El 22 de enero de 2010, Evo Morales comenzó un segundo período presidencial avalado por el 64% de los votos y una mayoría propia de dos tercios en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. En los discursos oficiales se promete consumar la “revolución democrática y cultural”, la “descolonización” en el nuevo “Estado Plurinacional de Bolivia”, la “industrialización del país y hasta el “socialismo comunitario”. Pero más allá de la retórica, ¿cuál es el contenido de los cambios económicos, sociales y políticos que se implementan bajo el gobierno del MAS? ¿Cómo encarar el próximo período desde el punto de vista de los socialistas revolucionarios? Estas notas son un aporte a esa discusión.

Una década de intensa lucha de clases

Se ha completado una década en el rico proceso de lucha de masas y fenómenos políticos que vivió Bolivia desde el año 2000. Este fue una expresión avanzada de esa suerte de “ensayo general” de la lucha de clases que vivió Sudamérica en los años del cambio de siglo, con la caída de varios gobiernos ante el embate de masas. En Bolivia este proceso se puede subdividir en dos grandes períodos. El primero, de 2000 a 2005, se caracterizó por el auge de masas. El segundo período (2006-2009) estuvo definido por la subida al gobierno de Evo Morales.

En el primer período, iniciado con la “guerra del Agua” en 2000, primaron las tendencias al enfrentamiento directo con el régimen neoliberal, levantamientos, explosiones de guerra civil y auge de un combativo movimiento de masas popular, campesino e indígena (donde los trabajadores participaban pero sin imprimirle al ascenso su impronta de clase), que culminaron en la etapa revolucionaria abierta con el levantamiento insurreccional de Octubre de 2003, que derribó a Sánchez de Losada y donde apareció un fugaz y atomizado poder dual en torno a las juntas vecinales alteñas.

La sucesión de Carlos Mesa logró contener la crisis revolucionaria (no se transforma en revolución abierta, no se quiebran las FF.AA. y se disuelve el incipiente poder dual). Esto se vio facilitado por las debilidades del ascenso de masas, sin centralidad obrera y donde el combativo protagonismo de los campesinos y pueblos indígenas estaba mediatizado por el rol dirigente de la pequeña burguesía plebeya y las direcciones burocráticas (Central Obrera Boliviana, COB) y populistas/indigenistas (Movimiento al Socialismo, MAS, y Movimiento Indígena Pachakuti, MIP) que sostuvieron la “salida constitucional”.

El interinato de Carlos Mesa significó un retroceso relativo a una situación pre revolucionaria dentro de la etapa. Pero Mesa, aunque mantuvo un perfil conciliador y contó con el apoyo del MAS, no logró recomponer el régimen de la “democracia pactada”, herido de muerte en octubre, ni organizar un plan de transición viable. En enero de 2005 un contundente paro cívico paralizó El Alto y pocos meses después se puso en marcha un nuevo proceso de levantamiento de masas que, en las jornadas revolucionarias de mayo-junio, desbarató las maniobras de la derecha, derribó al propio Carlos Mesa y obligó a la clase dominante a adelantar las elecciones generales, organizando un desvío electoral con el breve interinato de Rodríguez Veltzé, lo que viabilizó el acceso de Evo Morales al gobierno, como única carta sólida para desviar el ascenso.

Así, el ascenso 2000-2005 cambió la relación de fuerzas en el país, demolió el régimen de la democracia pactada, derrotó los intentos de profundizar el plan neoliberal y arrancó, como subproducto de su fuerza y como precio a pagar por la burguesía para detener su empuje, algunas concesiones parciales de carácter democrático, entre ellas, la remoción de los rasgos más escandalosamente racistas de la opresión estatal sobre aymaras, quechuas y demás pueblos originarios que constituyen la amplia mayoría de la población trabajadora rural y urbana. Pero el MAS, expresión principal de la “nueva izquierda indígena” populista surgida al calor del ascenso, capitalizó las banderas antirracistas y de reivindicación indígena, para, como en el resto de las tareas nacionales que se condensaban en la llamada “Agenda de Octubre” (recuperación del gas y los recursos naturales, tierra y territorio, entre otras) darles la expresión más limitada y menos riesgosa para el orden burgués, y bajo el lema de “pasar de la protesta a la propuesta” para “descolonizar” y “refundar” el país esperando los resultados del “proceso constituyente”, consumar la “expropiación política” del ascenso.

La figura de Evo Morales, asumiendo como “primer presidente indígena” y sostenido por el MAS como una especie de “frente popular sui generis” en forma de partido y de base campesina e indígena, fue fundamental pues el hecho de que la burguesía tuviera que haber aceptado su llegada al Palacio Quemado representaba simbólicamente el fin del viejo estado de cosas para las masas oprimidas, lo que facilitó su desmovilización.

El primer gobierno de Evo Morales

En este nuevo período, desde el gobierno y acorde con su estrategia populista de colaboración de clases con la burguesía, el MAS buscó desmontar el proceso de masas y reconstruir un régimen viable basado en la preservación del orden burgués.

En las condiciones políticas del país, esto implica combinar regateos con las transnacionales y ciertas concesiones a los pueblos originarios y en general, a las masas. Pero al mismo tiempo que sembró amplias expectativas e ilusiones, logrando la pasivización del movimiento de masas, generó una dura oposición de la derecha autonomista desde la “media luna”, llevando a una larga crisis política y, durante buena parte de 2007 y 2008, a una explosiva situación de “régimen quebrado”.

Una nueva situación, de carácter no revolucionario y con crecientes elementos reaccionarios, se va asentando a través de varias coyunturas. Esquemáticamente podemos señalar:

• De enero a julio de 2006, prima el clima de “fiesta democrática” y las ilusiones en Evo, que el 1° de mayo anuncia la “nacionalización” petrolera y pone en marcha el proceso constituyente negociado con la derecha parlamentaria. Pero desde agosto a fines de año, cuando se instala la Asamblea Constituyente, comienzan a endurecerse las disputas entre el MAS y la derecha. Algunas luchas de vanguardia cuestionan la política de “paz social” del MAS, como la defensa de los asalariados de Huanuni contra el ataque de las cooperativas aliadas al gobierno en agosto de ese año, pero poco a poco van siendo contenidas.

• Durante la mayor parte de 2007 se extiende una larga crisis política, signada por la confrontación entre el gobierno y la derecha autonomista cuyo eje es la resistencia de sectores de las elites tradicionales “blancas” a perder sus posiciones privilegiadas y a aceptar las reformas que el MAS impulsa en la Asamblea Constituyente. A través de los comités cívicos y utilizando la bandera de las autonomías departamentales para hacer base de masas y proteger sus tierras y su poder local en los departamentos del Oriente, lazan una ofensiva para bloquear los intentos reformistas del MAS, por otra parte cada vez más moderados y conteniendo los intentos de movilización de masas, como en enero de ese año en Cochabamba, donde casi cae el prefecto reaccionario Reyes Villa pero es sostenido por el gobierno en nombre de la “legalidad”, o luego ante la provocación racista del 24 de mayo de 2008 en Sucre. Eso crea una situación de régimen fracturado, con dos “legalidades” y distintos “proyectos de país” en pugna, con los autonomistas rechazando el texto constitucional aprobado en Sucre-Oruro a fines de 2007.

