Para la presente elaboración nos basamos en nuestro artículo “Entre la crisis capitalista y las nuevas luchas obreras”, escrito en noviembre de 2008 y publicado en Contra la Corriente - Revista Marxista de Teoría y Política N°1 (diciembre 2008), y en el trabajo “La lucha del magisterio de Morelos”, escrito por Jimena Mendoza y Mario Caballero a inicios de noviembre de 2008 y publicado en la misma revista, así como en otras elaboraciones más recientes de dichos autores.

Este 2008 se caracterizó por un salto en la ofensiva recolonizadora imperialista sobre México (particularmente con la reforma privatizadora de PEMEX), pero también por una redoblada tendencia a la lucha de sectores de los oprimidos y explotados, como lo mostró la reciente lucha del magisterio. En este artículo plantearemos cuáles son, a nuestro entender, las principales tendencias de la situación. Las mismas, en un contexto signado por la crisis económica internacional y su impacto en México, apuntan a una posible profundización de la situación prerrevolucionaria abierta en el país a partir del año 2006 con las movilizaciones antifraude y la lucha de Oaxaca, como explicamos más abajo.

Durante años, México fue presentado como un ejemplo del éxito del “modelo” neoliberal en la región. Sin embargo, esta falacia de los comunicadores e intelectuales de la clase dominante se está hundiendo aceleradamente. De ser la perla “neoliberal”, México se está convirtiendo en uno de los eslabones más débiles en el continente ante el tsunami que representa la crisis capitalista internacional.

Una crisis en la perla “neoliberal” de América Latina

En los últimos meses, la crisis financiera internacional golpeó duramente la economía y el mercado bursátil mexicano. Esto se hizo evidente en los siguientes hechos.

• Una importante fuga de capitales, que provocó una pérdida de un cuarto del valor del mercado accionario de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto está acicateando una devaluación del peso con respecto al dólar, el cual en pocos meses perdió un 30% de su valor (saltando de la franja de los $10 MN/US$ a $14 MN/US$).

• El descenso de un 65% de los precios del petróleo, principal exportación e ingreso fundamental del Estado mexicano a través de la gestión de PEMEX, lo cual se combinó con la caída de las remesas enviadas por los millones de migrantes que laboran en Estados Unidos, quienes resienten la crisis de la economía norteamericana y en particular de la construcción.

• El estancamiento y retroceso de la industria manufacturera y la construcción, entre otros sectores productivos, aunado a cierres técnicos (lockout patronal) y suspensiones parciales en grandes empresas, como en la Ford Hermosillo, así como anuncios de reducción de personal en distintas ramas, por ejemplo en empresas textiles y automotrices.

• Un encarecimiento general del nivel de vida. Los sexenios previos se basaron en un dólar contenido, lo cual favorecía las importaciones agropecuarias, manufacturadas y los bienes de capital. La devaluación del peso está impulsando la inflación de la canasta básica y otros bienes, sea por tratarse de productos importados o como resultado de una especulación directa contra el salario y el poder adquisitivo del pueblo trabajador.

• Una importante retracción en el comercio, debido a la caída del consumo que, en septiembre, bajó un 7%, afectando a emporios como la cadena Comercial Mexicana que –por ejemplo– enfrenta la amenaza de un proceso de embargo por parte del BBVA. Esta baja del consumo se intensifica como resultado de la devaluación del peso, de la falta de crédito, y del incremento de las tasas de interés de las tarjetas de crédito.
Estos hechos están mostrando un cambio drástico en las características estructurales bajo las que se configuró el patrón de acumulación capitalista de las últimas décadas. En particular:

• Una depresión general de las llamadas “ramas dinámicas” que exportan hacia Estados Unidos, como las automotrices, como resultado de la caída de la demanda en el mercado interno norteamericano. Junto a ello, la crisis golpea en las industrias extractivas, lo cual ha provocado la caída de sus acciones en Wall Street.

• El aumento en el déficit de la balanza comercial y de cuenta corriente, producto del descenso de las exportaciones petroleras y manufactureras. Este déficit se acrecienta por la retirada de capitales del mercado financiero.

• La caída de las estimaciones de crecimiento del PIB, el cual no rebasará el 1,8% en 2008 y el 0,5% en 2009, niveles próximos al estancamiento.

