El término “hegemonía invertida” fue acuñado por el sociólogo brasileño Francisco de Oliveira luego de la asunción de Lula a la presidencia de la República para explicar la aparente paradoja por la cual el capital financiero internacional recurre al principal líder de la clase obrera para continuar su dominio en el país luego del desgaste de la ofensiva neoliberal de los años ‘90.

Después de 13 años a la cabeza de una democracia dependiente de alianzas con las fuerzas políticas más reaccionarias del país y su subordinación al capital financiero, el gobierno del PT acumula contradicciones que han amenazado con salirse de su control, tanto bajo la forma de nuevos estallidos sociales –junio de 2013– como con el envalentonamiento de la derecha.

La integración del PT a la democracia de las coimas y los favores

El surgimiento del PT en los años ‘80, al canalizar la voluntad de la poderosa clase trabajadora brasileña de expresarse en el terreno político, obligó a la dictadura militar a transferir una importante cuota de poder a los caudillos y oligarcas burgueses regionales, enraizados en los estados y municipios del país para fortalecer una alternativa burguesa capaz de garantizar una transición conservadora a la democracia. Esta es la base de la creación del PMDB y del llamado “presidencialismo de coalición” en Brasil: un régimen en el cual los dos “partidos modernos” que surgen con la redemocratización –el PSDB representando la vinculación de la burguesía paulista al neoliberalismo en ascenso y el PT como fuerza opositora– dependen estructuralmente de alianzas con las fuerzas más conservadoras del país para gobernar, sea el PMDB u otros congéneres menores. Sin comprender el rol del PMDB en el régimen brasileño es imposible comprender la crisis política en curso en Brasil y las disputas por detrás de la tentativa de impeachment a Dilma.

Para reconcentrar el poder en el Ejecutivo como comité de negocios de la burguesía y dar estabilidad al dominio del capital imperialista, la ofensiva neoliberal de los ‘90 implementó una legislación que restringe las posibilidades de endeudamiento de los estados y municipios (la Ley de Responsabilidad Fiscal), transfiere las deudas y la capacidad de endeudamiento al gobierno central y obliga al Estado a recortar gastos para garantizar el pago de la deuda pública. Es a través de este mecanismo que 42 % del presupuesto público recaudado con los impuestos de 210 millones de habitantes es anualmente destinado a 20 mil inversionistas nativos y extranjeros con el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública. En contraparte, el mecanismo de sostenimiento de las alianzas de gobierno pasa a ser, no solamente la ocupación de cargos ejecutivos, sino fundamentalmente el reparto de partidas de presupuesto sobre las que el gobierno central puede elegir a qué ciudad o estado destinar. Así, los diputados y senadores federales se transformaron en agentes de los gobiernos estaduales y municipales para regatear apoyo político a las votaciones enviadas por el Ejecutivo al Congreso, a cambio de obras y prestaciones de servicios en sus reductos electorales. Este es el mecanismo de funcionamiento del “presidencialismo de coalición” brasileño.

Al asumir el poder en 2003, Lula, para ganar la confianza del capital financiero internacional, buscó demostrar que era “más realista que el rey”, implementando un duro ajuste de cuentas que restringía las posibilidades del gobierno de hacer girar este mecanismo para viabilizar su propia coalición gubernamental. En un escenario recesivo e intentando prescindir de la alianza con el PMDB, el PT, para ganar votaciones en el Congreso, recurrió al “alquiler” de diputados que resultó en el escándalo de las coimas (“mensalão”) de 2005. Un método que fue parte de la democracia tucana (PSDB) y de todos los gobiernos anteriores, que el PT tuvo que usar en forma exacerbada porque quería mostrar austeridad fiscal y cierta “independencia” de los oligarcas reaccionarios más destacados de la política brasileña, aunque coligándose con los reaccionarios de menor estatura del llamado “bajo clero” en el Congreso. Un intento derrotado que dio lugar a la subordinación del PT tanto a los caudillos del bajo clero como a los oligarcas del PMDB en nombre de la “gobernabilidad”.

Para preservar mínimamente a los sectores más poderosos de la burguesía nacional frente a la penetración del capital imperialista, el Estado brasileño utiliza los créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y la contratación de prestadores de servicios para obras públicas y las grandes empresas de control estatal. Este es el origen de los llamados “global players” brasileños [1], los grandes conglomerados económicos “amigos” del gobierno de turno, que al mismo tiempo son los principales financiadores de las campañas electorales. Para estabilizarse en el poder, el PT tuvo que crear su propia red de empresarios “amigos”, sentando las bases para el escándalo de Petrobras.

Una crisis de gobierno que puede transformarse en una crisis del régimen

Mientras crecía el consumo y el empleo, la mayoría de la población toleraba la podredumbre recurrente de los escándalos de corrupción, que con la incorporación del PT como gestor del Estado pasó a involucrar por igual a todos los partidos del régimen. Sin embargo, esta tolerancia no impidió que se desarrolle en forma latente una crisis de representatividad que a cada tanto viene a la superficie, y que estalló en forma más aguda en las manifestaciones de junio de 2013, sin perdonar a ningún gobierno, independiente del partido al que pertenezca. Incluso después de una relativa recomposición con el Mundial de Futbol y las elecciones de 2014, el deterioro de la situación económica, sumado a los escándalos permanentes de corrupción, vuelve a socavar en un nivel superior la legitimidad de las instituciones del régimen, expresándose en la caída de popularidad de griegos y troyanos a lo largo de 2015.

La combinación entre los escándalos de corrupción, la crisis económica, la política de ajustes del gobierno de Dilma y la “traición” de antiguos aliados del gobierno petista es lo que dio base social y alianzas políticas para que la oposición de derecha impulse una campaña destituyente y haga tramitar el pedido de juicio político en el Congreso. La oposición envió este pedido mediante la acusación de crimen de responsabilidad administrativa por el no cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal por parte del gobierno, ya que no tienen pruebas que involucren directamente a Dilma en el escándalo de corrupción en Petrobras. Hay que ser muy ingenuo para creer que Dilma nunca supo nada, primero como encargada de los ministerios responsables del petróleo y la administración general bajo el gobierno de Lula, y luego como presidenta de la república. Imposible que no estuviera al tanto de un sistema tan importante para el gobierno petista, basado en conquistar aliados y mayorías parlamentarias. La oposición tiene contradicciones para utilizar el esquema de corrupción en Petrobras como acusación para un impeachment porque tal sistema de corrupción involucra el modus operandi de la propia oposición, y sobre todo porque este camino involucra particularmente al PMDB, sin el cual es imposible concretar cualquier posibilidad de juicio político y mucho menos una eventual gobernabilidad pos PT.