• En agosto-septiembre de 2008 la crisis política se pone al rojo vivo y, como respuesta desesperada al triunfo de Evo Morales en el referéndum revocatorio de agosto, se lanza una asonada autonomista con toma de instituciones y grupos de choque fascistoides lanzándolos a las calles en Santa Cruz, Tarija, que es finalmente derrotada con la intervención militar en Pando, tras la masacre de campesinos en El Porvenir, aunque el MAS garantiza que las masas, que tendían a ganar calles y caminos, no intervengan.

Las posteriores negociaciones con mediación de la OEA y Unasur, llevan al pacto parlamentario de octubre de 2008 y que la políticamente derrotada derecha autonomista avaló aunque no firmó. Así, se adaptó la nueva Constitución a los reclamos burgueses antes de ser llevada a referéndum, mediante la modificación “en comisión” de más de 100 artículos, pasando por encima de lo que había votado la propia Asamblea Constituyente. Junto a otros acuerdos (como el que posibilitó el llamado a elecciones del 6 de diciembre de 2009), escritos o no, configuran un sistema de consensos que si no es un Gran Acuerdo Nacional o un Pacto de la Moncloa, con todas las firmas y fotos, se acerca bastante.

• Entre octubre de 2008 y las elecciones de 2009 se da un salto en la estabilización política y la consolidación del proyecto masista, habilitando el comienzo de la transición hacia un nuevo régimen. Se termina de clausurar la etapa revolucionaria que se había abierto en octubre de 2003, pues se cierran las grandes brechas en las alturas que mantenían abierta la posibilidad de que, ante las provocaciones de la derecha, una nueva irrupción de masas rompiera los diques impuestos por el MAS y desbordara al gobierno, reabriendo las tendencias más progresivas del movimiento de masas. A lo largo de 2009, el gobierno avanza en sus planes tejiendo nuevos acuerdos con distintas expresiones empresariales, manteniendo la “paz social” y profundizando la cooptación de las direcciones sindicales, como la COB. Una nueva fase del proceso político, caracterizada por la transición al nuevo régimen del Estado Plurinacional, comienza a desarrollarse.

Un nuevo régimen

Su construcción supone introducir importantes cambios –prefigurados en la nueva Constitución Política– en la forma estatal. Estos no modifican el carácter del Estado burgués semicolonial y conservan –pese a los discursos y la fraseología– importantes elementos de continuidad con el ordenamiento institucional heredado del neoliberalismo (Senado, presidencialismo, organización municipal según las reformas de 1996); pero implican una reconfiguración de sus estructuras, diseñar un nuevo régimen de dominio, y consolidar un nuevo régimen político. Dicho con más precisión, significan un cambio en las formas gubernamentales del Estado burgués semicolonial.

En suma, representan la solución populista a la aguda “crisis orgánica” de la dominación burguesa que culminó en el derrumbe de la “democracia pactada” neoliberal bajo el impacto del ascenso de masas de 2000-2005, adaptando las formas estatales a las relaciones de fuerza impuestas en la lucha de clases.

En su posesión el 22 de enero de 2010, el vicepresidente García Linera explicó la transición como el paso del “Estado aparente que tuvimos durante 180 años” a un “Estado integral donde hay una correspondencia entre la sociedad civil, entre los ciudadanos, las regiones, los trabajadores, las clases sociales y su representación política estatal”. Pero todo el contenido de esa supuesta “correspondencia” entre Estado y “sociedad civil” que permita hacer creíble que “el Estado representa a todos los bolivianos” radica en recuperar cierto grado de autonomía relativa del Estado burgués frente al imperialismo como también frente a las clases nacionales, tomando distancia de los intereses particulares de las fracciones más poderosas de la clase dominante local, por un lado, y por otro, “incluyendo” a los pueblos indígenas y las masas explotadas para recobrar “legitimidad política” y capacidad de mediación ante las clases subalternas, garantizando así la continuidad del orden social capitalista como un todo.

En las condiciones actuales de Bolivia, esto supone constituir un régimen de dominio anómalo. Bajo el neoliberalismo, el régimen de dominación se asentaba en la hegemonía de las fracciones más concentradas del capital (lo que significaba un peso decisivo de las transnacionales y las camarillas ligadas a estas), apoyándose en los mecanismos de una democracia formal degradada pero excluyendo todo compromiso con las clases subalternas. Desde 2003, esa situación se hizo políticamente inviable y bajo el gobierno del MAS se fue delineando un nuevo régimen basado en el conflictivo y precario equilibrio entre el apartamiento de las elites burguesas tradicionales del acceso directo al poder político, y la construcción de un sistema de mecanismos de “compromiso” con las clases subalternas, cooptando a las organizaciones de masas e instaurando un “pacto social” que no cuestione el orden capitalista ni los intereses fundamentales de los empresarios y terratenientes.

La “anomalía” del régimen de dominio se caracteriza porque no hay hegemonía burguesa strictu sensu, manteniéndose un “desplazamiento” entre el poder económico que retienen los empresarios, los terratenientes y las transnacionales, y el poder político que no pueden ejercer en su propio nombre. Se puede decir que “la burguesía reina pero no gobierna”, pues se protegen sus intereses fundamentales de clase, pero no puede ejercer por sí misma el gobierno a través de sus representantes políticos orgánicos, al menos sin correr el riesgo de desestabilizar el precario equilibrio de clases. En la actual etapa de crisis y decadencia imperialista, esta solución se apoya en contradicciones sociales insolubles y le imparte inestabilidad estructural a todo el edificio trabajosamente montado del poder político.

Desde el punto de vista del régimen político y sus instituciones, esto impone lograr un “equilibrio dinámico” entre el aspecto de “democracia reformada” y “constitucionalismo social” que según la nueva Constitución Política del Estado (CPE) debe guardar el Estado Plurinacional y el aspecto de árbitro y mediador por sobre los antagonismos sociales que se reserva el que deberá ser un “Estado fuerte”.

La compleja ecuación se resuelve en clave bonapartista, es decir, consagrando un poder político centralizado, que para poder arbitrar debe aparecer como elevándose por sobre todas las fracciones sociales en pugna con autoridad y fuerza para imponer sus decisiones, tanto frente a la voracidad de los grupos capitalistas particulares como frente a las presiones obreras, campesinas y populares. En un país semicolonial como Bolivia, ese poder tiende a asumir un carácter bonapartista sui generis (recordando el concepto elaborado por Trotsky) pues debe mediar no sólo entre las clases nacionales, sino entre el conjunto de éstas y la presión imperialista. Así, el régimen político que se delinea como expresión de esa situación inestable y conflictiva adquiere un aspecto semi bonapartista con formas democráticas. El MAS se apoya en los marcos de la democracia burguesa, ahora “reformada” por la Asamblea Constituyente según el nuevo régimen “plurinacional”; pero acentuando el rol del Ejecutivo y el papel de Evo como árbitro nacional, apoyándose cada vez más en el aparato estatal y militar.

Los poderes del Estado son redefinidos con:

• Un Poder Ejecutivo fuerte, con amplias atribuciones para el presidente (en la tradición republicana), apoyado en un gabinete con los ministerios fortalecidos por la anulación del sistema neoliberal de superintendencias.

