que los compañeros queden en la cárcel. Es una situación compleja. El juez Larrea ya procesó más de una docena de veces a Hermosilla pese a que es un juez subrogante, completamente presionable, sea por los empresarios o el gobierno, a fin de perseguir a nuestros compañeros.

Junto a Agustín Comas intervinimos en la audiencia planteando que bajo la acusación de violentar el artículo 194 del Código Penal son violados los derechos de los compañeros.

Nos preguntamos por qué mientras el juez Larrea no reconoce a la manifestación del 14 de junio como parte del derecho de los trabajadores de Kraft a reclamar en un período de paritarias, manda a detener a Hermosilla porque es el delegado. Tan es así que el juzgado había dado la orden de su detención incluso antes que el compañero llegara a la manifestación, sin saber si participaría o no. Asimismo, el gendarme Gustavo Galián Alvarado dijo que el día de los hechos “advirtió la presencia de Oscar Coria… a quien junto con Hermosilla conoce hace más de dos años”. ¿Cómo lo conocía, si Coria no figuraba en ninguna causa judicial hace dos años? Sostenemos que se aplicó la doctrina del derecho penal del enemigo, donde el derecho niega su condición de persona y sólo se lo considera bajo el aspecto peligroso y dañino.

El pedido de Starc viola el derecho de toda persona a gozar de su libertad personal. Los quiere encarcelar antes de establecer una sentencia condenatoria, momento hasta el cual todo imputado debe ser tratado como inocente. Por otro lado, el pedido de prisión preventiva para que los compañeros “no sigan cometiendo delitos” es una aberración jurídica. Con esa postura habría que encarcelar a cualquier persona por la remota posibilidad de delinquir. El concepto de “peligrosidad” de los compañeros para justificar su encarcelamiento sólo obedece a doctrinas autoritarias que remiten a la reforma penal del régimen nazi, donde se establecía la prisión preventiva como medida de “defensa social”. No casualmente Starc se basa en un fallo de la Corte Suprema de 1971, en plena dictadura del general Lanusse y cuando estaba vigente la pena de muerte.

Acá hay una persecución arbitraria y selectiva a los trabajadores combativos. La lesión del tránsito vehicular no es materia penal. Cuando los conflictos gremiales o sociales se trasladan al derecho penal se criminaliza la protesta social.

¿Hasta dónde llega la agresión?

M.B. Desde su reasunción en la Fiscalía Criminal y Correccional de Tres de Febrero a principios de 2010, Starc encabeza la persecución sistemática contra delegados y activistas combativos de Kraft, Pepsico y otras fábricas de la zona norte del Gran Buenos Aires, con procesos judiciales que tomaron un nuevo impulso. En casi tres años, la Fiscalía impulsó cerca de cincuenta procesamientos, entre los cuales figuran Lorena Gentile, Leonardo Norniella, Diego Kondracki, Carlos Ruiz, Ramón Bogado, María Rosario y Jorge Penayo, más la comisión interna del Frigorífico Rioplatense, solicitando su elevación a juicio oral de todos ellos. Una verdadera producción en masa.

No contento con los ataques a referentes obreros, Starc impulsó procesos contra el ex detenido-desaparecido Jorge Sobrado y contra el abogado de la Interna de Kraft Edgardo Moyano (ambos del CeProDH), los que ya se elevaron a juicio. También impulsó causas contra Vilma Ripoll, Néstor Pitrola y dirigentes estudiantiles de la UBA por solidarizarse con la lucha de Kraft, aunque ahí no logró procesarlos.

¿Qué proponen hacer para enfrentar esta ofensiva judicial?

P.H. No podemos permitir que prospere el pedido de prisión. Debemos comenzar una gran campaña por el inmediato rechazo del pedido de Starc y el cierre de todas las causas abiertas contra trabajadores por el solo hecho de manifestarse y reclamar. Estamos trabajando un petitorio en los lugares de trabajo, colegios y universidades para juntar miles de firmas y presentarlo al tribunal el próximo jueves. Ya adhirieron cientos de personalidades como Elia Espen, Mirta Baravalle, Graciela Rosenblum, Carlos Chile de la CTA, Maristella Svampa, Eduardo Gruner, Asociación Docente Ademys -CTA ( CABA), SUTEBA La Plata, SUTEBA Escobar, Junta Interna ATE-CENEA, ATE-INDEC, Junta Interna ATE-Ministerio de Desarrollo Social-La Plata, Comisión Interna Frigorífico, etc. La APDH y la Asociación de Abogados Laborales enviaron declaraciones de solidaridad. A su vez, estamos hablando entre los compañeros de Kraft y los de la línea 60 cómo enfrentar la persecución y los procesamientos impulsados por los empresarios y el Estado con el aval de los burócratas sindicales. Tenemos que parar este atropello. Es necesario superar toda mezquindad y poner en pie una gran campaña democrática con las organizaciones obreras combativas, los organismos de DD.HH., los centros de estudiantes y los partidos de izquierda. Una gran campaña en las calles para enfrentar las patoteadas de Berni y terminar con la criminalización de la protesta, la persecución de los delegados y activistas y el desprocesamiento de más de 5000 luchadores obreros y populares.