Con la ajustada victoria de Mauricio Macri, el candidato de la alianza Cambiemos (PRO-UCR-CC) en las elecciones presidenciales [1] el panorama político de Argentina presenta un cambio copernicano. Llega al gobierno un miembro de uno de los clanes empresarios paradigmáticos del país [2], liderando un partido como el PRO surgido luego de la crisis de 2001 que encarna una especie de “nueva derecha” que se presenta como “a ideológica”, con un discurso de “gestión y eficacia”. Muy diferente en ese aspecto del discurso que tenía, por ejemplo, la Unión del Centro Democrático (UCeDé) liderada por Álvaro Alsogaray [3], que reclamaba la defensa de un liberalismo económico a ultranza. Pero si el discurso es diferente, la composición del nuevo gobierno es, hasta ahora, la más abiertamente empresaria de la historia nacional. Tanto en gobiernos dictatoriales como constitucionales tuvimos varios ejemplos de empresarios o gerentes controlando áreas de gobierno, en particular el Ministerio de Economía, como ocurrió con Adalbert Krieger Vasena bajo el gobierno de Onganía [4], con José Alberto Martínez de Hoz bajo Videla o con Cavallo en el menemismo y la Alianza [5]. En ocasiones eran cuadros gerenciales puestos directamente por las empresas, como ocurrió con Nelson Rapanelli como Ministro de Economía de Menem a partir de su alianza con el grupo empresario Bunge & Born. Sin embargo, la presencia de empresarios, gerentes y exgerentes de multinacionales en las primeras líneas de gobierno de Cambiemos supera todo lo visto anteriormente [6], incluso lo hecho por el gobierno de Sebastían Piñera en Chile, un amigo personal de Macri por otra parte. Susana Malcorra (Cancillería, ex CEO de IBM y Telecom, actualmente funcionaria en la ONU), Francisco Cabrera (Producción) [7], Guillermo Dietrich (Transporte), Pablo Avelluto (Cultura), Esteban Bullrich (Educación), Juan José Aranguren (Energía y Minería, proveniente de Shell), Hernán Lombardi (Medios), Ricardo Buryaile (Agricultura, hombre de las Confederaciones Rurales Argentinas), Andrés Ibarra (Modernización) y Gustavo Santos (Turismo), dirigen o han dirigido empresas. También un empresario está al mando de Fútbol Para Todos, Fernando Marín, y otro fue designado inicialmente al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias, Juan Cruz Ávila, aunque debió renunciar antes de asumir por el rechazo que generó su designación para un cargo que la UCR consideraba como propio. La CEO de General Motors, Isella Constantini conducirá por su parte Aerolíneas Argentinas. El Secretario de Empleo, Miguel Punte, es el gerente de Recursos Humanos de Techint. En la Provincia de Buenos Aires, un ejecutivo de Monsanto, Leonardo Sarquis, estará a cargo del Ministerio de Asuntos Agrarios. Y el gabinete económico está poblado de exgerentes de Bancos, empezando por el Ministro de Hacienda y Finanzas Adolfo Prat Gay (JP Morgan) y el Secretario de Finanzas Luis Caputo (Deutsche Bank). Gustavo Lopetegui, CEO de Lan, será el secretario de la Jefatura de Gabinete. Estará a cargo de la coordinación de los ministerios vinculados con el área económica junto a Mario Quintana, del fondo Pegasus (Farmacity, Freddo y Musimundo), a cargo de la Secretaría de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete. Los bancos públicos estarán controlados por economistas del establishment, como Carlos Melconian (al frente del Banco Nación) o Federico Sturzenegger al frente del Banco Central. Una suerte de “CEOcracia”, como la definió un periodista argentino [8]. A pesar de este carácter claramente de gabinete de “guerra del capital contra el trabajo”, no solo el radicalismo sino distintas fuerzas políticas que no integran la alianza Cambiemos, con excepción obviamente del Frente de Izquierda, le han dado ministros, secretarios o embajadores al nuevo gobierno. El kirchnerismo dejó a Lino Barañao en el Ministerio de Ciencia y Técnica, desde el que benefició los agronegocios y a los laboratorios farmacéuticos que auspiciaron su continuidad. El GEN de Margarita Stolbizer puso a Gerardo Milman como Secretario de Concejo de Seguridad Interior. Y el Partido Socialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apoyó la designación de Martín Lousteau (con quien comparte la coalición ECO) como embajador en los Estados Unidos.

No hay mucho misterio en los lineamientos económicos centrales del nuevo gobierno. En primer lugar la quita de retenciones a las patronales agrarias, que desaparecieron para el trigo, el maíz y otros productos y bajaron un 5 % para la soja este año. Esta medida ligada a una devaluación del peso que ha sido en un primer momento de un 40 %, duplicó la rentabilidad de los productores de trigo y maíz y aumentó en un 50 % la de la soja: de conjunto, una transferencia calculada en alrededor de $ 60 mil millones anuales para los terratenientes, capitalistas agrarios y las exportadoras, con su contracara en los aumentos del pan, la leche y la carne para los consumidores locales, ya que al quitar retenciones la tendencia es al alineamiento de los precios internos con los internacionales. Como señala Alfredo Zaiat: “Los dueños de los dólares comerciales, grandes firmas multinacionales y locales, son los principales e inmediatos beneficiarios de la megadevaluación de Macri que su ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, anunció con alegría. El selecto grupo de privilegiados de una desproporcionada suba de la paridad cambiaria está integrado por Cargill, Bunge Argentina, Aceitera General Deheza, Louis Dreyfuss, Nidera, ACA cooperativas, Molinos, Noble Argentina, Vicentin, Volkswagen, Pan American Energy, Siderca (Techint), Aluar, entre las principales. La alteración brusca del tipo de cambio impactando en forma negativa en millones de trabajadores y jubilados por la pérdida del poder adquisitivo favorece a una pequeñísima liga de grandes empresas. Apenas 100 concentran el 75 por ciento del total de las exportaciones. En ese ranking, de las 25 principales, doce se dedican a granos, oleaginosas y sus derivados; seis son automotrices; dos venden al exterior petróleo y gas; dos son mineras; otro par, siderurgia y aluminio; y una, alimentos. De ese lote, ocho están vinculadas con bienes industriales de mediano-bajo contenido tecnológico: seis firmas fabrican autos; una, tubos de acero y otra, aluminio. Son los grandes ganadores de la megadevaluación de Macri. También participan de ese festín quienes han acumulado dólares en cantidad durante años y productores agropecuarios que especularon guardando granos en silobolsa” [9].

