A diferencia de lo que va de este nuevo año, los últimos meses del año 2010 fueron pródigos en cambios bruscos de la situación política, quizás como en pocos momentos de todo el ciclo kirchnerista. Primero, el 20 de octubre, fue el asesinato alevoso de Mariano Ferreyra, por parte de la burocracia sindical encabezada por José Pedraza de la Unión Ferroviaria (con la complicidad de la empresa UGOFE –el consorcio público/privado que administra la línea Roca del ferrocarril– y de la Policía Federal que dejó “zona liberada”), cuestión que abrió una fuerte crisis política en un por entonces desgastado gobierno nacional. Una semana después se produce la muerte de Néstor Kirchner (NK), cuestión que motivó una importante movilización especialmente de los sectores que apoyan al gobierno “por izquierda”, con fuerte repercusión mediática a partir de la transmisión televisiva en continuado por 72 horas de los funerales, y que redundó en un repunte en la popularidad del gobierno de Cristina Fernández (CFK). Poco después, el 23 de noviembre, se produce el asesinato de integrantes de la Comunidad QOM de La Primavera en Formosa, por parte de la policía del gobernador kirchnerista Gildo Insfrán. Con la sangre todavía caliente de estas muertes, el 7 de diciembre, tiene lugar el desalojo conjunto por parte de la Policía Federal y la Policía Metropolitana del Parque Indoamericano, produciendo inicialmente dos muertos y luego un tercero, en medio de una fuerte polarización social que produjo la emergencia del reclamo por la vivienda digna. Finalmente, el 23 de diciembre, luego de un corte de vías en las cercanías de la estación Avellaneda que culminó con destrozos en la estación Constitución, el gobierno lanzó una campaña macartista y avanzó en la “represión judicial” de las movilizaciones populares. Cada uno de estos hechos, con las desigualdades del caso, tuvo alta intensidad política y ha jugado su papel en la reconfiguración de una situación política nacional cruzada por las perspectivas que abre el proceso electoral en 2011.
Más en general, son expresión de que seguimos viviendo una etapa de “fin de ciclo” del kirchnerismo, que no fue superada ni por el crecimiento económico de 2010 ni con la mejora en los índices de popularidad del gobierno luego de la muerte de Néstor Kirchner [1].

Una tendencia a la emergencia de los sectores más explotados

Es altamente sintomático que los recientes asesinados en movilizaciones lo hayan sido en acciones de los trabajadores tercerizados, de los pueblos originarios y de los sin techo, tres sectores que expresan a parte de las franjas más explotadas de la clase obrera y las masas populares.
Aunque ganó mayor notoriedad pública con el crimen de Mariano Ferreyra, la lucha de los tercerizados del ferrocarril Roca llevaba varios meses y había tenido hitos importantes como el corte de vías del mes de julio en el que participaron unos 400 trabajadores, que también había tenido importante repercusión mediática. Los compañeros de la lista Bordó del Roca, que impulsan los ferroviarios del PTS junto a activistas independientes, estuvieron desde un primer momento a la cabeza de organizar a los cerca de 2.000 tercerizados que existían en esta línea del ferrocarril. La burocracia de la lista Verde de Pedraza, por su parte, contaba en esta línea con delegados que estaban claramente alineados con el kirchnerismo, como el “Gallego” Fernández y Pablo Díaz, responsables directos en el reclutamiento de la patota. Ese 20 de octubre actuaron evalentonados luego del acto de la burocracia moyanista en el estadio del club River Plate y gracias a la impunidad que le habían garantizado la empresa, el gobierno y la policía en agresiones anteriores contra los tercerizados. Sin embargo, la rápida y masiva respuesta dada por importantes sectores de los trabajadores y el pueblo“ [2] contra el crimen, incluyendo la fuerte presencia de tercerizados en la masiva marcha de repudio al crimen el 21de octubre terminó debilitando a la patota y fortaleciendo la lucha de los trabajadores. Con la continuidad de las acciones de los tercerizados (incluyendo una marcha de 1.000 trabajadores al Ministerio de Trabajo) el gobierno se vio obligado a firmar distintas actas con el compromiso del pase a planta permanente de todos los trabajadores, algo que luego intentó pero no pudo limitar significativamente por la firmeza de los trabajadores [3], que han obtenido una victoria de magnitud histórica. El reclamo de terminar con la tercerización se amplió hacia otras líneas del ferrocarril, como el Belgrano Sur, Belgrano Norte, San Martín y Sarmiento –además de otros sectores, como los telefónicos, que han organizado un sindicato propio de los tercerizados del sector, UETTel (Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones)–, y puso sobre el tapete este flagelo que sufren importantes sectores de la clase obrera y que ha sido un elemento central en el nivel de ganancias capitalistas existente tanto durante el régimen de la convertibilidad como luego de la devaluación. De ahí que la demagogia que trata de hacer el gobierno sobre el tema se restringe a hablar de “limitar los abusos en las tercerizaciones” pero de ninguna manera de abolir esta situación. Si uno quiere entender por qué, a pesar de la baja de la desocupación en estos años los “costos laborales” se mantuvieron bien por debajo del año 2001 es imposible no tomar en cuenta el papel que han jugado el trabajo en negro y la generalización de las tercerizaciones en la disminución del precio de la fuerza de trabajo promedio. Un informe realizado por el mismo Ministerio de Trabajo, citado por un periodista oficialista, muestra que “cuando se mide la evolución de los costos laborales tomando en cuenta el aumento de la productividad de las empresas y las subas de precios de los bienes y servicios que comercializan, la caída promedio real unitaria en pesos desde la salida de la convertibilidad es del 18,5 por ciento”. Y si, “para medir la incidencia del salario en la competitividad internacional, el cálculo se realiza tomando en cuenta el tipo de cambio multilateral (el peso comparado con una canasta de monedas de los principales países con los que comercializa el país), la caída de los costos laborales promedio de la economía es del 53 por ciento. Estos datos demuestran que los aumentos de sueldos de los últimos siete años no fueron suficientes ni siquiera para mantener la distribución de los ingresos entre empresarios y trabajadores” [4]. Por su parte, el margen bruto de ganancia se ubica un 15% por encima del año 2001 y en niveles mayores al promedio de toda la década del ’90 [5]. La tercerización y la precarización laboral en general juegan un papel central en explicar esta situación.

En el caso de los QOM asesinados por la policía formoseña se trata de una más de las distintas disputas que enfrentan a originarios con quienes intentan apropiarse de sus tierras, fenómeno que se ha multiplicado con la ampliación de la frontera agrícola provocada con el auge del cultivo de soja. Luego de la brutal represión el gobierno nacional se alineó con el gobernador formoseño Insfrán. Sectores del “ala progresista” del gobierno que tenían relación con Félix Díaz, el referente de la comunidad de La Primavera, lo abandonaron a su suerte cuando este se instaló en Buenos Aires para pedir una audiencia con la presidenta y plantear una solución a sus reclamos. Tuvo que recurrir a una huelga de hambre para ser atendido por funcionarios menores, que sólo hicieron promesas secundarias. En el momento que estamos terminando este artículo los QOM de La Primavera siguen reclamando por sus demandas en carpas instaladas en el centro de Buenos Aires.

