La desaparición de los 43 normalistas desnudó una realidad signada por el poder del narcotráfico y su colusión con el estado. La masacre de Iguala es la punta de un iceberg que llega hasta la Casa Blanca, las relaciones con EE.UU. y el Tratado de Libre Comercio.

El ascenso del PAN al gobierno en el año 2000 y la “alternancia” de los partidos, vino de la mano de una subordinación más extrema a Washington, profundizando lo iniciado desde el Tratado de Libre Comercio de 1994. Esto se evidenció también en el terreno del “combate al narcotráfico”.

Washington y el narcotráfico, una larga historia

La militarización de la lucha contra el narco desde los gobiernos priistas de los años ‘70 -cuando se realizaron por ejemplo las quemas de plantíos en el marco de la “Operación Cóndor”-, respondió a los dictados de Washington, que puso al tráfico de drogas como uno de sus grandes “enemigos públicos”. Con la llegada de Vicente Fox (del PAN) a la presidencia se profundizó: en su campaña electoral éste propuso “no considerar al tráfico de drogas como un asunto de seguridad nacional, sino de salud pública, y retirar al ejército de la lucha antidrogas” (como mencionó Luis Astorga en su libro Seguridad, traficantes y militares) pero esta retórica fue cambiada rápidamente con la venida del zar antidrogas Barry McCaffrey ese año.

Durante las últimas décadas, la DEA y la CIA dictaron en los hechos las políticas de los sucesivos gobiernos, utilizando por ejemplo, la extradición para encarcelar o pactar “protección de testigos” con los capos de acuerdo a sus intereses (incluyendo el reclutamiento de sectores antinarcos por los cárteles mexicanos). La “colaboración” militar (como la Iniciativa Mérida) fue también un mecanismo de sujeción y monitoreo constante sobre México; un gran involucramiento en los asuntos de seguridad mexicanos que decidió sobre nombramientos en el ejército (como reveló el New York Times en febrero del 2013).

La acción del gobierno de Estados Unidos se rastrea también en los vínculos entre la CIA y el narco. En los ‘80, por ejemplo y según documentó Anabel Hernández en su libro “Los Señores del Narco”, la alianza entre el narco colombiano y mexicano fue la vía con que Washington proveyó recursos a la contra nicaragüense, después de los escándalos de la llamada conexión Irán-contras, a cambio de facilidades a los capos para ingresar drogas a los Estados Unidos. Ésta fue la forma en que ascendió la estrella de capos como Pablo Escobar Gaviria antes de su caída, y del “Cartel de Guadalajara” -hoy de Sinaloa o del Pacífico- liderado por Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo.

Estos son ejemplos de una peculiar asociación económica y política entre la Casa Blanca y los señores del narco. Por otra parte, la política estadounidense prohibicionista favoreció –como en su momento fue la Ley Seca respecto a la mafia– el desarrollo de los “cárteles” y su penetración al norte de la frontera.

Ante el poder creciente de los cárteles mexicanos -que fueron desplazando a sus pares colombianos-, Washington buscó fijar “reglas de juego”. La militarización impuesta por EE.UU. pretendió disciplinar a las distintas facciones y mantener de este lado de la frontera la inestabilidad generada por sus disputas internas. México se convirtió en una franja de amortiguación, un “campo minado” para la población que sufrió las terribles consecuencias.

Dominación imperialista y narcotráfico

El ciclo de recolonización iniciado con el Tratado de Libre Comercio amplificó la penetración imperialista sobre un país que comparte 3200 kilómetros de frontera con Estados Unidos.

Mientras México exporta mano de obra, materias primas, mercancías y estupefacientes al norte del Río Bravo, Estados Unidos exporta capitales que oxigenan las industrias de punta y maquiladoras (aeroespacial, automotrices, entre otras) el turismo y las “industrias” ilegales como la prostitución y la trata.

Este ciclo potenció el desarrollo descontrolado de los cárteles y la disputa por el control territorial. Y devino en fenómenos monstruosos como el aumento del feminicidio y el accionar salvaje contra las clases desposeídas y sectores opositores.

Muestra de ello -entre otros tantos- son los migrantes torturados y ejecutados en San Fernando, la masacre de Villas de Salvárcar, las fosas clandestinas, los asesinatos de Maricela Escobedo y otras luchadoras contra el feminicidio, la desaparición y masacre de normalistas, entre muchas otras. La colusión del narco y los distintos estratos de gobierno y las fuerzas armadas, en estos crímenes, es absoluta. Eso explica tanta impunidad

El rol de distribuidores privilegiados de estupefacientes a Estados Unidos, le confirió un poder desorbitado a los cárteles que, como dicen muchos analistas, son ya grandes corporaciones capitalistas “globalizadas”. Según escribió el investigador Edgardo Buscaglia, alrededor de 500.000 personas trabajaban en este sector: un amplio mapa que va de los cuadros jerárquicos y los sicarios, hasta los trabajadores agrícolas explotados y oprimidos por los narcos.

En ese contexto, el mercado de drogas y otras industrias ilegales genera una gran cantidad de dinero que luego es puesta en circulación mediante la inversión en negocios legales, transformándose así en capital.

Alternancia y recolonización imperialista

Lejos está la situación mexicana de responder meramente a la corrupción en los municipios, como pretenden Peña Nieto y su Secretario de Gobernación, Osorio Chong. Es la expresión extrema de la subordinación a los EE.UU., que corroe hasta los cimientos al estado capitalista y lo descompone.

Si la asociación entre cárteles y estado ya existía bajo el priato, el advenimiento del régimen de la “alternancia”, donde surgió un entramado institucional mas fragmentado, potencializó el descontrol: los distintos niveles del estado establecieron alianzas con el narco -muchas veces yuxtapuestas entre bandas delincuenciales adversarias-. La colusión bañó todos los niveles del gobierno y las fuerzas armadas: municipios, gobernaciones y -como destacó el periodismo de investigación-, incluso a los niveles más altos del poder político.

Una evidencia más, no sólo de que la “democratización” de las instituciones es imposible, sino que la “alternancia” fue un instrumento de la recolonización y del producto más bárbaro del capitalismo actual: el narcotráfico.

Es en este marco que se hace fundamental luchar por tirar abajo el Tratado de Libre Comercio y los pactos que atan a México al imperialismo. Por cada dólar que las trasnacionales “invierten” en México, profundizan la opresión y la explotación de millones de trabajadores, campesinos e indígenas pobres. La integración a la economía yanqui es la llave que succiona la savia vital de esta nación, para convertirla en una estrella más de la bandera norteamericana. Hay que acabar con este régimen político agente del imperialismo y coludido con el narco.

Al mismo tiempo es elemental bregar por la legalización de las drogas -que dejaría a los cárteles sin su principal fuente de ganancias extraordinarias- como parte de un programa que desconozca los dictados de la Casa Blanca en materia de “lucha antidrogas”, y que busque expropiar a los cárteles y todas las empresas “legales” comprometidas con estos. En ese camino, la autodefensa por parte de las organizaciones obreras y populares es una necesidad básica para hacer frente a los narcos y fuerzas represivas responsables de 200.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

(*) Pablo Oprinari es dirigente del Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS), de México