Después de permanecer doce intensos días de lucha en las calles, los cerca de 90 mil campesinos que participaron del paro nacional cafetero, contando con la adhesión de 340 mil transportistas, cientos de trabajadores de la salud, aduaneros, comunidades indígenas y estudiantes de la Universidades más grandes de Colombia, levantaron la acción, luego de que el arrinconado gobierno de Juan Manuel Santos, terminara entregando una especie de “subsidio” de 180 mil millones de pesos (más de 99 millones de USD), para intentar contener la crisis aguda que atraviesa uno de los productos centrales para la economía del país.

Sin embargo, el acuerdo sigue siendo irrisorio frente a la enorme crisis agraria que golpea a Colombia. El paro cafetero se levantó luego que Santos respondiera a las demandas de los caficultores representantes de pequeñas, medianas y grandes hectáreas de fincas. Sin embargo, las negociaciones se llevaron a cabo entre el Gobierno Nacional y La Comisión Nacional De Cafeteros, integrada por representantes en su mayoría de la casta que representa la empresarial Federación Nacional [1], sin la participación de los delegados de la organización del paro (campesinos y trabajadores rurales), y sin tocar las demandas más profundas de los miles de campesinos pobres y trabajadores agrarios que trabajan año a año en la recolección de la cosecha de café, en condiciones de extrema precariedad, sin contrato fijo, seguridad social y sin ningún tipo de estabilidad laboral, que son precisamente los que le pusieron el cuerpo a la lucha, enfrentando la represión y organizándose colectivamente para sostener en las calles un paro nacional de casi medio mes de duración.

Mientras los caficultores propietarios exigían al gobierno subsidios para contrarrestar la baja productividad del café, fue el descontento social de los campesinos pobres, los trabajadores agrarios, los transportistas, estudiantes y comunidades indígenas, el que hizo confluir en un paro que expresó de conjunto la crisis del modelo económico neoliberal y profundamente dependiente del imperialismo, que el gobierno de Santos, y antes, el nefasto régimen uribista, se aseguraron de perpetuar en el país cafetalero. El acuerdo firmado con el gobierno nacional dejó por fuera este contenido eje del descontento social.

El paro nacional cafetero como expresión de la crisis agraria

El llamado Paro Nacional Cafetero, fue convocado por distintas organizaciones caficultoras y cerca de 560 mil familias que dependen de la producción del grano, entre las que se encuentran por un lado grandes, medianos y pequeños productores, que sienten afectados sus intereses, y por el otro, en su mayoría, cientos de campesinos pobres, que migran año a año, de finca en finca, durante la temporada de cosecha, para poder subsistir de la recolección del café.

En mitad de una peores crisis para la comercialización del grano, los caficultores exigían al Gobierno Nacional, el aumento del precio del café, el incremento de subsidios y el límite a las importaciones del producto, consecuencia de la firma de casi 20 tratados de libre comercio, que han sustituido el consumo interno y disminuido la producción de once millones de sacos de café en el 2008, a siete millones en el 2012.

El gobierno de Santos, rechazó desde los inicios, la medida y salió a aplicar todo el peso de la represión sobre los campesinos movilizados, aduciendo que se trataba de un reclamo “injusto e innecesario” y prometiendo impunemente que el envío de la fuerza pública para desbloquear las vías, provocaría “una masacre”.

La vida de los manifestantes no vale nada para el gobierno, que bien sabe cuidar sus propios intereses, siendo Santos uno de los mayores protagonistas del enorme negociado del café. Con la constitución de la Federación Nacional de Cafeteros, una casta empresarial formada por grandes terratenientes productores, y que controla el monopolio de la comercialización interna y externa del grano se estableció un mecanismo de apropiación de una parte del valor de la venta de café de todos los productores, para guardarlo en un “fondo común de ahorro” del que dispone a placer la federación y el poder político para reinvertir en sus propias empresas. Santos es uno de los empresarios que se beneficia de este fondo de ahorro.

El problema de fondo: la concentración de la tierra

Aunque este problema toca el bolsillo de caficultores grandes, medianos y pequeños, en realidad todo el peso de esta enorme crisis cafetalera, recae en las espaldas de los campesinos más pobres y trabajadores del agro, quienes ven reducidas sus fuentes de trabajo, afectados por la firma de los neoliberales TLCs, y por el desplazamiento sistemático de sus tierras, producto de las millonarias concesiones mineras que el gobierno colombiano ha extendido en favor de multinacionales como la Gran Colombia Gold (que actúa fundamentalmente en el eje cafetero), así como de los brutales ataques del paramilitarismo y las Fuerzas Militares colombianas, que han dejado en la actualidad más de 5 millones de víctimas del desplazamiento forzoso (Codhes).