• Una reducción acelerada de las cuantiosas reservas en dólares, que fueran un reaseguro de las últimas administraciones para enfrentar una eventual fuga de capitales. Sólo en octubre disminuyeron unos 15.000 millones de dólares.

México está entrando en un ciclo recesivo, que incluye fuertes tendencias a la crisis financiera (que en un futuro se pueden manifestar en una crisis bancaria) e inflacionarias. Esto plantea la posibilidad de una dinámica catastrófica similar o mayor a las crisis de 1982 y de 1994 en nuestro país.

La crisis de un patrón de acumulación capitalista

Abordando las repercusiones de la crisis desde un ángulo más estructural, hay que considerar que hoy se expresan los límites y contradicciones del patrón de acumulación capitalista instaurado desde 1982, el cual se basó en una relación de “integración” –en términos de subordinación– a la economía norteamericana. Estos límites adquieren una gravedad insostenible ante la crisis del rol jugado por Estados Unidos en la arena económica mundial como consumidor en última instancia. Y se revelan con particular profundidad ante el trastocamiento del lugar que México ocupó, en la división mundial del trabajo, durante las últimas dos décadas.

El patrón de acumulación capitalista “nacional” se basó, desde 1982, y especialmente desde 1989-1990, en la conversión del país en proveedor de determinados productos en el área de la electrónica, la automotriz y la industria textil, elaborados por empresas subsidiarias o proveedoras de grandes trasnacionales de origen mayoritamente estadounidense.

Esto se articuló con la llamada apertura comercial, otro rasgo constitutivo del “modelo” neoliberal en México. Mediante el GATT primero (1985) y el TLCAN después (1992-1994), se abrió el mercado nacional a la importación masiva de productos manufacturados y agropecuarios, lo que redundó en la crisis del campo y de ramas de la industria (como el calzado y textil).

Los altos niveles de crecimiento registrados por el PIB durante la segunda mitad de los años ’90 expresaban la reconversión de México en un país exportador de la producción de las ramas llamadas “dinámicas” hacia EE.UU., aprovechando las ventajas comparativas resultantes tanto de la liberalización de las exportaciones (por ejemplo los convenios existentes en la industria maquiladora) como de una fuerza de trabajo diez veces más barata respecto de los trabajadores estadounidenses.

Esta “reconversión” moldeó una estructura dependiente y subordinada a los ritmos del mercado norteamericano y de las grandes empresas trasnacionales.

Desde 2002, los niveles de crecimiento del PIB comenzaron a descender. La competencia de las exportaciones chinas, aunado al hecho de que el salario en México resultaba más alto en dólares con respecto a lo que se pagaba –por ejemplo– a un trabajador en China o Brasil, impactaron fuertemente. Sin embargo, aun poniendo en entredicho el “modelo” mexicano y su estabilidad a largo plazo, esto no abrió una crisis en lo inmediato y, durante 2006 y 2007, los altos precios del crudo permitieron una gran recaudación fiscal y un considerable ingreso de capitales, así como evitar la devaluación mediante el respaldo de las arcas del Banco de México.

Pero esta situación cambió aceleradamente, como se expresa en los elementos planteados en el apartado anterior, que muestran una crisis general de las condiciones del patrón de acumulación capitalista. Para entender la dinámica actual, resulta útil compararla con el impacto que la crisis mundial de inicios de los años ’70 tuvo en México. Desde 1968, indicadores como la formación de capital fijo o el crecimiento del producto bruto manufacturero se desaceleraron respecto del alto crecimiento mostrado desde 1940. Pero, entonces, los efectos devastadores de la crisis internacional fueron diferidos mediante los altos ingresos por las exportaciones del petróleo, aunque con el costo de una acumulación impresionante de contradicciones que finalmente hicieron eclosión en 1981-1982. En la actualidad, es posible que la crisis en México se exprese simultáneamente en las finanzas, la producción y el comercio exterior, ya que las transformaciones en el capitalismo semicolonial mexicano y su mayor dependencia de los vaivenes de la economía norteamericana, le dan a los lazos que unen ambas economías el carácter de verdaderos “conductores” de las tendencias al desequilibrio, la crisis y la catástrofe económica.