• La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) bicameral (con un Senado ampliado y una Cámara de Diputados que incorpora algunos representantes de las circunscripciones indígenas), con funciones de mediación y legitimación, facilitadas porque el MAS tiene una cómoda mayoría de dos tercios que le permite aplicar el “rodillo parlamentario” para aprobar leyes sin que la oposición pueda trabarlas.

• Un Poder Judicial subordinado y con menores atribuciones, lo mismo que otras instituciones de la ingeniería institucional liberal como el Tribunal Constitucional, aunque se mantiene básicamente el rol autónomo de la Corte Electoral.

Hasta ahora, el gobierno contó con el apoyo de las cúpulas militares y policiales (que lo acompañaron contra el autonomismo en la asonada de septiembre y apoyaron las nacionalizaciones petroleras y otras iniciativas); pero las instituciones armadas no eran el pilar de su fuerza política ni asumían un rol activo como en Venezuela (donde Chávez se apoya directamente en la Fuerza Armada Nacional), preservándose más bien como garantes de la institucionalidad y la unidad nacional.

Ahora Evo propone a las FF.AA. que asuman un nuevo papel, comprometiéndose más profundamente con el “proceso de cambio”. Las ha invitado a cambiar la doctrina militar para ponerla a tono con la estrategia nacionalista, promueve un papel mayor en tareas sociales y de desarrollo nacional, y en la ALP se inicia la discusión de un conjunto de leyes para fortalecer a las FF.AA..

La nueva plana mayor militar parece más cercana políticamente al MAS. Este acercamiento se apoya, por un lado, en la moderación oficial, cuyo programa no es percibido como peligroso para el orden social por los mandos, mientras que las promesas de modernización técnica y equipamiento para un ejército débil y paupérrimo son bienvenidas, y por otro, en un pacto con la casta de oficiales, que les garantiza el respeto a sus privilegios, impunidad (pese a que muchos mandos fueron partícipes de la represión en el Chapare y el Altiplano, las masacres de febrero y octubre, etc.) y hasta ciertos negocios institucionales, desde la reactivación de COFADENA a los emprendimientos inmobiliarios en terrenos del Colegio Militar y otros.

Los cambios en la estructura y organización estatal, buscan también responder a los cambios en las relaciones de fuerza clasistas, regionales y étnico-culturales. Del Estado republicano unitario, remodelado bajo la contrarrevolución neoliberal, se pasa a un Estado plurinacional con un gobierno nacional fuerte, pero articulado con autonomías departamentales, regionales e indígenas en un sistema de “contrapesos”. Esto implica reconocer espacios propios aunque subordinados al poder central a las burguesías locales, buscando un nuevo equilibrio de poder entre las regiones, donde se reconocen las demandas autonomistas de Santa Cruz y los departamentos de la “media luna” pero se preserva el peso político de La Paz. La autonomía regional del Chaco tarijeño (gran productor gasífero) es un golpe a los intereses de la elite de Tarija, mientras que las autonomías indígenas, limitadas a algunos pueblos de las Tierras Bajas responden de manera muy retaceada a sus demandas y también son un límite relativo al poder político de las oligarquías del Oriente. Por otra parte, el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas incluye diversas concesiones, comenzando por enunciar el carácter plurinacional del país, pero recorta sus reivindicaciones y no satisface ni la demanda de tierra (pues se preserva la gran propiedad rural existente y no hay reforma agraria), ni la de territorio (recortada a los modestos alcances de las autonomías indígenas locales).

En el nuevo sistema político, es central el papel del MAS como gran partido nacional –de hecho, hoy es el único–, “partido de gobierno” e instrumento de masas, capaz de movilizar tanto como de plebiscitar electoralmente al gobierno y sus actos; mientras que, evidentemente, el rol de la oposición derechista, fragmentada, debilitada y que desnuda la “crisis de representación política burguesa”, es marginal. El gobierno parece inclinarse por un escenario basado en el cuasi monopolio del MAS como representación política popular, conservando una oposición derechista debilitada y dividida y golpeando a los sectores más duros (lo que motivó la huida de Reyes Villa, Paredes, Marinkovic y otros “enjuiciables”). En todo caso, por ahora la derecha deshoja la margarita entre “ser o no ser”, sin líderes, sin programa y con una escuálida representación parlamentaria, aunque las fracciones autonomistas conserven sus bases regionales. Mientras, tercian intentos hasta ahora fracasados de constituir un centro, posiblemente el distanciamiento de Del Granado (alcalde de La Paz) y su Movimiento Sin Miedo (MSM) para presentarse por su cuenta en las elecciones de abril aunque manteniendo la alianza dentro del “proceso de cambio” apunte a preparar un recambio de centroizquierda a mediano plazo. Las elecciones departamentales y municipales de abril darán nuevos elementos para ver cómo se reconfiguran las fuerzas políticas.

Si bien la transición al nuevo régimen está en marcha, apoyándose en la estabilización actual y en la fuerza política del gobierno (el cómodo triunfo electoral del 6 de diciembre y la amplia mayoría en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional le aseguran buenas condiciones para avanzar en sus proyectos), seguirá generando reticencias en la clase dominante y por delante queda aún un largo proceso de “ingeniería estatal”, decenas de leyes, en el que no faltarán regateos y disputas y donde pueden abrirse nuevas contradicciones, entre las exigencias burguesas y las necesidades políticas del MAS, entre las aspiraciones democráticas de las masas y la dinámica bonapartizante del gobierno, entre la retórica indigenista de la CPE y el deseo de los pueblos indígenas de lograr sus reivindicaciones.

El segundo gobierno de Evo

El gobierno del MAS surgió como un gobierno frentepopulista sui generis, de base campesina, indígena y plebeya, que se apoyaba en la fuerza de las organizaciones de masas de las que dependía –y bajo cuya presión actuaba– para negociar con la burguesía al mismo tiempo que procuraba contener y canalizar la energía del ascenso.

A lo largo de cuatro años, fue revirtiendo esa relación, cambiando su original dependencia de los “movimientos sociales” por un control más sólido sobre éstos, combinando concesiones, cooptación y prebendas, con presiones e incluso represión contra algunos sectores reticentes a alinearse. Al mismo tiempo, fue afianzándose como gobierno en términos burgueses, moderando sus discursos e iniciativas y tejiendo pactos y acuerdos de distinto orden con sectores patronales y opositores.

La búsqueda de ese mayor equilibrio político significó en la práctica debilitar cada vez más los elementos frentepopulistas y acentuar los rasgos bonapartistas. El comienzo de este nuevo período presidencial marca un salto en ese camino, al servicio de asentarse como gobierno aceptado y reconocido por la clase dominante.

Evo lo inicia con renovada fortaleza política, una oposición burguesa débil y dividida y un amplio apoyo de un movimiento de masas pasivizado, combinando gestos populistas con “moderación” práctica, discursos contra el capitalismo y respeto a la inversión extranjera, promesas socialistas y descolonizadoras con la mayor “sensatez” en la administración de los asuntos de gobierno.

Esto no niega que, dentro de su pragmatismo y bajo la presión de las circunstancias, el gobierno se vea llevado a nuevos choques con el imperialismo o algunas transnacionales, y nuevas medidas populistas, e incluso, a apelar a las masas en algún momento. Por el contrario, estos rasgos están inscriptos en la necesidad de afianzar su arbitraje y mediar entre todas las fuerzas actuantes contrapuestas en medio de las “turbulencias” económicas y políticas que crea la crisis internacional; tanto frente a las presiones imperialistas y de las distintas fracciones de la clase dominante, como frente a los trabajadores y las demás capas sociales subalternas con sus presiones reivindicativas.