Eduardo Cunha, el propio presidente de la Cámara de Diputados que aceptó abrir el proceso de impeachment, es el líder del “bajo clero” y del ala oposicionista del PMDB. Pero una parte importante de este partido todavía sostiene al gobierno. El vicepresidente de la República y también presidente del PMDB, Michael Temer, quien asumiría la presidencia en caso de un impeachment por crimen de responsabilidad administrativa, se ha distanciado de Dilma, negociando a cielo abierto con el PSDB y alentado intentos de inclinar una mayoría del PMDB hacia la oposición. Entretanto, por la dependencia que muchos caudillos del PMDB tienen con el gobierno petista para defenderse de sus múltiples relaciones con el esquema de corrupción en Petrobras, aún con posibilidades de cambiar más poder por apoyo político, todavía se mantiene una débil mayoría de este partido del lado del gobierno.

El hecho de que la acusación de crimen de responsabilidad, en la que se basa el juicio político, sea una práctica común en las últimas presidencias y en las gobernaciones, así como las denuncias de corrupción que recaen sobre el propio Eduardo Cunha, han golpeado la legitimidad del proceso de impeachment en curso. La política del gobierno es tramitar el juicio en el Congreso lo más rápido posible, pues si la votación fuera en las condiciones actuales todos consideran que ganaría, ya que la oposición no tendría los dos tercios de los votos que necesita.

Pero el principal límite que tiene la oposición para lograr el impeachment es la división existente en la burguesía y el imperialismo. Algunos sectores dominantes preferirían un gobierno más de derecha, sea del vice Michel Temer apoyado por el PSDB, que ya ha anunciado una plataforma neoliberal más descarada; o directamente del PSDB a través de nuevas elecciones generales. Sin embargo, otros sectores creen que Dilma es más apta para implementar los ajustes necesarios porque cuenta con el rol de la CUT y los movimientos sociales petistas en la contención de la resistencia obrera y popular, y también porque temen que el agravamiento de la crisis política genere un empeoramiento de la crisis económica y aliente estallidos sociales. Esta división se refleja en la prensa imperialista como el semanario The Economist que, mientras plantea la necesidad de un plebiscito revocatorio del presidente venezolano, alerta que “Dilma no es Maduro”.

La propia oposición tiene más de una división interna. Mientras el ala del PSDB dirigida por el gobernador de San Pablo, Alckmin, preferiría seguir “desangrando” al PT hasta 2018, cuando él sería el mejor ubicado para competir en nombre de su partido a las presidenciales; el ala dirigida por el ex candidato y ex gobernador de Minas Gerais, Aécio Neves, preferiría un adelanto de las elecciones para aprovechar el capital político de los votos que sacó en 2014 [2]. Por otro lado, hay controversias sobre los beneficios y prejuicios de asumir la administración del país en medio de la crisis actual, ya que el PSDB sería blanco del desgaste provocado por la recesión y los ajustes bajo su comando, y Lula podría tener mejores condiciones de recuperarse para las elecciones de 2018 en la oposición.

Estas contradicciones de fondo están por detrás del accionar del PT en el Tribunal Federal Superior de Justicia sobre las reglas de tramitación del juicio en el Congreso. Se revocaron las reglas más favorables a la oposición que Cunha había intentado hacer valer, el gobierno podrá elegir en la Cámara de Diputados una comisión de investigación más favorable al PT, y se otorgó mayor poder de decisión al Senado donde la alianza entre el gobierno y el PMDB es más fuerte. En este marco, la política que prima entre los principales líderes de la oposición es postergar lo máximo posible el trámite del juicio de impeachment en el Congreso para seguir “desangrando” al PT y acumular más fuerzas para las elecciones municipales de 2016, y esperar un eventual escenario más favorable para volver a la ofensiva con la política de juicio político.

Por otra parte, los escándalos de corrupción no necesariamente obedecen a los planes de la oposición, ya que suelen responder a sectores del capital imperialista interesados en desplazar competidores internacionales y nativos para comprar activos desvalorizados o establecer nuevos contratos con el Estado. En estas operaciones, aunque el capital imperialista busque aliados internos oposicionistas, el involucramiento de la propia oposición en los esquemas de corrupción hace que todos los partidos dominantes estén golpeados. Es desde este punto de vista que se debe analizar la opinión de la revista especialista en política exterior estadounidense, Foreing Affairs, que en marzo de 2015 protestaba contra el 90 % de derecho de explotación del petróleo por parte de Petrobras. A pesar de que la gigante brasileña tiene su capital abierto en la bolsa de valores, su control mayoritario sigue siendo estatal. Refiriéndose a los cambios legislativos a lo largo del gobierno de Lula y Dilma en relación a las normas establecidas por Fernando Henrique Cardoso, que dificultaron el acceso del capital extranjero a la explotación del Pre-Sal, la revista destaca: “En su momento, algunos observadores expresaron su preocupación sobre la naturaleza restrictiva de los reglamentos y el potencial de corrupción en la ausencia de licitación abierta [al capital extranjero]. Estas preocupaciones fueron en gran parte justificadas: una investigación federal en curso reveló que algunas de las mayores empresas de construcción de Brasil pueden haber pagado coimas a Petrobras”.

“Coincidentemente” el juez Sérgio Moro, responsable por la investigación del esquema de corrupción en Petrobras, está casado con una abogada del PSDB y de Shell, multinacional que ha adquirido recientemente el derecho de explotación de cuatro pozos de petróleo en Brasil y ha anunciado ambiciosos planes de inversión en el país. ¿Quién podría sospechar de los buenos intereses “justicieros” de los imperialistas y sus propias multinacionales? [3]

La prisión de presidentes y ejecutivos de las mayores constructoras y fondos de inversión de Brasil –y mayores financiadores de campaña del PT y del PSDB– en el escándalo de corrupción de Petrobras tienen por detrás el modus operandi del capital imperialista para perseguir sus intereses. Escándalos como este –pero también otros como las privatizaciones en los años ‘90 o el esquema actual de sobrefacturación en el sistema metro-ferroviario del estado de San Pablo bajo el gobierno del PSDB– son parte estructural del mecanismo de dominio y competencia entre los distintos sectores del capital financiero, recurriendo incluso a sus complejos sistemas de contraespionaje corporativo para remover ciertas redes de empresarios “amigos” en favor de otras.

Cambian los gobiernos, cambian los partidos, cambian las empresas, queda el asalto permanente a las arcas públicas y a los recursos naturales del país. Esta es una fuente de inestabilidad política que puede hacer más grave la crisis de representatividad actual que cruza el país, ya que utiliza al poder judicial como árbitro, desgastando al conjunto de las instituciones.

Plataforma del capital financiero internacional en Sudamérica

Diferente de Argentina, donde el ciclo de crecimiento kirchnerista se basó esencialmente en la redistribución interna de las retenciones a las exportaciones de soja, en Brasil, aunque las exportaciones de commodities de soja y mineral de hierro hacia China también fueron clave, el capital financiero internacional cumplió un rol esencial en el empuje del mercado interno.

