El caso de Apablaza Guerra, el ex líder guerrillero chileno cuya extradición venía siendo solicitada por sucesivos gobiernos chilenos, fue finalmente cerrado por la justicia argentina tras el otorgamiento del asilo político, sugerido por la CONARE (Comisión Nacional para Refugiados).

La decisión del gobierno argentino de negar la extradición fue fundamentada en razones humanitarias, psicológicas, es decir, argumentos que no pretendieron confrontar con los que esgrimía la derecha chilena para pedir la extradición. El kirchnerismo tuvo que manejar un doble discurso, embretado entre el pedido de otorgamiento de asilo político realizado por los organismos de Derechos Humanos que son hoy importantes aliados, en particular Hebe de Bonafini, y su verdadera política de alineamiento al imperialismo norteamericano, a partir de la cual exigió al gobierno iraní la extradición de varios funcionarios y ex funcionarios supuestamente involucrados en el atentado a la AMIA sin ninguna prueba, mientras en 2007 sancionó su “ley antiterrorista” con el objetivo de demonizar a Irán, a pedido de Bush y el lobby sionista.

Caba señalar que el gobierno de Cristina extraditó a seis campesinos paraguayos, miembros del extinto grupo Patria Libre, acusados de asesinar a la hija del ex presidente Raúl Cubas, en una causa totalmente armada.

Por su parte, el arco opositor completo se plegó al pedido de extradición. El vicepresidente Cobos opuso al argumento gubernamental central que Chile “ofrece todas las garantías constitucionales como para que ningún ciudadano pueda tener temor fundado de que será perseguido en forma discriminatoria”. Elisa Carrió consideró la decisión del gobierno es un “agravio al Estado, al Gobierno y al pueblo chileno”, ya que este pedido “es el tercero que realiza Chile, tras los efectuados con anterioridad por los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, todos ellos elegidos por el voto del pueblo”, en tanto “la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado en favor de este reclamo”. También el PRO manifestó que “no puede quedar ninguna duda de que el imputado prófugo goza de todas las garantías para su defensa en Chile”. La UCR a su vez sostuvo que el hecho del que se lo acusa a Apablaza “no se cometió durante una dictadura, sino en plena democracia”. El peronista federal De Narváez también se posicionó por la extradición diciendo que “estaríamos demandando exactamente lo mismo si estuviéramos en la posición de los chilenos, como de hecho lo hicimos sobre otros países por otros crímenes”. En definitiva, el caso de la extradición a Apablaza arrancó de la oposición una monocorde sinfonía alineada en toda la línea con la derecha chilena.

La controversia bilateral

Llamó la atención la escalada de amenazas y epítetos que ocupó la primera plana de los diarios a lo largo de la semana, intercambio en el cual los argumentos diplomáticos esgrimidos por el gobierno chileno, tales como que el otorgamiento de asilo político a Apablaza cuestionaría el estado de derecho en Chile, dieron lugar a los exabruptos del senador ultraderechista Andrés Chadwick (primo del presidente), quien acusó al gobierno argentino de haber negado la extradición “por temor a Hebe de Bonafini”, lo que fue calificado por el canciller argentino Héctor Timerman directamente de “payasada”. A pesar de la escalada verbal, no había intensiones de cortar relaciones que venían con viento en popa luego de la gira de negocios para la reconstrucción tras el terremoto. El gobierno chileno se limitó por ahora a presentar un reclamo formal y postergar algunas reuniones bilaterales, preservando las buenas relaciones comerciales entre los dos países.

La cuestión doméstica de Piñera

El presidente chileno Sebastián Piñera viene de una importante crisis política, planteada por la situación de 34 presos políticos de la causa mapuche que se habían llamado a la huelga de hambre para lograr juicios algo más democráticos que el que les ofrecía el Estado chileno al enmarcarlos bajo la pinochetista ley antiterrorista. En este sentido, en palabras del derechista diario El Mercurio del domingo pasado, “Apablaza, prófugo de la justicia chilena por actos terroristas, se transforma en Argentina en un guerrillero idealista. Algo similar sucede en nuestro país cuando a los principales responsables de hechos de violencia en La Araucanía, algunos incluso condenados por los tribunales de justicia, se los califica como comuneros mapuches, dando la idea de encontrarse frente a parceleros o microagricultores”. La pelea por imponer en la opinión pública este reaccionario discurso es clave para la estrategia del gobierno chileno de profundizar la represión a los sectores populares en lucha. Por ahora el gobierno logró cerrar la crisis política sobre la base de los importantes avances en la negociación por la huelga de hambre (de los 34 restan apenas 10 huelguistas en ayuno), además de encontrarse en los umbrales del espectacular rescate de los 33 mineros atrapados.

¡Abajo las leyes antiterroristas!

Si bien los marxistas revolucionarios no compartimos la estrategia de las organizaciones guerrilleras, defendemos todo luchador popular de las garras de la justicia burguesa, por eso defendemos el legítimo derecho de asilo político a Apablaza Guerra. Es una cuestión de crucial importancia para la lucha de los trabajadores combatir el fortalecimiento de las instituciones represivas del Estado burgués. ¡Abajo las leyes antiterroristas! ¡Viva la lucha de los comuneros mapuche! ¡Libertad a Roberto Martino! ¡Desprocesamiento y libertad de los trabajadores, estudiantes y luchadores populares!