A esos propósitos se adapta la composición política el gobierno, fundado sobre el eje Evo Morales-García Linera, con Evo, investido a la vez como presidente constitucional y como “líder espiritual de los pueblos indígenas”, caudillo de masas y árbitro indiscutible en el gobierno, en el que se acentúa el peso del ala directamente “evista” aliada a los sectores “clasemedieros” mientras que las tendencias más campesinistas e indigenistas han pasado a segundo plano y perdido mucho de su influencia. Se combinan el fortalecimiento del Ejecutivo y la búsqueda de concentración de poder y autoridad en sus manos con un gabinete renovado del que han salido los “duros” del equipo político (como de la Quintana), y que tiene un perfil aparentemente más conciliador (figuras de DD.HH. como Sacha Llorenti, un 50% de ministras mujeres, que están ligadas a las ONG o provienen del sector “evista”), mientras se mantuvo la continuidad del equipo económico (algo bien visto por el empresariado) para hacer frente a las “turbulencias” en la economía.

Más allá de esa hegemonía política de la que disfruta el MAS hoy, el punto más alto de su curva hasta ahora ascendente puede estar más bien atrás que en el futuro, pues la posibilidad de mayores concesiones a las masas al mismo tiempo que avanzan los acuerdos con la burguesía, y de sostener el alto nivel de expectativas populares e incluso excusar la falta de respuesta a las demandas de las masas con el argumento del bloqueo derechista, tiene menor sustento en la nueva situación.

La economía y el “nuevo modelo de desarrollo”

El ciclo de crecimiento 2003-2008 fue un factor clave para facilitar ese proceso de contención y estabilización política, al proporcionar condiciones económicas excepcionales para Bolivia, debido al “boom” de las materias primas y, secundariamente, a que la renegociación con las transnacionales petroleras permitió retener al Estado una participación en la renta gasífera.

Gracias al mayor precio del gas exportado en crecientes volúmenes a Brasil y Argentina, a los precios de la soja (vendida a Colombia y Perú) y a la importante recuperación minera, aumentando las ventas a alto precio de zinc, estaño, plata, entre otros, las exportaciones se quintuplicaron, lo que se tradujo en un aumento histórico de las reservas de divisas (en los 8.000 millones de dólares) y una notable estabilidad monetaria (el Boliviano se fue revaluando). Si bien luego de 2004 las inversiones de las petroleras cayeron considerablemente, en una virtual “huelga de inversiones” debido tanto a la renegociación y regateos con el gobierno (nuevos contratos) como a las menores expectativas en el mercado mundial; en la minería se acordaron importantes inversiones de trasnacionales como el contrato de El Mutún con la anglo india Jindal Steel, entrando en operaciones el mega proyecto de San Cristóbal, así como San Bartolomé, San Vicente, Corocoro y otras.

La suspensión del APTDEA, que concedía derechos especiales de exportación a Estados Unidos, no tuvo resultados catastróficos para las ventas externas de textiles, joyería de oro y plata, muebles y otros.
El segundo factor, la retención estatal de una cuota de la renta gasífera (lo que García Linera llama pomposamente “renacionalización del excedente”), se puso en marcha con la Ley 3.058 (aprobada bajo el gobierno de Carlos Mesa), que permite un sustancial incremento de los impuestos y regalías hidrocarburíferas desde 2005, lo que, junto a las posteriores medidas del gobierno del MAS de nacionalización parcial (nuevos contratos petroleros, recompra de destilerías a Petrobras), aumentó los ingresos fiscales en gran escala, permitiendo ampliar la inversión pública y el gasto social.

Ambos factores contribuyeron a redinamizar el mercado interno y la producción en general, con lo que el PBI creció entre 2004 y 2008 a un promedio de algo más del 5% anual. Este ritmo fue el mayor para un quinquenio en las últimas décadas, siendo superior a principio de los años ’70 (boom del petróleo y los minerales) y comienzos de los años ’90 (auge del neoliberalismo y las “capitalizaciones”). Aún en 2009, año de crisis internacional y de “desaceleración” para la economía boliviana, ésta creció más del 3% (el mayor índice en América Latina) a pesar de las dificultades por las oscilaciones en los precios mineros, la baja en las exportaciones, escasa inversión y menores remesas del exterior.

Estas condiciones favorables le permitieron al gobierno de Evo impulsar el programa neodesarrollista y seminacionalista perfilado en el “Nuevo Modelo Nacional Productivo”.

Este plan mantiene la continuidad en aspectos claves con el neoliberalismo (apertura al mercado internacional, desregulación financiera, “liberalización” del mercado de trabajo). Pero señalamos que es neodesarrollista porque apuesta a la asociación con el capital extranjero para impulsar el desarrollo económico y tiene componentes nacionalistas porque procura renegociar las condiciones de esa asociación. Guiándose por la frase de Evo: “Bolivia necesita socios, no patrones”, el gobierno intentó revertir los aspectos más brutales del entreguismo neoliberal (como en la nueva política petrolera y la renegociación de los contratos, algo bien visto por la mayor parte de la burguesía) pero en condiciones subordinadas al papel decisivo que siguen jugando las transnacionales petroleras y mineras. Al mismo tiempo, incrementa la intervención estatal (regulaciones, fiscalización, etc.) apoyándose en la reconstrucción de un importante sector de empresas públicas para participar en sectores estratégicos (hidrocarburos, minería, energía), promover cierta diversificación productiva y regular algunos sectores sensibles.

En realidad, si bien más allá del anunciado propósito de avanzar hacia la “industrialización de Bolivia”, no hay una transformación del patrón de acumulación dependiente y basado en la exportación de materias primas, sí hay cambios en los esquemas de regulación, buscando reorientar la acumulación nacional y darle una base más ancha en lo que García Linera denominó “capitalismo andino”.

Un punto de apoyo clave para esos objetivos es la reconstrucción de un sector de “capitalismo de Estado”. Hace unos años, luego de las “capitalizaciones” y liquidación de las empresas públicas en los años ’90, el Estado controlaba apenas entre un 6% y 8% del movimiento económico; ahora pasó a participar en la generación de casi un 22% del PBI (aunque lejos aún del peso estatal en la producción y las finanzas entre 1952 y 1985). Este sector ya lo conforman YPFB-Corporación (exploración, producción, distribución y refinación, organizada como holding de empresas), a la que se agregan YPFB-Petroandina SAM y otras, instrumentando una fuerte presencia estatal en hidrocarburos, COMIBOL (con Huanuni, la fundición de Vinto y participación en el proyecto de El Mutún), BOA (nueva línea aérea estatal), ENTEL (telecomunicaciones, recomprada a Telecom-Francia), EMAPA (empresa para fomentar el cultivo de arroz, trigo, etc., e intervenir en la importación y distribución de alimentos básicos), el BDS (Banco de desarrollo), entre otros. Entre otras iniciativas menores están en construcción CARTONBOL (fábrica de cartón en el Chapare) y PAPELBOL (fábrica de papel en Oruro) y se anuncian otras iniciativas, como una fábrica estatal de cemento, una planta de lácteos y dos ingenios azucareros.