Durante el menemismo, Argentina era considerada la “vidriera” del capital financiero en Sudamérica, y Brasil un “alumno” servil pero un poco “rebelde”. Esta diferencia estuvo por detrás del hecho de que Argentina fue el país más golpeado por la crisis asiática de final de los ‘90, mientras Brasil tuvo más margen de maniobra para hacer una transición gradual al “posneoliberalismo” con la ayuda del PT.

Mientras el default de 2001/2002 alejó a Argentina del mercado financiero de capitales internacionales, Brasil avanzó como la principal plataforma de las finanzas internacionales en Sudamérica. Superando de lejos a todos los demás países en términos absolutos de entrada de capital, y compitiendo incluso con los países más pro yanquis como Chile o Colombia en términos de proporción de entrada de capital extranjero en relación al PBI (quedando solo detrás de Perú en este indicador).

Entrada de capital extranjero (en millones de dólares)

Entrada de capital extranjero en relación al PBI

Elaboración propia en base a datos de la Cepal y los bancos centrales de cada país

Esta mayor subordinación al capital financiero ubica hoy a Brasil como el país sudamericano más sensible a los cambios de humor del capital financiero y como principal eslabón débil de la región junto a Venezuela. Tanto porque el mineral de hierro es uno de los commodities más golpeados por la desaceleración China [4] como porque la migración de capitales hacia EE.UU. ha provocado mayores temblores sobre las tierras “tupiniquins”.

A diferencia de los años ‘90, durante el ciclo de crecimiento petista la penetración del capital financiero internacional se produjo con un cambio de perfil en la deuda pública, la cual cumplió un rol clave en la atracción del capital extranjero que alentó la abundancia de crédito relativamente barato para la expansión del consumo de sectores populares y la inversión de las empresas medianas y pequeñas.

Mientras la deuda externa bruta cayó del 16,3 % del PBI en 2002 al 4,4 % actualmente, la deuda interna bruta aumentó del 48,6 % al 60,7 %, manteniendo la suma de ambas en alrededor del 65 % del PBI [5]. Esta sustitución se produjo sobre la base de la emisión de títulos públicos de la deuda interna al propio mercado financiero, atraído por las altas tasas de interés internas (a las cuales estos títulos están vinculadas). Actualmente el 27,4 % de la deuda pública (suma de la deuda interna y externa) está en manos de los grandes bancos, entre los cuales también se encuentran instituciones con casas matrices en otros países; 20,27 % están directamente en manos de inversores externos, la mayor proporción en la historia del país para este rubro; y 19,8 % están en manos de fondos de inversión, en los cuales el capital extranjero también penetra por todos los poros.

Este cambio en el perfil de la deuda, sumado a la inversión directa y de cartera, fue clave para que a lo largo del lulismo el porcentual de crédito del sistema bancario nacional se elevara del 23,8 % del PBI en 2002 al 55,8 % en 2014. Sin este rol del capital financiero internacional sobre el crédito bancario, el dinamismo de los sectores exportadores de commodities no se hubiera desplazado a los demás sectores del mercado interno.

La “vulnerabilidad externa” que antes se hacía sentir de forma mucho más directa, hoy tiene como colchón las reservas internacionales en dólares. Sin embargo, por detrás de este colchón se esconde una mayor dependencia en relación al capital financiero internacional, que se desarrolló asociada a la reprimarización de la economía.

Estas son las contradicciones de fondo que salen a la superficie ahora con el reflujo del capital internacional y la desaceleración de China, empujando a presiones devaluatorias, inflacionarias y de endeudamiento que limitan las posibilidades de seguir adoptando las medidas anticíclicas de los últimos años.

Las crecientes divisiones interburguesas y las dos vías de ajuste

El Estado está mayormente endeudado en moneda nacional, pero el sector privado tiene alto endeudamiento en dólares. La caída del crédito, de la inversión, del empleo, del consumo, de la recaudación estatal y de la rentabilidad de las empresas empuja a la burguesía a un fuerte ajuste de cuentas, tanto en el Estado como en el sector privado. A pesar de que los distintos sectores de la burguesía comparten la necesidad del recorte de gastos sociales, tarifazos, privatizaciones y recorte de derechos, surgen crecientes divisiones sobre la política económica monetaria y fiscal del gobierno.

La política económica implementada a lo largo de 2015 por el ministro de Economía Joaquim Levy, con el aval de Dilma, responde más directamente al interés del capital financiero especulativo y al intento de controlar la inflación a través de la contención de la demanda. Esta línea, al rechazar la inyección de crédito en la economía, aumenta las tendencias recesivas y plantea un escenario más grave de desempleo.

Lula y el PT, a su vez, han defendido una vía más gradual de ajuste. Con la inyección de más crédito en la economía a través de los bancos estatales y tasas de interés más bajas, los petistas proponen alentar mínimamente el consumo y la inversión con una mayor tolerancia a la inflación, buscando recomponer la rentabilidad capitalista sobre todo por la vía de la devaluación del poder de compra de los salarios.

El conjunto de la burguesía protesta por el intento del gobierno de aumentar impuestos. El PT, a su vez, se queda callado ante el aumento de las tarifas públicas y defiende el aumento de impuestos. Cínicamente, los petistas alegan que sería para mantener los gastos sociales del Estado. Pero los recortes crecientes dejan en evidencia que los principales beneficiarios serán los inversores que tendrán garantizados los intereses y amortizaciones de la deuda pública.

Lula y el PT están preocupados con los resultados electorales que tendrán en las elecciones municipales de 2016 y con el descontento de sus bases sindicales y populares. Además de defender los intereses de sectores burgueses más dependientes del mercado interno, para la burocracia sindical de la CUT es más difícil manejar un escenario de creciente cierre de empresas y despidos en masa, que negociar paritarias por debajo del índice inflacionario, recortes de derechos e intensificación de los ritmos y jornadas de trabajo. Para las direcciones del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra y su análogo urbano, es más difícil contener el descontento de sus bases sociales si el desempleo crece demasiado y si disminuyen los recursos asistenciales del Estado.

La caída del ministro Joaquim Levy, conocido como más cercano a las finanzas y que venía públicamente negándose a aceptar la política lulista de alentar el crédito, tiene estas tensiones como telón de fondo. A pesar de que el nuevo ministro Nelson Barbosa es más cercano al PT, no está claro en qué medida va a lograr implementar un cambio de orientación, ya que los chantajes del mercado financiero tienden a recrudecer. Por sus primeros anuncios, que alardean la continuidad del ajuste fiscal y proponen una nueva reforma para aumentar la edad de jubilación, parecería ser que va a intentar negociar con el capital financiero reformas estructurales neoliberales a cambio de mayor margen de maniobra para inyectar crédito en la economía.

Tanto la línea más recesiva que han tenido Levy y Dilma hasta ahora, como la línea más inflacionaria que Lula propone, son distintas vías para, asociadas a nuevas reformas neoliberales, proteger y recomponer las ganancias capitalistas descargando el costo de la crisis sobre la espalda de los trabajadores.

