Entrevistamos a Daniel Matos, corresponsa en Argentina del Esquerda Diário, primer diário de la izquierda en Brasil, sobre la situación en el país vecino. La entrada en recesión de la economía brasilera, la crisis política por los escándalos de corrupción en Petrobras y las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno de Dilma Rousseff son algunos de los temas en esta entrevista. También nos cuenta sobre las importantes luchas de los trabajadores por salario, condiciones de trabajo y contra los despidos, y sobre el significado de las masiva movilización el domingo 15/3.

¿Qué expresa la importante movilización del domingo 15 de marzo y los pedidos de juicio político a la presidenta?

Las movilizaciones fueron en cierto sentido lo opuesto de lo que fueron las manifestaciones de junio de 2013 ya que mientras las primeras ligaban el odio a la casta política a los problemas sociales más estructurales, favoreciendo la entrada de la clase trabajadora y la juventud en el escenario político nacional, actualmente la bronca contra la corrupción está siendo utilizada para fortalecer electoralmente a la derecha.

A pesar del debate abierto sobre el impeachment (interpelación que hace el parlamento y puede llevar a juicio político contra un funcionario público) contra la presidenta, los principales líderes políticos de la oposición no tienen el objetivo de derrumbar a Dilma y sí de desgastar su gobierno. Temen una mayor polarización social, además de que el escándalo de Petrobras afecta tanto al gobierno como a la oposición de derecha. Tanto la burguesía brasilera como la imperialista quieren evitar un agravamiento de la crisis económica y política.
Pero aún así la situación puede empeorar mucho. ¿Que dirán los sectores que serán afectados? ¿Y cuando la llamada “clase C” sea aún más golpeada por la recesión?

¿Cómo describirías el nuevo mandato del Partido de Trabajadores y el contexto económico y político?

En primer lugar hay un giro a la derecha del gobierno del PT. Dilma había basado su campaña en dar continuidad al gobierno “progresista” del PT contra el avance de la derecha (de forma similar al discurso utilizado por el gobierno Argentino).

Las grandes manifestaciones de Junio de 2013 habían cuestionado tanto la precariedad y los altos precios de los servicios públicos en el país como a la casta política que vive del Estado, involucrando no solo al PT sino también al opositor PSDB. La clase trabajadora aprovechó la nueva situación nacional para salir a la lucha protagonizando la mayor oleada de huelgas desde la década del 80.

Las elecciones del año pasado hicieron que esta realidad pasara a segundo plano. Pero incluso así no dejó de expresase distorsionadamente en los discursos de “cambio” que todos los candidatos se vieron obligados a adoptar, escondiendo los planes de ajuste que preparaban para sus nuevos mandatos.

El nuevo gobierno de Dilma se encuentra extremadamente debilitado no solo por la oposición del PSDB (principal partido de la oposición) que salió fortalecido en las últimas elecciones sino también por el PMDB, que es el principal aliado, lo chantajea permanentemente para obtener mayores porciones de poder y exigir que el PT garantice la impunidad a sus aliados involucrados en el escándalo de Petrobras.

El choque entre los discursos mentirosos de cambio y los paquetes de ajuste implementados de inmediato por todos los gobiernos para responder a la recesión económica, sumados a los escándalos de corrupción y la crisis por la falta de agua, provocaron que la popularidad tanto del gobierno nacional del PT como los gobiernos de los estados (provincias) del PSDB cayeran a niveles inferiores a los que pudimos observar en Junio de 2013.

¿En qué consiste el ajuste que lleva adelante Dilma Rousseff?

Dilma está implementado un ajuste fiscal para garantizar dinero público a los banqueros y aumenta las tasas de interés para contener la inflación y atraer capital extranjero en busca de mejores rendimientos, lo que da como resultado mayor recesión, aumento del desempleo y reducción salarial para proteger las ganancias patronales. Para eso, no duda en terminar con derechos sociales como las ayudas por enfermedad o del seguro de desempleo a los trabajadores, y pone en la práctica recortes presupuestarios que afectan fuertemente a la educación y a la juventud.

¿Cómo ha respondido la clase trabajadora a esos planes de ajuste?

Los trabajadores de la Volkswagen del ABC paulista, así como los metalúrgicos de la General Motors de San Jose dos Campos en San Pablo, llevaron adelante dos huelgas que obligaron a la patronal a retroceder frente a la amenaza de despidos masivos. Los profesores de Paraná también llevaron adelante una dura huelga ocupando la asamblea legislativa del estado para presionar a los diputados, enfrentándose con la policía, y lograron hacer que el gobernador tucano (PSDB) retrocediera en las medidas de ajuste.

¿Qué perspectivas ves y cómo debería intervenir la izquierda en esta situación?

La huelga de la Volks, General Motors y los profesores de Paraná muestran que existe disposición a la lucha pero que está contenida por las actuales direcciones aliadas al gobierno del PT en los sindicatos y los movimiento sociales. La izquierda no puede tener una respuesta solo a los ataques económicos y sociales, dejando la bandera de lucha contra la corrupción en manos de la derecha.

Los trabajadores y jóvenes que simpatizan con la idea del impeachment necesitan comprender que esto fortalece a la derecha. La izquierda necesita construir una alternativa independiente a la crisis a partir de la clase trabajadora y del pueblo explotado y oprimido, una alternativa como ha planteado el PTS en Argentina en los enfrentamientos entre el gobierno kirchnerista y la oposición de derecha..

Los sindicatos y movimientos sociales dirigidos por la izquierda clasista y opositora al gobierno necesitan crear un movimiento que exija una comisión investigadora independiente integrada por intelectuales y líderes populares, reconocidos por su honestidad e independientes tanto del gobierno como de la oposición de derecha.
La lucha por una investigación independiente debe impulsar una campaña nacional para imponer que todos los funcionarios políticos ganen lo mismo que un profesor y sean revocables en cualquier momento por aquellos que los eligieron, pues es la única forma de terminar realmente con la corrupción.

Este programa, ligado a la lucha por terminar con los ajustes y estatizar bajo control obrero y popular los servicios públicos que siguen siendo parasitados por la elite dominante, necesita ser debatido en asambleas de trabajadores y estudiantes, para poner en pie un plan de movilización que los haga emerger como una “tercera fuerza” en la situación política nacional.

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que ha sido la principal fuerza de izquierda en las últimas elecciones y consiguió varios diputados, debería poner sus parlamentarios al servicio de esta perspectiva. De la misma forma el PSTU que es un partido tradicional de la izquierda brasilera debería impulsar esta perspectiva en los sindicatos y lugares donde tiene influencia.