La reconstrucción de este sector público implica un enorme esfuerzo y un alto costo (pues se basa en la recompra de empresas privatizadas anteriormente) y se subordina a la colaboración con el capital extranjero. Sin plan, con iniciativas inconexas, atada a la “libertad de mercado” y a la “apertura externa”, no puede llevar a la atrasada, pequeña y débil economía boliviana a la prometida “industrialización” –no hay “vía capitalista andina al desarrollo nacional”.

El crecimiento de los últimos años permitió una expansión del mercado interno y de la producción local de bienes de consumo e intermedios, el comercio, los servicios, etc., con los que han hecho buenos negocios no sólo los grandes exportadores sino el conjunto de las fracciones empresariales y se han beneficiado importantes sectores de la pequeñaburguesía urbana y rural.

Una de las promesas del MAS era lograr una articulación armoniosa entre el sector capitalista concentrado de la economía y la gran masa de pequeños productores. Pero pese al discurso “comunitario” y de una “economía plural” se ha acentuado llamativamente la hegemonía de la gran empresa y la subordinación al mismo de los sectores semicapitalista (pequeña burguesía que emplea mano de obra asalariada en pequeña escala) y no capitalista (pequeños productores familiares urbanos y rurales, artesanos, campesinado comunitario).

Así, las ventas de unas 250 empresas privadas y estatales explicaron el 80% (unos US$ 12.265 millones) del PBI del país calculado en US$ 16.000 millones en 2008, mostrando un alto grado de concentración y centralización del capital. Recordemos que en los últimos años (UDAPE, 2004) el núcleo capitalista (la gran empresa) proveía el 65% del PBI con el 7% del empleo, mientras que el sector intermedio (PYMES) lo hacía con un 10% respectivamente y el sector “micro” que involucraba al 83% de la PEA aportaba apenas el 25% del PBI.

El nuevo “modelo” no ha alterado las condiciones de explotación de los trabajadores asalariados, reina la precarización de gran parte de la fuerza laboral y ni siquiera han disminuido significativamente las altas tasas de subempleo y desempleo. Es que descansa en el mantenimiento de los altísimos niveles de explotación obrera impuestos por la ofensiva burguesa-imperialista bajo el neoliberalismo y mantenidos por la política económica del MAS. Más aún, mientras los años 2007 y 2008 fueron años record para las ganancias empresariales y de los bancos, la curva salarial ha permanecido estancada en términos reales (pese a cierta recomposición salarial en algunos sectores como minería). La contención de los salarios y la preservación de la superexplotación de amplias capas de la fuerza de trabajo es un punto clave que está en los cimientos de la reconciliación y los pactos entre el gobierno y el empresariado grande, mediano o chico.

La estrategia de gasto social y sus aspectos redistributivos son funcionales al mantenimiento de ese statu quo consolidando un “pacto social” con algunas concesiones menores que no amenacen la tasa de ganancias empresariales. La política de bonos –“estrellas” de la propuesta para “Vivir bien” del Gobierno–, como la Renta Dignidad (para mayores de 60 años), el bono escolar Juanito Pinto o el Juana Azurduy (maternidad) apunta a paliar apenas las secuelas más graves de la miseria popular, sin cambiar sus fundamentos –la falta de tierra y la crisis de la economía campesina en el campo, la explotación obrera con bajísimos salarios en la ciudad.

Al agotarse el ciclo de crecimiento, el esquema económico va acumulando contradicciones que pueden tornarse críticas si se entra en una nueva fase recesiva a escala internacional, mientras que es ilusoria la pretensión de industrializar el país y sustentar un ciclo de crecimiento a largo plazo sobre la base del gas, la minería y la soya en las actuales condiciones de la economía internacional y sin alterar las bases del atrasado y débil capitalismo nacional y sin romper con el imperialismo. El modelo del “capitalismo andino”, ahora “Nuevo Modelo Productivo Nacional” no supera ninguna de las contradicciones estructurales que frenan el desarrollo de la economía boliviana y es incapaz de preservar al país ante los avatares de la crisis capitalista internacional.

“Bloque de poder”, alianzas y contradicciones sociales

García Linera ha teorizado sobre el surgimiento de un “nuevo bloque de poder” apoyado en los cambios económicos y políticos que el MAS encabeza. Según él, como “Actualmente el Estado participa con el 21.7 % del PIB, de lo producido en Bolivia, y los pequeños y medianos productores generan el 35% del PIB, la suma de estos dos sectores nos da el 56% que es el nuevo bloque de poder; ha cambiado la naturaleza del antiguo bloque de poder, antes la cabeza estaba con las petroleras extranjeras, luego estaba la gran minería privada, la agroindustria y la banca y fuera de ello el Estado, la empresa boliviana, y pequeño productor.” (AGL, “Nuevo Modelo Económico”, Vicepresidencia, junio de 2008).

Es decir, la composición del “bloque de poder” cambió, pero no su carácter de clase capitalista. En el mismo participan la burguesía nacional y la baja y pequeña burguesía (los pequeños y medianos productores) y quien se arroga la articulación del bloque desde el Estado es la cúpula masista, que no es la representación orgánica de un sector burgués, sino una camarilla básicamente pequeñoburguesa que usufructúa sus lazos con el movimiento de masas, pero que viene reforzando sus lazos con la clase dominante y ya no puede decirse que se ligue a ésta sólo mediante figurones que representen “la sombra de la burguesía”, como en la primera fase de su gobierno.

El gobierno ha mejorado sus relaciones con importantes sectores del capital nacional y extranjero, como la influyente burguesía comercial “chola” de La Paz y con las élites paceñas (garantizando sus intereses frente a la rivalidad cruceña), mantiene fluidas relaciones con el sector bancario (ampliamente beneficiario de la estabilidad monetaria y del endeudamiento interno), pero también con los exportadores manufactureros (pese a los reclamos por el tipo de cambio), así como con los capitales mineros, desde las cúpulas enriquecidas de las cooperativas a las transnacionales del sector como Apex, Sumitomo, Jindal, Kores o Inti Raymi (en realidad, el peso del capital extranjero en la minería aumentó durante el primer gobierno de Evo). En el Oriente ha avanzado en acuerdos con sectores de los agroempresarios y productores agropecuarios medios, lo que se refleja en las alianzas políticas para las elecciones municipales y departamentales de abril próximo que ha logrado con alas de centro derecha en Santa Cruz, Beni.

Además, el MAS combina sus lazos con las organizaciones de masas con la condensación de un aparato de miles de representantes políticos, funcionarios estatales y dirigentes que encarnan una suerte de “transformismo a la boliviana”: son una capa moldeada en la colaboración de clases, pero que da un salto en su integración al orden burgués al convertirse en parte de una “nueva elite” en el manejo del Estado y sus prebendas, que se postula para asegurar la articulación política de este bloque desde la gestión del Estado.

Como parte de la misma, la constitución de un sector de empresas públicas y el manejo del presupuesto estatal (compras, contrataciones) alimenta el surgimiento de una nueva “burguesía burocrática” o “gerencial” comparable a la que parasitó las empresas estatales bajo los gobiernos del MNR en las décadas de 1950 y 1960 (o a la “boliburguesía”, que medra a la vera del “socialismo del siglo XXI” chavista). El caído “hombre símbolo” de este proceso de aburguesamiento de sectores de la cúpula es Santos Ramírez, antiguo tercer hombre del MAS, hoy encarcelado en San Pedro por los escándalos de corrupción en YPFB, pero no es un caso aislado y son notorios los casos de rápido enriquecimiento con o sin “palos blancos”.