El espectro de junio, la resistencia obrera y el control burocrático

Las manifestaciones de junio de 2013 contra el aumento de las tarifas de transporte, así como las grandes huelgas de la construcción civil de 2011 y 2012, o las huelgas salvajes de los transportes públicos y los recolectores de basura en 2014 son las expresiones más evidentes de una nueva espontaneidad proletaria y juvenil que estalla contra el control burocrático que el PT ha ejercido sobre el movimiento de masas desde su origen. Fueron hitos que impactaron al país justamente porque se salieron del “libreto” petista y abrieron una nueva etapa de cuestionamiento a los métodos de domesticación de la lucha de clases que moldeó al movimiento de masas bajo control del PT.

A lo largo de 2015, la clase trabajadora y la juventud han protagonizado importantes gestas de resistencia a los intentos de ajuste por parte de la patronal y del gobierno, como en las duras huelgas automotrices contra los despidos en masa, las huelgas docentes en más de 10 estados contra el congelamiento salarial y el retiro de derechos, la triunfante huelga de correos contra el ataque a su plan de salud, la huelga de Petrobras cuestionando la privatización de la empresa o la impresionante lucha de los estudiantes secundarios de San Pablo, que triunfaron contra el cierre de escuelas impuesto por el PSDB. Estas son las expresiones más evidentes de las luchas de resistencia que han continuado –ahora a la defensiva– la relación de fuerzas abierta en junio de 2013 y por las huelgas que en los últimos años tenían como objetivo acceder a los beneficios del crecimiento económico, la mayor ola de huelgas desde la redemocratización.

Esta ha sido la base para que pueda emerger un gran movimiento nacional de huelgas y luchas estudiantiles que se fortalezcan recíprocamente y se coordinen para arrastrar a nuevos sectores y poner verdaderamente en jaque a la política de ajustes del gobierno y la patronal, con los métodos independientes de lucha de la clase trabajadora y demás sectores populares. Si esta potencialidad no se ha desarrollado, se debe únicamente al control burocrático que el PT, la CUT y demás direcciones de las principales centrales sindicales y movimientos populares del país ejercen sobre las masas, impidiendo el desarrollo de su espontaneidad, manteniendo las luchas aisladas y corporativas, desviando su potencial a cambio de ataques más mediados y directamente ayudando a derrotar los conflictos que amenazan con salirse de su control.

En las principales montadoras automotrices, la patronal amenazó con despidos masivos para, después de duras luchas, terminar negociando suspensiones con rebaja salarial, planes de retiro voluntario y reajustes salariales inferiores a los que primaron en los últimos años. En los servicios públicos, las huelgas duras han impedido un mayor deterioro de los salarios y cortes de derechos, aunque no han logrado impedir la rebaja en las paritarias y ataques sobre algunos derechos. Aun cuando a lo largo de 2015 el control burocrático del PT ha logrado asestar golpes a las aspiraciones gradualistas de los años precedentes, la patronal y el gobierno están lejos de hacer pasar el ajuste que necesitan, y las principales batallas aún están por venir.

La intensa flexibilización laboral basada en la extensión del trabajo precario en las últimas dos décadas –con una rotación laboral que afecta a más de 20 millones de personas que son despedidas y reincorporadas anualmente– da cierto margen de maniobra a las patronales, que han podido preservar parte del capital invertido a través del “Plan de Protección al Empleo” (PPE, suspensiones de hasta 1 año con rebaja salarial de 20 % y subsidio estatal), con la expectativa de retomar ventas e inversiones en un futuro próximo.

En los bastiones más concentrados de la clase obrera, con mayor tradición de organización sindical, la burocracia no se ha opuesto claramente a esos procesos de resistencia por miedo a ser superada. Al revés, ha asumido su dirección para garantizar que cada huelga quede aislada e impedir que las luchas se radicalicen y se expandan. En esta operación, las burocracias sindicales oficialistas y opositoras confluyen, aunque apoyen a distintos representantes políticos de la burguesía.

Los despidos han pegado un salto sobre todo en los sectores de la clase obrera con menor grado de organización sindical y en las empresas de tamaño pequeño o mediano, donde incluso ha habido algunos cierres. Particularmente en Petrobras el escándalo de corrupción generó la interrupción de obras y el despido de miles de trabajadores. Ahí es donde el rol de la burocracia ha sido más nefasto, librando a los trabajadores a su propia suerte, sin defender los puestos de trabajo, como mucho reclamando las indemnizaciones impagas, como así también sin ninguna medida de lucha seria.

En la reciente huelga de Petrobras los trabajadores rechazaron masivamente la propuesta de acuerdo entre la burocracia cutista y la patronal que no pagaba los días caídos ni daba garantías de no punición a los huelguistas, dando continuidad a los incipientes fenómenos antiburocráticos que se han venido desarrollado en los procesos de resistencia. Ya a finales de 2014 los obreros de la Volkswagen de San Bernardo do Campo habían rechazado en asamblea el acuerdo entre la burocracia y la patronal para congelar los salarios e imponer un plan de retiros voluntarios. En el primer semestre de 2015, los obreros de la Mercedes Benz en la misma ciudad llegaron a rechazar el PPE en un plebiscito organizado por la burocracia. Son distintos fenómenos que, a pesar de que no desplazan a la burocracia sindical en favor de direcciones más combativas, han asentado jalones de descontento dentro de las fábricas y empresas públicas, que pueden pegar un nuevo salto si después del período previsto de suspensiones vuelven a estar planteados los despidos masivos.

Las rebeliones antiburocráticas que cruzaron a los sectores más precarios de la clase trabajadora en los últimos años no se hicieron sentir como una explosión de resistencia superior frente al salto en los despidos. Sin embargo, aún no está dicho que, en la medida que se generalice la percepción de que no van a conseguir nuevos empleos, esta resistencia empiece a darse (el subsidio por desempleo que el Estado paga durante 6 meses enlentece esta percepción).

El “mal menor” contra la independencia política de los trabajadores y el peligro de “nuevos junios”

En el primer semestre de 2015, el descontento de las bases del PT obligó a la CUT a convocar varios días nacionales de protesta contra las medidas más derechistas de ajuste decretadas por Dilma, y puestas a votación en el Congreso. Jornadas de protesta aisladas, por fuera de cualquier discusión en la base de los sindicatos, sin ningún plan de continuidad y sin hacer valer la fuerza de los principales bastiones obreros de la CUT, cuyo único objetivo es descomprimir el descontento de sus bases y ganar autoridad para defender al gobierno frente a la campaña destituyente de la derecha. Con las críticas a los ataques más evidentes que representa el ajuste (la devaluación indirecta de los salarios subproducto de la devaluación del real en relación al dólar, el recrudecimiento de las presiones inflacionarias y los tarifazos), sindicalistas, referentes populares, periodistas e intelectuales petistas han logrado preservarse mínimamente como mediación, delimitándose en cierta medida del desgaste sufrido por Dilma y habilitándose para difundir el clima del “mal menor”, como mecanismo de contención del desarrollo de fenómenos de masas a la izquierda del PT.