Por último, en el caso del Parque Indoamericano (localizado en la postergada zona sur de la ciudad de Buenos Aires) se puso de manifiesto la crisis habitacional que afecta a parte importante de la clase trabajadora, particularmente a quienes se ven obligados a vivir en villas y asentamientos en la Capital y el Conurbano o rodeando las capitales y ciudades principales en varias provincias, ante lo limitado de los planes de viviendas populares (casi inexistentes en el caso de la ciudad de Buenos Aires). El boom de la construcción de los últimos años estuvo destinado a los negociados inmobiliarios (un 80% de lo construido fueron edificios de lujo), de ninguna manera a dar satisfacción a esta sentida demanda popular. Según datos de Info Habitat, en el AMBA (área Metropolitana Buenos Aires, que abarca la Ciudad de Buenos Aires más el conurbano bonaerense) para el año 2006 había 819 villas y asentamientos en los que viven estimativamente 1.065.884 personas, ocupando 6.484 hectáreas, lo que significa que el 8% de la población de esta región vivía al año 2006 ocupando el 2,3% del territorio. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires se calcula que la población de las villas prácticamente se duplicó entre 2001 y 2009, pasando de 108.000 a 200.000 personas, sobre un déficit habitacional que alcanza a 500.000 habitantes de la Capital. Como contracara, sólo 200.000 personas de altos ingresos viven en los barrios cerrados del AMBA que ocupan un territorio de 40.000 hectáreas, el doble de la Ciudad de Buenos Aires.

En los tres casos se trata de demandas planteadas por quienes poco o nada recibieron en estos años de crecimiento económico, expresando una tendencia a no aceptar seguir en la situación en la que se encuentran. Son luchas que cuestionan aspectos estructurales de la Argentina capitalista actual, no sólo un producto de los ’90 sino del patrón de acumulación que se desarrolló bajo los gobiernos kirchneristas.

El kirchnerismo gira a la derecha tras la muerte de Néstor

Poco antes de morir, Néstor Kirchner había dado la orientación general de “arreglar con todos menos con Clarín”, de cara a la elección presidencial del 2011. Con “todos” se refería fundamentalmente a dos sectores: la cúpula empresarial, especialmente la UIA, y los sectores díscolos del peronismo. Sin embargo, este plan no parecía algo fácil antes del 27 de octubre, cuando se veía como muy difícil concretar un nuevo mandato presidencial kirchnerista en el 2011 y se especulaba con definir en marzo de acuerdo a las encuestas si el próximo candidato sería Néstor o Scioli. Tal era así que los aliados más relevantes de la coalición kirchnerista –de Moyano a los intendentes del conurbano y el mismo Scioli– no dudaban en mostrar juego y fuerza propia, como habían expresado los sectores de la burocracia sindical alineados con Moyano en el acto de River pocos días antes del crimen del joven militante del PO [6]. Es probable que esta situación de deterioro de su poder político haya influido en el deterioro de la salud de Kirchner y el crimen de Ferreyra la haya agravado más aún. Sin embargo, su muerte tuvo un efecto paradójico, ya que la pérdida estratégica de quien fuera la figura central del equipo gubernamental se vio acompañada por una recomposición de la popularidad de la presidenta. Esto generó al interior del peronismo un efecto centrípeto en relación al gobierno y debilitó, en primer lugar, al llamado peronismo federal, produciéndose la renuncia de Carlos Reutemann a este espacio. Sin posibilidad de alternancia permanente entre Néstor y Cristina, y con una suba de la presidenta en las encuestas, gobernadores e intendentes del PJ evaluaron que la carta más segura para continuar en el poder sería la reelección de CFK, si es que esta no deserta de tal perspectiva. El resto de la oposición también quedó a la defensiva [7].

Los primeros meses del gobierno sin la presencia de NK mostraron su inclinación hacia la derecha. Esto se expresó inicialmente en la propuesta de “pacto social”, el pago al Club de París, la vuelta del FMI para controlar el INDEC, el acuerdo con el PJ “sojero” de Córdoba y negociaciones en el mismo sentido en Santa Fe o el respaldo a Insfrán luego de la masacre de los QOM.

Es en este marco que la represión a la toma del Parque Indoamericano constituyó un salto que generó una nueva crisis política de envergadura, ya que esta vez fueron directamente las balas de la Policía Federal, bajo control formal del ministro de Justicia Julio Alak y bajo control real del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, las que provocaron la muerte de dos de los ocupantes en medio de la represión con balas de plomo y goma lanzadas por los “federales” junto con los “metropolitanos” de Macri. Después de amagar que iba a dar una solución positiva a la demanda de vivienda, el gobierno nacional desplegó a la Gendarmería y llegó a un acuerdo con el derechista y xenófobo gobierno porteño de Mauricio Macri para imponer el desalojo conjunto del predio, sin dar concesión alguna a las familias ocupantes e introduciendo el principio de quitar todo plan social a quien ocupe un terreno en demanda de vivienda. Junto con esto anunció la creación de un Ministerio de Seguridad, que pasó a estar comandado por la hasta entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, quitando la Policía Federal de la órbita de “Hannibal” [8] Fernández. En medio de declaraciones de Macri atacando a los inmigrantes y dando pie a bandas de fascistas que organizaron un verdadero pogromo contra los sin techo, la diferencia del gobierno nacional con el del PRO se situó en términos de quien era más eficaz para garantizar el orden público.

La intelectualidad de centroizquierda que apoya al gobierno presentó la creación de este Ministerio bajo comando de Garré como una medida progresiva, que apuntaba al control civil de la Policía Federal. Pero pocos días después, las ilusiones en cuál sería el rol de Garré se disiparon. La Ministra de Seguridad, aunque no en exclusiva, se dedicó a pregonar un supuesto pacto “trotsko-duhaldista” ante los destrozos causados en la Estación Constitución luego de un corte de vías. Impulsó la increíble acusación por “extorsión” contra militantes del PO (al punto que esta calificación ha sido caratulada por el abogado de la burocracia sindical Lucio Garzón Maceda como una vuelta al siglo XIX en la negación de todo derecho a la protesta sindical) y acusó también a militantes de la lista Bordó que no habían estado en los acontecimientos.

Más recientemente, la presidenta ha dedicado varios discursos a atacar las acciones de lucha y protestas reclamando “responsabilidad y moderación”, como su condena al paro y piquete de la CGT San Lorenzo contra las tercerizaciones y por aumento de salarios reclamado a las multinacionales cerealeras [9] u otros dichos llamando a no cortar rutas ni a hacer huelgas, ya que “puede recurrirse al Ministerio de Trabajo”. Son planteos a tono con los reclamos empresarios cuando están por comenzar las negociaciones paritarias.

De conjunto, todos estos hechos muestran los intentos del gobierno de Cristina por superar los rasgos de “desvío” del kirchnerismo y mostrarse como un gobierno capitalista “más normal”, presentándose como el principal garante de la gobernabilidad burguesa y dejando atrás concesiones que debió hacer al movimiento de masas teniendo en cuenta la relación de fuerzas en las que asumió. En realidad, el perfil que intenta darle actualmente Cristina al gobierno es el que pretendía tener al comienzo de su mandato, plan que se vio alterado por la confrontación con las patronales agrarias alrededor de la resolución 125. De aquel enfrentamiento el gobierno salió debilitado y se refugió en una política de “confrontar con las corporaciones”, particularmente el grupo Clarín, que le permitió generar una base de militantes y simpatizantes (especialmente en la intelectualidad, artistas, trabajadores estatales, sectores juveniles y otras franjas del progresismo) con la que no había contado entre los años 2003 y 2007. Más allá de que su real capacidad organizativa se encuentra magnificada por los medios oficialistas (en particular en lo que hace a las organizaciones juveniles del kirchnerismo, encabezadas por funcionarios y sin mucha militancia real), esta “izquierda kirchnerista” es una realidad surgida de este último período, compuesta en su cúpula por arribistas de distinto tipos. En la base, da cuenta de un fenómeno de politización en clave reformista y posibilista en sectores de la juventud y la intelectualidad.