Es en ese contexto que el capitalismo mexicano tiene un panorama incierto, donde la situación en Estados Unidos y la política económica que adopte el nuevo gobierno de Obama podrán agravar los efectos de la crisis en el país; en ese marco es que hay que interpretar los acercamientos de Calderón al imperialismo europeo (en particular el español, cuyas empresas son grandes beneficiarias de la reforma energética) y otros gobiernos del continente como mostró, por ejemplo, su reciente viaje a Argentina.

Si la crisis mundial encuentra comparación con la crisis de los años ’30, no está de más considerar que aquella tuvo consecuencias tremendas en la economía del México pos revolucionario, con bruscos derrumbes de la producción, el comercio exterior y aumento del desempleo. En condiciones radicalmente distintas, como las que planteamos arriba, la crisis actual representa, nuevamente, un ataque a las condiciones de vida y de trabajo de millones de asalariados. Se trata de una clase obrera que en las últimas décadas fue reconfigurada por la ofensiva de las trasnacionales y sus socios nativos y que agrupa a los sectores asalariados al servicio del Estado que todavía preservan algunas de sus conquistas históricas, junto a los trabajadores industriales precarizados cuya mayor expresión son el más de un millón de trabajadores de las maquiladoras, y a los de servicios, empleados en grandes grupos como Wal Mart o Comercial Mexicana. Este movimiento obrero –el cual integran también los millones de jornaleros agrícolas que sufrirán los duros embates de la crisis– se ve sujeto a una ofensiva que combina el ataque a los contratos colectivos de trabajo y las contrarreformas laboral y a la seguridad social, con la reducción de la planta laboral y cierres técnicos.

En este contexto estructural que acabamos de describir y conceptualizar, la crisis abre la perspectiva de un fuerte descreimiento ideológico en franjas de trabajadores y de la juventud con respecto a las bondades del neoliberalismo e incluso del capitalismo como sistema. Y también, en el terreno de la acción colectiva, de la posible emergencia de nuevas luchas de la clase obrera, la juventud y las clases medias empobrecidas. Asistimos a un cambio general en las condiciones estructurales del capitalismo mexicano, que es la base de una aceleración y agudización de las contradicciones políticas y sociales, de la lucha de clases en tanto expresión subjetiva de los exacerbados antagonismos de clases, y de una situación con mayor tendencia al enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución.

El régimen y el gobierno de Calderón

El cambio en estas condiciones estructurales se da en el contexto de un gobierno debilitado y de un régimen que carece de credibilidad ante las masas laboriosas [1]. A pesar de haber transcurrido dos años desde las elecciones presidenciales, no se remontó la falta de legitimidad que el fraude significó para el gobierno y las instituciones del régimen [2] .

Desde 2006, Calderón intentó enfrentar esta situación con una política claramente reaccionaria: con las contrarreformas estructurales (como es la Alianza por la Calidad Educativa), y una orientación represiva sobre sectores de vanguardia, con una creciente militarización, justificada con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. La ofensiva privatizadora sobre el petróleo se inscribe en esta política.

Sin embargo, este accionar se convirtió en el principal factor desestabilizador de la política nacional, ya que acicateó el descontento e impulsó la movilización de sectores de las masas populares, desgastándose la propia institución presidencial. Aunado a esta pérdida de legitimidad, la muerte de Juan Camilo Mouriño –secretario de Gobernación– en un accidente de aviación agravó la situación del gobierno, privando a Calderón de su principal operador político y su “delfín” presidenciable para 2012. De igual forma, la incapacidad del Ejército para controlar al narco, es un elemento de crisis en el gobierno panista, en tanto que la “infiltración” (léase redes de complicidades) lograda por el narcotráfico en las instituciones, echa luz sobre los elementos de descomposición del Estado (8.000 asesinados en dos años). El gobierno de Calderón tiene además, ante sí, un panorama todavía incierto en la relación con la nueva administración estadounidense, donde la política que adopte Obama frente a cuestiones tales como el TLC, el muro, la migración, le exigirá respuestas con consecuencias no sólo en el plano internacional, sino también en el equilibrio de fuerzas con los demás partidos.

Por otra parte, en los meses previos, el enfrentamiento suscitado en torno a la privatización del petróleo, entre el bloque PRI-PAN respecto al ala también burguesa del PRD y el FAP, encabezados por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abrió una brecha en el régimen político, por donde se coló un importante movimiento de masas, en el cual participaron a título individual miles de trabajadores.