Paralelamente, las direcciones petistas en el movimiento de masas han impulsado una campaña en “defensa de la democracia” como respuesta a la tentativa de impeachment a Dilma. Dicha campaña funciona como una herramienta para impedir el desarrollo de la lucha de clases y de cualquier acción de masas independiente del gobierno, descalificando cualquier intento en este sentido bajo el argumento de hacerle el “juego de la derecha”, en especial contra cualquier combate que busque ligar la lucha contra los ajustes a la lucha contra la corrupción.

Actualmente el PT y la CUT han planteado la campaña por la cesación de Eduardo Cunha como la principal respuesta a la corrupción y a las medidas reaccionarias del Congreso. Ahora agitan contra los planes reaccionarios de Eduardo Cunha y sus seguidores –que han aprobado en el Congreso la reducción de la edad de imputabilidad penal a 16 años, intentan acabar con el derecho al aborto en casos de estupro e implementarán una reforma electoral que restringe aún más el derecho de representación política de la clase trabajadora– escondiendo que fue la política de alianzas del PT con populistas de derecha lo que fortaleció a estos sectores. Transformando a Cunha en casi el único corrupto que merece ser castigado, al mismo tiempo que descalifican el juicio de impeachment aceptado por él, desvían el foco de los escándalos de corrupción que involucran al PT.

De esta forma, la burocracia petista logra no solamente contener, desviar y derrotar los procesos de resistencia contra los ajustes, sino que también logra impedir que estas luchas se politicen y se transformen en combates políticos de la clase obrera contra la corrupción usando los métodos de la lucha de clases y en clave independiente tanto del PT como de la oposición de derecha.

Los pactos del gobierno y la oposición para garantizar los ajustes y la impunidad, sumados al rol amortiguador de la burocracia sindical, han permitido que el PT y el gobierno respiren a pesar de los altos y bajos de las crisis política y económica. El discurso del “mal menor” que favorece al PT contra la derecha en el terreno político, mientras Dilma implementa los ajustes, es hermano gemelo del discurso de “mal menor” con el cual la burocracia petista en los sindicatos negocia ataques más duros a cambio de ataques más mediados para evitar combates que puedan triunfar y frenar los ataques en curso.

Sin embargo, si la economía sigue en recesión o incluso estancada por un período más largo, recrudecerán los choques entre la patronal y la resistencia del movimiento de masas, y consecuentemente se hará más difícil el rol mediador de la burocracia, pudiendo alentar nuevos fenómenos antiburocráticos y el cuestionamiento a la lógica del “mal menor”.

El involucramiento de los partidos de la oposición en escándalos de corrupción y en la implementación de los ajustes en el Congreso a nivel nacional y en los estados, plantea la posibilidad de que futuros estallidos sociales se vuelquen no solamente contra el PT sino también contra el PSDB. La combinación entre la crisis económica y los escándalos de corrupción puede hacer que nuevos estallidos de la lucha de clases adquieran contornos más profundos que junio de 2013 si el protagonismo de la juventud se muestra como una “caja de resonancia” de tendencias más profundas a romper con las amarras impuestas por el PT y que anticipe la entrada en escena de sectores de masas de la clase obrera, no solamente como sujeto de lucha económica sino también como sujeto político. Es en este marco que debemos ubicar el reciente triunfo de la lucha de los estudiantes secundarios de San Pablo contra el cierre de escuelas por parte del gobierno tucano en este estados. Un hecho de gran repercusión política nacional que vuelve a poner en el debate público el camino de la movilización independiente del movimiento de masas para dar una salida de fondo a la crisis política y económica que atraviesa el país.

Una salida a la crisis basada en la movilización independiente de los trabajadores y la juventud

El 23 de diciembre de 2015 el presidente de la Central Única de los Trabajadores declaró: “El 29 de diciembre del año pasado [2014], la sociedad brasileña fue sorprendida con el paquete de maldades del gobierno, el llamado ajuste fiscal, que quitó derechos a la clase trabajadora, paralizó la economía y generó altos intereses, recesión y desempleo. […]. A lo largo de este año, la CUT luchó, negoció y reivindicó en las calles cambios en la política económica y la no eliminación de derechos de los/as trabajadores/as. […]. Ahora, nuevamente en el fin del año, asisto atónito a las mismas escenas del año pasado. Cambia el ministro de Economía, pero no cambia la política económica. […]. El primer pronunciamiento del nuevo ministro de Economía, Nélson Barbosa, es semejante al que hizo Joaquim Levy en su momento. Se refirió a la reforma en las jubilaciones, quita de derechos a la clase trabajadora, flexibilización de la CLT (legislación laboral) y ajustes. Hay otras posibilidades. Para equilibrar las cuentas públicas, en lugar de sacarle a los/as trabajadores/as es necesario sacarle al capital. […]. Exigimos, y tenemos autoridad política y sindical para hacerlo, que en los próximos días, en lugar de ese discurso ultra conservador y subordinado al mercado, el gobierno anuncie medidas de interés para la clase trabajadora […]. Para la CUT, cualquier discusión sobre derechos sociales, de los/as trabajadores/as y las jubilaciones tienen que ser debatidas en el ámbito del Fórum de Debates sobre Políticas de Empleo, Trabajo y Renta, creado por el gobierno este año. Ese es el espacio donde los/as trabajadores/as y la sociedad se pueden manifestar y defender sus derechos e intereses” [6].

En cada lucha de resistencia en que la CUT se pone al frente para dejarla aislada y negociar ataques más duros por ataques más mediados en nombre de los trabajadores, es necesario apoyarse en los pronunciamientos “rojos” de sus direcciones para exigir que convoquen asambleas de base en todos sus sindicatos y se vote en las bases un plan de lucha coordinado para enfrentar los ajustes con la fuerza de la movilización. Basta de discursos rojos y movilizaciones parciales controladas para terminar entregando derechos en los gabinetes con la excusa de que es lo posible por ahora.

Los sindicatos, oposiciones sindicales y parlamentarias ligadas a la izquierda antigubernamental deberían ser los voceros de estas campañas de exigencia para hacerlas llegar a las bases sindicales en todo el país y alentar la rebeldía de los trabajadores contra las amarras impuestas por sus direcciones burocráticas, empezando por dar el ejemplo en sus propias bases con acciones de solidaridad y coordinación entre las luchas.

