Al cierre de este artículo la ciudad y departamento de Potosí ya llevan 15 días de paro cívico indefinido con bloqueo de caminos y de vías férreas en reclamo de la construcción de una fábrica de cemento, prometida por Evo y sus amigos en el municipio de Coroma, lo que es el origen del conflicto con el departamento de Oruro. Esta protesta regional, que empezó por una cuestión limítrofe (de jurisdicción), con el transcurso de la movilización, y por su masificación y endurecimiento, terminó agregando varias demandas. Por un lado, la construcción de un aeropuerto para la ciudad de Potosí, para lograr mayor presencia de turistas en la región que faciliten la creación de nuevos empleos, y por otro, la puesta en marcha del complejo industrial de Karachipampa, nuevamente entregado a una trasnacional y aun sin funcionar. Apoyándose en el proceso, sectores de las clases dominantes locales como son los “cooperativistas” acomodados ligados al MAS a través de FEDECOMIN (Federación Departamental de Cooperativas Mineras) y COMCIPO (Comité Cívico Potosinista), buscan regatear algo de la renta nacional así como mejorar su posicionamiento frente a sectores directamente subordinados al poder central como el representado por César Navarro y otros ex parlamentarios del gobierno. Pero en esta pueblada, donde sectores acomodados pretenden montarse, también se han venido expresando contradicciones con el movimiento obrero y campesino, como muestra el hecho de que el presidente de COMCIPO fue apaleado por sectores ligados a la Federación Universitaria Local y la Central Obrera Departamental de Potosí.

En estos momentos el Departamento se encuentra absolutamente aislado. Los hospitales se van quedando sin medicamentos básicos como insulina y otros, y la desesperación empieza a apoderarse de familias que buscan alimentos, que si se consiguen, han triplicado en algunos casos su precio. Movilizaciones y cabildos de decenas de miles de trabajadores, campesinos, cooperativistas mineros, estudiantes, maestros y otros ocupan cotidianamente las calles, mantienen los puntos de bloqueos y nutren los más de 100 piquetes de huelga de hambre en el que participan cerca de 1200 huelguistas, que se han generalizado por todo el departamento. Residentes potosinos en otras regiones del país, empiezan a trasladar el conflicto organizando más piquetes de huelga y marchas de solidaridad con su región. El pasado miércoles 11/8, las comunidades campesinas en los alrededores de San Cristóbal –uno de los emprendimientos mineros a cielo abierto más importantes del mundo- ocuparon la hidroeléctrica de la empresa y obligaron a la paralización de actividades de la trasnacional japonesa.

Esta nueva crisis que debe afrontar el gobierno de Evo Morales se suma a la cadena de protestas que en los últimos meses han tomado cuerpo entre los obreros fabriles exigiendo salario, los trabajadores de diversos sectores que rechazan el proyecto de ley de pensiones, las protestas indígenas por sus derechos al territorio y sus recursos y finalmente de los pequeños comerciantes quienes el día lunes pasado le prendieron fuego a la aduana nacional en Oruro. Potosí es una de las regiones más pobres y postergadas del país, y su movilización, como las anteriores, muestra que decaen las ilusiones en las promesas del MAS tras más de 5 años de un gobierno que mientras mantiene el discurso nacionalista e indigenista, pacta con los empresarios, terratenientes y transnacionales y posterga las demandas obreras, campesinas e indígenas, por lo que distintos sectores empiezan a recurrir a la movilización y chocar con el gobierno.

Potosí no es un bastión de la derecha como la “media luna” de Oriente sino una región donde el MAS ganó con casi el 80% de los votos en las pasadas elecciones. La pueblada de Potosí no es financiada por el imperialismo, ni por USAID, argumentos esgrimidos en cada conflicto por los operadores políticos de Palacio y del estalinismo criollo. Potosí es una víctima más de la demagogia gubernamental y del saqueo del imperialismo y de las trasnacionales que operan en la región, con las cuales el gobierno de Evo Morales y el MAS firman suculentos convenios de explotación minera como el complejo industrial de Karachipampa, el complejo minero de San Cristóbal o en las zonas de mayor riqueza en oro como Amayapampa, Capasirca y el Norte de Potosí.

