Un nuevo crimen contra la juventud pobre

En la noche del lunes de 4 noviembre (apenas unas pocas horas después de la sentencia de procesamiento sin prisión contra los siete militantes sociales y de DDHH perseguidos por la Suprema Corte de Justicia [1] ), la policía perpetró un nuevo crimen a sangre fría contra el pueblo trabajador. Se trata del asesinato del joven Sergio Lemos, un joven trabajador que por vivir en un barrio obrero como Santa Catalina (Cerro Oeste) y andar en motocicleta, fue "confundido" por los agentes policiales con los ladrones de un comercio del barrio, asaltado minutos antes. Este hecho se enmarca claramente en una situación de escalada de represiva y de claro avance contra nuestras libertades democráticas más elementales, que incluye la brutal balacera en la cárcel Santiago Vázquez que dejo un saldo de dos muertos (donde se usaron 1500 balas de plomo), y la muerte de otro joven sospechoso de un robo. Concretamente, el policía asesinó ante la sospecha de que el joven fuera uno de los asaltantes, dio una orden de alto, que (al no ser escuchada por el joven) no tuvo efecto, disparándole nueve tiros por la espalda a la víctima. Naturalmente, la forma en la que se perpetró este crimen causó la indignación y el malestar de familiares y vecinos de Sergio, quienes veían cómo el aparato represivo actuaba una vez más en el barrio con la prepotencia que los caracteriza, maltratando a la madre del joven y al resto de su familia, y llegando a amenazar al resto de los vecinos.

Una gran provocación

Minutos después, Sergio Lemos llegaba sin vida al centro asistencial, lo cual desató aún más la rabia de los vecinos y trabajadores del barrio, quienes cortaron la calle e incendiaron gomas y hasta un establecimiento de la policía. Ante esta situación de legítima protesta por justicia con respecto a los asesinos, el ministerio del Interior encabezado por el ex-guerrillero Eduardo Bonomi decidió dar rienda suelta a la represión, rodeando el barrio y cortando los accesos, causando una verdadera situación de descontrol y militarización del área. Durante varias horas, los cuerpos especiales entraron al barrio al mejor estilo de las "megarazzias" con tanquetas y su equipamiento represivo del que hacen alarde. No hay dudas, en el mismo día que se suceden los atropellos contra nuestras libertades democráticas más básicas (como el derecho a la protesta reflejado en el procesamiento de los 7 compañeras y compañeros mencionados), el aparato represivo se despliega impunemente contra la juventud pobre, en la que no solo asesina, sino que monta en forma totalmente provocadora todo su aparato de represión para exigir "orden" a quienes habían sido testigos del crimen.

Los vaivenes del discurso del gobierno y la hipocresía de la derecha

Las primeras informaciones que llegaban por las redes sociales ya daban cuenta del tenor del accionar policial. Sin embargo, tanto los medios de comunicación, como el propio Bonomi se hicieron eco primeramente de las declaraciones de los policías, quienes mantuvieron en primera instancia que el joven "había disparado primero". Una coartada que caía por su propio peso, ya que según los testimonios de los vecinos el joven no portaba ningún tipo de arma. Pero este argumento terminó de caer cuando las pericias de la propia policía técnica constataron todas las irregularidades del procedimiento policial ya que no había forma de ocultarlo. El asesino y sus cómplices sabiendo que el joven estaba muerto, alteraron burdamente la escena del crimen, tapando la sangre con tierra, e intentando "plantar" un arma a la víctima. Una vez que la opinión pública se enteró de esto, el propio Ministro Bonomi tuvo que cambiar sus declaraciones y admitir que fue un asesinato a sangre fría, y que harían “todo lo posible” por investigar y enjuiciar al asesino y sus cómplices.

Por su parte, la derecha (que en un primer momento se hacía eco también de sus periodistas reaccionarios) luego de aclarado el caso ha virado hacia el pedido de renuncia del Ministro del Interior por causa de estos "desbordes no deseados" en el aparato represivo. Hasta causa gracia la hipocresía de blancos y colorados, que desde hace años vienen pidiendo el aumento de penas para los menores infractores y la más extrema mano dura (incluso haciendo marchas para respaldar la justicia por mano propia y los asesinatos policiales), ahora publiquen en las redes sociales su "indignación" con los procedimientos en los barrios pobres.