La devaluación tiene el objetivo central de licuar el salario, para lo cual estos deben aumentar por debajo de la inflación, y beneficiar al conjunto de los exportadores. El efecto inmediato de la medida será encarecer los insumos importados para la producción industrial y bajar el precio de los salarios medidos en dólares, produciendo a la vez una mayor inflación y recesión. Para tener dos puntos de comparación, la devaluación del 2002 produjo una caída del salario real estimada en un 30 % y la de enero de 2014 de un 5 %. A estas medidas hay que agregar el aumento de tarifas en electricidad y gas, especialmente en el área metropolitana. Para la industria la principal medida anunciada beneficia centralmente a un sector, los exportadores, con la baja de las retenciones a la actividad. Todo esto va acompañado de tratar de lograr un acuerdo para pagar a los “fondos buitre” y el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento externo (empezando por un préstamo del BID). Como denunciamos desde el Frente de Izquierda en la campaña electoral, un ajuste en regla para hacer pagar la crisis al pueblo trabajador.

Una crisis que el kirchnerismo vino “pateando para adelante” y que se expresa en cuatro años de estancamiento económico, con una caída muy fuerte de las reservas existentes en el Banco Central [10] y una inflación que ronda el 30 %, la cuarta más alta del mundo. El déficit fiscal llega a casi el 8 % del PBI, la mitad se debe a subsidios a las empresas, principalmente las privatizadas de servicios públicos, como las proveedoras de energía eléctrica y de gas. Lo cierto es que con una política económica caracterizada por el pragmatismo [11], el kirchnerismo fue incapaz de superar la llamada “restricción externa”, es decir, que a partir de cierto nivel de crecimiento la economía argentina, en particular la industria, requiere más dólares de los que genera, algo que quedó de manifiesto a partir de 2008-2009. Esta situación se vio agravada por la gran cantidad de recursos destinados para el pago de deuda externa (unos 170 mil millones de dólares), el mentado “desendeudamiento” [12], y los dólares girados al exterior, ya sea por fuga de capitales (se calcula alrededor de 100 mil millones de dólares) o por giro de dividendos de las empresas multinacionales (unos 40 mil millones de dólares) [13].

La situación social también se vino deteriorando, con los salarios perdiendo frente a la inflación (la mitad de la clase obrera cobra $ 6500 o menos), la continuidad del trabajo no registrado en un 34 % e índices de pobreza que van entre el 19 y el 25 % de la población. Además la no actualización del “mínimo no imponible” y de las escalas de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que afecta a los asalariados, provocó un aumento de la cantidad de trabajadores y cuentapropistas a quienes se les descuenta este tributo de su salario y en sumas cada vez mayores, generando en estas capas un descontento importante con el gobierno anterior.

De la elección de octubre al balotaje

El triunfo de Macri se construyó esencialmente en la elección general del 25 de octubre, cuando logró la victoria en la gobernación de la estratégica Provincia de Buenos Aires. Recordemos que después de las PASO (elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) del 14 de agosto, Scioli apostaba a lograr una victoria por más de diez puntos en octubre que le permitiera evitar la definición en balotaje [14]. Luego Macri logró quedarse con una mayoría de los votos de quienes habían optado por la candidatura de Sergio Massa (que obtuvo un 21 % en octubre), en una proporción de seis a cuatro respecto de Scioli. La diferencia final, sin embargo, fue más exigua de lo que vaticinaban las encuestas y de la que querían las patronales. Esto se debió en gran medida al cambio de discurso realizado por Scioli, especialmente a partir del debate televisivo entre candidatos, donde hizo centro en la denuncia del ajuste que iba a aplicar Macri, tomando gran parte de lo señalado por el FIT en la campaña general [15]. Fue una diferencia nítida en relación a la campaña anterior, donde Scioli compitió con Macri en tratar de ocupar el “extremo centro”, mientras Sergio Massa combinaba un discurso represivo de derecha y “mano dura” con medidas “sociales” como el 82 % móvil para los jubilados y el fin del impuesto a las ganancias para los asalariados. Esa campaña demagógica le permitió a Scioli mejorar en las encuestas y quedar muy cerca del candidato del PRO-Cambiemos. Decimos demagógica porque de haber ganado, Scioli iba a aplicar una política económica muy similar a la del candidato derechista (quizá solo con diferencias de ritmo, si la situación se lo permitía). Algo que sinceraron una y otra vez sus asesores económicos más importantes, como Miguel Bein, Mario Blejer o su hermano José “Pepe” Scioli (respecto a las retenciones, prometieron rebajas superiores de las que implementó Macri [16]), y que mostraba a las claras el gabinete frustrado que presentó el candidato del oficialismo durante la campaña de octubre, con Sergio Berni en Seguridad, Osvaldo Granados en Defensa y Ricardo Casal en Justicia, un perfil claramente represivo y de “mano dura”, o sus declaraciones respecto de que tendría “tolerancia cero” con los piquetes y cortes de calle. También debemos tener en cuenta lo que ocurrió en Brasil en 2014, donde Dilma hizo campaña contra el ajuste para terminar aplicándolo una vez que ganó la elección [17]. Scioli, efectivamente, se propuso imitar a Dilma pero no le alcanzó. Además dos importantes integrantes del comité de campaña sciolista, Jorge Telerman y Fabían Peredchodnik, se pasaron directamente al gobierno entrante, este último para ocupar nada más y nada menos que la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Scioli, por su parte, sostuvo hasta el momento un discurso completamente conciliador con el nuevo gobierno, abandonando toda la retórica “antiajuste” de la campaña.

El vértigo “decisionista” de los primeros días de gobierno

Ni bien asumió, Macri confirmó que no llamaría a sesiones extraordinarias del Congreso, con lo cual expresó su voluntad de imponer en forma bonapartista sus primeras (y en gran parte fundamentales) medidas de gobierno, ya sea a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), resoluciones ministeriales y otros artilugios. Por esta vía derogó las retenciones, modificó la ley de medios, tomó nueva deuda, llevó adelante una devaluación que llevó al dólar desde los $ 9,80 a alrededor de $ 14, quitó las retenciones industriales, anunció aumentos de tarfias; y en una medida que solo reconoce antecedentes en la formación original de la Corte Suprema bajo el gobierno de Bartolomé Mitre en 1862, designó “en comisión” a dos nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta medida la tomó sin pasar por el Senado ni por la discusión pública, recurriendo a una interpretación totalmente forzada del inciso 19 del artículo 99 de la Constitución. La justificación política para esta medida, propia de un gobierno de facto, la dio el senador radical Ernesto Sanz, uno de los referentes de esa fuerza política que apoyó la decisión (otros como Ricardo Gil Laavedra y Julio Cobos se pronunciaron en contra): sin mayoría en el parlamento, el gobierno se vio forzado a esto ya que en los primeros meses de gobierno no podría soportar el riesgo de eventuales fallos adversos de la Corte, un voto negativo en el Congreso o un paro general. Dicho en otros términos, fueron nombramientos para garantizarse una Corte adicta que convalide las medidas tomadas por decreto y que presentan controversia constitucional, como las modificaciones impositivas y tomar nueva deuda. Este accionar del nuevo gobierno mostró rápidamente la falsedad de la crítica “republicana” a los gobiernos kirchneristas. De ahí lo acertado de la decisión que tomamos en el PTS de que Nicolás del Caño no concurra a la reunión a la que Macri invitó a los excandidatos presidenciales para mostrar un perfil “dialoguista” mientras se aprestaba a gobernar por decreto, como denunció en una carta Nicolás del Caño [18]. Se convirtió así en el único dirigente político nacional que no se prestó a la trampa del gobierno entrante, hecho que tuvo una enorme repercusión pública.