Pero la batalla para que cada lucha parcial de resistencia triunfe y se transforme en una palanca para un movimiento nacional contra los ajustes, no puede quedar restringida al terreno económico, dejando la bandera de la lucha contra la corrupción en las manos de la oposición de derecha con su campaña de impeachment o en la vergonzosa propuesta de reforma del sistema político impulsada por el PT. Los petistas necesitan separar el descontento por el deterioro de la situación económica del descontento por los escándalos de corrupción, justamente porque esta ligazón potencia el desarrollo de un proceso de movilización de masas independiente del PT, del PSDB y sus pactos, que garantizan la implementación de las medidas de ajuste necesarias a la burguesía y la continuidad de la corrupción de la que todos ellos dependen.

La propuesta de Asamblea Constituyente Exclusiva para la reforma del sistema político es utilizada por los petistas, que cada tanto la defienden y después la vuelven a dejar de lado, con el objetivo de cubrir por izquierda los pactos de impunidad que el gobierno de Dilma tranza con en PMDB, el PSDB y demás partidos dominantes [7].

Los sindicatos, oposiciones sindicales, parlamentarios y organizaciones políticas de la izquierda antigubernamental deberían desenmascarar los intentos de la CUT por desviar el foco de la corrupción hacia Eduardo Cunha y exigir que se realicen asambleas de base en todos los sindicatos para votar un plan de lucha capaz de imponer por la fuerza de la movilización independiente una Asamblea Constituyente verdaderamente Libre y Soberana. No una Constituyente restringida a la reforma del sistema político, como defiende el PT para evitar que se cuestione el conjunto del régimen y los lazos que atan al país al imperialismo, al poder financiero y a la oligarquía terrateniente. Un proceso constituyente que no tenga un poder ejecutivo paralelo que sigue gobernando el país como fue en la Constituyente pactada con los militares en 1988, sino que concentre en una cámara única todo el poder legislativo y ejecutivo, extinguiendo el senado que sirve para sobrerrepresentar a las oligarquías más reaccionarias del país, y la presidencia que sirve como vehículo de transmisión de los intereses del capital imperialista y sus agentes nacionales. Una Asamblea que no sea resultado de elecciones controladas por los grandes medios de comunicación y financiadas por los conglomerados económicos, sino donde las organizaciones obreras, estudiantiles y campesinas puedan presentar sus candidatos y difundir ampliamente sus ideas en los medios masivos de comunicación. Una asamblea que esté compuesta por diputados revocables, que ganen lo mismo que un docente. Un proceso que abra un amplio debate nacional sobre la necesidad de dejar de pagar la deuda pública y reestatizar las empresas privatizadas para garantizar educación, salud, vivienda y transporte; reducir la jornada de trabajo sin reducción de los salarios y reajustar automáticamente los salarios de acuerdo a la inflación; incorporar a todos los terciarizados a planta permanente con un salario mínimo digno para todos y estatizar toda empresa que cierre, bajo control de los trabajadores; expropiar el agronegocio y repartir las tierras entre los pequeños campesinos; acabar con la justicia elitista al servicio de las distintas fracciones del capital financiero e instituir jueces electos con voto directo y jurados populares.

En la lucha por estas demandas, los revolucionarios apostamos a que los trabajadores mediante su propia experiencia saquen la conclusión de que es necesario atacar la propiedad capitalista e imponer un gobierno de los trabajadores en alianza con el pueblo pobre. No un gobierno de un partido que toma el nombre de los trabajadores para administrar los negocios de los capitalistas y conciliar intereses antagónicos, sino un gobierno basado en las organizaciones de democracia directa de las masas que expropien a la burguesía y planifiquen los medios de producción.

Sin embargo, como la mayoría de la población no está decidida a emprender un camino revolucionario y sigue confiando en la democracia burguesa, proponemos que por lo menos no se restrinjan a la defensa de esta democracia para los ricos que la CUT y el PT buscan proteger para preservar su gobierno, sino que se exija a los sindicatos que se movilicen para acabar verdaderamente con todos los privilegios de la casta política y hacer valer la voluntad y el control de la mayoría explotada y oprimida sobre los rumbos del país. En este camino, creemos que a cada paso que la burguesía se vea amenazada, va apoyarse en su poder económico y militar para defender sus privilegios de clase. Esta experiencia permitirá el desarrollo de organismos de democracia directa de las masas y comités de autodefensa para resistir los golpes de la contrarrevolución y preparar la toma del poder.

Una izquierda incapaz de ser alternativa a la burocracia de la CUT y del PT

Ninguna de las dos principales organizaciones de la izquierda en Brasil busca emerger como alternativa al PT fusionándose con las luchas de resistencia de la clase obrera a los ajustes, ni mucho menos pelea para que esta resistencia se desarrolle con una política independiente del gobierno y de la oposición de derecha.

Los parlamentarios del PSOL se adaptan a la lógica del “mal menor”, embelleciendo a las direcciones petistas del movimiento de masas como aliados en la lucha contra los ajustes, escondiendo el combate contra el gobierno por detrás de la genérica lucha “contra la ofensiva conservadora de la derecha” y siguiendo al PT en su campaña por la cesación de Eduardo Cunha, así como los idas y vueltas con la propuesta de Asamblea Constituyente Exclusiva para reformar el sistema político.

Los sindicatos dirigidos por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) hacen encuentros, marchas y campañas que reúnen sectores de vanguardia críticos al gobierno. Sin embargo, a pesar de dirigir importantes sindicatos, el PSTU no es capaz de poner todas sus fuerzas al servicio de rodear de solidaridad las luchas en las que participa y presentar batallas serias que puedan servir para canalizar los procesos de resistencia de todo el país en un gran movimiento nacional contra los ajustes. Dirigen el Sindicato de los Metalúrgicos de São José dos Campos, una de las importantes concentraciones industriales del país que está sufriendo duros ataques, pero no hacen ninguna campaña nacional para que su resistencia pueda transformarse en una referencia para todo el país. Son mayoría en varios sindicatos mineros en Minas Gerais, donde acaba de haber una enorme catástrofe natural que conmovió al país y ganó dimensiones internacionales, poniendo en evidencia la destrucción provocada por la rapiña de los grandes monopolios de explotación del hierro. Sin embargo, no fue capaz de impulsar una gran campaña por la reestatización de la empresa Vale do Río Doce bajo la gestión de los trabajadores y las comunidades afectadas por la explotación minera. Están a la cabeza de varios sindicatos del petróleo, opositores a la CUT, donde los obreros llevaron adelante una gran huelga que tendía a cuestionar los intentos de privatización de Petrobras que han sido impulsados por el gobierno petista, pero han sido incapaces de generar una amplia campaña que involucre a todos los sectores progresistas de la sociedad por una Petrobras 100 % estatal bajo administración democrática de los trabajadores.