La policía de Bonomi

Un debate que ha recorrido los principales medios de prensa en el último tiempo es el referente a la actuación del aparato represivo, tanto en movilizaciones obreras y estudiantiles, como en la persecución a los militantes de izquierda y DDHH. Frente a esto, en un principio el Frente Amplio, Bonomi, y el propio Mujica, reconocían que tenían "observadores" (infiltrados) en las movilizaciones, profundizando su política "macartista" contra la izquierda y todo sector de trabajadores que no se subordine a la línea oficial. En este sentido, no se puede explicar estos hechos de Santa Catalina como un simple "desmán" de las fuerzas represivas. Desde 2010 a hoy de la mano del “progresista” Frente Amplio y su ministro Bonomi, la policía ha dado un salto en su tecnificación, han invertido millones de dólares en mejores equipos para reprimir y espiar, y en la capacitación y mejora salarial de sus efectivos [2] . Se ha triplicado el presupuesto para la represión interna, se nacionalizó la guardia republicana, y se han reflotado viejas oficinas de la dictadura como el Departamento de Operaciones Especiales (inteligencia) para la persecución política y la tortura. Todo un dispositivo al servicio de la represión en los barrios pobres y la criminalización de la protesta.

Ya en setiembre distintos medios como Brecha y grupos de izquierda nos hacíamos eco de las denuncias de los jóvenes de Santa Catalina que habían sido detenidos arbitrariamente y torturados en la seccional de policía. Pero en el discurso gubernamental ha operado un cambio, a partir de este último sangriento asesinato y posterior escándalo político. Ahora Bonomi y el FA identifican estos "excesos" con ciertos "elementos de la derecha" dentro de las fuerzas represivas que se resisten a cambios que afectarían sus intereses. Sin embargo está claro que la policía que actuó en Santa Catalina es la misma de las megarazzias en los barrios periféricos de Montevideo. Además, se amparan en la Ley de Procedimiento Policial votada por el Frente Amplio que habilita a realizar detenciones sin órdenes judiciales, una muestra más de cómo la "Justicia" se adapta a las formas represivas del régimen político.

Organicémonos para enfrentar la represión

Frente a estos hechos, el sindicato de docentes secundarios ha sido rapazmente atacado por los medios de comunicación de la derecha y por parlamentarios del propio FA por convocar a un paro en solidaridad con la profesora Patricia Borda (una de los siete procesados), y por el fin de la criminalización de la protesta y la pobreza. En este sentido, los trotskistas de la FT-CI, desde la Agrupación Universitaria Tesis XI sostenemos que sólo con la movilización y la organización de la juventud y la clase trabajadora es que podemos enfrentar el avance represivo del gobierno. En este sentido venimos realizando todos los esfuerzos posibles por poner en pié ámbitos desde las bases en el movimiento estudiantil para enfrentar estos atropellos de todo el régimen político, tanto contra los militantes como contra los trabajadores y los jóvenes de los barrios pobres. El pasado 22 de Octubre realizamos el exitoso Foro Contra la Impunidad que constituye un pequeño primer paso en este camino. Es por esto que estamos proponiendo la realización de comités contra la represión y la impunidad en los lugares de trabajo y estudio. Instancias de autoorganización que también integren a los jóvenes que a diario son víctimas en los barrios de la represión y prepotencia estatal. Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación estamos convocando junto a compañeras y compañeros estudiantes y docentes a la realización de este comité. A su vez, creemos que está planteado realizar acciones comunes con todas las organizaciones sociales, de DDHH y de la izquierda, así como todas aquellas que se digan democráticas para enfrentar la represión. Las direcciones frenteamplistas de las grandes organizaciones obreras y estudiantiles como el PIT-CNT y la FEUU son las responsables de la falta de una respuesta unificada y decidida que le pare la mano al gobierno.