A pesar de la oposición política de una parte importante de la clase media urbana, minoritaria en el país pero de gran peso político, importantes sectores medios son “clase-apoyo” del régimen, tanto entre la pequeña burguesía productora (pequeños industriales, talleristas, transportistas, comerciantes) de extracción más indígena y mestiza, como entre la “clase media ilustrada” y hay un proceso de “reconciliación” con los sectores profesionales, tecnocráticos y gerenciales “blancoides”, no pocos de los cuales han reencontrado un lugar en el Estado.

Las articulaciones sociales del nuevo “bloque de poder” se basan en la subordinación de las amplias fuerzas sociales de los campesinos, los pueblos indígenas y los sectores populares urbanos, asegurado mediante la cooptación de sus estratos dirigentes y en el encuadramiento del proletariado dentro de estrechos límites, mediante la “estatización” de la COB y los niveles intermedios de la organización sindical, incorporando a la burocracia obrera al régimen mediante mecanismos políticos, institucionales y prebendales para que actúe como correa de transmisión del arbitraje populista al interior del movimiento obrero. Dentro de este esquema, la fuerza social y política del campesinado y los estratos populares es manipulada para contrapesar las presiones obreras (a veces directamente, como al enfrentar a los campesinos y padres de familia contra las movilizaciones de los maestros) y frenar las tendencias a la diferenciación social y política del proletariado a las que es tan hostil el MAS como cualquier otro populismo.

El “bloque de poder” propuesto por el MAS en nombre del “proceso de cambio”, como cabeza de una alianza de clases populista, aunque políticamente reformista es social e históricamente reaccionario y no sirve ni para enfrentar al imperialismo ni para combatir a la reacción local.

Las tareas democráticas y nacionales y las reivindicaciones étnicas esgrimidas para justificar la unidad policlasista subordinada a los sectores privilegiados en realidad sólo pueden llevarse adelante mediante la radical diferenciación social y política, reagrupando a todos los explotados y oprimidos contra todos los explotadores y ganando para ese bloque revolucionario constituido en torno a los trabajadores, a las mayorías empobrecidas de la clase media. Pero la esencia del proyecto masista radica en impedir esa diferenciación y adulterar con la mayor dosis posible de conciliación con la burguesía cualquier respuesta a las tareas democráticas y nacionales, postergando siempre las reivindicaciones profundas de las masas.

Mediaciones y cooptación de los sindicatos

Una pieza clave para el armazón del nuevo régimen es el encuadramiento y control de las organizaciones de masas (¡qué lejos parecen los tiempos en que se hablaba del “gobierno de los movimientos sociales”!) y el MAS está avanzando aceleradamente en implementarla.

Si por un lado trata de cimentar la hegemonía política del propio MAS como partido de masas y asegurar la adscripción de las direcciones sindicales, por otro busca modificar la relación entre el Estado y los sindicatos, incorporando a estos a través de varios mecanismos en un proceso de mayor estatización, esto es, de vinculación más estrecha con el poder.

El MAS surgió bajo un programa limitadamente reformista y un discurso populista-indigenista, pero con esos rasgos de “mezcla de partido y sindicato” que alertaban a la burguesía ya en 2002. Esto lo habilitó para constituir esa suerte de frente popular sui generis bajo la forma de “movimiento” y con una composición predominantemente campesina, al servicio de la colaboración de clases con la burguesía, que pudo montarse en el ascenso para desviarlo y es hoy el gran partido de masas en que se apoya el gobierno.

La cúpula partidaria está cruzada por peleas de tendencias y camarillas constantemente, que reflejan no sólo intereses propios sino que pueden ser el vehículo de distintas presiones sociales y proyectos políticos. Sin embargo, la principal contradicción es la fisura horizontal entre la superestructura partidaria electoralista e integrada a los miles de puestos gubernamentales, parlamentarios y municipales del oficialismo, y las organizaciones de base que son la fuente de su peso de masas: organizaciones campesinas, juntas vecinales, asociaciones gremiales, sindicatos de trabajadores.

Al calor de una crisis económica severa, de un desgaste político agudo del gobierno o de nuevas convulsiones sociales, no sólo pueden darse luchas en el aparato, sino que esa fisura podría convertirse en grieta abierta y más adelante en quiebre. Es posible que futuros procesos de ruptura de masas con el MAS, dadas las características de éste, se den no tanto “verticalmente” y desde su interior, como podría ser con alas izquierdas o una juventud que se rebele ante Evo (el fiasco de Román Loayza y otros, que no pudieron arrastrar nada del aparato, puede ser una prueba anticipada); sino más bien “horizontalmente”, con el distanciamiento y desborde de las organizaciones sindicales de base que adscriben al MAS de manera formal o no, pero que entrando en procesos de movilización por demandas propias, choquen con la oposición del aparato, generándose una dinámica de experiencia política y ruptura (hipótesis que, por otra parte estaría más de acuerdo a la tradición “sindicalista” de las masas bolivianas).

El gobierno cuenta con el apoyo de la CONALCAM (Coordinadora Nacional por el Cambio) una especie de “estado mayor” conformada en 2007 y que integran, entre otras organizaciones, la CSUTCB, la FNMC “Bartolina Sisa”, el MST-b, las organizaciones de colonizadores (cocaleros), y algunos sindicatos como la Confederación de Luz y Fuerza, la Confederación del Magisterio Rural, la Confederación de Jubilados. Apuntala esa labor, además, la colaboración de sus aliados desde CONAMAQ y otras fuerzas como el PCB (que dirige la confederación del magisterio urbano) o el PCML (reducido a una camarilla de “maoístas gerenciales” en algunos puestos estatales).

Pero además, la nueva CPE y otras iniciativas del oficialismo buscan establecer mecanismos de estatización institucionalizados como la implantación del “control social” en varios niveles de la administración pública (incorporando a representantes de las organizaciones de masas a instancias burocráticas), la integración de dirigentes sindicales a los directorios de empresas públicas, el descuento estatal de cuotas sindicales (como en el magisterio), la donación de sedes sindicales, equipamiento, vehículos, asignación de viáticos y otros mecanismos de cooptación estatal que, reflejando un reconocimiento a la fuerza de las organizaciones sindicales, son utilizados para integrarlos y consolidar una burocracia privilegiada, corrupta y prebendista.

La relación de la COB con el gobierno, incorporándose al oficialismo directamente, expresa ese proceso más profundo de cambio en la relación entre el Estado y los sindicatos. A diferencia de otros países latinoamericanos, el grado de estatización de los sindicatos fue en Bolivia históricamente más débil y no contó con las poderosas bases materiales en que sí se apoyan, por ejemplo, la CGT argentina o la CTM mexicana. El neoliberalismo recortó a un mínimo el rol de las organizaciones sindicales nacionales e intermedias en la negociación obrero-patronal y las desplazó a un papel muy secundario en el régimen. El gobierno está cambiando esa situación y estructurando un nuevo sistema de relaciones sustentado en importantes recursos materiales que son para la burocracia una fuente de prebendas con que no contaba. El objetivo es incorporar a los sindicatos como correa de transmisión, encuadrar al movimiento obrero en los estrechos límites del “pacto social” no escrito con las patronales, y utilizar a la burocracia como “policía política” dentro de las organizaciones obreras contra las tendencias más radicales de la vanguardia y contra los trotskistas, es decir, contra prácticamente el único sector de la izquierda que se mantiene independiente del gobierno (lo que ya está sucediendo en varios sitios: campaña anti trotskista en el magisterio e intentos de dividir la federación paceña, sanciones al ala izquierda en Huanuni, campaña contra el sindicalismo combativo en El Alto, entre otras medidas).