Aunque si Cristina Fernández se confirma para la reelección las contradicciones con este sector pueden ser contenidas por el momento, difícilmente lo serían en un eventual tercer gobierno K.
¿Sobrevivirá mucho tiempo el kirchnerismo la muerte de su mentor? Hoy por hoy lo que mantiene viva la confluencia en un mismo espacio político a los gobernadores e intendentes “pejotistas”, la burocracia sindical y la centroizquierda de dentro y fuera del peronismo pro gubernamental (o sea, la conjunción de intereses que se agrupan en el “kirchnerismo”), es la perspectiva de la reelección de CFK en la presidencia. Bastaría la renuncia (improbable) de la actual presidenta a este objetivo para que la articulación de estos intereses termine dispersándose, como vienen preanunciando los ataques del “ala progre” contra Scioli, ya desde antes de la muerte de Néstor [10]. Que la continuidad de un proyecto político haya llegado al límite de depender de una persona es una muestra, por sí mismo, que lo que transitamos es una etapa de “fin de ciclo”.
Al propio interior del PJ, todas las hipótesis de sucesión de Cristina son por derecha. Basta ver quiénes son los que se presentan como candidatos a futuros gobernadores por el Frente Para la Victoria, que es de donde saldría un continuador de CFK si esta se presentara y ganase en el 2011: Scioli en la Provincia de Buenos Aires; Gildo Insfrán en Formosa; Urtubey en Salta; Alperovich en Tucumán; posiblemente De la Sota en Córdoba; y así podríamos continuar con la lista de gobernadores “pejotistas” que apuntalan al gobierno (por no mencionar la precandidatura del ex ucedeísta Amado Boudou en la Capital Federal, que competiría en la elección interna con Carlos Tomada y Daniel Filmus). Personajes que comparten un universo ideológico y cultural reaccionario con parte de quienes conforman el “peronismo federal”, con los cuales podrían compartir un mismo bloque político a futuro [11].

Así, a los sectores “transversales” y “progres” alineados con el gobierno, lejos de la construcción de una nueva fuerza política que superase al PJ, les cabría el papel histórico de favorecer la continuidad en el poder de un aparato al que hasta ayer decían detestar [12] . Esta suerte de plazo final del kirchnerismo (a lo sumo hasta el final de un eventual próximo gobierno de Cristina) es lo que alienta las “internas” desatadas al interior de la coalición de gobierno. Entre ellas tiene particular importancia la discusión sobre las “colectoras” en la Provincia de Buenos Aires, ya que desde el gobierno nacional se impulsa que las listas a gobernador y otros cargos provinciales y municipales encabezadas por Martín Sabbatella vayan pegadas a la boleta presidencial, algo que genera el rechazo de Scioli y numerosos intendentes. Estas disputas hacen a la relación interna en un futuro nuevo gobierno de Cristina entre un sector que le responda más directamente y el aparato de gobernadores e intendentes “pejotistas”.
Si miramos el régimen más de conjunto, pese a los avances logrados por la burguesía desde el año 2001 a esta parte su recomposición sigue siendo precaria. Para administrar una situación de crecimiento económico la burguesía cuenta con una cierta recomposición de los espacios políticos (PJ oficial y aliados; UCR y aliados; derecha “bifronte” con el PRO y el peronismo federal; centroizquierda de Proyecto Sur) y una serie de referentes en cada uno de estos espacios políticos. Sin embargo, para enfrentar una situación de crisis todo esto se muestra como muy endeble.

La recuperación económica y sus límites

Si el gobierno logró salir airoso de la crisis de comienzos de 2010 y recuperarse políticamente al punto de hacer probable la reelección de CFK en 2011 no fue meramente por el impacto generado por la muerte de Néstor Kirchner sino esencialmente gracias a la recomposición económica lograda luego de la caída del último trimestre de 2008 y el primer semestre de 2009. En el año 2010 la suba del PBI superó las expectativas existentes a comienzos del año, con una cifra que ronda el 9%, es decir, similar a los niveles de los mejores años del período de la pos devaluación (aunque en algunas ramas de la economía la comparación se realiza ante los magros resultados de 2009). La recuperación está basada en una refracción particular de la crisis capitalista internacional, que implicó una suba de los precios de las materias primas y el flujo acrecentado de capital financiero a América Latina, particularmente a Brasil.
Mientras gran parte del continente europeo y otras regiones del mundo como el Magreb (con Egipto y Túnez a la cabeza) se sacuden, adquiriendo una fisonomía parecida a la América Latina de fines de los ‘90, la mayoría de los países sudamericanos culminaron el año con importantes tasas de crecimiento. Esta es la base material que ha empujado hacia el “centro” la política de la región sudamericana y que localmente llevó a que los sectores centrales de la burguesía contuvieran la ofensiva “destituyente” con la que se amenazaba desde la oposición burguesa a comienzos de 2010 con la crisis por la destitución de Redrado al frente del Banco Central.

En nuestro país el crecimiento ha estado empujado principalmente por la suba de los precios de las exportaciones agrarias, especialmente la soja, y por la producción automotriz, en gran medida exportada a Brasil [13]. Esto le ha permitido al gobierno contar con fondos para amortiguar las contradicciones sociales y crear ilusiones de recrear el ciclo 2003-2007, garantizando este año altas ganancias al conjunto de la burguesía [14]. Sin embargo, el crecimiento de aquellos años se dio en momentos de alza simultánea de la economía mundial y en una situación donde los negocios capitalistas se veían beneficiados por la brutal caída salarial provocada por la devaluación. Hoy por el contrario estamos en un contexto signado por tres años de crisis capitalista internacional. La tasa de inflación superior al 25% es indicador de este cambio de condiciones, en tanto el aumento de los precios se explica en parte por la decisión empresaria de trasladar a estos los aumentos salariales y por un cierto agotamiento de la capacidad instalada en algunas ramas de la economía, junto con el efecto que produce la devaluación general del dólar en la economía local. Una disminución del crecimiento chino o una devaluación brasileña bastarían para poner en cuestión las actuales tendencias económicas.

El crecimiento le permitió al gobierno establecer una tregua con sectores centrales de la clase dominante a los que, por un período, tuvo en la oposición abierta. Luego de la muerte de NK, la presencia de Cristina Fernández en el cierre de la conferencia anual de la UIA fue una primer señal de este armisticio, aunque el duro discurso de Paolo Rocca (la cabeza del grupo Techint) por un lado y la presencia de Moyano junto a CFK y parte de su gabinete mostraron que lo que hubo no fue un alineamiento pleno sino una negociación para establecer la relación con la burguesía industrial en nuevos términos, a partir del dulce de nuevos negocios que ofrece el gobierno a este sector [15].

La UIA, recordemos, había sido base importante de la política gubernamental durante el mandato de Néstor Kirchner y la parte inicial del de Cristina Fernández. Incluso durante el conflicto por las retenciones mantuvo un prudente silencio e incluso sus dirigentes estuvieron presentes en actos en la Casa Rosada donde se atacó duramente a las patronales rurales, acusándolas de ser las que prepararon el golpe de marzo de 1976. El pase a la oposición de la cúpula industrial se dio fundamentalmente por la combinación del enfrentamiento con el grupo Clarín (que juega un papel central en la AEA, la Asociación Empresaria Argentina) y la medida de estatización de las AFJP, especialmente porque con esto el estado pasaba a tener en su poder bonos de deuda de las empresas que le permitían tener presencia en los directorios de varias de ellas, algo resistido por la burguesía. Tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones de junio de 2009, los sectores centrales de la burguesía, con Clarín y las patronales agrarias a la cabeza, se entusiasmaron en poder lograr un gobierno que les responda más abiertamente y con menor relación con los sindicatos. Pero la mejora económica y el crecimiento de la probabilidad de un nuevo mandato de CFK han llevado a una política burguesa más prudente de sectores importantes de la UIA y a una división entre los distintos grupos patronales respecto al gobierno.

