El pasado 8/7 12 presos murieron y 8 resultaron con graves quemaduras en un incendio en la cárcel de la ciudad de Rocha.

Por este motivo más de 2.500 presos de todo el país iniciaron una huelga de hambre como forma de protesta ante el accionar policial, las condiciones de la prisión y el hacinamiento en que se encuentran. Asimismo los familiares y la comunidad rochense también manifestaron su repudio a la inacción de las autoridades y exigieron juicio y castigo a los responsables. En Montevideo también existieron manifestaciones de movimientos sociales y de DDHH.

La tragedia de Rocha es consecuencia de las infrahumanas condiciones de reclusión en las superpobladas cárceles del Uruguay. La población carcelaria es una de las más altas de América Latina en relación a su población, hecho que continuó aumentando bajo el gobierno “progresista” de Tabaré Vázquez.

Dentro del FA, el Pepe Mujica es quien genera un clima que favorece a la mano dura al plantear mayores sanciones frente a problemas como el consumo de pasta base o los menores infractores de la ley. Mientras garantiza la impunidad y quiere perdonar a los militares torturadores por un lado, promueve por otro lado políticas represivas para las víctimas de la miseria, llena las cárceles de pobres y los encierra y hacina en lo que la propia ONU definió como una de las “peores cárceles del mundo” , cárceles llenas de presos por crímenes menores, sin condena y por supuesto pobres.

El escándalo fue tal que el ministro del Interior, el frenteamplista Bonomi tuvo que presentarse en el parlamento a dar explicaciones sobre lo ocurrido. Todos salieron a su defensa, hasta el ex presidente Vázquez que reconoció que las cárceles están en un estado deplorable pero se excusó tomando esta situación como una herencia recibida de los anteriores gobiernos blancos y colorados. En su exposición, este tupamaro no tuvo empacho en afirmar que el problema central es el crimen organizado y la venta de pasta base, desligando toda responsabilidad en la masacre. Ya no sorprende ver que estos tupamaros reconvertidos que se han pasado con todas sus armas a defender los negocios de la burguesía y el imperialismo mantengan estas posiciones tan reaccionarias. Bonomi también defendió a la guardia policial del penal de Rocha cuando está claro que su omisión, al no abrir las celdas, causó la muerte de los presos.

El tema de fondo es la criminalización de la pobreza, donde las políticas de endurecimiento de las penas ya son políticas de Estado, sea gobierno blanco, colorado o frenteamplista; y es la respuesta que dan las clases explotadoras (y quienes administran y sostienen sus negocios) para los cientos de miles que quedan por fuera del sistema, con los ajustes económicos que todos han sabido aplicar o defender. Mientras fue oposición, el FA actuó como alternativa burguesa, garantizando la “gobernabilidad” para lo cual no tuvo reparos en sostener a los gobiernos anteriores y darles estabilidad en el brutal ataque a los trabajadores y el pueblo en la crisis del 2002. Recordemos que Tabaré Vázquez siempre habló del ex presidente Sanguinetti como un “gran demócrata y estadista” cuando fue el artífice de la impunidad de los militares a partir de la Ley de Caducidad, y quien llevó adelante ataques sistemáticos contra los trabajadores. Justamente por estos días se ha hecho un acto reivindicando a este nefasto personaje, donde todo el arco político ensalzó su figura.

Hoy la oposición burguesa aprovecha esta crisis para avanzar en la implementación de mayores medidas represivas y coercitivas. La terrible tragedia y la indignación que genera encuentra sus causas en lo más profundo de este sistema social, ya que los métodos penitenciaros que llevaron a dejar quemarse vivos a una docena de presos antes de “correr el riesgo que escapen” es una expresión del carácter de estas fuerzas represivas. Siendo las mismas fuerzas represivas que el gobierno deja impune.

¡Solidaridad con la huelga de hambre de los presos de Rocha y con sus familiares!

¡Repudiamos esta masacre y exigimos castigo a los cupables!

Una Comisión Investigadora Independiente compuesta por los presos, los familiares de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales debe tener la más amplia capacidad para establecer las causas y determinar las responsabilidades entre los mandos policiales y las autoridades civiles.