Una consecuencia de esto es que el antiguo “partido sindical” que había reverdecido con el rol de la COB desde octubre de 2003 con Jaime Solares, apoyándose en la FSTMB y Huanuni, se ha liquidado como tal. La burocracia reformista de izquierda mantenía un discurso rojo y defendía cierto grado de independencia formal frente al gobierno, aunque desde una estrategia de presión y colaboración de clases. Ahora, ha ido evolucionando a la integración directa al oficialismo y abandonando incluso las referencias discursivas a la independencia sindical, las Tesis de Pulacayo, en un proceso que va más allá del simple oportunismo de dirigentes como Pedro Montes y compañía, diluyendo sus rasgos más reformistas y poses de “combativos”, la hace menos “presionable” por la base y agrega a sus tradicionales maniobras conciliadoras un rol más directo como “correa de transmisión” de las políticas del MAS en la línea de hacer “aceptar sacrificios para defender la estabilidad laboral” e impedir el desarrollo independiente de fenómenos obreros. Por ello, la burocracia combate más frontalmente las tendencias más avanzadas, como mostraron sus esfuerzos por proscribir al ala izquierda de la vanguardia minera en Huanuni, la campaña del PCB (que dirige la Confederación) contra los trotskistas en el magisterio, o el nefasto rol de la COR alteña ante la lucha de ex DBU, donde se despidió masivamente y liquidó al sindicato para no tener inconvenientes una vez renacionalizada.
Pero esta tendencia de los sindicatos, si bien plantea en lo inmediato un escenario difícil para la clase obrera y sus luchas, abre una contradicción más aguda entre la base y la burocracia, que sigue siendo estructuralmente débil y cuyos márgenes para maniobrar se estrechan considerablemente al tener que cumplir un rol más directo de agente del oficialismo y sus pactos con los empresarios.

La clase trabajadora, situación y perspectivas

La pasivización del movimiento de masas se ha profundizado, alcanzándose durante 2009 una suerte de “paz social”, apoyada en las modestas conquistas parciales de los campesinos, indígenas y sectores populares y en las ilusiones en un gobierno que consideran suyo y apuntalada por la cooptación y control sobre las direcciones de los “movimientos sociales”.

Sin embargo, el proletariado se perfila como la principal fuerza potencialmente disruptiva del esquema de colaboración de clases impuesto por el MAS.

En los últimos años, al calor del ciclo de crecimiento y la recomposición del mercado interno se ha producido una relativa recomposición social de las filas de la clase trabajadora subproducto de los últimos años de crecimiento (aunque en condiciones de gran precarización y fragmentación), afluyendo nuevos contingentes a la minería, la construcción y la manufactura, como los servicios y el transporte.

Sobre esa base objetiva, se ha seguido desarrollando un proceso de recomposición subjetiva, aunque lento, tortuoso, que comenzó alentado por las convulsiones de 2003 y 2005 y que en los últimos años –2006 a 2009– se ha manifestado en distintos fenómenos de reorganización sindical y luchas económicas parciales y algunos interesantes procesos de organización y lucha (el importante rol de vanguardia jugado por Huanuni, nuevos sindicatos en El Alto, primeros conflictos importantes en 2009 en las grandes mineras privadas) y también conflictos parciales en servicios (luz y fuerza, aeropuertos) así como en algunas empresas industriales, en el magisterio y en el sector de salud.

Aún así, los sindicatos abarcan apenas un cuarto de la fuerza de trabajo asalariada, fundamentalmente en los sectores de mayor tradición: mineros, magisterio, salud y algunas industrias (las plantas fabriles tradicionales), pero quedan por fuera cientos de miles de asalariados precarizados: “eventuales”, tercerizados en “talleres externos”, nuevas empresas exportadoras, en las innumerables MYPES (micro y pequeñas empresas) y de sectores donde predominan los pequeños patrones (construcción, transporte urbano, comercio).

Por otra parte, el MAS, cuya ideología y política populista es hostil a que la clase obrera recupere peso propio, combina la demagogia, mínimas concesiones y la cooptación de la dirigencia sindical, con una línea reticente cuando no contraria a los nuevos procesos de sindicalización que podrían cuestionar sus pactos con el empresariado. Así, el Ministerio de Trabajo y la burocracia ponen obstáculos legales a la creación de sindicatos o fuerzan la conciliación con las empresas; se utiliza el Estatuto del Empleado Público que prohíbe su sindicalización (heredado de las dictaduras), como en BOA para impedir la organización de los trabajadores.

El alineamiento de la burocracia con el gobierno y con la política de colaboración con las empresas y el conjunto de la situación plantea un escenario difícil para las luchas de los trabajadores. Sin embargo, ya a comienzos de este año, en el cenit de la estabilización, se vio un interesante primer momento de conflictividad obrera, con varias luchas salariales y defensivas de importancia sintomática (paro en Sedcam-Cochabamba contra 70 despidos, huelga en el Hospital Boliviano-Holandés de El Alto contra despidos y por presupuesto, 6 días de paro de los 4.600 mineros de Huanuni por el bono de producción, obteniendo un 13%, huelga de dos semanas en los petroleros tercerizados del mega pozo de San Alberto enTarija, entre otros) y parece estar gestándose un importante conflicto en el magisterio, por el salario y en defensa de las actuales conquistas del sector que el gobierno pretende atacar. Esto parece anticipar que el próximo período puede ser de mayor protagonismo obrero, luchas reivindicativas en que los trabajadores vayan recobrando mayor confianza en sus fuerzas (aunque no haya aún tendencias de masas a independencia política) y que la “cuestión obrera” vaya convirtiéndose más claramente en un problema central del escenario social y político del país.

Entre la estabilidad política y la crisis internacional

La estabilización alcanzada por el gobierno, a pesar de ser notable para un país con las convulsivas tradiciones de Bolivia, tiene bases endebles y puede comenzar a descomponerse si impactan nuevas fluctuaciones de la crisis capitalista internacional. Y también, bajo la presión del imperialismo y del giro a la derecha que implican el afianzamiento de la salida reaccionaria en Honduras, las nuevas bases militares en Colombia, el triunfo de Piñera en Chile y el paso a manos norteamericanas de la ocupación “humanitaria” de Haití. El panorama podría hacerse más complicado si en Brasil (donde Serra lidera las encuestas rumbo a las presidenciales de octubre) se afirma una política más dura en el tema gas hacia Bolivia.

La política norteamericana de recuperar control en la región y las condiciones económicas y políticas que empiezan a cuestionar los márgenes de maniobra con que contaron los gobiernos centroizquierdistas o nacionalistas de la región en los últimos años, puede tornarse más desfavorable para Bolivia como socio clave del ALBA. Hoy, mientras Chávez tropieza con una seria crisis y parece haber iniciado un declive difícil de remontar en Venezuela, el gobierno de Evo Morales está en un punto alto. Sin embargo, pueden aumentar la presión del imperialismo y los roces con sus agentes regionales más directos.