Para no subsumirse en el sindicalismo corporativo rutinario mientras el país se “derrite” de corrupción, por detrás de la verborragia de un indefinido “fuera todos”, el PSTU ha defendido una fantástica (ya que no se sabe por dónde surgiría) “huelga general” como método para alcanzar el objetivo de nuevas elecciones generales. De esta forma, habla de huelga general para encubrir su rutina sindicalista que es incapaz de llevar adelante una solidaridad efectiva a los procesos de resistencia en curso, y mucho menos presentar un plan serio para que los sectores de vanguardia puedan arrastrar a sectores más amplios de las masas bajo control de las grandes centrales sindicales para hacer real el planteo de huelga general. Al mismo tiempo usan el planteo de “huelga general” para encubrir por izquierda el coro que hacen con parte importante de la oposición de derecha en la defensa de elecciones generales como salida a la crisis política; como si fuera posible una salida “de los trabajadores” mientras es la derecha la que encabeza el impeachment en el Congreso y a quien todas las encuestas de opinión dan como principal ganadora en eventuales nuevas elecciones generales.

Luciana Genro –candidata presidencial del PSOL que en las últimas elecciones recibió 1.600.000 votos–, al mismo tiempo que ha participado con su partido de los actos petistas en defensa de Dilma, para diferenciarse mínimamente del PT, también defiende elecciones generales.

El seguidismo del PSOL en relación al PT, tanto en la respuesta a la crisis económica y los ajustes compartiendo un bloque común permanente en el llamado “Frente Pueblo Sin Miedo” como en la propuesta de Constituyente, impide que este partido pueda canalizar los procesos de masas que tienden a desarrollarse a la izquierda del PT.

La propaganda de “huelga general” defendida por el PSTU se choca con el corporativismo de sus dirigentes sindicales y el embellecimiento que este partido hace tanto de las direcciones de la propia CUT como de las burocracias opositoras, para intentar salir de su aislamiento. Su defensa de “elecciones generales” responde a la “teoría de la revolución democrática”, la misma que hizo que su corriente internacional apoyará a las burguesías opositoras liberales y laicas en la llamada “Primavera Árabe”, a la burguesía “escuálida” en Venezuela o a los burgueses “gusanos” de Cuba instalados en Miami.

Es una lógica que ve la caída de un régimen o un gobierno como algo que va automáticamente a favorecer la lucha de los trabajadores, independientemente del sujeto político que dirija el proceso, en una dinámica que sería “inconscientemente u objetivamente socialista”. Nahuel Moreno primero formula esta lógica en relación a la lucha contra las dictaduras militares: “Hoy tenemos que formular que no es obligatorio que sea la clase obrera y un partido marxista revolucionario el que dirija el proceso de la revolución democrática hacia la revolución socialista” [8]. Y en otro momento complementa defendiendo “una revolución en el régimen político: destruir el fascismo para conquistar las libertades de la democracia burguesa, aunque fuera en el terreno de los regímenes políticos de la burguesía, del estado burgués” [9]. Esta lógica, inicialmente concebida por Moreno en al ámbito del régimen político, con el PSTU pasa a ser aplicada también en el terreno de cambios de gobierno dentro de un mismo régimen. En las palabras del intelectual del PSTU, Valerio Arcary: “Todavía, vale la pena observar que esto fue lo que ocurrió en la mayoría de los procesos revolucionarios del siglo, existe ahora un fenómeno nuevo en curso. Nos referimos a la reciente experiencia latinoamericana de una ola de febreros contra las democracias de los años ‘90 (caída de Collor en Brasil, caída de Carlos Andrez Perez en Venezuela, caída de Oviedo y su fracción en Paraguay, insurrección de enero de 2000 en Ecuador y un proceso abierto en Perú contra el tercer mandato de Fujimori, y contra Banzer en Bolivia): en estos procesos, la furia de las multitudes se dirigió contra los gobiernos electos sumergidos en corrupción, herramientas de la política de ajuste y recolonización” [10].

Comparando la insurrección obrera de febrero de 1917 en Rusia con el impeachment a Collor de Mello de 1992 en Brasil, Arcary llega a la conclusión de que movilizaciones policlasistas contra la corrupción de un gobierno democráticamente electo también pueden tener una dinámica objetivamente socialista, aunque no sea dirigida por la clase obrera. La curiosa analogía entre los obreros bolcheviques armados en soviets derribando un régimen reaccionario con siglos de existencia y las manifestaciones estudiantiles manipuladas por el pacto entre el PT, el PSDB y el PMDB para sustituir a Collor por un caudillo del PMDB a través del juicio de impeachment en el Congreso no podría más que desarmar estratégica y programáticamente al PSTU, haciéndole ceder a uno de los “campos” capitalistas en pugna.

Hace más de 20 años que el PSTU proclama “febreros triunfantes” en todo el mundo sin dar cuenta de la evolución real de la lucha de clases, llegando a extremos como éste de defender una política sin siquiera cuestionar las reglas del juego pactadas con los militares en la Constituyente de 1988 y posteriormente empeoradas por el neoliberalismo y la reforma electoral recién aprobada en el Congreso (que restringe los derechos democráticos del propio PSTU en las elecciones). Una política que por más que critique a la derecha termina legitimando un posible impeachment encabezado por el PSDB apoyándose sobre movilizaciones reaccionarias de las clases medias del país [11]. ¿Si las movilizaciones de la derecha por el impeachment adquirieran una mayor participación popular el PSTU llegaría a participar?

Curiosamente, Luciana Genro, a pesar de estar en el PSOL, proviene de la misma matriz teórica que el PSTU, reivindicando las revisiones que Nahuel Moreno hace sobre la teoría de Trotsky. Esto explica la particular combinación que su corriente interna al PSOL tiene entre la adaptación al PT por un lado y el planteo de elecciones generales por otro.

La lucha por la emergencia de una nueva alternativa revolucionaria

En agosto de 2015 el conocido sociólogo y analista político petista Rudá Ricci hizo circular en las redes sociales el siguiente post: “200 militantes deciden ingresar a un partido. Una corriente denominada Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, MRT. Tienen inserción en fábricas, correos, bancarios y estructuras sindicales de servidores públicos, como el Sintusp [Sindicato de los trabajadores de la Universidad de San Pablo]. Presentes en San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais. Recientemente, lanzaron el portal Esquerda Diário en Brasil. Trotskistas, surgieron por decisión del Congreso de la Liga Estratégia Revolucionária–Quarta Internacional, la LER-QI. Sección brasilera de esta corriente internacional que tiene en la Argentina su polo más estructurado en nuestro continente. Hasta ahí, normal. Decidieron, entonces, ingresar en el PSOL. Y, como la izquierda da unas vueltas que no siempre un ciudadano común entiende, recibieron como respuesta que solamente después del congreso del partido, que ocurrirá a final de este año, decidirán si esos 200 militantes pueden pasar del marco de la puerta. Hay otra historia, no oficial. Dos corrientes internas del PSOL se movieron para que ellos no entren. De hecho, 200 militantes deben incomodar más que varios elefantes”.