Sin embargo, la relación y el equilibrio entre los partidos políticos comenzó a cambiar a partir del pacto entre el PAN, el PRI y el PRD para votar la reforma energética, el cual buscó una mayor estabilización sumando a la oposición perredista. Consecuencia de su dependencia institucional del Congreso, Calderón debió modificar el proyecto inicial, intentando integrar al mismo al PRD y a López Obrador. Este cambio fue una respuesta preventiva a la posibilidad de que en la convulsiva situación actual, una propuesta no consensuada despertase una respuesta popular. Más allá de estos cambios, la reforma estableció constitucionalmente la concesión de contratos a la “iniciativa privada”. La negativa de AMLO a entrar en este acuerdo le quitó legitimidad ante las masas a la política privatizadora de Calderón [3] .

Esto fue un ejemplo de los acuerdos que se han desplegado recientemente, buscando estabilidad para las instituciones ante la crisis económica y sus consecuencias políticas.

Está por verse si la confrontación en el PRD y sus pactos con el gobierno llevan a una ruptura en este partido. El encumbramiento del ala “derecha” encabezada por Jesús Ortega en la presidencia del partido, abre esta posibilidad; AMLO ya afirmó que decidirá “si se queda o se va” del PRD en 2009. Por otra parte, los partidos que acompañaban tradicionalmente al PRD, esto es el PT y Convergencia, formalizaron una alianza sin el PRD, con la inclusión del PRT, que se reivindica trotskista. El registro de esta nueva alianza está sin duda al servicio de una eventual ruptura de AMLO para su presentación independiente en las próximas elecciones presidenciales, en tanto que se está dando un éxodo “hormiga” de militantes perredistas hacia el partido patronal Convergencia. Se abre entonces la posibilidad del surgimiento de un proyecto político de corte frentepopulista, que le permitiría a AMLO ampliar sus lazos con los sindicatos y organizaciones campesinas opositoras. Esto significaría un trastocamiento general del equilibrio que alcanzó el régimen desde 1994, basado en la alternancia de los tres principales partidos.

Esta dinámica muestra que el descontento creciente entre las masas puede empujar al surgimiento de “alternativas” de corte opositor que de forma preventiva buscarán encauzar y controlar, bajo una política de conciliación de clases –como la que sostiene AMLO y que avalan las fuerzas políticas que lo acompañan, incluyendo al PRT– las tendencias de sectores del movimiento obrero y popular a la lucha de clases.

Vinculado a esto, se despliega la posibilidad de que se expresen programas económicos diferenciados al interior de la clase dominante. Si la subordinación a EE.UU. puso límites a esta posibilidad en los años previos, la crisis y el retorno del “neokeynesianismo” como programa burgués, puede alentar el surgimiento de un “neodesarrollismo”, que dispute el apoyo de sectores de la patronal. Un escenario catastrófico en la economía podría, en ese sentido, abrir lo que los marxistas definimos –en términos de Gramsci– como una crisis orgánica, una crisis estructural de la dominación capitalista.

Para esta perspectiva debemos prepararnos, proponiendo la construcción de una alternativa política al servicio de la lucha y los intereses de los trabajadores y el pueblo pobre, y enarbolando un programa alternativo que de una salida a la crisis general de la sociedad, marcando a fuego la incapacidad de la burguesía nativa y de sus representantes, aun de aquellos “nacionalistas” como AMLO.

Una dinámica de luchas obreras y populares

El movimiento obrero mexicano entra a esta situación con una experiencia de lucha desarrollada en los últimos años.