Es posible que se mantengan por un tiempo condiciones económicas para la estabilidad, aunque deterioradas por la baja en las exportaciones y otras dificultades económicas. Aunque en 2010 se cumplan las proyecciones de mayor crecimiento (según CEPAL, un 4,5%), la desaceleración de la economía que se dio en 2009 muestra que comienzan a reducirse los ingresos del Estado y a comprometer el futuro de algunos de sus planes.

Estos y otros factores podrían reavivar tensiones políticas, por derecha (presión imperialista, pujas internas en el oficialismo, revitalización de la hoy debilitada derecha) como por izquierda (presiones reivindicativas y resistencia de las masas insatisfechas) comenzando a erosionar al proyecto masista y su capacidad de arbitrar y contener más rápidamente de lo que su actual fortaleza política podría hacer suponer.

Este proceso puede preparar el camino a nuevos fenómenos de movilización obrera y popular al calor de los que surjan nuevas capas avanzadas, haciendo la experiencia política con el “proceso de cambio” y preparando el terreno para nuevos combates de la lucha de clases.

Por una política obrera independiente

Ante los procesos de movilización obrera, popular y estudiantil que se den, es necesario sostener una política para su desarrollo, coordinación y centralización a partir de una estrategia obrera independiente, que no se subordine a la política de la burocracia sindical ni al chaleco de fuerza del “apoyo al proceso de cambio”. Desde esa estrategia, será necesario plantear diversas tácticas, desde la exigencia a la COB y las organizaciones sindicales de que se pongan al servicio de las luchas y asuman las reivindicaciones de los trabajadores llamando a acciones nacionales, a las iniciativas de coordinación entre los sectores en lucha, con la orientación siempre de ayudar a la vanguardia a disputar la dirección a la burocracia y contra las maniobras del oficialismo, para avanzar en una perspectiva antipatronal, antiburocrática y de clase.

La lucha por el salario, el trabajo y el conjunto de las reivindicaciones obreras demandan un nuevo programa, a la altura de los ataques que los capitalistas preparan y de los desafíos que los trabajadores deberán enfrentar en el próximo período de crisis capitalista y frustraciones ante la falacia del “proceso de cambio”. Ese programa, que debe incluir consignas tales como la nacionalización sin pago y bajo control obrero de toda empresa que cierre o despida, el control colectivo de los trabajadores y la apertura de los libros de contabilidad de las grandes empresas y bancos, tiene un valioso antecedente en las Tesis de Pulacayo, pero debe ponerse al día para responder a los actuales problemas del movimiento obrero y popular, desde las demandas de educación, salud y vivienda para el pueblo pobre a las tareas de la revolución agraria, la liquidación de todos los elementos de opresión indígena que subsisten en el país y la expulsión de las transnacionales y la ruptura con el imperialismo.

Se trata de elaborar y levantar un programa transicional de combate de los trabajadores, que permita pelear en las luchas más difíciles, mostrando el camino para triunfar, en una perspectiva de unidad obrera, alianza con los sectores populares y autoorganización.

La lucha sindical es inseparable de la lucha política. Esto será aún más cierto en el próximo período, donde será necesario enfrentar no sólo a los patrones, sino a la injerencia gubernamental. Por eso, parte del programa de acción que debe tomar en sus manos la vanguardia es la pelea por la independencia política de los trabajadores. Esto significa no sólo luchar por la plena independencia de las organizaciones sindicales hoy subordinadas al oficialismo por la burocracia, sino por la organización política de los trabajadores frente al MAS y frente a toda variante empresarial o de colaboración con la burguesía, en la perspectiva de poner a la clase obrera al frente de la alianza con los campesinos, los pueblos originarios y los sectores populares empobrecidos, y abrir el camino a una salida revolucionaria, obrera y socialista, luchando codo a codo con nuestros hermanos de clase de todo el continente por la expulsión del imperialismo y la construcción de una Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.

Construir una izquierda obrera y socialista

A trazo grueso, podemos decir que las primeras y extendidas generaciones de vanguardia en el ascenso 2000-2005 se moldearon bajo la influencia del indianismo, el indigenismo y el populismo, en la acción espontánea de masas que enfrentaba abiertamente a los gobiernos neoliberales y la represión. Mostraban gran combatividad pero limitada evolución política y su ideología era más bien un populismo radical como el que predominaba en 2003-2005 en El Alto. Estas camadas fueron absorbidas por el MAS y hoy integran el funcionariado estatal o la burocracia sindical.

Bajo el gobierno de Evo se destacaron algunas nuevas capas, aunque más molecularmente, en ciertos fenómenos obreros (Huanuni, El Alto) y en la juventud, pero compartían las ilusiones en el MAS y se ubicaban en una lógica de presión sobre la burocracia sindical y el gobierno, con la expectativa de que “Evo cumpla” y que, después de todo, los dirigentes sindicales los apoyarían. En su mayor parte retrocedieron, se desmoralizaron o fueron cooptadas por el gobierno.

La nueva vanguardia que surja necesitará forjarse con nuevos métodos, con un nuevo programa y enfrentar no sólo al despotismo de los empresarios, sino también la injerencia del gobierno y a la burocracia sindical.

Para contribuir a esa pelea apoyamos todo paso progresivo, con bloques, frentes únicos, etc., con aquellas expresiones sindicales o políticas que estén dispuestas a enfrentar a los empresarios, a la burocracia y al MAS con su política de colaboración con la burguesía.

Pero creemos que para avanzar en el reagrupamiento de la vanguardia de cara a las nuevas tareas y problemas que los trabajadores deberán enfrentar en esta etapa que se abre, es necesario construir una izquierda obrera y socialista.

Esa construcción avanzará al calor de las luchas, interviniendo audazmente en los procesos de movilización, pero requiere también extraer lecciones de las experiencias de estos años, una decidida lucha política contra las corrientes populistas, reformistas y oportunistas; y también de una sistemática preparación ideológica.

Desde la LORCI, que nos consideramos un destacamento de avanzada en la lucha por un nuevo partido revolucionario de los trabajadores, socialista e internacionalista, apostamos a preparar la fusión con los sectores de vanguardia más avanzados que surjan para dar pasos en esa construcción.
Como parte de la misma, nos proponemos seguir interviniendo junto a los trabajadores de El Alto y otros sectores, colaborando con el triunfo y unificación de sus luchas, ayudando pacientemente a que los obreros avanzados saquen conclusiones políticas y preparando el terreno para una tendencia obrera combativa, antiburocrática y clasista; así como construir la avanzada de una juventud revolucionaria en la Universidad.

Al mismo tiempo, es preciso levantar bien alto la bandera del marxismo, la única corriente de pensamiento que permite comprender y dar respuesta a los problemas de la época de decadencia capitalista, y reivindicar la bandera de la Cuarta Internacional, que sintetiza el programa y la estrategia para la revolución socialista, lo cual supone debatir con el POR y otras tendencias, sobre el papel que deben cumplir los trotskistas, el programa y la estrategia a levantar y el balance de los grandes hechos de la lucha de clases nacional e internacional.

Se trata de sentar los cimientos teóricos y prácticos del partido que pueda llevar a los trabajadores a la victoria y el socialismo.