En los momentos en que se escribe esta nota, han sido rescatados los 33 mineros de la mina San José en la III Región del país, que se encontraban atrapados a más de 600 metros de profundidad, tras un derrumbe ocurrido el 5 de agosto. No fue un accidente, sino una negligencia empresaria y gubernamental por las míseras condiciones laborales y de infraestructura que se dan en la mina. Más de 1.000 millones de personas siguieron por TV el rescate, siendo un verdadero espectáculo internacional. Más de 4.000 personas siguieron con felicidad el rescate a los mineros, en la plaza central de Copiapó. En estos momentos se escuchan bocinas de celebración.

Desde Clase contra Clase somos parte de esta alegría de que los 33 mineros heroicos fueran rescatados con vida. Pero esta alegría genuina de cientos de miles de trabajadores de ver a los mineros salir con vida tras 70 días de entierro, es muy diferente a la de los empresarios, el gobierno y los medios de comunicación que realizan una enorme campaña mediática para mostrar la buena “gestión” del gobierno de la derecha y el hipócrita discurso de la unidad nacional, escondiendo las verdaderas causas de este derrumbe, del que también es responsable el anterior gobierno de la Concertación, de Michele Bachelet que habilitó esa verdadera trampa mortal que es la mina San José.

El derrumbe es producto de las míseras condiciones laborales...

La situación en la minera San José, era bastante conocida por el estado y las autoridades. El Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin, organismo que se encarga de “fiscalizar” la seguridad laboral) durante años venía cursando multas a la empresa, e incluso la había cerrado durante un año por las pésimas condiciones en que se encontraba la mina donde trabajaban más de 350 obreros. La Dirección del Trabajo la tenía catalogada como una “explotación insegura”. En los últimos 4 años en la mina hubo 3 muertos. En 2006 hubo un accidente que causó lesiones a 182 trabajadores, sin que se cerrara la mina, y cursando sólo multas a los dueños. En 2006 el Sernageomin dispuso su cierre temporal y el año 2007 su cierre definitivo. Sin embargo, el 30 de mayo del 2008 se autorizó la reapertura. El propio ex director regional del Sernageomin declaró tras el derrumbe del 5 de agosto, que “esa mina no debió ser reabierta nunca” y reconoció presiones empresariales y políticas para su reapertura. Entre 2000 y 2003 hubo más de diez denuncias de los trabajadores. ¿Alguna vez los escucharon? Ninguna. Los procesos de fiscalización que hacían notar los riesgos ante accidentes o alguna catástrofe terminaron en simples multas. La última muerte ocurrida el 3 de Julio, terminó con el pago de indemnización a la familia afectada y multas menores, además de arraigo a los dueños de la empresa (que no han respondido ante los hechos y el día del accidente con total descaro dieron aviso de la noticia 5 horas después del derrumbe).

Las malas condiciones de trabajo eran conocidas: en distintos informes se conocía que la chimenea de escape carecía de peldaños. Es decir, no existía chimenea de escape ante algún accidente o derrumbe. Según los ingenieros en minas, había un fuerte grado de sobre-explotación del yacimiento.

Esta situación no es aislada. En más del 90% de las mineras del país no existe vía de evacuación. A nivel nacional, sólo hay 16 “fiscalizadores” para más de 4.500 explotaciones mineras. En Copiapó había solo 4 fiscalizadores para más de 300 minas, y dos de ellos cumplían labores administrativas. Un verdadero chiste.

En los últimos 18 meses, 350 mineros han fallecido en sus lugares de trabajo. Esta es la realidad de miles de mineros que trabajan en malas condiciones. En entrevista estos días en la prensa era lugar común en la mayoría de los familiares decir que “la paga es mejor, pero es más peligrosa” .

...y de las millonarias ganancias patronales

Y todo esto contrasta con las enormes ganancias que vienen teniendo las empresas mineras en el país. Sólo en el primer semestre de este año registraron ganancias equivalente a U$4.656 millones, representando un alza del 70% respecto año anterior. Por otro lado, la inversión en seguridad laboral e infraestructura alcanza menos del 5% de las utilidades netas de la minería.