Hay que diferenciar, entonces, tajantemente el contenido de clase que proviene de los distintos actores del paro cafetero. Mientras los grandes, medianos y pequeños productores iban detrás de una negociación por mayor cantidad de subsidios para nivelar sus ganancias, recibiendo incluso el “apoyo” oportunista de los sectores más reaccionarios de la derecha colombiana, como del propio partido de la U., del ex presidente Álvaro Uribe; el conflicto para el campesinado y los trabajadores rurales más pobres de Colombia, es un problema estructural del sistema capitalista, que tiene que ver con la concentración de la tierra, que en Colombia significa que el 52% de su propiedad, está en manos de apenas un 1,15% de la población; parte del fenómeno que convierte a Colombia en uno de los países más desiguales de la región, con más de 15 millones de pobres, y un índice particular de pobreza rural que se ubica sobre el 46%.
Un problema estructural que empata con las condiciones que viven miles de obreros y trabajadores colombianos, que adhirieron solidariamente al paro en reclamo de sus propias reivindicaciones. Docentes, estudiantes, trabajadores de la salud, aduaneros, transportistas, cacaoteros junto con comunidades indígenas, que como en la zona de Arauca enfrentan a las transnacionales mineras en defensa de su territorio. Todas estas fuerzas, resistieron en las calles la brutal represión de la ya conocida por asesina ESMAD, mandada por el gobierno de Santos. La feroz represión de la ESMAD se cobró la vida de un campesino, y dejó más de cincuenta heridos: quemados, mutilados, golpeados; producto de las bombas, balas de goma y aturdidoras, que son parte del enorme despliegue del arsenal represivo de esta fuerza de la policía colombiana, especializada en atacar la protesta social.

El Enfrentamiento Santos-Uribe

A Santos se la cae la careta una vez más. Las disputas inter burguesas con Uribe, responden claramente a un conflicto de intereses por el control del poder económico y político del país, Santos giró hacia una fachada más “diplomática”, cuando la política exclusivamente militarista de Uribe venía mostrando su fracaso en el objetivo del gobierno nacional y del imperialismo norteamericano (de la mano del Plan Colombia), de exterminar por completo a la guerrilla (si bien llegaron a asestar durísimos golpes en su contra); a esto se sumó la presión nacional e internacional por los enormes escándalos de la vinculación de funcionarios del uribismo con el paramilitarismo y el narcotráfico.

Santos decidió ensayar entonces, una salida de menor confrontación abierta y más “consenso” aprobando las demagógicas leyes de tierras y restitución a las víctimas del conflicto armado, generando un acercamiento en su momento con el chavismo y dando inicio a los “procesos de paz” con la guerrilla de las FARC en la Habana. Sin embargo, nadie olvida qué rol cumplió Santos, como la mano dura de Uribe, cuando fuera su Ministro de Defensa, y hoy como continuidad del régimen de terror del uribismo, “por otros medios”. La brutal represión del paro es una nueva expresión de la política de continuidad de Santos con Uribe más allá de las disputas por arriba.

Una salida de fondo al problema agrario en Colombia

Mientras el país se encontraba paralizado por los cortes de ruta y acciones de protesta, el gobierno buscaba lavarse la cara, hablando en buen nombre de las negociaciones en la Habana con las FARC, donde uno de los puntos nodales es justamente la cuestión agraria. El cinismo del gobierno no tiene límites, cuando uno de los representantes designados para las negociaciones en Cuba (además de dos de los más altos cabecillas de la policía y ejército, líderes en el combate contra la insurgencia), es precisamente el Secretario General de la casta empresaria de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Carlos Villegas.

Ni esta casta empresaria, ni los caficultores que velan por sus propios intereses, van a tocar un ápice del problema central de la tierra en Colombia. La enorme lucha de los huelguistas colombianos no se termina en la mesa de negociación entre el gobierno y los caficultores. Es necesario que los campesinos más pobres y los trabajadores, continúen su legítima lucha, organizándose con total independencia de los sectores burgueses y pequeño burgueses, que pretenden ponerse enfrente de las legítimas demandas populares para su propio beneficio.

Para pelear por una solución de fondo, es necesario atacar la propiedad de la tierra y los intereses de los grandes capitales empresariales. Es la clase trabajadora la que puede poner en jaque a las grandes corporaciones y monopolios del café, como lo hicieron en este paro los transportistas, que sumados al bloqueo campesino de las rutas, paralizaron durante 15 días al país. Es la alianza de los trabajadores con los miles de campesinos más pobres, quienes pueden enfrentar decididamente al gobierno y al imperialismo, por mucho más que acotados subsidios que no resuelven el tema de fondo, sino para exigir el fin de los tratados de libre comercio, un verdadero proceso de reforma agraria, con la expropiación sin pago de las tierras concentradas, el término de las concesiones y el entreguismo a las multinacionales y el fin de la precarización laboral para los recolectores de café y todos los trabajadores agrarios. Es necesaria la organización independiente para enfrentar al poder económico y político del gobierno de Santos y de su lastre Uribe.

¡Basta de asesinar, desaparecer, torturar y criminalizar a los luchadores sociales! El Estado es autor a través de su aparato represivo y cómplice de las fuerzas paramilitares, del genocidio contra los trabajadores, campesinos pobres, comunidades indígenas, hombres, mujeres y niños de Colombia. ¡Justicia para todas las víctimas del terrorismo de Estado!