La explicación política de este primer aluvión de medidas tomadas con métodos bonapartistas tenemos que encontrarla en el intento de superar la debilidad de origen del gobierno en materia parlamentaria (y el estrecho margen de su triunfo electoral) con un “decisionismo duro” en el primer tramo, tratando de aprovechar el letargo y la complicidad tanto del peronismo (kirchnerista y no kirchnerista) como del massismo, que en principio apuestan a dejar que el ingeniero Macri haga su juego, así como el relajamiento de los meses de verano. Si bien la debilidad parlamentaria de Cambiemos es un dato estructural, al menos por dos años, hasta las próximas elecciones legislativas, este activismo decisionista inicial apunta también a aprovechar la expectativa que despierta el recambio gubernamental para deshacer los aspectos de lo que podríamos llamar el “modelo kirchnerista” tanto en el terreno económico como en el régimen político, que Macri considera que atentan contra los intereses de las grandes corporaciones empresarias que su gobierno expresa (en el mismo sentido que lo hubiera hecho, insistimos, Scioli).

Este accionar, sin embargo, no está exento de costos, como está mostrando el rechazo a la designación de los jueces de la Corte, incluso en el seno de la misma coalición gubernamental y sectores del periodismo adepto. De hecho, estas designaciones provocaron una temprana crisis política en el nuevo gobierno. La audacia para mostrar “autoridad” derivó en un importante traspié. Macri debió retroceder parcialmente e intentar emparchar el error, manteniendo la designación de los dos jueces, pero demorando su nombramiento efectivo (jura) para febrero, para que se cumplan los pasos institucionales. Además, mientras su apuesta lógica debería ser apuntar a dividir el espacio peronista, al sortear la instancia del Senado, que debe aprobar la designación de jueces y donde el FpV-PJ tiene mayoría, empujó a su unidad, al igual que a la mayoría del bloque en diputados. El retraso de la jura abre el camino para tratar de lograr una negociación con el peronismo, que incluiría la convocatoria a sesiones extraordinarias para este tema en febrero, pero aún es una cuestión abierta.

Primero, hay que tener en cuenta que al menos el 17 % adicional del electorado que lo votó en el segundo turno (proveniente sobre todo de votantes de Sergio Massa y Margarita Stolbizer en la primera vuelta) lo hizo mucho más por rechazo al kirchnerismo que por adhesión a la política de Cambiemos. Es decir, que esa adhesión puede perderse rápidamente según las decisiones que tome el gobierno. Y segundo que el discurso “republicano” fue uno de los ejes de la campaña opositora, con lo cual la contradicción entre el discurso y los hechos resulta flagrante. Esta situación hace que de seguir por este camino el gobierno pueda enfrentar crisis importantes a poco de asumir y pierda legitimidad para imponer un techo a las paritarias que permita legitimar la baja de salarios causada por la devaluación.

La “tendencia decreciente” de los gobiernos posneoliberales

Pero, ¿qué factores explican la victoria electoral de Macri? En primer lugar la situación regional. El ascenso del PRO-Cambiemos es parte de la recomposición de las derechas (tradicionales o nuevas) latinoamericanas ante la crisis de los gobiernos “posneoliberales” [19]. En gran medida esta tendencia descendente se debe a la baja de los precios de las materias primas, que modifica un factor esencial que permitió el auge de estos gobiernos. En Argentina en particular, tiene influencia central la crisis de Brasil (donde va parte importante de las exportaciones, particularmente en la industria automotriz) y la revaluación del dólar como moneda [20].

Estos gobiernos expresaron en su momento (con diferencias entre sí) un recambio generalizado del personal político a partir de la profunda crisis en que las políticas neoliberales de los ‘90 dejaron a la región y de las respuestas populares a las mismas (o como recambio preventivo, como con el PT en Brasil). Se asentaron a partir de una situación favorable en lo que hace a los “términos de intercambio” para la región, invirtiendo en esta década la situación más clásica de deterioro de estos términos para la periferia en beneficio de las metrópolis imperialistas. Incluso esta situación continuó, impulsada por la demanda China fundamentalmente, luego de desatada la crisis capitalista internacional con la caída del banco de inversión Lehman Brothers (con un freno coyuntural en 2008) hasta el último año y medio, donde estamos viviendo una clara inversión de tendencia.

Usualmente, estos gobiernos son agrupados en dos o tres bloques en América del Sur: los países que son parte del ALBA, con mayores rasgos (sobre todo discursivos, pero también en algunas medidas) antiimperialistas (Venezuela, Bolivia y Ecuador fundamentalmente); los más “moderados”, que han mantenido lo esencial del dominio del capital financiero (Brasil, Uruguay, los gobiernos de la Concertación chilena); y Argentina en una posición intermedia. En los tres primeros hubo modificaciones constitucionales y fueron mayores los roces con el imperialismo y con las oposiciones internas de derecha, intento de golpes de estado incluidos. Venezuela tuvo elementos de lo que Trotsky llamaba “bonapartismos sui generis de izquierda” y Bolivia de un gobierno particular de “frente popular”, pero con el movimiento campesino jugando el papel que tenía el movimiento obrero en los frentes populares de la década de los ‘30 y los ‘40, cuestión que llevó a importantes enfrentamientos con las organizaciones obreras al gobierno de Evo Morales. Uruguay y Brasil, ni hablar Chile, tuvieron gobiernos burgueses “normales” [21]. En Argentina, los gobiernos de los Kirchner tuvieron que rendir una especie de homenaje a la relación de fuerzas que dejó la rebelión popular de diciembre de 2001, formando una coalición de gobierno heterogénea, con la dirección política de su ala “progresista”, aunque el 80 % de sus funcionarios, incluyendo a los mismos Kirchner, lo habían sido durante el menemismo.

Luego de estar en el poder entre diez y quince años, las transformaciones estructurales realizadas por estos gobiernos han sido muy limitadas. El poder económico ha mantenido lo central de sus posiciones. De conjunto han sido parte de lo que algunos autores han denominado el “consenso de los commodities” [22].

De ahí el estancamiento o caída económica que golpea a la mayoría de los países de la región. Sobre esta combinación de “promesas incumplidas”, escasez de divisas y estancamiento económico, se monta el avance de las derechas del continente. Por ello es que la victoria de Macri tiene dimensiones regionales, ya que será un nuevo intento gubernamental derechista después del fracaso de Piñera en Chile, en base a un mayor alineamiento con EE.UU., como expresaron las primeras declaraciones de “Mauricio” para excluir a Venezuela del Mercosur.

