De la crisis del régimen abierta en septiembre del 2014 con el asesinato y secuestro de los normalistas de Ayotzinapa por la policía de Iguala, Guerrero (alcaldía y estado gobernados por el PRD) a la fecha, ha habido un cambio importante de posiciones donde el gobierno ha pasado a la ofensiva.

Esto no significa que las bases de la actual crisis social no existan ya, o se hayan atenuado; ni mucho menos que la movilización se haya frenado.

De eso da cuenta, por un lado, la separación de Murillo Karam como titular de la Procuraduría General de Justicia (PGR), quien encabezaba la investigación oficial sobre la desaparición de los normalistas, una figura muy repudiada por su papel en dicha investigación y cuyo sostenimiento venía ocasionando mucho desgaste al gobierno de Peña Nieto.

Y por otro lado, la movilización del pasado 26 de febrero -con decenas de miles de personas que mantienen en alto el reclamo de aparición con vida de los 43, y ahora expresan también la indignación ante el asesinato del maestro jubilado Claudio Castillo Peña- muestra, de una parte, que se mantiene la movilización y el descontento y que las mentiras del gobierno -aunadas a la represión- no han logrado cerrar esa enorme brecha entre un régimen y una presidencia deslegitimada y los millones que vieron el verdadero carácter de esta democracia asesina. Y, de otra parte, enseña también que, a pesar de ese descontento, las acciones no tienen, por el momento, el alcance y el carácter multitudinario de las acciones de octubre-noviembre del 2014.

Se profundiza la democracia degradada, mostrando lo reaccionario de este régimen, como lo comprueba la prepotencia con que el gobierno pretende cerrar el caso de los normalistas desaparecidos; la denuncia del equipo de forenses argentinos de las maniobras de la Procuraduría General de la República (PGR); con el aumento de la militarización, los asesinatos a los opositores al gobierno, la represión a los movimientos, los feminicidios y el hostigamiento a los familiares de los que buscan a sus desaparecidos.

En dos últimos meses, el gobierno ocupó militarmente la Autopista del Sol reprimiendo a quienes tomaban casetas de peaje y bloqueaban la autopista. Respondía así al reclamo de sectores patronales que exigían mano dura, con lo que el gobierno estaba anunciando un cambio su política indecisa y cautelosa de los meses anteriores, que esperaba el mejor momento para reprimir.

La represión a los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) en Acapulco el martes 24, con saldo de un maestro jubilado asesinado a palos por la policía de estado, es la muestra de este cambio en la política; quedé atrás la “contención”. Recientemente inauguró el cuartel militar del 65 Batallón de infantería en el conflictivo estado de Michoacán.

En tanto, la Asamblea Nacional Popular (ANP), ante este giro ofensivo del gobierno, ha adolecido de una respuesta política y organizativa a la medida de este ataque -más allá de acciones radicales-, mismo que evidentemente es parte de un intento de recomposición del gobierno en relación a los meses más críticos de esta crisis.

Y es que, la clase dominante sí está teniendo una política de unidad reaccionaria buscando estabilizar la situación nacional y frenar la potencialidad de descontento obrero y popular.

Hay un fortalecimiento del aparato represor y un cierre de filas de los partidos del régimen. Las recientes represiones de las movilizaciones en Morelos -gobernada por un perredista de derecha- y en Puebla -con un gobernador del Partido Acción Nacional (PAN)-, muestran este acuerdo estratégico del régimen de “la alternancia”. A los de “arriba” les urge un ambiente de paz relativa para la realización de las elecciones federales en julio de este año y avanzar más en los planes de entrega al imperialismo -como hicieron en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pues es clara la división de tareas entre el gobierno federal y los gobernadores agrupados en la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores) para contener el descontento que recorre el país; como se vio en la represión del 1° de diciembre del 2012, el desalojo en el zócalo de magisterio en septiembre del 2013, y el encapsulamiento de las movilizaciones en el DF.

Oxígeno en las urnas para la democracia asesina

Que este régimen es irreformable, lo muestra la profundización de sus rasgos autoritarios. Así como la abierta parcialidad del Instituto Nacional Electoral (INE) -cuya reforma estuvo sólo en el cambio de nombre- que provocó la crisis en esta institución clave del régimen con el retiro del pleno del INE de 7 partidos por la complicidad de su presidente consejero, es la muestra más cruda de lo irreformable del sistema político mexicano.

Con las próximas elecciones la clase en el poder pretende desviar el descontento y legitimar la democracia asesina, fortaleciendo así al congreso proimperialista que encadena cada vez más al país al los Estados Unidos. Por lo que es indispensable para las masas trabajadoras no oxigenar en las urnas esta “democracia” asesina.

La "transición a la democracia" del año 2000 (el llamado "régimen de la alternancia" o del "Congreso plural") fue la herramienta de la clase dominante para desviar en ese año el gran descontento nacional ante un régimen en crisis y desgastado por los 70 años de dirigir los planes de miseria y opresión.

Es el régimen que, primero con gobiernos panistas y después con el del priísta Peña Nieto, pudo profundizar los planes exigidos por el imperialismo. Donde este "congreso plural" basado centralmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hace que este autoritarismo asesino pueda funcionar con un traje "democrático" mientras militariza el país, realiza masacres de estudiantes, hay miles de desapariciones forzadas, aumentan los feminicidios, se profundiza la represión a los trabajadores, se criminaliza el descontento y se profundiza la entrega del país al imperialismo.

No hacen falta gobiernos como los de Chile, Argentina, Salvador y Guatemala en los 70s-80s, ni como el del fascista Franco en España en su momento, para imponer este brutal ataque a los derechos ciudadanos y de los trabajadores.

La "dictadura perfecta" lo es por la legitimización de la violencia estatal que impone el Congreso dominado por estos partidos patronales y para que los rasgos más autoritarios del régimen primen sobre la democracia formal.

El movimiento obrero y popular debe dar un salto en su estrategia para echar abajo esta democracia de los ricos. Y es que la movilización, pese a no caer en un reflujo, no ha avanzado de manera significativa -esto sin menoscabar las acciones radicales de las masas descontentas.

Es necesario un programa que aliente la radicalización de las masas con un gran paro nacional que unifique a los explotados y oprimidos.

Hay que profundizar la crisis del gobierno uniendo a otros sectores inconformes afectados por la inseguridad, la militarización, la democracia, la represión a los movimientos, los feminicidios, el desempleo los bajos salarios, las mujeres, como la crisis del campo, etcétera.

La clave hoy fortalecer la movilización unificando todo entramos nacionales en torno a la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa, en los sindicatos.

Es necesario un Encuentro Nacional de las organizaciones en lucha, para discutir como enfrentar de forma unificada la ofensiva del gobierno y sus instituciones, y en primer lugar la represión y militarización. Donde podría y debería discutirse un llamado a un paro nacional, que para que sea real debe ser tomado en manos de los sindicatos que se reclaman opositores y a la vez tener una política concreta hacia las bases de las organizaciones sindicales en manos del charrismo oficialista.

De lo contrario, lo que parecía un gobierno debilitado y en crisis, puedo volverse lo contrario impactar a la ofensiva de una manera brutal. Peña Nieto necesita un ambiente de reformas reaccionarias para lograr unas elecciones que lo legitimen.

En su contra sigue jugando las tendencias al estancamiento de la economía, la caída de los precios del petróleo, una depreciación del peso y una devaluación que afecta más a los que menos tienen.