Un artículo da cuenta de estas divisiones que se expresan al interior de las entidades empresarias:

“Divididos, peleados y con severas fracturas difíciles de remediar. Así terminarán el año y arrancarán el 2011 los empresarios a raíz del posicionamiento adoptado frente al Gobierno (…) El 2010 fue el año de las fracturas al interior de las entidades empresarias producto de estas diferencias. Por un lado, la defensa oficial del modelo industrialista acercó a muchos hombres de negocios a la Presidenta y el temor a perder los beneficios ganados fue más importante que los costos de las medidas impulsivas y la falta de reglas claras reclamada por otros sectores. Pero en la vereda contraria se ubican las grandes corporaciones, que desde hace tiempo iniciaron una dura pelea contra el Gobierno y apuestan a su derrota en los comicios del año próximo (…) En la UIA, por ejemplo, se está manifestando al interior del grupo Industriales, que deberá gobernar la institución a partir de abril. Si bien este sector dentro de la central es el que más apoya la actual gestión, debido a la predominancia de pequeñas empresas que crecieron a base de medidas proteccionistas fomentadas desde el Gobierno, también integran este grupo empresas como Arcor y Techint, que sostienen una posición más crítica hacia el kirchnerismo”.

A su vez en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) “también afloran los enfrentamientos a raíz de las diferencias a la hora de relacionarse con el Gobierno. La tensión llegó a tal punto en AEA que a mediados de año la entidad tuvo serios riesgos de disolverse. Las fuertes críticas de sus socios hacia la gestión K derivó en presiones oficiales para que algunas empresas abandonen la institución; y varias compañías se fueron”. Por su parte:

“[las entidades] que conforman el Grupo de los 6, del cual la UIA también es parte, atravesaron la mayor parte del 2010 con una posición muy crítica. Cuestionaron en varias oportunidades la injerencia en demasía del Estado en las empresas, el avance del sindicalismo sobre las compañías, los reclamos salariales desmedidos, los paros y la falta de límites por parte del Gobierno, entre otras políticas. Pero hubo un notorio cambio desde que murió Néstor Kirchner y que Cristina Fernández convocara nuevamente al diálogo social con señales claras en favor del sector empresario y ninguneos al líder de la CGT, Hugo Moyano. Desde las cámaras de Comercio, Construcción, Adeba y la Bolsa existe una expectativa más favorable de que se produzcan algunos cambios y algunos de sus dirigentes consideran que ante una oferta de candidatos opositores reducida y poco clara, ‘mejor malo conocido que bueno por conocer’” [16].

La posición de Adeba (la entidad patronal que agrupa a la banca privada de capital local) no extraña, ya que el sector financiero es uno de los que más ha ganado en este último período [17], mientras el gobierno por su parte mantiene una muy buena relación con la gran mayoría de las patronales multinacionales de la industria automotriz, así como con las empresas mineras, petroleras y en algunos servicios públicos (como las telefónicas), a la vez que ha generado el desarrollo de un sector de “capitalistas amigos”, vinculados a la obra pública y otras prebendas estatales, a quienes alienta para intervenir en las disputas de los agrupamientos patronales. La Mesa de Enlace, por su parte, vio nuevamente la luz pero por poco tiempo, ya que su protesta contra los cupos a la exportación de trigo no tuvo gran repercusión y el gobierno negoció por separado con la Federación Agraria [18].

A pesar de que toda la burguesía está de acuerdo en poner límites a Moyano y, más en general, a los reclamos obreros en las paritarias, es probable que en 2011 las divisiones respecto al grado de confrontación con el gobierno tiendan a acentuarse. Mientras el Grupo de los 6 ve con preocupación que el propio radicalismo no plantea medidas económicas muy distintas a las que lleva adelante el kirchnerismo (incluso su candidato más “pro establishment”, Ernesto Sanz declaró que no modificaría las retenciones) [19] y ha salido a atacar abiertamente a los sindicatos (particularmente a Moyano) por su influencia en la designación de nuevos jueces laborales, por los reclamos salariales que se vienen anticipando hacia las paritarias y por los bloqueos a las cerealeras multinacionales en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe), en la UIA continúa la puja irresuelta por la sucesión de Héctor Méndez, que renunció antes de ser definido su sucesor. Aquí hay sectores de peso, como el grupo Madanes Quintanilla (los propietarios de FATE y ALUAR), que reclaman en acuerdo con el gobierno la realización de una elección abierta para definir al nuevo presidente de la entidad patronal [20]. Esto busca evitar que quede al frente de la UIA alguien que responda directamente al grupo Techint. Clarín, por su parte, actúa como “estratega” de la oposición patronal, especulando con que CFK no gane en primera vuelta y derrotarla en la segunda gracias una unificación de todos los votos opositores [21]. Otros sectores, opinan que dado que la reelección presidencial tiene alta probabilidad, la estrategia debe ser apostar a una derechización del gobierno desde adentro, apuntalando en especial la figura de Scioli. Ven difícil que el oficialismo pueda ser derrotado por alguno de los dos principales espacios que hoy se perfilan desde la oposición (la alianza que parece irse conformando entre Macri y el peronismo federal y la coalición encabezada por el radicalismo) y prefieren una política de “no confrontación” que les permita seguir ganando favores económicos del estado, sabiendo además que los gobernadores que son parte del oficialismo expresan los intereses de las oligarquías capitalistas nativas y extranjeras que actúan en las distintas provincias (de las que la relación entre Gioja y la Barrick Gold en San Juan es emblemática).

La agenda estratégica de la burguesía (I): contra la acción directa

En su búsqueda por ubicarse como uno de los candidatos de la derecha, Eduardo Duhalde ha planteado en forma más o menos cruda dos aspectos que la burguesía opina que hay modificar en el próximo período: el peso de los sindicatos y el límite a la acción directa:

“Si es que llego a la Presidencia voy a cambiar cinco o seis leyes porque no podemos seguir pensando que los dirigentes gremiales de la educación son dueños de la educación y los dirigentes gremiales de la salud son los dueños de la salud (…) los dirigentes gremiales de Aerolíneas que tiene 10 mil empleados y diez gremios que deciden cuando sale un avión y cuando no sale (…) Hay que cambiar las normas donde hay sectores que han ido ganando derechos que perjudican a los argentinos”. En las mismas declaraciones insistió en que el estado “debe hacerse cargo de la seguridad, de la prevención y de la represión” [22].

“Orden en las calles” y “disminuir el poder de los sindicatos” son las banderas estratégicas de la burguesía para el próximo período.
Respecto a lo primero, parte de constatar que las tendencias a la acción directa se han continuado durante todo el período kirchnerista, un producto de la relación de fuerzas heredada de 2001 que la clase dominante no ha logrado revertir aunque viene desarrollando una fuerte campaña ideológica al respecto, fundamentalmente a través de los grandes medios de comunicación mediante su registro de “caos vehicular” ante cada movilización progresiva, con el consabido recurso de entrevistar automovilistas cuestionando un corte de calles o pasajeros enojados por un paro de subtes. Pese a esta propaganda constante, la burguesía ha visto con temor cómo este recurso ha sido tomado por parte de los sectores más explotados y oprimidos: el fantasma de cientos de miles ocupando terrenos para procurarse una vivienda fue un espectro que se utilizó durante la toma del Parque Indoamericano para asustar a las clases medias pero que a la clase dominante y sus políticos les daba realmente escalofríos de sólo pensarlo.

