En una nueva jornada de protestas y bajo presión, prometió dialogar con "todos los sectores"

Por Alberto Armendariz | LA NACION

Su discurso, luego de 24 horas, fue conciliador.
RÍO DE JANEIRO.- Ante el persistente clamor en las calles, la presidenta Dilma Rousseff se vio anoche forzada a responder los reclamos y a hacer concesiones.

Abrumada y sorprendida por las protestas que estremecen al país y alarmada por los estallidos de violencia, prometió, por cadena nacional, que convocará a gobernadores y alcaldes a un pacto para mejorar el transporte e invertir más en educación, salud y seguridad. Afirmó también que las fuerzas de seguridad no permitirán la destrucción del patrimonio público.

"Como presidenta, tengo la obligación tanto de oír la voz de las calles como de dialogar con todos los sectores, pero todo dentro de los principios de la ley y del orden, indispensables para la democracia", señaló la mandataria.

Frente a los crecientes reclamos de mejores servicios públicos, críticas a la corrupción y a los despilfarros de dinero en estadios para la actual Copa de las Confederaciones y el Mundial del próximo año, Rousseff señaló que reunirá a gobernadores y alcaldes de las principales ciudades brasileñas para elaborar un plan nacional de movilidad urbana, que privilegie el transporte público ; que destinará el 100% de los recursos de la explotación petrolera a la educación, y que traerá miles de médicos del exterior para ampliar la atención en todos los rincones del país.

"El mensaje de las calles es pacífico y democrático. Reivindica un combate sistemático a la corrupción y al desvío de recursos públicos. Todos me conocen; en eso no voy a ceder", subrayó, en referencia a su aplaudido historial de echar a los ministros denunciados por sobornos.

Su discurso, muy medido, de tono calmado, grabado antes y de apenas diez minutos, llegó 24 horas después de que Brasil se estremeciese con manifestaciones en todo el país , de las que participaron más de un millón de personas. Las protestas surgieron hace más de dos semanas en rechazo de la suba en las tarifas de transporte -medida revertida el miércoles ante la presión popular-, y ahora se ampliaron a un sinfín de reivindicaciones. Si bien la mayoría de las protestas fueron pacíficas, muchas terminaron en represión y vandalismo.

"Esa violencia promovida por una pequeña minoría no puede manchar un movimiento pacífico y democrático. No podemos convivir con esa violencia que avergüenza a Brasil", dijo. Y advirtió: "Les aseguro: vamos a mantener el orden".

El discurso fue el corolario de un día en el que el gobierno se mostró muy preocupado por el incierto alcance de las marchas, que ayer tuvieron un nuevo capítulo.

Ya temprano, al reunirse en Brasilia con el Comité Organizador de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que tendrá lugar en Río de Janeiro entre el 22 y 28 de julio, con la participación del papa Francisco, el secretario general de la presidencia, Gilberto Carvalho, reconoció que el esperadísimo evento podría verse alterado por este ambiente generalizado de convulsión social.

"Tenemos una serie de complicaciones y preocupaciones. Lo que está ocurriendo puede tener un reflejo en la Jornada. Tenemos que estar preparados", indicó, aunque el comité organizador aclaró que la agenda del Papa se mantiene inalterada.

Tras su reunión con los líderes católicos, Carvalho no dudó en acusar a la prensa de alentar el fuerte sentimiento antipartidario que se respiró en la mayor parte de las manifestaciones en todo el país. "La prensa tuvo un papel al estimular un tipo de moralismo en el sentido despolitizado y un tipo de antipolítica que lleva a esto que ocurre", dijo.

Desde el comienzo, el día estuvo marcado por una gran expectativa en torno a cuál sería la reacción de las autoridades a los desmanes y abusos que ocurrieron anteanoche luego de las masivas manifestaciones en Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia y decenas de otras ciudades. Esas protestas dejaron cientos de heridos y los primeros dos muertos de estas semanas de reclamos y marchas, que hicieron que el mundo se preguntara "qué le sucede" a la potencia latinoamericana.

En Río, después de la gigantesca manifestación que congregó a más de 300.000 personas, grupos radicales de izquierda y de derecha provocaron y se enfrentaron a la policía mientras a su paso destrozaban mobiliario público. En la confusión, delincuentes saquearon tiendas y robaron a muchos manifestantes que intentaban volver a sus casas.

Al final, la fuerza policial desplegó un enorme número de efectivos en la zona, con vehículos blindados y fuerte armamento, para dar "cacería" a los revoltosos y criminales en medio de aterrorizados ciudadanos. El resultado fue una feroz batalla que duró hasta la madrugada.

Ante estos renovados estallidos de violencia que opacaron una movilización cívica histórica, el Movimiento Pase Libre, motor de las protestas iniciales, decidió ayer suspender todas sus manifestaciones. "Consideramos que grupos conservadores se infiltraron en los actos para defender propuestas que no nos representan", señaló Rafael Siqueira, dirigente de este grupo de izquierda.

De cualquier forma, el ánimo en todo el país era aún de suma agitación, y si bien no había protestas planeadas para el día, decenas de miles de personas respondieron espontáneamente a las convocatorias efectuadas a través de Facebook y Twitter para que saliesen de nuevo a las calles. Hubo manifestaciones -mucho más pequeñas y fragmentadas que las del lunes y anteayer- en Río, San Pablo y Belo Horizonte, así como en una veintena de ciudades menores..

Del editor: cómo sigue.
Los manifestantes tienen reclamos tan diferentes entre ellos que es probable que el discurso de Dilma no haya sido suficiente para responder a todos ellos.