La nueva CPE entierra las banderas de Octubre para concertar un nuevo ordenamiento político estatal con los empresarios, los terratenientes y las transnacionales.

El MAS promete que votando por la aprobación de la nueva Constitución avanzará la “refundación del país” y la “descolonización”, en beneficio del pueblo, mientras la propia publicidad oficial machaca con que reconocerá la propiedad privada y las autonomías departamentales (reclamadas por la “media luna”). Por su parte, la derecha reaccionaria hace campaña por el NO “para que el país no se quede sin Fe” refugiándose detrás de los crucifijos a falta de mejores argumentos (pues el MAS ahora levanta también la bandera de autonomías y “los dejó sin el programa” autonomista).

Es muy probable que la nueva CPE sea aprobada el 25 con el voto de amplios sectores populares ilusionados en las promesas de Evo. Sin embargo, lo que se consagrará es un texto que bajo un discurso indigenista y democrático, busca enterrar la “agenda de octubre”, es decir, las demandas populares de verdadera nacionalización de gas y los recursos naturales, tierra y territorio y expulsión de las transnacionales y el imperialismo, sin las cuales es imposible salir del atraso, la miseria y la opresión. Por cierto, el proyecto del MAS “consensuado” en el Parlamento va todavía más allá: garantiza los intereses fundamentales de los empresarios, terratenientes y transnacionales, y pretende poner la “piedra fundamental” de un nuevo ordenamiento político y estatal en los marcos del orden burgués, donde queden “blindados” los intereses y la propiedad de la clase dominante, permitir que las transnacionales sigan operando en el país y reducir al mínimo las concesiones al pueblo trabajador. Es por eso, que, tras una larga confrontación política con la derecha neoliberal y los prefectos y comités cívicos “autonomistas, una parte importante de la oposición y el MAS lograron sellar el pacto congresal del 28 de octubre que, sumando votos de parlamentarios de PODEMOS, MNR y UN, habilitó el referéndum sobre la nueva CPE.

La CPE no es ningún “paso hacia la liberación nacional y social” como dicen los masistas y sus aliados

Las transnacionales seguirán en el país y saquearán “legalmente” los recursos naturales, como ocurre con el gas, la minería y otros, donde las actividades de REPSOL, PETROBRAS, Sinchi Wayra (Glencore), San Cristóbal (Sumitomo), y otras contarán con “seguridad jurídica”. Todo ello, en medio de que reafirma categóricamente el respeto a la propiedad burguesa sobre la tierra, las fábricas, bancos y minas. Continúan las “capitalizadas”, pues no se revierte la entrega de las empresas públicas que hicieron los gobiernos neoliberales, éstas seguirán operando y hasta se habilita la formación de “empresas mixtas” en los servicios. Por ejemplo, en el Art. 20 inciso III, que garantizaba que el agua y el alcantarillado no podían ser sujetos de privatización, se ha introducido una salvedad que permite hacerlo según “régimen de licencias y registros, conforme a ley.”  Se “constitucionaliza” la gran propiedad de la tierra. Aunque por el Art. 398 el limite de tierras -5 mil o 10 mil hectáreas- debe ser votado en el referéndum dirimidor del 25 de enero, el Art. 399 reduce a nada esa votación: “Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley.” Esto significa que se protege la gran propiedad ya existente, con enormes garantías a los terratenientes y liquidando “constitucionalmente” las aspiraciones a una verdadera reforma agraria. Con retórica y medidas “cosméticas” no se resuelve la lucha histórica de los pueblos originarios. Los pueblos indígenas no existían para la constitución anterior y ahora están formalmente incluidos en la nueva CPE, pero ésta no afecta las bases materiales de la “colonialidad”, es decir, el poder económico y social de la burguesía que históricamente ha reforzado su dominación y explotación con el racismo y la opresión de los pueblos aymara, quechua, guaraní, etc. Las naciones, nacionalidades y etnias originarias son definidas por su base “campesina” con lo que los derechos de cientos de miles de indígenas urbanos son recortados. Las “autonomías indígenas” quedan en la práctica limitadas a las TCO (Tierras Comunitarias de Origen) y algunos municipios del Oriente y son enmarcadas en “autonomías departamentales” favorables a las oligarquías regionales. Más allá de algunas concesiones parciales, los enunciados indigenistas quedan reducidos a casi nada con el agregado de “se reglamentará según Ley”. Por ejemplo, las instituciones y costumbres indígenas, como la “justicia comunitaria” seguirán rigiendo donde lo hacen hasta ahora... en ciertas áreas rurales, pero encuadradas en la justicia y la legalidad “republicanas”. ¿Más democracia? La larga enunciación de derechos en la tradición del “constitucionalismo social” (como la Constitución de 1938) pero con discurso indigenista no puede ocultar que, en la práctica, quedarán en el papel. El Senado -refugio de neoliberales y oligarcas regionales, se mantiene y hasta se fortalece. Cualquier ilusión de real democratización de los asuntos públicos queda anulado desde el inicio, cuando el Art. 7 pone un limite preciso: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público”, es decir, todo según las normas de la república burguesa.