Pero no es sólo la derecha más reaccionaria la que hace eje en la necesidad del “orden público” sino el mismo gobierno nacional, que lo ha incluido como uno de los puntos centrales de su agenda política en los últimos meses, buscando fortalecer la capacidad represiva de un estado burgués que tiene como debilidad estratégica el desprestigio de las Fuerzas Armadas para actuar en la represión interna [23]. Así, el propio plan que va a intentar aplicar Garré para reformar la Policía Federal no es un “giro a izquierda” en la “política de seguridad”, como la presentan los intelectuales kirchneristas, sino un intento de dar nueva legitimidad represiva a una institución clave en el andamiaje de la “seguridad pública”, que regula en base a acuerdos políticos con los gobiernos de turno gran parte del crimen organizado. A diferencia de la Policía Bonaerense, donde se ha pasado permanentemente de una política de reforma a una de “mano dura”, la Policía Federal no fue prácticamente tocada de la dictadura a esta parte, manteniendo en los hechos una suerte de “autogobierno” pero con cierta lealtad política de la jefatura hacia el gobierno de turno, con tal que le preservaran sus negocios, como ocurrió con la jefatura encabezada por Néstor Vallecas bajo el kirchnerismo. De ahí que es previsible que la nueva Ministra tenga que hacer frente a numerosas “zancadillas”, mientras trata de mostrarse como la “más eficiente” a la hora de contener las protestas sociales y no vacila en recurrir a las amalgamas más burdas para perseguir a los luchadores. Esta política se acompaña con el aval oficial a la política de bajar la edad de imputación penal de la juventud, algo que comparten tanto el gobierno nacional como el de Scioli, aunque este en una versión aún más derechista de la cuestión que no lo diferencia de lo planteado por Macri, De Narváez o Duhalde. El resultado de esta verdadera agitación contra la juventud empobrecida no tardó en traducirse en nuevos asesinatos cometidos por la Policía Bonaerense, primero contra dos jóvenes en la localidad de José León Suarez que fueron fusilados por agentes policiales y luego en Baradero, donde otro joven fue asesinado por la espalda también por balas policiales.

El giro hacia la “seguridad” y el “orden público” en la política oficial se completa con la multiplicación de los discursos presidenciales llamando a no cortar rutas y calles y a no realizar huelgas, por estos días casi un latiguillo de las intervenciones públicas de CFK.

La agenda estratégica de la burguesía (II): debilitar a las organizaciones obreras

En artículos anteriores señalamos que en el período pos devaluación la clase obrera se recompuso socialmente con la incorporación al mercado de trabajo de entre tres y cuatro millones de nuevos asalariados, aunque con una proporción importante de ellos “en negro”, y que el mayor papel político adquirido por los sindicatos en la vida política, y en particular el poder de Moyano al frente de la CGT y su lugar relevante dentro de la coalición kirchnerista, fueron una expresión deformada del fortalecimiento social logrado por la clase obrera. En los momentos en que el impacto de las jornadas de diciembre de 2001 continuaba presente y la brutal caída del precio de la fuerza de trabajo provocado por la devaluación (que fue entusiastamente apoyada por Moyano) permitió altas tasas de ganancia, la burguesía no puso grandes reparos a este protagonismo jugado por el camionero. Este, luego de haber dejado correr las luchas de fines de 2004 y 2005, garantizó la existencia de un “pacto social” de hecho estableciendo una suerte de techo salarial en la negociación paritaria, de la cual quedaba excluido el sector no convencionado de la clase obrera, y además era un dique confiable frente al desarrollo de nuevas direcciones combativas. Con la crisis abierta por la disputa entre el gobierno y las patronales agrarias, la situación empezó a cambiar. Poco a poco los sectores centrales de la burguesía se plantearon que era necesario dejar atrás lo que ellos consideran “concesiones” realizadas como producto del 2001 y cuestionaron más abiertamente el poder de los sindicatos y de la clase obrera de conjunto. Esta cuestión es central para entender por qué el kirchnerismo, que incluye entre sus especificidades un papel relevante de la burocracia sindical moyanista, pese a garantizarle al conjunto de la burguesía muy buenos negocios y tener sectores de “burguesía K”, no es visualizado como “su” gobierno por la fracción central que se nuclea en la AEA y en el Grupo de los 6, incluyendo la cúpula de la burguesía industrial. De ahí la permanente campaña antisindical desplegada por la burguesía, que utiliza el desprestigio de la burocracia para crear un “sentido común” contra los sindicatos más en general, propaganda que permea sobre todo en sectores de las clases medias. A esto apuntan las palabras de Duhalde que citamos antes. Mientras, el gobierno de Cristina quiere presentarse como aquel capaz de disciplinar y contener a Moyano, tratando de convencer a la burguesía que esta opción es la mejor para contener a la clase obrera.

La fracción moyanista de la burocracia sindical ha sido un aliado fundamental del gobierno durante todo el período kirchnerista. En estos años Moyano acumuló poder político y económico, llegando incluso a la presidencia del PJ bonaerense (aunque sin la simpatía de los intendentes, que son renuentes a su liderazgo). A pesar de esto, la CGT prácticamente no ha existido como tal en estos años, sin realizar paros generales y dejando las negociaciones libradas a la acción de cada gremio durante las paritarias, permitiendo que se mantengan en pie muchas de las “conquistas” obtenidas por la burguesía durante “los noventa”. Los burócratas sindicales jamás hicieron nada para enfrentar el trabajo en negro ni las tercerizaciones, ni que decir para apoyar demandas como la de vivienda digna que plantearon los ocupantes del Parque Indoamericano o para repudiar el asesinato de los QOM en Formosa. Peor aún, su complicidad con la fragmentación existente al interior de la clase obrera llega al extremo de lo ocurrido en ferroviarios, donde la propia Unión Ferroviaria era la que controlaba varias de las empresas tercerizadas y por eso se oponía con todas sus fuerzas al reclamo del “pase a planta permanente”, al punto de mandar la patota a la acción que terminó con el alevoso crimen de Mariano Ferreyra. Igual que hicieron antes con los desocupados, a quienes dejaron librados a su suerte, hoy son los burócratas quienes garantizan en las fábricas la división entre efectivos y contratados, así como se niegan a combatir las tercerizaciones, llegando a lucrar directamente con ellas como en el caso de la Unión Ferroviaria. En muchos gremios, especialmente cuando hay oposición, la burocracia se opone directamente a que haya nuevos afiliados, política favorecida porque parte de sus ingresos resultan de los descuentos obligatorios que se hacen a todos los trabajadores a favor del sindicato estén o no afiliados, según consta hoy en numerosos convenios.

Todo ello es fundamental para entender como bajo el kirchnerismo, aunque la situación de los trabajadores mejoró en términos absolutos respecto de la crisis de 2002 (tras la brutal caída sufrida por la devaluación) ha disminuido la participación de los trabajadores en la renta nacional y aumentaron las fuertes desigualdades salariales y de condiciones de trabajo existentes al interior de la clase obrera, con un 50% de los asalariados que gana menos de 2.000 pesos.

Esta burocracia no ha vacilado en sacrificar la salud de sus afiliados haciendo todo tipo de negociados con los medicamentos de las obras sociales que controla (incluyendo su adulteración). En esto se encuentran comprometidas todas las alas de la burocracia como expresó el apoyo dado por Moyano a Gerónimo “Momo” Venegas el dirigente del sindicato de trabajadores rurales alineado con Duhalde ante su breve detención por esta causa.

Por ello, de ninguna manera hay que confundir que la lucha por la organización sindical más amplia de la clase obrera sea la defensa de la burocracia y sus privilegios, como hacen la centroizquierda kirchnerista, hoy justificadora de la burocracia y en particular de Moyano. Aunque en los momentos de crecimiento económico los burócratas se ufanen de conseguir algunos aumentos salariales para sus afiliados, su carácter socialmente contrarrevolucionario lo vimos no sólo en el papel de la patota en el crimen contra Mariano Ferreyra o en los negociados con los medicamentos de las obras sociales, sino también en su complicidad con los despidos producidos en los años 2008-2009, cuando la crisis capitalista golpeó en la economía nacional y se produjeron cientos de miles de despidos. En el SMATA llegaron a expulsar al delegado Hernán Puddu por negarse a firmar el despido de los contratados de la fábrica IVECO en Córdoba, así como hicieron con activistas de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) en seccionales como Campana y Córdoba. Nunca hay que perder de vista que esta burocracia, que controla al movimiento obrero en base a métodos totalitarios y con negociados y corruptelas de distinto tipo, es heredera de la que en los ’70 fue una de las claves en la organización de las bandas asesinas de la Triple A –que tuvieron en la vanguardia obrera su blanco predilecto– ni que en los ’90 los llamados “gordos” se hicieron directamente empresarios y fueron cómplices directos de la ofensiva capitalista de esos años. En el caso particular de Moyano, su oposición a Menem y luego a la reforma laboral de la Alianza fue puesta al servicio de apoyar la devaluación reclamada por amplios sectores de la burguesía a fines de 2001 (entre ellos el grupo Techint y Clarín) y de construir un fuerte entramado de poder ligado a sus relaciones con el estado capitalista, partiendo del importante “poder de fuego” con el que cuenta. Desde la CGT fue cómplice de cada uno de los ataques que se hicieron a la vanguardia obrera en este período.

