Un eventual gobierno de Marina tendrá, en principio, una débil base de sustentación en el Congreso. Los “superpoderes” de la institución presidencial y el lobby empresarial van a minimizar esa debilidad. Pero son las divergencias en cómo lidiar con la crisis económica, la disputa electoral anticipada por el 2018 y los movimientos sociales las que tendrán la palabra final.

Mucho se especula sobre la fragilidad de un gobierno apoyado en un partido pequeño y en una coalición débil. Más aun frente a los compromisos demagógicos de Marina de rechazar alianzas con sectores de las oligarquías de la “vieja política” que han cumplido un papel esencial en el sostenimiento de todos los gobiernos desde épocas remotas.

Pocos preveían que el PT terminaría tan abrazado a figuras “poco modernas” como el ex presidente José Sarney o el actual presidente del Senado Renan Calheiros, ambos del PMDB y cuyas trayectorias políticas incluyen la participación en el bipartidismo de la dictadura militar.

Marina sabe que no tiene posibilidades en el segundo turno si no acepta el apoyo del Partido de la Socialdemocracia Brasilera (PSDB), es decir, del actual gobernador de San Pablo y miembro del Opus Dei, Geraldo Alckmin y de su antecesor José Serra, del ex presidente Fernando Henrique Cardoso o incluso del candidato Aécio Neves, si así se dispusiese. Para gobernar, su candidato a vice ya anunció que no pretende gobernar sin los “viejos zorros” del PMDB.

El poder central depende de las oligarquías regionales

Más allá de la propaganda engañosa, en realidad el sistema político brasilero fue construido para reproducir un nivel mínimo de dependencia entre “lo viejo” y “lo nuevo”. Ya en los orígenes de la “democracia” actual, para limitar el peso político del poderoso proletariado que construyó el PT en las antípodas de la dictadura, las oligarquías regionales que dominaban los estados mantuvieron una representación completamente desproporcionada en el Congreso. Parte del pacto de transición “lenta, gradual y segura” entre los militares y la burguesía opositora consistió en la delegación de mayor poder económico a los gobernadores para alejar al PT del poder. El resultado fue la pérdida de autonomía del gobierno central para controlar la espiral inflacionaria de los años 80.

En 1994, el salto en la subordinación al capital financiero internacional que permitió la estabilización de la moneda estuvo asociado a un profundo proceso de reconcentración del poder económico en las manos del gobierno federal. Con la denominada “Ley de responsabilidad fiscal”, que fue negociada a cambio de las pulposas privatizaciones que generaron una “nueva burguesía”, los gobernadores no pudieron seguir endeudándose según su deseo. Se reforzó el mecanismo ya antiguo mediante el cual las oligarquías de cada estado, para viabilizar servicios y obras públicas, pasaron a depender cada vez más de la “buena voluntad” del gobierno central, canjeando partidas presupuestarias por apoyo político.

Esa fue la base sobre la que el PMDB, una de las mayores bancadas del Congreso, siguió siendo un partido de oligarquías regionales esencial para el ejercicio del poder de quien quiera que estuviese al frente del gobierno federal.

La corrupción en el poder ejecutivo y el Congreso es institucional

El mercado financiero internacional y los grandes monopolios capitalistas ejercen su dominio directamente a través del ejecutivo y del lobby sobre el Congreso. La “reserva de poder” de los inversionistas se expresa en el ordenamiento económico hecho para garantizar que el 44 % de los recursos públicos sean destinados al pago de intereses y amortizaciones de la deuda en manos de no más de 20 mil acreedores. El poder de los monopolios se expresa en los multimillonarios contratos de prestación de servicios, en los bondadosos subsidios fiscales, en las caritativas facilidades crediticias y en las reservas de mercado. Todo a cambio de jugosos recursos para las campañas electorales, cuando no valijas voladoras de dinero o dólares escondidos en la ropa interior.

La magia de las coaliciones que crecen como hongos

Esa combinación de dependencia entre el ejecutivo y las oligarquías regionales por un lado y el poder de “centralización” de los intereses económicos empresarios por otro es lo que viabiliza la creación de coaliciones tan amplias de forma tan fortuita.

Para gobernar para los capitalistas, gerenciar sus negocios, el PT aceptó subordinarse a esas reglas del juego. Al principio del gobierno Lula, el PT intentó prescindir del PMDB y gobernar con partidos secundarios que orbitan entre las grandes leyendas (PT, PSDB y PMDB). Para eso, se requirieron mecanismos un poco más explícitos que lo usual para corromper a diputados y senadores. Sin embargo, eso fracasó. El resultado fue la crisis que pasó a la historia como el escándalo del “mensalào” (coimas mensuales a parlamentarios en la que quedaron involucrados figuras de las más importantes en la jerarquía del PT).

Para impedir que las alas más rabiosas de la oposición burguesa intentasen un impeachment (destitución) de Lula y evitar una desestabilización del país que por ejemplo obligase a la CUT a movilizar a los sindicatos, el gran capital las disciplinó y evitó así la búsqueda de soluciones extremas. El PT, por su parte, incorporó al PMDB como aliado privilegiado, con todo lo que eso implica en relación a la convivencia con los “Sarneys” y “Renans” de la arena política.

Ese mecanismo de mediación entre las distintas fracciones dominantes por un lado, y la presión de las masas explotadas y oprimidas por otro, hace que el presidente actúe como una especie de “árbitro” entre los intereses en disputa, donde el gran capital actúa de forma “transversal” en los distintos partidos.

La verdadera fuente de dudas

Esa estructura del régimen permite que las clases dominantes tengan dudas – aunque no pánico – con respecto a la “gobernabilidad” ante un eventual triunfo de Marina. La gran preocupación reside en que, a diferencia de la crisis del “mensalào”, el país no se encuentra en el preludio de un excepcional ciclo de crecimiento de los negocio, sino pisando el freno en una pendiente acentuada, con curvas inciertas que pueden dar lugar a una fuerte crisis económica.

A diferencia del momento de auge del lulismo, cuando el gobierno central ejercía una fuerza centrípeta y las fuerzas de la oposición parecían en desaparición, el escenario actual pone muchas más dificultades para lograr hegemonía y soldar alianzas. Seguramente habrá una disputa entre los grandes pesos pesados de la burguesía para ver quién va a perder menos con la política adoptada por el gobierno. Los partidos se van a apoyar en esas disputas en la búsqueda de una mejor ubicación hacia las elecciones de 2018.

No va a ser fácil lograr que las masas acepten pasivamente tarifazos, inflación, desocupación, pérdida de derechos laborales y recortes en los gastos sociales. La lucha de los sectores populares viene fortaleciéndose tras las manifestaciones de junio del año pasado, que mostró la crisis de representatividad de los partidos y de los gobiernos, y una histórica oleada de huelgas. Para descargar los costos de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, Marina no contará con la relación orgánica que tiene el PT con los sindicatos y movimientos sociales. No está claro qué consecuencias va a tener para esos sectores una eventual derrota de Dilma.

Sea cual fuere el candidato que gane, el resultado será un gobierno más débil de lo que fueron los del PT o del PSDB. Esas son las verdaderas dudas que sobrevuelan la “gobernabilidad” de Marina Silva.