Por otra parte, la enorme precarización a los obreros de la minería ha ido en aumento. Desde el año 1985 al año 2006 los trabajadores contratistas en la minería (trabajadores contratados por empresas que mantienen contratos de servicios de las grandes mineras y realizan el mismo trabajo por sueldos hasta 4 veces inferiores a los trabajadores de planta y los más precarizados) han pasado de 3.174 a 85.891, superando en casi el doble a los trabajadores de planta. Esto le ha permitido tener enormes negocios a las mineras, desvinculando trabajadores y contratando servicios con empresas externas (subcontratistas) para reducir costos de producción y reducir costos en seguridad en las faenas.

El gobierno de la derecha lanza una fuerte campaña reaccionaria

El rescate de los 33 mineros enterrados fue una gran excusa para que el gobierno desarrollara una fuerte campaña mediática para aparecer cómo “héroes” del rescate. Después de ser cómplice del “accidente”, después de haberlos dado por muertos, sólo asumió el rescate cuando los heroicos mineros hicieron saber que estaban con vida.

Apenas se supo de que los 33 obreros estaban con vida, el gobierno del multimillonario y derechista Sebastián Piñera (que cuenta un patrimonio de U$1.000 millones, el empresario más millonario de Chile) realizó un show mediático por todo el mundo con el papelito que escribieron los mineros de que estaban con vida y realizó una fuerte campaña de “unidad nacional” entre empresarios, trabajadores, políticos patronales y el estado. El gobierno cómplice, se mostró como “protector” de los derechos laborales exigiendo la renuncia del director del Sernageomin e incrementando los fiscalizadores, además de anunciar una serie de cierres temporales de minas que no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad. Además, impulsó una fuerte campaña de mostrar a las Fuerzas Armadas, instituciones del gobierno, los carabineros y los empresarios privados como “ayudantes” del rescate a los mineros, siendo parte de este clima reaccionario de “unidad nacional” entre explotadores y explotados.

Y la prensa nacional se ha convertido en un gran aliado del gobierno derechista, montando junto a él, la campaña de “unidad nacional”.

Todo esto mientras la prensa escondía cualquier dato de los numerosos accidentes laborales y la inexistencia de alguna responsabilidad patronal ante el derrumbe, mostrándola como una tragedia sin causa. La Concertación (la oposición patronal que gobernó antes en Chile) fue aliada del gobierno en este tema, siendo partícipes de la sobre-explotación laboral y las míseras condiciones de trabajo.

Mientras tanto, la empresa se declaró en Estado de Quiebra, despidiendo a 300 mineros de la mina San José que han protestado por el no pago de sus sueldos de septiembre y el no pago de ningún finiquito. El gobierno, escondiendo el hecho, dijo que no se haría cargo de la situación y que éste era un “conflicto entre privados” dejando a la deriva la suerte de los mineros, que aún se mantienen sin sus salarios y sin trabajo, mostrando la farsa del discurso derechista de la “protección de los trabajadores” y la unidad nacional. El gobierno derechista y los gobiernos de la concertación, los empresarios y sus políticos son los culpables de esta tragedia que ha quedado impune. Lamentablemente las direcciones sindicales del PS y el PC no plantearon ninguna política obrera independiente denunciando la responsabilidad de los patrones y sus políticas ante esta tragedia. Al revés, terminaron dando apoyo al gobierno, haciendo mesas de diálogo para resolver juntos estos problemas y suscribiendo esta campaña de “unidad nacional” que deja al gobierno de los empresarios como cercanos a las necesidades de los trabajadores. Ahora Piñera dice demagógicamente que anunciará un “nuevo trato” con los trabajadores, que ya sabemos que es más precarización laboral: el contrato de Primer Empleo que acaban de negociar las direcciones de la CUT (del Partido Comunista y de la concertación) con las grandes patronales; el teletrabajo y ataques a las mujeres trabajadores y la juventud. Es necesario denunciar la demagogia del gobierno derechista que utiliza para encubrir mayores ataques a los derechos de los trabajadores y mayor precarización. Pero esto solo se puede hacer fortaleciendo nuestras organizaciones sindicales luchando por una política independiente para defender nuestros derechos y avanzar contra la precarización laboral, contra la subcontratación y las míseras condiciones de seguridad, desplazando a las direcciones sindicales que llaman a una alianza con la concertación y los responsables de este derrumbe.