La periodista Susana Viau (hoy trabajando para el grupo Clarín) ha señalado que el poder de Hugo Moyano se parece al de Joaquín Hernández Galicia, la “Quina”, el “charro” que durante décadas mantuvo el control del sindicato petrolero en México con una fuerte imbricación con el poder estatal, hasta que la burguesía juzgó que había acumulado demasiado poder propio y era relativamente contradictorio con las políticas de privatización neoliberal del sector, lanzando una ofensiva que lo llevó a la cárcel [24]. Aunque hay aspectos de contacto entre la forma de construir poder de uno y otro dirigente, lo cierto es que hay diferencias de cualidad entre la situación de uno y otro. Por un lado Moyano tiene hoy mayor poder relativo dentro del bloque gobernante. Pero fundamentalmente la diferencia es que nada tiene que ver la situación defensiva que vivía la clase obrera mexicana cuando el petrolero fue desbancado con la que existe hoy en la clase obrera argentina, que viene recomponiendo sus fuerzas. Para la clase dominante lo estratégico no es el desplazamiento de un sector de la burocracia con cierto juego propio sino disciplinar al conjunto de la clase obrera y, en particular, a su vanguardia combativa. A Moyano no lo critican por sus privilegios materiales ni por sus negociados sino porque en la defensa de sus propios intereses corporativos y burocráticos el camionero se ve obligado a mostrar aún deformadamente, el poder de la organización sindical, como cuando recurre a piquetes y bloqueos de salidas de camiones. De ahí las oscilaciones de la burguesía en su política hacia la burocracia ya que su temor es que terminen fortalecidos los sectores combativos, y en esto coinciden tanto las patronales como el gobierno y sus opositores políticos parlamentarios. Como lo reflejaba un artículo de uno de los diarios de negocios más importantes, una de las grandes preocupaciones empresarias (la segunda en un orden de siete) son “los nuevos referentes sindicales”:

“Aunque pocos lo admiten oficialmente desde las entidades gremiales empresarias siguen de cerca lo que denominan el nuevo engranaje sindical. Se refieren a la línea armada por los metrodelegados, los representantes informales de Kraft, Pepsico y otras alimenticias, además de los que cuestionan la representación en otros sindicatos del transporte. ‘No tienen los códigos del viejo sindicalismo y todo indica que tendrán mayor protagonismo durante el año próximo (…)” [25].

La misma preocupación refleja una columna en el diario La Nación:

“El problema, para muchos, es el agotamiento de un modelo sindical rancio, siempre sostenido por el poder político. Un modelo que prohíja dirigencias confiables, aun a riesgo de que ese poder termine como un mero rehén (…) Es cierto que la Corte Suprema le dio un golpe en 2008 con el fallo que permite que cualquier trabajador pueda ser delegado aunque no esté afiliado al gremio: así se le puso límites al monopolio sindical, pero también le abrió las compuertas a dirigencias menos dóciles y que favorecen algo que el historiador y periodista Santiago Senén González llama ‘la pelea permanente por la representación, en donde todos los temas terminan yendo a las bases para ser discutidos’. Ese es el fenómeno que está estallando entre los delegados de los subtes o de los ferroviarios, donde la dirigencia tradicional pierde predicamento. Cuando se le suman pocos canales de diálogo o una intervención interesada del Ministerio de Trabajo, los procesos suelen terminar en violencia, como sucedió en el duro conflicto de Kraft o en el de los trabajadores tercerizados del Roca, que finalizó con la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y que desnudó los lazos políticos y económicos de la Unión Ferroviaria y el Gobierno” [26].

De ahí que se hayan repetido las reuniones entre CEO de las grandes empresas y sus abogados especialistas tratando de encontrar una respuesta para lo que consideran un dilema al que por ahora responden pragmáticamente. No hay que olvidar que la última dictadura tuvo como característica la represión centrada en los delegados de base mientras se preservó al grueso de la burocracia sindical, con muchos sectores que fueron colaboracionistas directos de los genocidas y las patronales que organizaron el golpe.

Frente a la burocracia de la CGT, la CTA ha mostrado no ser alternativa alguna. Terminó dividida entre un sector afín al gobierno (el encabezado por Hugo Yasky) y otro a Pino Solanas (el de Pablo Micheli), tras elecciones en las que ambos sectores se hicieron fraude mutuamente.
Por ello recuperar las comisiones internas, cuerpos de delegados y sindicatos, organizando a los que hoy no lo están como ocurre en general con los tercerizados, rompiendo las barreras que dividen a la clase obrera, es clave para impedir que la crisis de la burocracia sea utilizada por la burguesía para pasar a la ofensiva y reducir los niveles de organización obrera cuando la relación de fuerzas se lo permita.

El “sindicalismo de base” y la hegemonía política de la clase obrera

En el año 2010, la CGT y la CTA poco y nada tuvieron que ver con las principales luchas que dieron los trabajadores y las masas explotadas, como la gran pelea de los tercerizados del Roca, que tuvo a los burócratas literalmente del otro lado de la barricada. En la principal batalla que se dio durante las paritarias, la de los trabajadores de la Alimentación, la burocracia del sindicato conducido por Daer fue desbordada por el paro de las fábricas de Córdoba y las acciones de las comisiones internas combativas de Kraft y Pepsico, que fueron las que instalaron el reclamo por el 35% al que finalmente tuvieron que sumarse los burócratas. La lucha más importante dirigida por un sector burocrático, la de los metalúrgicos de Paraná Metal en Villa Constitución, encabezada por una de las direcciones de la CTA que se reclamaba “combativa”, terminó en una traición de la dirección que llevó a cientos de despidos.

Con el desprestigio de la burocracia cegetista (cuestionada por izquierda y por derecha) y con la división de la CTA, el “sindicalismo de base” [27] tiene importantes perspectivas de desarrollo en el próximo período.
La pelea por barrer a la burocracia de los sindicatos y organizaciones obreras implica hoy levantar distintas tácticas y formas organizativas, que van desde poner en pie nuevos sindicatos cuando la situación así lo requiere (como en el caso del subte) y otros organismos (como la organización que se dieron los tercerizados en el Roca con delegados votados por empresa y asambleas comunes) hasta luchar por expulsar a la burocracia de las organizaciones existentes, combinando la pelea contra las direcciones traidoras con la política de frente único obrero ante los ataques patronales.

Si bien el “sindicalismo de base” es por el momento un fenómeno aún minoritario de la clase obrera su persistencia y desarrollo tiene que ver no sólo con el desprestigio general de la burocracia y fenómenos de luchas puntuales sino con un proceso de cambios políticos-ideológicos progresivos en capas amplias de los trabajadores (y que en parte se expresó en el apoyo de la juventud obrera al matrimonio igualitario). Este proceso se da especialmente en los jóvenes que están en las fábricas y empresas que son parte de la “generación del 2001”, y son quienes más tienden a organizarse en agrupaciones clasistas.