De la “razón populista” a la “razón neoliberal”

Dentro de este contexto en América del Sur, lo cierto es que el resultado no estaba “cantado” antes de la campaña. Más bien lo contrario: después de las PASO aparecía como más probable una victoria del candidato oficialista Daniel Scioli. Pero la campaña mostró todas las contradicciones del oficialismo. Después de la derrota electoral sufrida por el FPV en la elección legislativa de 2013 a manos de Sergio Massa y el Frente Renovador en la Provincia de Buenos Aires (que concentra el 38 % del padrón electoral del país y aporta un 40 % de la recaudación impositiva coparticipable) el kirchnerismo apuntó a subir a Macri para debilitar las chances presidenciales del ex Jefe de Gabinete de Cristina. A su vez, las posibilidades de Macri se vieron reforzadas después de la Convención de la Unión Cívica Radical en Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), que se pronunció mayoritariamente por un acuerdo con el PRO de Macri y la Coalición Cívica de Elisa Carrió, excluyendo a Sergio Massa, aunque autorizando a que vaya en los acuerdos en distintas provincias. Scioli como candidato presidencial del oficialismo fue la opción no deseada de Cristina Fernández. Por eso se explica que después de la derrota en la provincia de Buenos Aires de 2013 no se haya tomado ninguna medida económica para paliar el descontento con el gobierno provincial y nacional, ya que no quería fortalecer la figura del gobernador. Pero ni el gobierno nacional ni el provincial tomaron medida alguna una vez definido Scioli como único candidato del oficialismo. Los bajos salarios docentes [23] y el profundo deterioro de la infraestructura educativa; el penoso estado de los hospitales provinciales; la falta de obras de infraestructura que provocan desastres, tanto en las ciudades como en el sector rural, cada vez que hay fuertes lluvias; los bajos salarios en la administración pública; el mal estado de las rutas… todo esto es el resultado de ocho años de “gestión Scioli”. Tal es así, que el único “logro” de campaña que mostró “Daniel” fue haber puesto en marcha las “policías locales”, en realidad un aumento de efectivos de la Policía Bonaerense pero reclutados en cada distrito. A esto hay que agregar el descontento de franjas importantes de trabajadores y cuentapropistas afectados por el descuento del “impuesto a las ganancias” (muchos de los cuales votaron por Massa) y de las zonas rurales a partir de la caída de la rentabilidad producto de la baja de los precios internacionales.

En ese marco se inscribe como agravante la candidatura a gobernador del Jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández, Aníbal Fernández. A su imagen negativa (por izquierda y por derecha) se sumó su imposibilidad de hacer campaña señalando los puntos críticos de la situación provincial, ya que eso hubiera sido un ataque directo a la gestión de Scioli, su candidato a presidente. Al igual que Scioli, “Hannibal” fue un candidato por default, ante la negativa del Ministro de Transporte, Florencio Randazzo (un candidato considerado más “puro” del cristinismo) a ir como candidato a gobernador, luego de que la presidenta decidiera que Scioli sería el único precandidato presidencial del FPV. Aníbal Fernández, el preferido de la presidenta, le ganó por muy poco la interna a Julián Domínguez, jefe de la bancada del FPV en la Cámara de Diputados de la Nación, que llevaba como candidato a vicegobernador al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. De hecho el plan de Cristina era ganar la Provincia de Buenos Aires como lugar de refugio para sus sectores más cercanos (nucleados en Unidos y Organizados) si Scioli era derrotado por Macri, y de allí preparar la vuelta en 2019 con un fuerte control territorial. Pero el plan se frustró con el resultado de octubre y ahora el FPV tiene el desafío de no fraccionarse y de construirse en la oposición, con un poder territorial limitado y una “caja” muy disminuida.

Independientemente de estos aspectos, lo cierto es que poco más de un 51 % del electorado votó por un candidato que, más allá del aggiornamiento del discurso de campaña [24], pertenece a una familia empresaria tradicional. Macri, como señalamos al comienzo, expresa una “nueva derecha”. Hizo su carrera pasando primero por la presidencia del club de fútbol Boca Juniors (como Berlusconi hizo en Italia con la presidencia del Milan, aunque con un perfil de político “pulcro” y “eficiente”) y luego llegando con el PRO a la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupó durante ocho años. Si bien logró buenos resultados en algunas ciudades del interior del país en las elecciones legislativas de 2013, como partido el PRO no logró superar el estadio “municipalista” de desarrollo, al punto que tuvo que apoyar la lista de Sergio Massa en Provincia de Buenos Aires a cambio de prácticamente nada. De ahí lo importante que fue el apoyo logrado en la Convención de la UCR en Gualeguaychú [25]. El PRO tiene varios “afluentes” (radicales, peronistas, miembros de ONG, empresarios, etc.) dentro de una conducción fuertemente personalizada en Mauricio Macri y un discurso que hace gala de su supuesta falta de definición política, que cuestiona las mediaciones, tomando para su propio provecho parte de la crítica a la casta política más tradicional. Con este perfil, más la moderación de su discurso electoral (mucho más cauto en todos los terrenos que el de Sergio Massa), Macri logró la presidencia. Siguiendo los consejos de marketing político de su asesor, el ecuatoriano Duran Barba, apeló al sentimiento de “progreso individual” que permea amplios sectores de las clases medias y también a franjas de la clase trabajadora, una suerte de “razón neoliberal” para explicar las desigualdades sociales (los que más tienen son los capaces, los que llegaron por su propio esfuerzo y por ser los mejores).

La estrategia macrista fue facilitada por el cinismo y el doble discurso kirchnerista, desde la negación del aumento de la pobreza y la inflación a los casos de corrupción gubernamental y el enriquecimiento de los funcionarios, hablando de que vivíamos en el mejor de los mundos cuando el deterioro de la situación económica y social era evidente para cualquiera [26]. Un salto del discurso de la “razón populista” al de la “razón neoliberal” (entre las que existieron siempre vasos comunicantes, ya que la “razón populista” del kirchnerismo basó en gran parte su orientación en el consumismo). Todas estas cuestiones posibilitaron que la balanza se inclinara hacia el candidato de Cambiemos y son utilizadas como base para dar legitimidad al nuevo personal político macrista proveniente del mundo empresario. En cierto sentido estamos viendo la reiteración de la operación político-mediática construida durante el menemismo para justificar las privatizaciones, solo que ahora poniendo el eje en que los CEO provenientes del sector privado serán más eficientes en la gestión estatal que la burocracia política tradicional y no, por ahora al menos, en la reprivatización directa de las empresas públicas que el kirchnerismo renacionalizó parcialmente.