Visto en retrospectiva, el año 2006 marcó el inicio de un ciclo ascendente de la lucha de clases. En primer lugar, la respuesta al fraude de 2006 contra AMLO fue un movimiento democrático de masas, pluriclasista y profundamente progresivo en tanto enfrentaba al régimen de la alternancia. A pesar de su ímpetu, este movimiento no confluyó con la lucha de Oaxaca, en gran medida por la negativa de su dirección (el PRD y AMLO) a hacer propia las demandas del magisterio y el pueblo oaxaqueño. La lucha llevada adelante por la APPO (ver Estrategia Internacional N° 23) destacó por distintos factores. En primer lugar, la radicalidad de sus métodos, enfrentando a las fuerzas represivas en múltiples ocasiones y ocupando el centro de la ciudad de Oaxaca. Junto a ello, el surgimiento de una forma embrionaria de organización democrática de las masas en lucha, la APPO, planteaba la perspectiva posible de erigir un gobierno obrero y campesino, en oposición al gobierno burgués liderado por URO, como parte de la lucha contra el estado burgués a nivel nacional. De igual forma, un aspecto clave de esta lucha, y que explicó su persistencia, fue que tuvo en la huelga magisterial su baluarte, en torno al cual se articuló una poderosa alianza obrera, campesina y popular. La lucha de Oaxaca fue un factor clave en la apertura de una situación de carácter prerrevolucionario en nuestro país [4] , y de una lenta pero persistente tendencia a la recomposición de la subjetividad del movimiento obrero y de masas [5]. La represión de esta lucha, aunque tuvo duras consecuencias en ese estado, no significó una derrota a nivel nacional. Esto lo evidenciaron los acontecimientos posteriores de la lucha de clases.

Por una parte, el surgimiento de un gran movimiento en defensa del petróleo mostró una continuidad con la lucha democrática contra el fraude, y enseñó que, ante el gran descontento con el panismo y sus socios priístas, la clase dominante ha sido incapaz de cerrar la brecha existente entre el sistema político y sus representados. Se evidenció que la crisis de legitimidad del régimen es de largo aliento y que, aunque intentarán paliarla, no será resuelta con medidas puramente formales o maniobras palaciegas al estilo de los proyectos de “reforma del Estado” postulados por sesudos politólogos. Por otra parte, el movimiento en defensa del petróleo tiene el grado distintivo de que cuestionó la ofensiva recolonizadora sobre la nación oprimida.

En cuanto al movimiento obrero, los últimos años mostraron la existencia de un proceso de recomposición, expresado en la recuperación de métodos radicales e importantes luchas, que –a pesar de que algunas terminaron en derrota– sentaron un precedente y una acumulación de experiencias en franjas de la clase trabajadora, que son un verdadero “capital” para futuras acciones. Aun antes de la emergencia de la “Comuna de Oaxaca”, desde el año 2003 se desarrollaron nuevos procesos de lucha y movilización en algunos de los más importantes destacamentos de trabajadores al servicio del Estado, como fueron las movilizaciones de los electricistas y en particular las tendencias antiburocráticas dentro del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, quienes dieron una denodada pelea contra las reformas avaladas por la dirección sindical. Y, a inicios de 2006, mientras 65 mineros eran víctimas de asesinato industrial en Pasta de Conchos y sus familias iniciaban una larga lucha que aún hoy persiste, los siderometalúrgicos de SICARTSA protagonizaron una rebelión obrera, ocupando la planta y enfrentando físicamente a las fuerzas de represión. Esto mostró que existe un profundo proceso de recomposición entre los trabajadores mineros que, pese a su dirección charra, es uno de los sectores de punta en estos últimos años.

Igualmente, se desplegó un mayor protagonismo de los sindicatos llamados opositores (como el Sindicato Mexicano de Electricistas, la central Unión Nacional de los Trabajadores o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), así como de otros –como el sindicato minero–, que integraban las centrales orgánicamente vinculadas al PRI, como la Central de Trabajadores Mexicanos y el Congreso del Trabajo. Esta mayor participación de las organizaciones sindicales se debió a la presión persistente de su base, que obligó a sus direcciones a realizar determinadas acciones. Sin dejar de lado el hecho de que la mayor parte del movimiento obrero no está sindicalizado, en los últimos años se mostró un creciente protagonismo de los sindicatos.

La recomposición del movimiento obrero se ha mostrado también en un avance en su subjetividad y, en particular, en tendencias antiburocráticas en sectores de vanguardia. Exponente de esto fueron los trabajadores de la UNAM, que el 2 de mayo de 2007 le impusieron a su dirección y a la “oposición” tradicional un paro de labores votado desde las asambleas de base, o las luchas de los combativos trabajadores de la industria hulera (como Euzkadi, Uniroyal y Tornel), o de Industrias Ocotlán y de la Vidriera de San Luis Potosí –así como procesos moleculares como en el SUTERM–, enfrentando a las direcciones charriles de sus sindicatos nacionales.

El magisterio a la vanguardia

En este contexto, emergió la lucha del magisterio, como resultado de varias décadas de acumulación de experiencias de lucha en este sector, como el proceso magisterial en Oaxaca y las movilizaciones en contra de la ley del ISSSTE.