Frente a la necesidad de un medio de difusión nacional de las luchas obreras, en marzo de 2015 el MRT impulsa Esquerda Diário. Un diario digital que ha tenido más de 1,2 millones de visitas, con una media de 40 mil visitas por semana, llegando a las principales ciudades del país (ver mapa en página 69). Un diario que se ha transformado en el principal sitio de internet de la izquierda antigubernamental, abrazado por muchos activistas como una herramienta propia, proyectándose como una voz de los sectores en lucha. En las duras huelgas docentes que estallaron en más de 10 estados contra los planes de ajuste de los gobiernos estaduales tucanos y petistas, Esquerda Diário impulsó una campaña de fotos (selfies) con la consigna “que todo político gane igual que un profesor”, que llegó a recibir más de 270 mil “me gusta” de Facebook y fue tomada por toda la izquierda. Una herramienta que refleja las batallas del MRT en los trabajadores de la USP, el subte, docentes, bancarios, correos, fábricas, universidades y escuelas para construir bastiones obreros y estudiantiles en la lucha de clases. Puntos de apoyo para poner de pie una nueva tradición no corporativa en la izquierda, que busca rodear de solidaridad y dar expresión política independiente a los procesos de resistencia obrera y juvenil a los ajustes, defendiendo un programa y una estrategia que plantee una perspectiva revolucionaria.

En el día a día de Esquerda Diário buscamos reflejar las batallas para que los procesos de resistencia a los ajustes triunfen y se asienten las bases para un plan de lucha capaz de frenar los ataques en curso y politizar las luchas económicas para que las organizaciones de la clase obrera puedan asumir para si el combate contra la corrupción, los ataques a los derechos democráticos y las catástrofes ecológicas provocadas por la rapiña capitalista. Combates que pasan necesariamente por exigir a las direcciones petistas que rompan su subordinación al gobierno y se pongan al servicio de la movilización, o que construyan fracciones clasistas y antigubernamentales en las bases de estos sindicatos para barrer con sus direcciones y recuperarlos como herramienta de lucha.

En cada proceso de lucha, exigimos que el PSOL y el PSTU pasen de las palabras a la acción y pongan todos sus esfuerzos al servicio de fortalecerlas y coordinarlas para que puedan emerger como puntos de apoyo para el impulso de un movimiento nacional contra los ajustes, capaz de superar las trabas impuestas por el PT.

Las jornadas de junio de 2013, las luchas contra el régimen antidemocrático de las universidades, el corte de presupuesto para la educación, las protestas de la juventud pobre y negra en las periferias y la reciente lucha secundaria contra el cierre de escuelas en San Pablo muestra las persistentes tendencias al surgimiento de una nueva juventud en choque contra el PT y el PSDB. Desde su participación en las directivas de los centros de estudiantes de las facultades de Letras y Pedagogía de la USP, de Ciencias Humanas de la Unicamp y de Trabajo Social de la UERJ, la Juventude Às Ruas, conformada por militantes del MRT e independientes, ha puesto toda su energía al servicio de rodear de solidaridad la lucha de los secundarios de San Pablo y poner de pie una nueva juventud anticapitalista y revolucionaria que traslade el espíritu de estos jóvenes hacia el movimiento estudiantil de todo el país. Una juventud que luche por la estatización de todas las universidades privadas para garantizar el ingreso libre y directo de todos a la enseñanza superior; y que esté junto a las batallas de resistencia de la clase obrera y pueda transmitirle este espíritu de rebelión contra las amarras del PT y ayudar a que se pueda luchar contra los ajustes y la corrupción con el mismo espíritu que se derrotó al gobierno paulista en su intento de cerrar las escuelas.

Frente a las crecientes experiencias antiburocráticas en los sindicatos ligados a las principales centrales sindicales del país, las corrientes de trabajadores clasistas y antigubernamentales que construimos en los lugares de trabajo –y se expresan nacionalmente en la sección “Mundo Obrero” de Esquerda Diário– se ponen al servicio de pelear al interior de la Central Sindical y Popular Conlutas para que esta no sea una mera colateral del PSTU sino que se transforme en una verdadera alternativa de masas a la burocracia sindical.

Junto al movimiento de mujeres socialistas Pão e Rosas, la sección de “Género y Sexualidad” de Esquerda Diário se ha transformado en una herramienta de combate permanente contra el machismo y la homofobia. Participando activamente de los movimientos de lucha por el derecho al aborto y contra la violencia a las mujeres, el diario digital ha buscado ser una voz en las batallas para que las mujeres estén en la primera línea de la lucha por la revolución. A partir de la denuncia cotidiana de la opresión al pueblo negro y un combate sistemático contra la mentira de la llamada “democracia racial”, la sección “Cuestión Negra” del diario digital ha sido un polo de lucha permanente para que el peso social mayoritario y la fuerza moral de los negros impongan su impronta cuando se levantan en la lucha contra el capitalismo.

Para que el proceso de experiencia de masas con el gobierno ajustador del PT no sea capitalizado por la derecha ni de lugar a nuevas desmoralizaciones, a mediados de 2015 el MRT aprobó en su Congreso la propuesta de integrarse al PSOL como una de sus tendencias internas, con el objetivo de luchar por la construcción de un partido revolucionario de combate enraizado en los principales bastiones de la clase obrera. Sin embargo, el éxito del PT en instalar el clima del “mal menor” impidió que esta propuesta se concretara. La dirección del PSOL prefirió unirse a arribistas burgueses y pequeño burgueses de todo tipo y subirse al barco del “mal menor” petista al mismo tiempo que rechazó la propuesta del MRT. Aun así, los innumerables apoyos que el planteo del MRT recibió en todo el país desde dentro y fuera del PSOL han permitido que el MRT emerja como un actor de la izquierda mucho más conocido nacionalmente, con la ambición de abrir el camino para que una política revolucionaria pueda realmente ser una alternativa en los próximos grandes embates de la lucha de clases.

En el segundo semestre de 2015, ante la necesidad de transformar la visibilidad y la interacción conquistada por Esquerda Diário en el terreno virtual en mayor fuerza orgánica en las estructuras obreras y estudiantiles, y transmisión cara a cara de la pasión militante, el MRT relanzó su periódico impreso Palabra Operária ahora bajo el nombre de Esqueda Diário impreso. Una publicación quincenal que ya imprime 10 mil ejemplares que son repartidos en estructuras obreras y estudiantiles de San Pablo, ABC Paulista, Campinas, ciudades del interior de San Pablo, Río de Janeiro y la región metropolitana de Belo Horizonte, y que empiezan a ser repartidos también en Río Grande do Sur, Curitiba, Brasília y Paraíba. Con el objetivo de llegar a ser un semanario repartido en los principales estados del país, el Esquerda Diário impreso refleja la necesidad de organizar centenares de cuadros revolucionarios a escala nacional, que frente a los próximos procesos agudos de la lucha de clases puedan influir a miles de trabajadores y estudiantes y poner de pie una izquierda revolucionaria que sea una alternativa real a los límites del PSOL y del PSTU.