Tras la victoria, Macri le ha dado, como señalamos, un carácter ultra empresarial al gobierno, además de imprimirle una dinámica inicial bonapartista. En este sentido ha desmentido a quienes sostenían que lo ajustado del triunfo en el balotaje y su débil poder institucional en el Congreso lo harían tener un perfil más moderado. Igualmente, es un hecho que está más condicionado de lo que esperaba. Está por verse si no terminará como Piñera, o peor. Lo favorece el apoyo de toda la clase dominante local y, posiblemente, del poder financiero internacional, empezando por el FMI y el Banco Mundial y, habrá que ver hasta qué nivel, del gobierno estadounidense. Tiene también de su lado al poder mediático y al “partido judicial”. En contra, la situación más general de crisis económica internacional afectando ahora a la periferia capitalista y la relación de fuerzas más general entre las clases, que hace difícil que el ajuste que prepara pase sin fuerte resistencia de la clase trabajadora, así como lo estrecho de su victoria electoral.

El fin de los gobiernos de “desvío”

En Argentina, lo que hoy vemos es el fin de lo que llamamos un “gobierno de desvío” que luego de las Jornadas Revolucionarias del 2001 tuvo que adoptar una discurso progresista, extraño a los propios Kirchner, y establecer un vínculo privilegiado con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como única forma de mantener un diálogo con parte de las clases medias y sectores populares que habían protagonizado o apoyado las jornadas que voltearon a De la Rúa. La recuperación de la economía capitalista fue clave para poder desactivar la situación convulsiva que se vivió en esos años, con fuertes movimientos de desocupados, sectores de las clases medidas radicalizadas y fábricas ocupadas. La tarea estratégica de los Kirchner fue reconstruir la autoridad del Estado capitalista y el régimen que había quedado maltrecho e instaurar un gobierno burgués capaz de garantizar el orden. Los Kirchner lograron dar grandes pasos en la reconstrucción de la autoridad del Estado pero nunca pudieron hacer un gobierno que se pudiera independizar totalmente de los efectos de la gran crisis del 2001 y le tuviera que rendir, en cierto sentido, un homenaje a esa relación de fuerzas que allí se estableció. La política de “no reprimir la protesta social” fue violentada en varias oportunidades pero nunca lograron un gobierno que no tuviera frente a cada intento represivo una importante crisis en su coalición, como se mostró en el conflicto de Lear o en el de los choferes de la línea 60. Lo mismo puede decirse de los subsidios a las tarifas eléctricas y del transporte que se mantuvieron hasta el fin del gobierno de CFK, que si bien subsidiaban a los grandes monopolios de servicios permitían a la población trabajadora pagar bajas facturas de luz y gas y el pasaje del transporte en la zona del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Desde el 2007, Cristina Fernández intentó terminar con las características de origen del kirchnerismo y convertirse en un gobierno de orden. Desde las represiones a sectores de vanguardia en el 2007 a la iniciativa de la “sintonía fina” en el 2011 cuando intentó un ajuste “light” y la ruptura con Moyano que había logrado un importante peso en la coalición gubernamental, adoptando un discurso contra los trabajadores en blanco de salarios más altos, hasta la propia devaluación de Kicillof y el nombramiento de un excarapintada como Berni como virtual Ministro de Seguridad, Cristina quiso mostrar que podía ser un gobierno capitalista de orden y de ajuste. Sin embargo nunca lo logró, ya sea por la crisis del campo o por las contradicciones de su propia coalición.

Finalmente fue Scioli, “nombrado” como único candidato presidencial del FPV por la propia Cristina, quien se propuso esta tarea y culminar la larga etapa de desvío. Si antes no lo había logrado CFK porque de alguna manera estaba muy comprometida con una base centroizquierdista y aún le tributaba parte de su poder a los efectos del 2001, tampoco lo pudo ser Scioli que quiso hacer un equilibrio para mantener la base K y conquistar parte del espacio de la derecha opositora y terminó derrotado.

Macri viene para cerrar de forma decidida el ciclo abierto en el 2001. Sin embargo, aunque en este tiempo se logró reconstruir la autoridad el Estado, en lo esencial la relación de fuerzas entre las clases que dieron origen al kirchnerismo y explican el giro de esta pareja que fue parte del menemismo, no ha cambiado. Peor aún, durante este período se recompuso social y sindicalmente la clase obrera ocupada que estaba prácticamente fuera de escena en el 2001. La debilidad y contradicciones del gobierno de Macri vienen en gran medida de ahí y la posibilidad de que se asiente surge de que logre derrotar a sectores significativos de la clase obrera como lo hizo Menem entre el ‘89 y ‘91.

Está por verse si el gobierno opta por un ataque en toda la línea de forma inmediata o si lo hace en cuotas esperando a conquistar previamente más poder político. Como sea, siempre será un giro a la derecha que requiere de un cambio más o menos profundo de la relación de fuerzas.

De los choques entre las clases dependerá la situación del próximo gobierno, y la izquierda clasista que dio grandes pasos en estos años deberá probarse en esos combates.

El incierto futuro del FPV y el peronismo

El gobierno que acaba de terminar expresa también la culminación de un ciclo dentro del peronismo [27]. Si bien los Kirchner fueron siempre parte orgánica del Partido Justicialista, acompañando, por ejemplo, todo el período menemista sin sacar los pies del plato ni por las privatizaciones ni por los indultos a los genocidas, la relación entre los gobiernos kirchneristas y el aparato del PJ no fue la misma durante los doce años de gobiernos K. Después de haber sido puesto como candidato presidencial “a dedo” por Eduardo Duhalde, con la rebelión popular de diciembre de 2001 todavía muy cercana, Néstor Kirchner impulsó el fallido proyecto de la “transversalidad”, con la idea de ir hacia un sistema basado en dos grandes coaliciones políticas, una de centroizquierda que expresaría el kirchnerismo, y otra de centroderecha, constituida por la base del entonces muy en crisis partido radical junto con otras formaciones más a la derecha en desarrollo, como era entonces el recientemente fundado PRO de Macri. Este plan, atribuido a Torcuato Di Tella, fue abandonado más temprano que tarde. Después de que Cristina Fernández derrotara en la elección bonaerense de 2005 a “Chiche” Duhalde, la gran mayoría del PJ quedó del lado de los Kirchner y el “pejotismo” pasó a tener un peso mayor dentro del gobierno. En 2007, la apuesta fue una coalición con los “radicales K”, a la sazón los gobernadores que había logrado la UCR, expresada en la candidatura a vicepresidente de Julio Cobos, un proyecto que murió con el voto “no positivo” del mendocino en el Senado a la Resolución 125 sobre las retenciones a las exportaciones agrícolas. Después de la derrota en las elecciones legislativas de 2009, en las que el liderazgo del PJ acompañó a Néstor Kirchner con las “candidaturas testimoniales” [28], sobrevino la muerte del santacruceño en octubre de 2010 y el desarrollo de organizaciones más directamente “kirchneristas”, como La Cámpora, que se nuclearon en Unidos y Organizados, que agrupaba a formaciones peronistas y no peronistas (como Nuevo Encuentro encabezada por Martín Sabbatella, quien incluso en 2011 compitió por fuera del FPV contra Daniel Scioli por la gobernación bonaerense). En todo este período Hugo Moyano fue un actor fundamental de la coalición de gobierno, aportando desde la CGT el grueso de los manifestantes de los actos oficialistas durante la confrontación con las patronales agrarias en 2008 (donde también surgió “Carta Abierta”, el nucleamiento de intelectuales afín al kirchnerismo). En un artículo ya mencionado hacíamos un balance sintético de este proceso:

