Pese a la pretensión del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto de imponer a toda costa una reforma educativa que busca avanzar en la privatización de la educación; eliminar conquistas laborales aplicando estándares empresariales de evaluación al magisterio; desaparecer las escuelas normales e ignorar los usos y costumbres de 10 mil maestros indígenas, continúan las movilizaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

En esta entidad, una de las más pobres del país, miles de docentes de educación básica se mantienen en paro desde el pasado 25 de febrero y han realizado numerosas marchas, plantones, bloqueos carreteros, toma de edificios públicos, de centros comerciales y de casetas de peaje, entre otras medidas, como parte de su lucha contra la reforma. Los docentes organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (corriente opositora a la dirección oficialista del SNTE), a la cual adhiere la CETEG, también se movilizan en otros estados, como Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

La CETEG ha emplazado al gobierno y al Congreso local a discutir una contrapropuesta de reforma surgida de la base magisterial, advirtiendo que de no ser aprobada continuarán con las movilizaciones y demandarán la desaparición de poderes en el estado, que gobierna Ángel Aguirre Rivero del centroizquierdista PRD. Por su parte, los docentes de Oaxaca demandan una solución similar a la que plantean sus compañeros guerrerenses.

La posición del gobierno federal es inflexible, pues obedece al compromiso que tiene Peña Nieto con los organismos imperialistas, como la OCDE y los empresarios nacionales y extranjeros, por el apoyo que le dieron a su candidatura en las elecciones presidenciales del año pasado a cambio de asegurarles la imposición de las llamadas “reformas estructurales” contra los trabajadores y el pueblo.

Al mismo tiempo, el gobierno no quiere ceder ante la disidencia magisterial cuando intenta reforzar su control sobre el SNTE (el sindicato más numeroso de América Latina), hasta hace poco encabezado por la burócrata Elba Esther Gordillo, quien fue recientemente encarcelada acusada de lavado de dinero y malversación de las cuotas sindicales por ser ya disfuncional a los planes del Estado y los patrones.

El autoritario Peña Nieto está usando a la Policía Federal (antimotines) para frenar las movilizaciones (como el 5 de abril en la Autopista del Sol). Por su parte, los empresarios, los medios de comunicación, los políticos y los intelectuales del régimen claman por la represión, como en los peores momentos del priato. Sin embargo, los maestros no se intimidan.

El magisterio de Oaxaca también se está movilizando y anunció una marcha-caravana hacia Guerrero para el 18 de abril, en solidaridad con sus compañeros. A su vez, los docentes de Chiapas discutirán en su congreso seccional del 19 de abril el paro de labores, lo mismo que otros sectores de la CNTE que buscan impulsar un paro nacional de los trabajadores de la educación.

El descontento del magisterio es nacional, pero las maniobras de la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la mayoría de las secciones sindicales que controla, han evitado que se sumen a la lucha más docentes, pues de hacerlo debilitarían a esta burocracia traidora.

Hasta ahora, la amenaza de una represión mayor -en un momento de mucho descontento a nivel nacional y con regiones donde es evidente la ingobernabilidad ante el narcotráfico- se ha visto contenida por las negociaciones con los maestros en los congresos de Guerrero y Oaxaca (donde el PRD tiene peso). Sin embargo, incluso si los legisladores locales aceptaran las iniciativas propuestas por el magisterio disidente, esta salida negociada mantendría en pie la reforma de Peña Nieto.

Una tensa situación

La ofensiva del gobierno ha provocado que el descontento popular busque nuevas formas de organización, como el recientemente conformado Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que agrupa a sindicatos, campesinos, organismos de derechos humanos, estudiantes normalistas y a los grupos de autodefensa de 13 comunidades organizados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que en días pasados marcharon armados junto a los maestros de Guerrero, incorporando nuevas demandas a esta lucha.

De haber represión, el conflicto sindical podría provocar un estallido en el estado, donde las llamadas “policías comunitarias” han dicho que contestarán el fuego. Este no es el mejor escenario para un gobierno que requiere legitimidad. Es evidente que Peña Nieto está apostando al desgaste del movimiento magisterial y a lograr un mayor consenso en torno a una salida represiva, pero ésta podría incentivar la movilización de más sectores descontentos con el autoritarismo del PRI y las reformas estructurales que está aplicando este gobierno.

El conflicto magisterial cobra mayor relevancia al ser el único movimiento (con fuerza considerable) que enfrenta directamente al autoritarismo del gobierno priista y sus aliados del PAN y el PRD en el reaccionario “Pacto por México” (mientras que la “opositora” Unión Nacional de Trabajadores pide ser incluida en el mencionado pacto patronal).

Si el magisterio combativo mantiene su lucha y evita caer en cualquier trampa legislativa que la detenga, podría imponer una derrota al gobierno e iniciar un proceso de recomposición que le permita enfrentarse en mejores condiciones a la dirección charra del SNTE, justo en el momento en que intenta recomponerse ésta burocracia que hasta hace unas semanas obedecía a los mandatos de Elba Esther Gordillo.

En necesario unificar las filas magisteriales para fortalecer la movilización y avanzar en la organización de un paro nacional que muestre a los demás sectores del sindicato que se puede frenar la reforma educativa en las calles con una política independiente.

17-04-2013