Sin embargo, sería un error pensar que su desarrollo puede darse en forma evolutiva y sin importantes luchas políticas. La burocracia ha naturalizado en las fábricas que no hay que defender a los contratados y tercerizados, política a la cual se ha adaptado gran parte de la izquierda en los contados casos donde tiene responsabilidad sindical [28]. Esta política de años de fomentar una conciencia estrechamente corporativa en la clase obrera, favoreció en el último año el desarrollo de presiones conservadoras en sectores “en blanco” de la clase trabajadora, especialmente luego de los aumentos conquistados en las paritarias. Una manifestación en cierta forma de lo que Mandel llamaba la “dialéctica de las conquistas parciales” [29]. Pero al contrario de lo que hace la burocracia, que refuerza los prejuicios y la división de los trabajadores, para los sectores combativos agrupados en el “sindicalismo de base” se trata de dar la pelea contra la adaptación a la división existente en la clase obrera al interior mismo de las fábricas (tomando en sus manos la defensa de tercerizados y contratados) y levantar una política hegemónica hacia el conjunto de los explotados.

En el año 2010, por ejemplo, para nuestro partido se trató no sólo de alentar la lucha por la recomposición salarial que protagonizaron los sectores sindicalizados, con la alimentación como elemento distintivo, sino de levantar con fuerza la lucha contra las tercerizaciones y en defensa de la lucha por la vivienda. Respecto al primer punto, junto con la intervención en distintos procesos particulares, en el segundo “Encuentro de Trabajadores de la Zona Norte” que se realizó en el mes de julio, convocado por la Comisión Interna de Kraft [30] y otros sectores, pusimos en el centro de la discusión la lucha contra la tercerización (el encuentro contó con una importante delegación de ferroviarios del Roca que venían de hacer un corte de vías de fuerte repercusión y de otros sectores tercerizados), frente a quienes querían centrar el debate en la participación en las elecciones de la CTA. En lo que respecta al segundo aspecto, ante la ocupación del Parque Indoamericano, más de mil trabajadores y jóvenes, encabezados por los dirigentes del Sindicato Ceramista de Neuquén, de la Comisión Interna de Kraft, Claudio Dellecarbonara del subte y otros compañeros, se hicieron presentes en el parque situado en Villa Soldati para expresar la solidaridad con los ocupantes, que la noche anterior habían sufrido un verdadero pogromo y estaban siendo estigmatizados desde los medios de comunicación. La delegación llegó desde Plaza Constitución (donde se hizo un homenaje a Mariano Ferreyra) cuando el parque acababa de ser rodeado por la Gendarmería. Una delegación del Encuentro logró quebrar el cerco de las fuerzas represivas y llevar el apoyo a las familias “sin techo”. Lamentablemente, el resto de la izquierda se negó a realizar esta acción conjuntamente, mientras aceptaban abierta o encubiertamente el despliegue de la Gendarmería [31]. Este se había realizado con la “zanahoria” de interponerse entre los ocupantes y las bandas que los habían atacado con métodos fascistas, pero con el objetivo real de presionar para la desocupación una vez que la situación lo permitiese.

Más allá que la acción puntual realizada no podía tener otro efecto más que propagandístico en relación a la ocupación del Parque, muestra la dirección estratégica en la que tiene que desarrollarse el “sindicalismo de base”, en el sentido de plantear una política hegemónica hacia el conjunto de los explotados y oprimidos. Incluso el martes durante el cual se anunció el acuerdo entre el gobierno nacional y Macri y se concretó la desocupación del parque, planteamos que la movilización unitaria de solidaridad que estaba convocada en el centro de la ciudad de Buenos Aires se trasladase a Soldati, cuestión que no fue aceptada por las organizaciones convocantes, de la CTA de Micheli a la CCC, el PO y el Frente Popular Darío Santillán. Así, mientras los referentes de izquierda de la ocupación marchaban por el centro porteño, los punteros del gobierno –y miembros de las embajadas de Bolivia y Paraguay– hacían su trabajo de “convencimiento” sobre las familias.

Esto es relevante porque, en perspectiva, se trata de superar las experiencias más avanzadas que dio históricamente la vanguardia obrera, como ha sido la experiencia del clasismo en los ’70. En el caso del SITRAC-SITRAM no sólo fue una debilidad la no utilización de la política del frente único obrero hacia la dirección de la CGT cordobesa que encabezaban Tosco y Atilio López, sino que el intento de construir una corriente nacional clasista y levantar un programa político para el conjunto de los explotados sólo se planteó poco antes de su derrota, sin llegar nunca a materializarse. En el caso de Villa Constitución, fue claramente un grave error político no haber conformado una Coordinadora Nacional luego del primer villazo, lo que facilitó distintas derrotas parciales de los sectores combativos a manos de la acción conjunta de la burocracia, el gobierno y las patronales (como las intervenciones al SMATA Córdoba y al sindicato de Luz y Fuerza de esa misma provincia), que culminaron con la derrota de la UOM de Villa Constitución en mayo de 1975 luego de dos meses de heroica lucha, tras la “toma” de la ciudad por las bandas represivas estatales y para estatales y el encarcelamiento de decenas de dirigentes y activistas antiburocráticos. Este ataque se dio simultáneamente con el encarcelamiento de los dirigentes combativos del Ingenio Ledesma en Jujuy. Finalmente, la experiencia de las coordinadoras interfabriles, que se desarrolló poco después de estas derrotas en el enfrentamiento al “Plan Rodrigo” en los meses de junio y julio de 1975, tuvo entre sus límites levantar un programa predominantemente sindical (y de colaboración de clases en lo que hace a la tendencia mayoritaria en su seno, la Juventud Trabajadora Peronista) [32]. Esta cuestión debilitó la continuidad y expansión de estos organismos luego que la lucha arrancó al gobierno de Isabel la homologación de los convenios colectivos (que significaban importantes aumentos salariales para la gran mayoría de los trabajadores) y la salida del gobierno de los repudiados José López Rega y Celestino Rodrigo.

En los hechos del Parque Indoamericano, un desarrollo previo mayor del “sindicalismo de base”, con la capacidad de organizar paros y acciones masivas de solidaridad y de contribuir a la autodefensa contra los fachos, hubiera permitido quizás otro resultado de los acontecimientos.