“Políticamente, el kirchnerismo fue una coalición entre sectores del progresismo, del peronismo conservador de los gobernadores e intendentes y sectores de la burocracia sindical, con predominio discursivo de los primeros. Económicamente, un neodesarrollismo limitado que siguió los vaivenes del mercado mundial, que no superó la dependencia y el atraso característicos de la economía nacional ni la famosa restricción externa. Socialmente, nos deja una Argentina que mantuvo la herencia dualizada de los noventa, con millones de trabajadores en la precarización o directamente en la pobreza que dependen para su subsistencia de los planes asistenciales, y con otros sectores que mejoraron su situación en los momentos de crecimiento económico pero que ven erosionado constantemente su nivel de vida por los altos índices inflacionarios” [29].

Esa coalición pretendió prolongarse con Scioli, pero otorgando la candidatura presidencial a un representante del ala más conservadora del peronismo. Para el kirchnerismo era el destino que había planteado el cineasta Nicolás Prividera: “si se diluye en el sciolismo (el kirchnerismo, NdeR) habrá demostrado que era solo una astucia más de la razón peronista, como lo fue el kirchnerismo para el menemismo” [30]. Ese camino, que incluía quedarse con el control de la estratégica Provincia de Buenos Aires (PBA) por parte del “kirchnerismo en sentido estrecho”, fue abortado por los triunfos macristas en PBA y Nación. A nadie escapa que, en gran medida, el alineamiento del peronismo con la conducción de CFK se debió a los recursos que venían desde el gobierno nacional. De ahí las especulaciones sobre la fractura del FPV una vez fuera del poder. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, es una de las cabezas de quienes alentarían una reorganización del peronismo sobre otras bases, excluyendo o subordinando por completo al kirchnerismo, en competencia por el momento con Sergio Massa. Una suerte de “neo renovación” (en alusión al proceso que vivió el peronismo luego de la derrota electoral de 1983) pero más claramente hacia la derecha, acompañando los vientos políticos que comienzan a recorrer la región. Sin embargo, el casi 49 % conseguido por Scioli en el balotaje empuja en un sentido contrario a mantener alguna forma de unidad con vistas a la vuelta al gobierno en 2019, luego de la batalla electoral legislativa de 2017. Por el momento, esta tendencia se impuso en lo que hace a las nuevas autoridades en el Parlamento nacional, donde hubo disciplinamiento para aceptar los presidentes de bloque impulsados por la presidente saliente. No fue así en el Senado bonaerense, donde quedaron constituidos dos bloques, uno con los senadores de La Cámpora y afines y otro liderado por el PJ de La Matanza. Estas tendencias a la unidad y la fragmentación van a estar presentes en el próximo período, donde irá decantando cómo queda el peronismo después de un ciclo de 12 años en el gobierno (con un liderazgo con discurso centroizquierdista) y de una derrota que tiene implicancias históricas, en particular por lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires. Todo dependerá de cómo le vaya al nuevo gobierno derechista y de lo que ocurra con la lucha de clases.

La otra incógnita es hasta qué punto se sostendrá la militancia kirchnerista, mayoritariamente juvenil, que se forjó de “arriba hacia abajo”, con cargos en los distintos niveles de la burocracia estatal y paraestatal y fondos varios, desde la pauta oficial para sostener el sistema de medios oficialista hasta el manejo de la asistencia social para los sectores más vulnerables. ¿Se mantendrá esta militancia en el tiempo sin los recursos del estado nacional, ni del de la PBA, ni de las intendencias perdidas a manos de Cambiemos? La muy importante movilización lograda en el acto de despedida de Cristina en Plaza de Mayo apuntaría en el sentido de una base social importante que reconoce el liderazgo político de la expresidenta pero con la debilidad de no tener arraigo estructural. Como se vio, la composición de esta movilización fue predominantemente “ciudadana”, de clase media, sin presencia notable de sindicatos u organizaciones de peso territorial.

Un aspecto particular es lo que sucederá con la burocracia sindical, que se alineó en su gran mayoría con Scioli (con excepción de Moyano que puso “un huevo en cada canasta”). Un ala viene trabajando la posibilidad de una unificación de la CGT, donde se agruparían el moyanismo y sectores que hasta el momento se aglutinaban en la CGT oficialista (o “CGT Balcarce”). Este bloque apuntaría a mantener una relación más pragmática con el nuevo gobierno. Por el momento no entrarían en este intento los gremios que jugaron un rol dirigente en la CGT oficialista, como la UOM de Antonio Caló o el SMATA de Ricardo Pignanelli.

Los desafíos del PTS y del Frente de Izquierda

Desde el PTS y el FIT mostramos desde un comienzo nuestra resistencia a la política macrista. Fuimos los primeros en denunciar el engaño de la pose dialoguista inicial de Macri y su voluntad de gobernar por decretos. La decisión de Nicolás del Caño de no asistir a la reunión con Macri para expresar claramente esta oposición (y la anterior de Myriam Bregman denunciando la Asamblea Legislativa ante la cual asumió el nuevo presidente) tuvo una muy importante repercusión mediática, así como las denuncias posteriores de los “decretazos”. La presencia de la izquierda en el debate político es la más importante en mucho tiempo.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (integrado por el PTS, el PO e IS), conformado originalmente en 2011, se consagró como cuarta fuerza nacional obteniendo en las elecciones presidenciales 812.530 votos (3,23 %) para la fórmula presidencial compuesta por los diputados nacionales del PTS/FIT Nicolás del Caño y Myriam Bregman, el mejor resultado para la izquierda desde 1983 a la fecha en una elección presidencial. Una cifra importante considerando la fuerte polarización de la elección y el carácter ejecutivo de la misma [31]. Superó así a la candidatura de “Progresistas”, el frente constituido por el GEN, el Partido Socialista y otros grupos menores, que llevó como candidata a la diputada nacional Margarita Stolbizer, y a la candidatura de Adolfo Rodríguez Sáa. En la categoría diputados nacionales el FIT obtuvo 1.062.000 votos (algo menos del millón doscientos mil votos obtenidos en las legislativas de 2013), con los porcentajes más importantes para las candidaturas de Noelia Barbeito con un 11,76 % en Mendoza (por muy poco no llegó a diputada nacional), triplicando el promedio del FIT y de Raúl Godoy en Neuquén con el 8,26 %, ambos del PTS. Néstor Pitrola en la Provincia de Buenos Aires obtuvo un 4,46 %, consagrándose diputado nacional, permitiendo ampliar a cuatro diputados nacionales la presencia del FIT en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. A esto hay que agregar unos 20 diputados provinciales: dos en CABA; uno en PBA; tres en Córdoba; dos en Neuquén; 6 en Mendoza (incluyendo dos senadores); uno en Santiago del Estero; y cuatro del PO en Salta. También la existencia de concejales del FIT en distintos municipios, principalmente en Mendoza. Es un peso superestructural que la izquierda nunca tuvo en el país, una base muy importante para enfrentar la etapa de resistencia al nuevo gobierno de derecha [32]. Nuestro partido en particular ha continuado la tradición del parlamentarismo revolucionario, cobrando cada diputado y legislador como un docente y aportando el resto de la dieta a fondos de lucha e iniciativas de organización de la clase obrera y los sectores populares, utilizando la tribuna parlamentaria para amplificar los reclamos de los explotados, estando en las calles en la primera línea de las movilizaciones y convocando a la lucha extraparlamentaria contraponiendo el programa de lucha obrero y socialista a los planes capitalistas.