La “refundación de la república” y la crisis económica

La necesidad de aprobar la nueva “carta magna” como un paso en la recomposición del régimen político va de la mano con la preocupación por las dificultades económicas que se comienzan a sentir y preocupan tanto al gobierno como la conjunto de la clase dominante. No quieren que sigan produciéndose graves “cortocircuitos” políticos cuando necesitan amortiguar las consecuencias de la crisis económica internacional, y para eso necesitan pactos, acuerdos políticos y mayor “legitimidad” institucional. Entre tanto, ya comienzan a sufrir sus golpes los trabajadores, con la pérdida de miles de puestos de trabajo, como en la minería del zinc, como la “masacre blanca” que quiere imponer Sinchi Wayra echando a la calle a la mitad de sus trabajadores en Colquiri, Bolívar, Porco y otros distritos. ¡Los empresarios de la construcción ya han declarado, cínicamente, que esperan bajar a la mitad los salarios en medio año! ¡Todo el pueblo pobre está pagando ya los costos de la inflación y la carestía de la vida, mientras los grandes empresarios han hecho y siguen haciendo enormes ganancias! A pesar de las patéticas lamentaciones del Ministerio de Trabajo y las promesas de Evo, lo cierto es que la política económica del gobierno es mantener el equilibrio con algunas medidas “anticrisis”, pero dejando que los empresarios ajusten cuentas a los trabajadores, como muestra la “solución” oficial para la crisis minera: fondo de subsidios para las empresas y cooperativas, y a los miles de trabajadores amenazados o ya desempleados, ¡que se inscriban para conseguir algunos “planes temporales” como bajo los gobiernos neoliberales! Una vez más, gobierno y patrones querrán que sean los trabajadores los que se “ajusten el cinturón”, con hambre, miseria y desempleo.

Alertamos a los trabajadores y el pueblo

Pese a todo esto, Pedro Montes y la cúpula cobista, sin siquiera consultar a las bases obreras, han dado su apoyo al supuesto “proceso de cambio” masista y avalan la campaña por el sí a la CPE, olvidándose de los mineros muertos por la represión en Caihuasi, de la nueva ley de pensiones que no responde a los reclamos obreros, del salario, del desempleo creciente, y los demás problemas de los trabajadores, los campesinos pobres y los sectores populares que no tienen ninguna respuesta real desde el gobierno. El apoyo político al gobierno y su política de concertación con los empresarios y la derecha tiene como contracara la negativa de los dirigentes a trazar un plan de acción obrero para enfrentar la crisis y los ataques capitalistas, en la minería, la industria y otros sectores.

– Por todo ello:

– Llamamos a rodear de solidaridad a los mineros y a todo sector que salga a la lucha, como un primer paso para la unidad y coordinación de las luchas obreras y populares, bajo la consigna de ni un solo despido ¡Que la crisis la paguen los capitalistas! ¡Nacionalización sin pago y bajo control obrero de toda empresa que cierre o despida!

– Llamamos a impulsar un bloque por un programa obrero contra la crisis y los ataques empresariales, por la recuperación de la independencia de clase de la COB y los sindicatos, por la organización política independiente de los trabajadores. El 25 de enero, no vote con los “cívicos” y neoliberales por el NO ni le dé el SI al gobierno que concerta con los empresarios, los terratenientes y las transnacionales. No vote por una Constitución hecha para enterrar la “Agenda de Octubre”.

– Voto en blanco, nulo o abstención.

LORCI - Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta- Internacional

La Paz, 12 de enero de 2009