La fuerza de los trabajadores

El miércoles 19 de noviembre, 30.000 trabajadores del sector público provenientes de todo el país, han marchado en Valparaíso, en las cercanías del parlamento. Es una de las marchas más masivas que hemos visto durante los gobiernos neoliberales de la Concertación (sólo superada por la marcha de 2004, contra la APEC). Es el sexto día de paro (previamente pararon los días 7, 11, 12, 17 y 18 de noviembre). 450.000 trabajadores en todo el país, exigen un aumento salarial de un 14,5%. Considerando que la inflación anual, de acuerdo a los datos oficiales, ha llegado a un 9,9%, el aumento real exigido sería de un 4,5%.
Ya desde octubre el gobierno y algunos parlamentarios habían manifestado su “preocupación” frente a esta negociación. Señalaron que la crisis económica implicaba “reducir los costos” en el sector público. Esta reducción -para ellos- exigía de los trabajadores estatales la disposición a aceptar un “reajuste razonable”, es decir, aceptar el deterioro del salario producido por la inflación.

Esta ubicación intransigente de los políticos patronales (y de los propios empresarios) frente a los trabajadores, comenzará a pesar cada vez más en la política nacional. Ante la crisis capitalista internacional que ha detonado una caída abrupta en el precio del cobre -el principal producto de la economía chilena-, proyecciones de desaceleración de la economía y de aumento de la cesantía, los políticos patronales comienzan a realizar sus primeros ensayos para descargar sobre los hombros de la clase obrera sus costos. De allí que el primer ofrecimiento del gobierno a los trabajadores públicos fuera de apenas un 4,5%, cifra irrisoria que consagraba el deterioro del salario. De allí la campaña de desprestigio de la lucha a través de la prensa, con la que se quiere presentar a la “población” como “víctima” de este paro. En la televisión vemos imágenes de vecinos del centro de Santiago, quejándose ante la basura podrida que nadie ha retirado. Sería responsabilidad de los recolectores de basura -hoy en paro- el estado deplorable e insalubre de algunas calles. Del mismo modo vemos imágenes de pacientes sin atender en consultorios y hospitales -e incluso muertes de ancianos-, problema que revelaría -según los medios- una irresponsabilidad de los trabajadores de la salud que privilegian sus propios intereses en desmedro del “resto de los chilenos”. Pero contrariamente a lo que esperan, la “población” que los medios de comunicación masiva quieren indisponer contra los trabajadores, no hace caso de esta campaña antihuelga.
Los trabajadores estatales que llevan ya seis días de paro con una amplia convocatoria (superior al 90%), que se han manifestado en las calles masivamente, y que incluso se han tomado algunos hospitales (en Rancagua y Curicó) y edificios públicos (en Iquique) -siendo rápidamente desalojados por la policía-, se han hecho pesar. El gobierno ha retrocedido en varias ocasiones ante la fuerza de este masivo paro. Si comenzó ofreciendo un 4,5% la semana pasada, al cierre de esta nota ofrecía un 9,5%. Del mismo modo retiró su propuesta de “reajuste escalonado”, por medio de la cual pretendía introducir una cuña al interior de los trabajadores -aumentando en un 10% solamente los sueldos inferiores a $720.000 (aprox. US$1200), y en un 9% a quienes estuvieran por sobre esa cifra. Los 30.000 trabajadores que marcharon alrededor del Congreso en Valparaíso hicieron trepidar la intransigencia patronal. Esta vacilación ha llegado a un grado tal, que siendo media noche, hoy miércoles 19 de noviembre, el parlamento ha votado en contra del último ofrecimiento del gobierno de un 9,5%. Esto se explica porque los dirigentes sindicales -como producto de la presión de las bases ampliamente movilizadas- señalaron que no estaban dispuestos a aceptar un reajuste que no fuera de dos cifras, y que mantendrían el paro.

Todo esto expresa la fuerza de la clase trabajadora. Parando y movilizándose, los trabajadores demuestran que el país no funciona sin ellos. Ni siquiera la basura desaparece de la vista. Y con esa demostración comienzan a hacer pesar su voluntad, haciendo retroceder al gobierno y obligando a los parlamentarios a actuar como falsos “amigos del pueblo”. Las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para el próximo año, fomentan esta actuación. Votar un reajuste no acordado con los trabajadores, podría acarrear costos electorales.

Esta lucha será un precedente

El paro de los trabajadores públicos es parte de un proceso de reaparición de la actividad huelguística de la clase obrera en Chile, que se ha expresado recientemente en las huelgas de los portuarios de Antofagasta y Arica, y en las huelgas de los trabajadores de supermercados Santa Isabel, propiedad de uno de los empresarios más poderosos de Chile, de cerámicas Pizarreño, de la empresa de electricidad Chilectra. Luego de las derrotas padecidas por la clase trabajadora y el movimiento estudiantil durante el primer semestre del presente año, predominó la pasividad. Si bien la profundización del desgaste del régimen -visible en el hecho de que alrededor del 50% de los mayores de 18 años, no votaron o anularon en las últimas elecciones municipales; o en el desgajamiento de la Concertación-; y las primeras repercusiones de la crisis capitalista internacional -caída del precio del cobre, pérdida de fondos previsionales, tendencias a la desaceleración-, abrieron una situación política más fluida; se mantuvo la relativa quietud de la lucha de clases, y en especial, de la actividad huelguística de la clase trabajadora.