El peso del FIT no surgió de la nada, sino que es expresión de una lucha persistente de la izquierda clasista por delimitarse tanto del kirchnerismo como de la oposición de derecha y de su intervención activa en la evolución de la conciencia política de sectores de la vanguardia y juvenil, para lo cual tuvo un rol destacado en las principales luchas del período. Esto desmintió la reiterada afirmación de Cristina Fernández de que a su izquierda solo estaba “la pared”.

En Argentina, el proceso electoral en 2015 duró prácticamente todo el año, a partir del desdoblamiento de las elecciones provinciales (y en provincias como Mendoza también desdoblamiento de elecciones municipales, que llevaron, con primarias y generales de cada categoría, a siete elecciones a lo largo de 2015). En las elecciones provinciales el FIT aumentó su representación en varias provincias y obtuvo resultados muy destacados en Mendoza: un 17 % para Nicolás del Caño como candidato a intendente en la capital provincial, quedando en segundo lugar por sobre el candidato del Frente Para la Victoria, y un 10 % obtenido por Noelia Barbeito como candidata a gobernadora.

En agosto por primera vez desde la constitución del FIT en 2011, las candidaturas se resolvieron en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a partir de la no aceptación del PO de las propuestas unitarias realizadas por el PTS. Se enfrentaron dos listas a nivel nacional y en los distintos cargos en juego (incluyendo las candidaturas provinciales en Provincia de Buenos Aires, cuyas elecciones se realizan en simultáneo con las nacionales): la lista 1A “Renovar y fortalecer el frente” encabezada por la fórmula presidencial de Nicolás del Caño y Myriam Bregman del PTS; y la 2U “Unidad” encabezada por Jorge Altamira (PO) y Juan Carlos Giordano (IS), triunfando la primera por 375.874 votos contra 356.978 de la segunda.

La victoria de la lista 1A fue aplastante en Mendoza, con más de un 90 % de los votos, donde el FIT obtuvo sus mejores resultados, algo más de un 9 % a la categoría presidencial. También fue significativa en Jujuy, Neuquén y Santa Fe, entre otras provincias. La elección fue pareja en Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires [33].

Si bien desde el PTS sostuvimos que las diferencias existentes no impedían presentar candidaturas comunes, lo que estuvo en discusión fueron dos propuestas para fortalecer al FIT. La lista 2U hacía énfasis en la incorporación de grupos populistas que no tenían acuerdo programático con el FIT como planteo central para fortalecer el frente [34], aunque la campaña se centró en apostar al conocimiento previo de la figura de Jorge Altamira, quien había sido candidato presidencial en numerosas ocasiones desde su primera candidatura en 1989. La lista 1A hizo eje en la necesidad de una renovación que le permitiera al FIT lograr una implantación social y un peso político superior: “renovar y fortalecer el frente, con la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud”, como rezaba el lema central de la campaña [35]. Atacando a su vez a la “casta” política gobernante como gerenciadora de los negocios de los verdaderos “dueños del poder”, los grandes capitalistas, terratenientes y banqueros, e insistiendo en el planteo de que “todo funcionario político cobre como un docente”, difundido ya por el FIT en elecciones anteriores. La campaña de la lista 1A se caracterizó por el entusiasmo militante y la audaz utilización de las redes sociales [36]. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, se consiguieron más de 1200 candidatos, de los cuales un 40 % eran obreros industriales y unos 300 docentes. Cada candidato hizo una suerte de “microcampaña”, grabando videos personales y recurriendo a las redes sociales para difundir las propuestas de la lista. En los espacios gratuitos de radio y televisión se destacaron los spots donde Nicolás del Caño aparecía enfrentando en el parlamento a funcionarios del gobierno y en las calles en las luchas de los trabajadores, destacando en la práctica el parlamentarismo revolucionario de los diputados y legisladores del PTS. A esto hay que agregar una gran presencia callejera y en fábricas y establecimientos. El resultado fue tildado de sorpresivo debido al mayor conocimiento previo de Altamira y otros candidatos de la lista 2U como Liliana Olivero en Córdoba o Néstor Pitrola y Rubén “Pollo” Sobrero en la Provincia de Buenos Aires, pero expresó los avances reales realizados por el PTS en este período en relación a las otras fuerzas del FIT, con un crecimiento de la militancia entre los trabajadores, el movimiento de mujeres (con la agrupación Pan y Rosas) y la juventud, e iniciativas políticas como el lanzamiento del primer diario digital de la izquierda en el país (como parte de una red internacional de periódicos digitales de izquierda), La Izquierda Diario, la revista de política y cultura Ideas de Izquierda, las ediciones del IPS Karl Marx y el CEIP León Trotsky, o un organismo de defensa de los trabajadores y lucha contra la represión y la impunidad como el CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), apoyado en la experiencia del “Socorro Rojo”. En particular, nuestro partido ha logrado una muy importante inserción en la clase obrera industrial y de servicios, impulsando la conquista de nuevos delegados combativos y comisiones internas de izquierda, y teniendo protagonismo en las luchas obreras más relevantes de todo el período kirchnerista, como la ex Jabón Federal, Maffissa, Kraft, tercerizados ferroviarios, LEAR y la ex Donnelley, por nombrar las más importantes [37].