Los desafíos de la izquierda revolucionaria

En el año 2010 los márgenes “reformistas” permitidos por la recuperación económica y la recomposición coyuntural del kirchnerismo limitaron el desarrollo revolucionario de la vanguardia obrera y juvenil. En 2011 veremos una combinación de nuevas luchas junto a la disputa electoral, que en nuestro caso implica una batalla por la independencia política de la clase obrera contra el gobierno, la oposición patronal y la centroizquierda.
Más en general, para el desarrollo de un partido revolucionario quizás sea útil relacionar la etapa de “fin de ciclo” que estamos viviendo con lo que pasaba en los años ’60 del siglo pasado, en el sentido de que a pesar del crecimiento económico no logra asentarse un nuevo régimen político y ninguna fuerza consigue ser hegemónica mientras se desarrolla la politización de importantes sectores de la vanguardia obrera y estudiantil. Una etapa intermedia entre dos momentos de irrupción de masas, en la cual se desarrollan elementos que podríamos denominar “preparatorios”: en los ’60, entre el ascenso obrero de la resistencia (1956-1959) y el Cordobazo de 1969; en la actualidad, entre las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001 y una futura irrupción obrera y popular.
En los ‘60, luego que fuera contenido el momento agudo de las luchas de la resistencia con la derrota de la huelga general en apoyo a la lucha del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959 (paralelamente se dio la histórica huelga bancaria, reprimida por el plan Conintes de Frondizi), la continuidad de la proscripción del peronismo (que era la identidad política mayoritaria de la clase obrera) dio lugar a una serie de gobiernos civiles y militares muy inestables, que se sucedieron sin lograr establecer una clara hegemonía ni en el terreno político (el radical del pueblo Umberto Illia ganó las elecciones presidenciales de 1963 con sólo un 23% de los votos) ni entre las distintas fracciones burguesas. El movimiento obrero mantuvo un gran peso social y político que fue canalizado principalmente por Vandor al frente de la UOM (en ese entonces el gremio fuerte del país) y hombre fuerte de las 62 organizaciones. Bajo Illia, la CGT vandorista impulsó el famoso plan de lucha de 1964 que llevó en sus distintas fases a la ocupación de 11.000 fábricas, en algunas de las cuales el activismo tendió a superar el control burocrático de estas acciones. Vandor tuvo un juego propio frente a Perón, negociando por su cuenta con los gobiernos civiles y militares.
En lo que hace al movimiento estudiantil fue muy activo en este período (y en la actualidad ha vuelto a escena en 2010 con las luchas de los secundarios en Capital y Córdoba y las tomas en Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la UBA y Filosofía
y Humanidades de la UNC), primero impulsando luchas y grandes movilizaciones por el presupuesto universitario bajo Illia y luego enfrentando en acciones de vanguardia el ataque a las universidades del onganiato, con el desarrollo de sectores radicalizados en sus métodos de lucha que enfrentaban cotidianamente en acciones callejeras la represión del régimen. El mismo golpe de junio de 1966, encabezado por el General Juan Carlos Onganía, tuvo la intención de cerrar esta crisis de hegemonía y diseñar un nuevo régimen a través de su plan de los tres tiempos: el económico, el social y el político. Pero a pesar del fuerte crecimiento de esos años, que incluyó la oleada de inversiones de grandes monopolios extranjeros que caracterizó la segunda fase de sustitución de importaciones que a su vez había fortalecido socialmente las filas de la clase obrera, el sueño le duró poco menos de tres años, hasta el Cordobazo de mayo de 1969 que dio inicio a la etapa revolucionaria que sólo lograría cerrarse con el golpe genocida de marzo de 1976.
Señalar que hay elementos de coincidencia con aquella etapa no significa, obviamente, que todas las circunstancias sean equivalentes: hoy no hay un peronismo proscripto ni existe un partido militar capaz de arbitrar la situación y ordenar a la burguesía. También es menor hoy el nivel de radicalización existente en la vanguardia (mientras que en aquel momento estaba fresco el triunfo de la revolución cubana y donde la proscripción del peronismo favoreció la recurrencia de elementos de guerra civil), aunque es mucho mayor el peso político de la izquierda trotskista. Tampoco existe una izquierda reformista del peso que tenía entonces el Partido Comunista, que contaba entre sus “compañeros de ruta” a dirigentes obreros de la talla de Agustín Tosco, y la izquierda peronista proveniente de la resistencia. Ambos sectores contaban con un prestigio mucho mayor del que hoy cuentan, por ejemplo, las alas de la CTA, y confluyeron en la fundación de la CGT de los Argentinos (marzo del ’68). A su vez, en el sentido contrario, estamos hoy atravesados por una crisis capitalista internacional de dimensiones históricas que en aquél momento sólo se abrió en 1973 en los países centrales y recién golpeó claramente en nuestro país en 1975. Pese a estas y otras diferencias, lo útil de la analogía es ver cómo al calor de las disputas interburguesas va madurando y politizándose una nueva vanguardia cuya gestación, viendo en perspectiva, data de los acontecimientos del año 2001. Y para ver que en este período tenemos planteado avanzar lo más posible en la construcción de un partido revolucionario de vanguardia, cuestión que no existía cuando se produjo el Cordobazo. Un partido que sólo podremos construir si tenemos en claro que permanentemente debemos enfrentar no sólo a las direcciones burguesas sino a las distintas corrientes sindicales con planteos reformistas de distinto tipo y el reformismo político pequeñoburgués.
Mientras hemos visto el desplazamiento del MST hacia la centroizquierda a partir de su entrada a Proyecto Sur, en la izquierda uno de los aspectos más relevantes ha sido el ataque por parte del gobierno contra el “trotskismo” ante cada lucha que lo desbordaba por izquierda, como en las tomas de facultades en las universidades o en la lucha de los tercerizados ferroviarios. Tanto funcionarios nacionales como múltiples artículos en los blogs kirchneristas se han abocado a esta tarea. Más allá de que estos ataques hayan buscado caricaturizar las posiciones del trotskismo (y que la política del PO ayude a los voceros gubernamentales en esta tarea), lo cierto es que indican que es hacia el trotskismo donde se dirigen los sectores cuyas luchas desbordan por izquierda el statu quo oficial. Más estratégicamente, el gobierno sabe que es desde el trotskismo desde donde se plantea la oposición consecuente contra uno de sus aliados fundamentales como la burocracia sindical.
Aunque el PO ha ganado presencia mediática desde el asesinato de Mariano Ferreyra, es una organización con una presencia mínima en el movimiento obrero y está prácticamente ausente de los procesos de lucha y organización del “sindicalismo de base”. Su peso entre los ferroviarios del Roca sigue siendo casi nulo, no sólo porque antes del asesinato su agrupación estaba reducida a un par de trabajadores, sino porque luego de este hecho enorme desaprovecharon la presencia nacional mediática y se lanzaron a una política aparatista de hacer acciones descolgadas sin que hayan pasado por la decisión de asambleas, por lo cual fueron repudiados por los ferroviarios (tercerizados y efectivos). En polémica con nosotros, han llegado a afirmar que “las asambleas son secundarias” transformando en un método dejar de lado la opinión de los trabajadores a la hora de decidir las acciones a seguir. Entre los tercerizados esto llevó al PO a no estar presentes en las movilizaciones más masivas protagonizadas por los trabajadores (que repudiaron su retiro de la asamblea unitaria representada por la Comisión Negociadora integrada por delegados de las distintas empresas) y, por el contrario, realizar acciones sin apoyo de la base, con el principal objetivo de lograr mantener su presencia mediática. Aunque está centrado en la intervención en un frente puntual, la discusión tiene implicancias más generales.
Más allá de los discursos, lo que todo activista obrero o estudiantil tiene que tener claro es que no se puede desarrollar un verdadero partido revolucionario por fuera de la lucha de clases y de lograr peso orgánico en la clase trabajadora, algo que para el PO es un libro cerrado con siete sellos.

La tarea de construir una dirección revolucionaria requiere también de la clarificación política y estratégica en el seno de las fuerzas que nos reclamamos de la izquierda obrera y socialista.

Sin descuidar otros frentes de lucha, en estos años nuestro partido ha puesto sus principales energías en la organización de la vanguardia obrera. Junto a los compañeros del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén y otros compañeros independientes hemos luchado persistentemente por impulsar la organización clasista de los luchadores obreros, cuestión que tuvo un logro relevante en 2009 con la conquista de la Comisión Interna de Kraft (derrotando a Daer y a la lista de la CCC que dirigía hasta ese momento) y con la consolidación de una corriente opositora a Daer en uno de los principales sindicatos industriales. Entre otros sectores, somos parte del ala clasista del nuevo sindicato del subte y hemos jugado un papel relevante en la derrota de la burocracia del SMATA en la elección de delegados en la planta de Volkswagen en Córdoba. Somos, desde la lista Bordó parte esencial en la lucha y organización de quienes obtuvieron uno de los triunfos históricos más relevantes de los últimos años para la clase obrera, como el pase a planta permanente de unos 2.000 trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, extendido luego a los trabajadores de otros ramales.

Este 2011 nos proponemos continuar desarrollando las agrupaciones clasistas que hacen frente a la burocracia sindical y, a su vez potenciar dos grandes motores de la construcción de un partido revolucionario: la juventud obrera y estudiantil, y la mujer trabajadora.

En un período en el que tenemos que prepararnos para nuevos cambios bruscos de la situación política nacional e internacional, enfrentando al gobierno y a la oposición burguesa en todos los terrenos (incluido el electoral [33]), tenemos el desafío de lograr nuevos avances en la cantidad y calidad de nuestra organización, de forma tal de poder responder positivamente a la tarea de poner en pie una dirección verdaderamente revolucionaria de la clase obrera. Una cuestión que se vuelve doblemente importante cuando estamos presenciando la irrupción de las masas en la escena política de distintos países como vemos especialmente en Egipto.

17 de febrero de 2011