En el segundo semestre de 2008, la imposición de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) [6], pactada entre Gordillo y el gobierno panista de Felipe Calderón, detonó el estallido de una verdadera rebelión, cuyo punto más alto estuvo en el estado de Morelos, donde los maestros se fueron a la huelga y tomaron el zócalo de Cuernavaca durante casi tres meses. Esto tuvo su punto distintivo en la confrontación con la dirección burocrática del SNTE, encabezada por Elba Esther Gordillo (EEG), una de las más corruptas, represoras y entreguistas del viejo aparato “charro”. Esta lucha de carácter sindical tendencialmente se expresaba como una lucha política. El Movimiento Magisterial de Bases (MBM) ocupó el zócalo de la ciudad de Cuernavaca y se lanzó a una huelga que se extendió por todo el estado, impidiendo el inicio del curso escolar. Junto al MBM se movilizaron las Normales Rurales, el CETEG y los contingentes de la CNTE en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Guanajuato, Monterrey, Yucatán, Veracruz, Zacatecas y muchos estados tradicionalmente subordinados al CEN del SNTE. Surgió una rebelión magisterial como no se veía en décadas, que tuvo en jaque al gobierno y amenazó el ya deslegitimado control sindical que ejerce Gordillo.

El movimiento en Morelos contaba con la simpatía de la mayoría de los padres de familia y de las combativas poblaciones y comunidades del estado que, a las demandas del magisterio, le agregaron la caída del represor gobernador Marco Adame. Además, contó con el apoyo de otros sectores de trabajadores, como los electricistas o los obreros de Nissan. A los dos meses de lucha se había desarrollado una importante alianza obrero popular que comenzaba a poner en jaque al gobierno estatal.

El movimiento tuvo dos características muy importantes. Por un lado, la puesta en juego de métodos radicalizados –contínuas movilizaciones, bloqueos carreteros, toma de Congresos locales y edificios de gobierno– los cuales hicieron recordar las imágenes de Oaxaca, tanto por la combatividad de los profesores como por la política autoritaria y represiva del gobierno. El otro gran aspecto de esta heroica lucha es que el MBM se organizó como un movimiento en contra del charrismo, incluso por fuera de los marcos organizativos de la CNTE que, al no avanzar en una política más decisiva contra los planes del gobierno y EEG, comenzó a ser cuestionada por los sectores más combativos del magisterio.

Frente a ello, el gobernador de Morelos lanzó una de las ofensivas represivas más violentas de los últimos años. En varias poblaciones, las comunidades indígenas, padres de familia, maestros y niños tomaron las principales carreteras el día 9 de octubre. La PFP, la policía del estado y el Ejército, con tanques, helicópteros, jeeps y armas largas, arremetieron contra las poblaciones, aprehendiendo a decenas de personas, destrozando las casas, saqueándolas y torturando a maestros, mujeres y niños. Sin embargo, la represión fue enfrentada con heroísmo por las comunidades que, para defenderse, pusieron en pie barricadas, incendiaron neumáticos para eclipsar la visibilidad de los helicópteros y se pertrecharon con petardos, piedras y palos.

La acción represiva, lejos de haber mermado la moral de los maestros, alentó la unidad del conjunto de los sectores populares. El 14 de octubre, cientos de miles de personas se lanzaron a la calle para repudiar la represión en Cuernavaca: los contingentes estaban conformados por el MBM, la CNTE, los electricistas, trabajadores de Nissan, estudiantes, campesinos y organismos de derechos humanos. En distintos estados, los maestros se manifestaron contra la represión y, en el Distrito Federal se llevó a cabo una importante manifestación a las puertas de la Secretaría de Gobernación donde se exigió el retiro del Ejército, la liberación de los presos, la anulación de la ACE y la renuncia del gobernador Marco Adame.
Después de varios meses, y sin contar con una solidaridad efectiva por parte de las centrales sindicales ni de la CNTE (que no convocó a un solo día de paro en solidaridad), los maestros de Morelos le impusieron al gobierno estatal el compromiso de no aplicar la ACE allí donde estaba presente el MBM. Este acuerdo fue seguido por importantes acciones del magisterio en otros estados, que retomaron su radicalidad y la organización de plantones, como en Michoacán. La extensión de la rebelión obligó a las autoridades a suspender durante siete meses la implementación de la ACE en varios estados, lo que fue un importante triunfo y una derrota, por el momento, de uno de los planes claves del gobierno en el sexenio.