La campaña de las elecciones generales de octubre planteaba un escenario complicado, dado el fuerte consenso mediático para reducir la elección a los tres candidatos conservadores que más votos habían obtenido en las elecciones primarias: Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa, expresión todos ellos del nuevo consenso derechista impulsado por las clases dominantes. La denuncia del ajuste que preparaban estos candidatos estuvo en el centro de la campaña, así como un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Este programa no solo planteaba demandas inmediatas (salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; fin del “impuesto al salario”; terminar con la precarización laboral; 82 % móvil a los jubilados) sino también la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control obrero, así como de los recursos estratégicos de la economía y la expropiación de los 4000 principales terratenientes que concentran la mitad de las explotaciones agrarias en Argentina, y la lucha por un gobierno de trabajadores como salida de fondo. Un punto destacado fue la intervención de Nicolás del Caño en el primer debate presidencial (al que no concurrió Daniel Scioli), donde quedó clara la diferencia de los planteos del FIT respecto al resto de los candidatos: Del Caño no solo fue el único que denunció el ajuste que se venía sino que enfrentó las políticas de “mano dura” (planteadas con mayor claridad por Sergio Massa quien propuso desplegar el ejército en los barrios populares), los ataques a los docentes y defendió la legalización del derecho al aborto, junto con levantar el programa que antes mencionamos para que la crisis la paguen los capitalistas. La intervención en el debate le permitió ganar popularidad y conocimiento a la fórmula del FIT y subir su votación respecto de las primarias en casi 100 mil votos, algo que no lograron ni Margarita Stolbizer ni Adolfo Rodriguez Sáa, que no pudieron resistir la fuerte campaña de “voto útil”.

La elección del FIT se vuelve más meritoria si consideramos los bajos niveles de lucha de clases que se registraron en el último período, donde si bien en 2014 hubo algunas luchas de relevancia (como la gran resistencia a los despidos en LEAR –con un papel central jugado por el PTS– o el conflicto docente en la Provincia de Buenos Aires) y paros generales de acatamiento importante (aunque pasivos, salvo los piquetes impulsado por la izquierda y el sindicalismo combativo) convocados por la burocracia opositora, la clase obrera estuvo en una situación más bien expectante, siendo ganada en forma mayoritaria por la política del “mal menor”.

En condiciones donde la crisis capitalista no ha generado por el momento avances relevantes en la conciencia política independiente de la clase obrera; donde en América del Sur el descontento con el neoliberalismo a comienzos del siglo fue canalizado por diez o quince años –según el caso– de gobiernos con discurso “progresista” o “antineoliberal”, el FIT tiene el mérito enorme de haber constituido una referencia electoral por la independencia de clase y por un gobierno de los trabajadores, algo que no podemos verificar en otros países, donde en la izquierda lo que predominan son coaliciones o partidos con programas reformistas de gestión del capitalismo, como Syriza en Grecia, Podemos en el Estado Español, Die Linke en Alemania o el Bloque de Izquierda en Portugal. Y en América del Sur partidos de gobierno que propugnan la subordinación de los trabajadores y campesinos a las burguesías nacionales, como el PSUV venezolano o el MAS boliviano. Incluso en el PSOL brasileño prima la política de las corrientes reformistas que lo integran, que son mayoritarias y han impuesto el alineamiento actual con el gobierno de Dilma, o acuerdos de ocasión con fuerzas burguesas en elecciones locales.

En Argentina, después de haberse desarrollado constituyendo una alternativa independiente tanto al gobierno kirchnerista como a la oposición patronal, al FIT le cabe ahora el desafío de encabezar la resistencia al gobierno de la derecha, impulsando por supuesto tácticas de Frente Único de las organizaciones obreras. Para nuestro partido, el PTS, el desafío es mayor, debido al lugar de liderazgo del FIT en que quedamos colocados y al peso ganado por Nicolás del Caño como principal referente de la izquierda en su conjunto.

Si bien en lo inmediato tenemos planteado utilizar el peso político obtenido en la campaña electoral para ampliar la estructuración y territorialización de nuestro partido [38], en perspectiva se trata de ir forjando al calor de la resistencia obrera al ajuste macrista la herramienta revolucionaria capaz de permitir a los trabajadores alcanzar la victoria. Un gobierno como el que acaba de conformarse, donde como pocas veces se muestra con claridad aquella definición de Marx respecto del estado representativo moderno como “una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” [39], preanuncia choques de envergadura entre las clases. Para ello es indispensable basarnos en las experiencias del movimiento obrero no solo a nivel internacional sino en lo más avanzado que dio la lucha de clases en nuestro país y la región, el “ensayo general” [40] que fue para nosotros el ascenso revolucionario de los ‘70. No fue casualidad que el kirchnerismo se haya valido de lo ocurrido en aquellos años en su versión reformista burguesa (“La Cámpora”) para construir sus referencias militantes. En aquel período como nunca en su historia la clase obrera de la región mostró su potencial: con la Asamblea Popular boliviana [41]; los cordones industriales y los elementos embrionarios de un doble poder en Chile [42]; la huelga general y la resistencia al golpe en Uruguay; el Cordobazo, los Rosariazos y otros levantamientos semi insurreccionales, y las jornadas de junio y julio de 1975 (cuando se derrotó el ajuste del Plan Rodrigo impulsado por el gobierno de Isabel Perón y López Rega) con la formación de las coordinadoras interfabriles en Argentina [43]; las grandes huelgas contra la dictadura de fines de los ‘70 y comienzo de los ‘80 en Brasil [44]. Decenas de miles de trabajadores y jóvenes se radicalizaron planteándose la lucha por una sociedad sin explotación ni opresión. Sin embargo, la canalización de esa radicalización en forma mayoritaria por organizaciones reformistas o guerrilleras (y la debilidad y los errores cometidos por quienes se reivindicaban trotskistas) impidieron el surgimiento de un partido revolucionario que pudiera llevar a los trabajadores a la victoria. Trazar hilos de continuidad con aquella experiencia es clave a la hora de construir un partido revolucionario.

Hoy el gobierno derechista que asume el poder no lo hace después de derrotas en la lucha de clases sino producto del agotamiento de un gobierno de “desvío” y de la debilidad de la clase obrera para constituirse como sujeto político independiente. Donde la crisis capitalista internacional se apresta a cumplir ocho años sin señales de ser superada y el ciclo de alza de los precios de las materias primas ha quedado en el pasado. Con un movimiento obrero que se recompuso socialmente y cuenta con una minoría de izquierda que acumuló en estos años experiencias de lucha [45]. Más allá de los ritmos de los ataques y de cómo se desarrolle la experiencia con el nuevo gobierno de Macri, para la burguesía poner a representantes directos de sus intereses al frente del Ejecutivo tiene el inconveniente de quemar mediaciones a la hora de enfrentar el descontento popular y que los dueños del poder sean visualizados como los responsables directos de los padecimientos de las masas.

Tenemos un gran desafío. Nos preparamos con toda energía para llevarlo adelante. Denunciar desde el primer momento el carácter del nuevo gobierno. Desenmascarar las contradicciones de su discurso a cada paso, enfrentando como lo estamos haciendo el método bonapartista de los “decretazos”. Prepararnos para las primeras acciones de los trabajadores en defensa de su salario, impulsando el reagrupamiento de la vanguardia obrera para luchar al interior de los sindicatos contra las treguas que imponen las direcciones burocráticas y por un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Alentar la lucha y organización del movimiento de mujeres y de la juventud combativa. Hacer todos los esfuerzos necesarios para que nuevas camadas de trabajadores, trabajadoras y jóvenes se sumen a la militancia consciente por construir la herramienta que necesitamos para vencer. Estos son los primeros pasos en esa dirección.

22 de diciembre de 2015