La pobreza potosina: resultado del saqueo imperialista

Potosí, es el departamento con la menor esperanza de vida de toda Bolivia, no llegando a los 60 años. La tasa de mortalidad infantil es superior a la nacional, llegando a casi 64 por mil niños o niñas que mueren antes de cumplir un año de edad. La ausencia de trabajo hace que sea uno de los departamentos que más expulsan mano de obra a otras regiones o al exterior del país como Argentina o Chile. El PBI per cápita, no llega en algunas regiones ni siquiera a los 500 dólares anuales (Bolivia de conjunto se acerca a los casi 2000 dólares, Argentina una década atrás superaba ya los 9000 dólares). Estas condiciones de extrema pobreza no cayeron del cielo, sino que son el resultado de un saqueo sin precedentes, primero con la Colonia y la República y hoy con la acción de trasnacionales que, con la figura de contratos de riesgo compartido, realizan multimillonarios negocios en la extracción de oro, plata, complejos minerales de zinc, plomo, estaño y wólfram, además de otros recursos minerales muy valiosos. Hoy, a modo de ejemplo, la empresa San Cristóbal, filial de la trasnacional japonesa Sumitomo, se llevó la friolera de 1000 millones de dólares de producción durante la gestión 2009, y que apenas ha tributado para el Estado boliviano 38 millones de dólares anuales. Este saqueo tolerado en forma complaciente por Evo Morales y su gobierno, no toma en cuenta los gastos de agua para la extracción y tratamiento de los minerales y que no pagan un centavo por los 19 millones de litros de agua subterránea que utilizan anualmente, agravando los riesgos de contaminación, erosión y desertificación de tierras en la región.

Para salir del atraso y la pobreza, expulsar a las trasnacionales

Potosí es también una de las regiones con mayor presencia indígena y para estos sectores, la “revolución democrática y cultural” profusamente difundida por Evo y el MAS, se ha asemejado a un gran campeonato de retórica. Potosí ha salido a buscar en las calles y cabildos lo que le han prometido. Sin embargo no hay posibilidades de construir un futuro distinto para los trabajadores, campesinos y el pueblo humilde y pobre de Potosí, de la mano de la estrategia gubernamental basada en pactos y acuerdos con las clases dominantes y tampoco de la mano de los sectores ricos de los cooperativistas potosinos y las élites locales ,quienes se han beneficiado de altos precios internacionales explotando a trabajadores asalariados sin derecho incluso a sindicalización. No podemos permitir que la legitima aspiración de salir de la pobreza y el atraso queden en manos de estos sectores que han sido los que han permitido el desvío político y la contención de los trabajadores y el pueblo, organizada por este mismo gobierno. Las organizaciones obreras potosinas, en primer lugar los sindicatos de trabajadores asalariados, deben desenmascarar la tibieza dialoguista de los sectores ricos y sus verdaderos objetivos, y levantar un programa propio, que empiece por exigir la nacionalización de todas las trasnacionales que operan en la región bajo administración y control colectivo de los trabajadores y con la participación de las comunidades indígenas de la región. Hace falta sostener un programa que afecte a los causantes de la pobreza y miseria potosina: los empresarios y los cooperativistas ricos, y que rompa con la política de pactos y acuerdos sostenida desde el gobierno central con la empresas privadas y los bancos.

Hay que exigir que la COB y la FSTMB extiendan la lucha al plano nacional y para eso necesitamos expulsar a la corrupta burocracia de Pedro Montes y sus amigos de las organizaciones obreras. La FSTMB se ha pronunciado en solidaridad con el pueblo potosino. Sin embargo esto no es suficiente, hay que convocar a una gran movilización nacional para exigir la expulsión de las trasnacionales. Desde la LOR-CI nos solidarizamos con las justas demandas del pueblo de Potosí, pero afirmamos que las mismas solo pueden tener una completa satisfacción expulsando a trasnacionales como Sumitomo, San Bartolomé y otras, que solo siembran pobreza y miseria. Es necesario que las organizaciones obreras nacionales y departamentales elaboren un genuino plan para que sean las trasnacionales y las clases dominantes las que paguen los costos del desarrollo de la región.