Por una estrategia socialista y revolucionaria

El resultado favorable de la lucha magisterial puede impactar en otros sectores. La CNTE anunció que continuará la lucha contra la ley del ISSSTE. De igual forma, en sectores del proletariado industrial, incluyendo a varias maquiladoras, y de servicios, se vienen desarrollando procesos moleculares, aun en sectores que vienen de más atrás.

Hay un nuevo espíritu de lucha en sectores de la clase trabajadora. En esta dinámica, los trabajadores tienen por delante superar la política de sus direcciones tradicionales que se mostraron cómplices, en los hechos, de la imposición de los planes gubernamentales. En el caso del SME y la Unión Nacional de Trabajadores, se limitaron a declarar su oposición al gobierno y sólo llamaron a la movilización cuando la presión de las bases amenazaba desbordarlos. Esto mientras sostenían una política de presión sobre el Congreso, y llevaban el descontento tras la confianza en la dirección “antineoliberal” de López Obrador, cuya política, como ya planteamos, no va más allá de reformar y humanizar el sistema capitalista.

La crisis actual supone nuevos desafíos para los trabajadores. Los efectos de la crisis económica internacional, y en particular la recesión en Estados Unidos, se harán notar en un aumento del desempleo, suspensiones de la producción y cierre de empresas, y aunado a la contención salarial, le impondrán nuevos desafíos a la clase trabajadora. Aunque no existe una relación automática entre crisis y actividad de las masas, es posible que “la gimnasia” de lucha desarrollada previamente, en tanto acumulación de experiencias de lucha y de organización, sea puesta en juego en un contexto más convulsivo, en la perspectiva de superar la política de las direcciones sindicales tradicionales y avanzar en un camino y un programa independiente de las instituciones del régimen y sus partidos. Esto reactualizará la disyuntiva entre una estrategia reformista y una perspectiva independiente.

Por eso es fundamental levantar una política socialista y revolucionaria, habida cuenta de que la clase obrera es la que, por su lugar clave en la economía y la sociedad capitalista, puede encabezar la lucha contra la clase dominante y contra la dominación imperialista. Esto requiere desarrollar un programa transicional, que parta de medidas tales como la defensa del empleo y del salario, el reparto de las horas de trabajo y una escala móvil de salarios, la lucha contra la entrega y la expoliación imperialista, en torno a las cuales desarrollar la movilización revolucionaria de las masas hasta culminar en la lucha por el poder obrero, única forma de dar una salida de fondo a la crisis capitalista [7].

En ese sentido, la presente crisis actualiza la lucha por el poder, entendida no como un reemplazo en el personal político del Estado burgués, sino como el derrocamiento revolucionario del régimen actual y la construcción de un Estado de nuevo tipo, sin explotadores ni explotados. No hay posibilidad de dar una respuesta a la crisis limitándose a la construcción de espacios autonómicos o de autogestión, que, aunque puedan ser valiosos en sí mismos (al demostrar que no necesitamos de los burgueses ni de sus políticos) representan una salida insuficiente e impotente; para luchar contra la burguesía, es necesario arrancarle el poder político. En esa perspectiva es que planteamos la lucha por una República Obrera, basada en la alianza de los oprimidos y explotados del campo y la ciudad, y edificada sobre el basamento duro como granito de verdaderos organismos de democracia directa de la clase trabajadora, los campesinos y el pueblo pobre, desde los cuales se planifique democráticamente la economía y la sociedad, como parte de la lucha por extender la revolución obrera y socialista a América del Norte y al conjunto de América Latina y el Caribe. Ese es el camino para hacer real la segunda revolución mexicana. Eso implica la toma revolucionaria del poder por parte de los trabajadores, y es el contenido de la fórmula acuñada por Marx de dictadura del proletariado. Para impulsar esta perspectiva, es necesario construir una organización revolucionaria en México, que se nutra de las nuevas generaciones de jóvenes y trabajadores que se incorporan a la lucha, y que se prepare para ser una alternativa en los próximos combates de clase. Al servicio de esto es que, desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo, ponemos nuestro esfuerzo militante.