Las novedades de la causa Proyecto X desnudaron al Gobierno y su política para criminalizar la protesta social, desacreditando todas sus mentiras.

Las pruebas del peritaje comprobaron que los informes ilegales de Gendarmería producto del espionaje y la infiltración no surgieron a pedido de la Justicia. Evidentemente, es una política trazada desde el Poder Ejecutivo, violando las leyes de Inteligencia Nacional, Seguridad Interior y Protección de Datos Personales.

Los informes ilegales estaban dirigidos a la Dirección de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad de Nilda Garré. Cabe destacar que junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica (que reúne los servicios de inteligencia de Ejercito, Marina y Fuerza Aérea), ambas forman las principales instituciones proveedoras de información de la Secretaria de Inteligencia (ex SIDE), el máximo organismo que articula el Sistema de Inteligencia Nacional, controlado directamente por el Ejecutivo. En buen romance, Garré y Cristina sabían todo.

Gendarmería fue seleccionada como institución estrella de la Seguridad Democrática, la nueva doctrina de Estado basada en el “control civil” de las fuerzas de seguridad, en aras de restaurar progresivamente el poder de fuego de un “Estado fuerte”, una necesidad estratégica de los grandes capitalistas tras el desprestigio de las FF.AA. genocidas por su rol en la dictadura.

Esta política represiva se apoya en la complicidad de la Justicia y el Poder Legislativo, los otros dos poderes del Estado que conspiran permanentemente contra los intereses del pueblo trabajador. Si la Justicia tiene en su haber el procesamiento de mas de 5000 luchadores obreros y populares por defender sus derechos, los legisladores de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, dependiente del Congreso, cerraron los ojos ante los informes ilegales, pese al escándalo público desatado hace poco más de un año. Lejos del “bien común”, el Estado es una maquinaria de opresión de las clases dominantes sobre las clases explotadas.

Todos espían

El espionaje no es un estigma exclusivo del kirchnerismo. En 2009 estalló el Macrigate con las escuchas ilegales a Sergio Burstein, dirigente de Familiares y Amigos de Víctimas del Atentado contra la AMIA, y la infiltración del activismo docente de UTE, bajo los oficios de Ciro James y el ex titular de la Policía Metropolitana, Alfredo “Fino” Palacios. En realidad todos los gobernadores e intendentes espían.

Curiosamente fue el general Perón el que inició esta tarea represiva con la creación de la Secretaría de Coordinación de Informaciones del Estado para perseguir a sus opositores políticos. En 1955 la “Revolución Libertadora” la utilizó para acechar a los obreros de la Resistencia Peronista y secuestrar la correspondencia de los militantes de izquierda. Pero recién en 1967 el general Ongania introdujo la primera oficina de escuchas ilegales de la SIDE con la finalidad de fabricar pruebas contra delegados y activistas combativos, varios de los cuales purgaron la cárcel por presunta violación de la Ley de Defensa contra el Comunismo. La insurgencia obrera que mostró el Cordobazo condujo a Ongania a profesionalizar la SIDE aún más, incorporando cientos de militares que manejaban las nuevas telecomunicaciones, con las cuales “pinchaban” teléfonos desde la vieja ENTEL.

En el gobierno de Cámpora la SIDE fusionó a los militares con los activistas de la derecha peronista, probados en la masacre de Ezeiza. Perón, Isabel y López Rega seleccionaron de ese semillero a los agentes de la Triple A, mientras otros comenzaron a abordar los planes del genocidio con los primeros grupos de tareas. Con la Dictadura, además de las desapariciones y torturas, la SIDE llegó a su apogeo como policía secreta que actuaba con la burocracia sindical y una extensa red de informantes en fábricas y universidades que delataban cualquier activismo obrero o estudiantil. En el gobierno de Alfonsín los servicios quedaron en manos de los jóvenes de la Junta Coordinadora, instruidos por los mismos genocidas que provenían de la dictadura, haciendo todo tipo de operaciones contra las movilizaciones de la CGT. Con Menem la SIDE fue uno de los principales resortes del encubrimiento del atentado a la AMIA, mientras el gobierno de La Alianza la usó como vehículo de las coimas a varios legisladores que votaron la Reforma Laboral y hacer inteligencia en las asambleas populares a fines de 2001. En esa misma cloaca se apoyó Duhalde para intentar encubrir el asesinato de Kosteky y Santillán como “un enfrentamiento entre piqueteros”.

El desmantelamiento de todos los aparatos de inteligencia interior e infiltración de las organizaciones populares así como la anulación de todas las causas armadas son tareas imprescindibles en la lucha por la defensa de las libertades democráticas.