Cuando la clase patronal -incluyendo al gobierno- comenzaba a anunciar que los trabajadores y el pueblo pobre debían “apretar los dientes” (expresión acuñada por el Ministro del Interior, el DC Pérez Yoma), el paro de los trabajadores públicos ha emergido como la primera respuesta de la clase obrera de relevancia nacional ante estos ataques. Su importancia excede sus propios fines. Sus resultados podrán ser, o un punto de apoyo para la clase patronal o uno para los trabajadores. El sólo hecho de que el reajuste del sector público sea considerado por el sector privado en sus negociaciones colectivas, da una muestra de aquello. Hay que decir con toda claridad que esta lucha será un precedente.

En esta huelga de los trabajadores estatales es necesario plantear que la CUT convoque a un paro nacional con movilizaciones para rodear de solidaridad a los trabajadores públicos y plantear la lucha por los intereses del conjunto de los trabajadores. Es necesario exigir que el reajuste sea de un 14,5% (ni un peso menos), aprovechando la fuerza del paro. Rechazar cualquier aumento a los altos cargos estatales, a las fuerzas armadas y represivas. Y para asegurar la satisfacción de los intereses de los trabajadores, realizar con el gobierno una negociación resolutiva, en la que cada propuesta sea consultada, aprobada o rechazada por las bases en asambleas, y que opere sin que se baje el paro. Desde ya es posible comenzar a discutir esta política en las asambleas de base, en las marchas y concentraciones que realizan los trabajadores públicos.

Además es necesario proponerse recuperar para la clase trabajadora los organismos sindicales, con una política revolucionaria e independiente de cualquier variante patronal; con métodos de democracia directa de los trabajadores que incluyan revocabilidad de los mandatos, asambleas como instancia máxima resolutiva, y cuerpos de delegados en cada lugar de trabajo.

Los dirigentes oficiales de los trabajadores pertenecen centralmente al Partido Socialista y al Partido Comunista (lo que es notorio en el actual paro). El primero es un partido patronal, neoliberal, que ha administrado y profundizado -junto al resto de la Concertación-, la obra económica de la dictadura pinochetista, privatizando más el cobre y aumentando la precariedad laboral. Eso lo han reconocido dirigentes históricos de esta colectividad, como Carlos Altamirano, que recientemente dijo que en el PS había más directores de empresa que dirigentes sindicales. Los militantes de este partido que presiden organizaciones sindicales (Arturo Martínez -CUT-, Raúl de la Puente -ANEF-, entre otros), han mantenido durante años una política de “diálogo social” con diversos representantes de la patronal. La política actual de los dirigentes oficiales de la CUT es una “alianza estratégica” con las PYMES, es decir, con los mismos empresarios que mantienen una deuda previsional con los trabajadores desde fines de los 90`s. Por su parte el PC, si bien conserva inserción en la clase trabajadora, levanta una estrategia de colaboración de clases, que se refleja políticamente en sus permanentes búsquedas de alianzas con sectores “progresistas” de la clase patronal. Así, durante las últimas elecciones presidenciales votaron a Bachelet. Así, durante las últimas municipales votaron a candidatos de la Concertación en varias comunas. También vienen siendo sostenedores de la política oficial de la CUT de aliarse estratégicamente con las PYMES.

Su política de “diálogo social” con sus “mesas de diálogo” ya demostró a qué conduce: el 2007, se acordó una mesa entre la dirección de los subcontratados de Codelco y la empresa, que fue desconocida por ésta, por la vía de los hechos. Cuando los trabajadores se movilizaron este año, los ministros Andrade y Pérez Yoma, que supuestamente iban a actuar de garantes de los acuerdos entre los trabajadores y Codelco, se callaron la boca ante los despidos y la represión de los trabajadores. Otra mesa de diálogo, la Comisión de Educación, que se constituyó después de las movilizaciones secundarias del 2006, sirvió sólo como desvío de la lucha, y como precedente del proyecto de la LGE, que consagra lo fundamental de la educación neoliberal.

Es necesario evitar repetir esa política. No hay que confiar en las palabras de la clase patronal. El actual pliego de los trabajadores públicos -elaborado por el PS y el PC- contempla una mesa de dialogo permanente con el gobierno. Sería esta mesa la encargada de discutir los padecimientos que aquejan a los empleados públicos, una vez terminado el paro. Para continuar la lucha por los intereses de los trabajadores después del paro, es necesario levantar una política de los trabajadores independiente de cualquier variante patronal. Los militantes de Clase contra Clase proponemos levantar un Congreso Nacional de Trabajadores Públicos, con delegados mandatados y revocables, para discutir un pliego de demandas. Pliego que a nuestro modo de ver debería considerar como mínimo el paso a planta del 100% de los trabajadores para acabar con la inestabilidad laboral. Un salario mínimo de $350.000 móvil según la inflación. La prohibición por ley de los despidos.

Los militantes de Clase contra Clase, que luchamos por construir un partido de trabajadores revolucionario y por una alternativa obrera y socialista a la crisis, impulsaremos estas políticas.

20 de noviembre de 2008