Introducción

En julio del año 2000, el PRI perdía las elecciones presidenciales frente a Vicente Fox, candidato del derechista PAN (Partido Acción Nacional). Llegaba a su fin el régimen de partido estado -el priato- que gobernó México durante más de 70 años, y culminaba exitosamente el plan de la transición pactada, mediante el cual el imperialismo y la burguesía se jugaron a desviar una posible caída revolucionaria del priato a partir del levantamiento zapatista de enero del ’94. Hoy, a poco más de 3 años de la asunción de Vicente Fox, México está cruzado por un proceso de movilización iniciado el año pasado y profundizado por la actual lucha de los trabajadores del Seguro Social, el cual se da en un contexto de creciente descrédito del gobierno, desgaste del nuevo régimen de la alternancia y la desilusión de millones de mexicanos con el "cambio" foxista que sólo ha traído más hambre, miseria y explotación para el pueblo explotado y oprimido.

Las próximas elecciones presidenciales de 2006 serán, para la burguesía y el imperialismo, un hecho importante por tratarse de la primera sucesión después del fin del priato. Pero los últimos meses estuvieron cruzados por numerosos escándalos políticos en los partidos representantes de la clase dominante y por las primeras peleas preelectorales que cimbraron la estabilidad del régimen de la alternancia.

Primero fueron los llamados video-escándalos, en donde Carlos Ahumada, empresario de la construcción vinculado al centroizquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática), aparecía entregando grandes sumas de dinero a altos funcionarios de este partido, como René Bejarano y Carlos Imaz, ex dirigente del movimiento estudiantil de 1986. Estos escándalos golpearon fuertemente al partido del sol azteca, provocando que Rosario Robles, figura emblemática del ala izquierda del PRD renunciara a dicho partido, y arrastrando a la baja la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la ciudad de México y principal presidenciable del PRD. En el oficialista PAN, Felipe Calderón Hinojosa, secretario de Energía y precandidato presidencial, renunció a su puesto en el gabinete dando un portazo, en tanto que Martha Sahagun de Fox se retiró de la carrera electoral en medio de fuertes críticas del PRI y el PRD a Fox por apoyar desde la presidencia la candidatura de su esposa. En ese marco se desató la pelea entre el gobierno de Fox y la administración perredista de México DF, cuando el primero, en un claro intento por mermar las posibilidades electorales de López Obrador, amenazó con buscar su desafuero y su juicio político, lo que de darse sería un desestabilizante terremoto político, y que ha sido respondido por el PRD mediante la organización de manifestaciones de apoyo al jefe de gobierno.
El anticipado arranque de la carrera electoral y las disputas entre los partidos responde tanto al debilitamiento de la figura presidencial (que ha sido criticada por sectores del imperialismo) como al anticipado desgaste de la alternancia, cuestiones que sin duda son potenciadas por estas mismas peleas interpartidarias, como explicaremos más abajo.

Por otra parte, como planteamos más arriba, en las últimas semanas se ha desarrollado un fuerte proceso de lucha y movilización de los trabajadores de los hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que con cortes viales, mítines y paros escalonados, enfrentan la reforma de la Ley de Seguridad Social impulsada por el PRI y el PAN, reforma que ha polarizado a la sociedad. La movilización avanzó nacionalmente y el 4 de agosto, ante la inminente votación, sectores de trabajadores bloquearon el Senado, una medida inédita en México (previamente habían cercado el Congreso de la Unión). Las direcciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (central que junto al Congreso del Trabajo agrupa a la mayoría de los sindicalizados) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (uno de los sindicatos con mayor tradición combativa en el país) anunciaron la realización de un paro nacional para el 1° de septiembre. Como desarrollamos abajo, esta coyuntura de movilización y lucha de los trabajadores del Seguro Social es la punta de lanza del descontento obrero y popular, marcando una tendencia a más inestabilidad política y mayor protagonismo de la lucha de clases del movimiento obrero y sus aliados.

Ante ello, es necesario analizar la realidad con un método marxista, huyendo de los relatos unilaterales y las exageraciones. Para ello debemos partir de explicar la instauración del régimen de la alternancia en 2000 y su actual crisis, producto de los profundos movimientos que cruzaron la sociedad en los últimos años.

El ascenso de Fox y la caída electoral del PRI: un triunfo de la burguesía y el imperialismo

La transición pactada y su coronación, la instauración de un nuevo régimen democrático burgués basado en la alternancia de los partidos y el rol del Congreso, combinado con rasgos bonapartistas heredados del viejo priato, fue la forma que asumió una contrarrevolución democrática (es decir una política reaccionaria con métodos pacíficos) basada en el pacto entre los partidos, que desvió hacia las elecciones el cuestionamiento al priato. Este nuevo régimen de dominio se caracterizó por una mayor subordinación al imperialismo, y tiene en su base la transformación "neoliberal" del viejo estado semicolonial, con el fortalecimiento de las posiciones de la gran burguesía y las transnacionales en todas las áreas de la economía (finanzas, industria, servicios) de las cuales está pendiente la privatización del sector energético, aunque en la Compañía Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos (PEMEX) la inversión extranjera avanzó un 138% desde 2000 [1].

Con esta contrarrevolución democrática se buscó contener la descomposición política del régimen de dominio iniciada con las movilizaciones contra el fraude de 1988 y potenciado en 1994 a partir del levantamiento zapatista. Debido a que no se dio en México una revolución proletaria -ni siquiera un ascenso obrero y popular de cierta importancia- a la burguesía le bastó, para lograr este objetivo, con una fuerza política conservadora (el PAN) y un candidato (Fox) que supo apropiarse oportunístamente de las banderas del cambio democrático. El nuevo régimen sacó su fortaleza inicial tanto de la falta de acción de la clase obrera, como del fuerte respaldo del imperialismo manifestado con varios blindajes financieros (como el de 1995) y una relación económica y política privilegiada.

Una nueva situación en México

La burguesía esperaba que el cambio de régimen garantizara un largo periodo de estabilidad. Pero las cosas han sido más complejas.

Como decíamos arriba, Fox llegó a Los Pinos capitalizando las aspiraciones de cambio y democracia de millones, hartos del PRI. Pero ya a pocas semanas de esos sucesos, decíamos "el que surge es un régimen que profundizará la aplicación de los planes imperialistas que el PRI, debilitado y en crisis, no podía imponer sin profundizar las contradicciones y la polarización social en el campo y la ciudad, ya que podría ser rebasado, abriéndose situaciones donde las masas trabajadoras se movilizaran contra el régimen con sus propios métodos de lucha y lo derribaran en forma revolucionaria" [2].

Pero desde el comienzo enarboló un programa de recolonización del país (privatización del sector energético, contrarreforma laboral, fiscal y del sector salud) y atacó las conquistas y el nivel de vida de las grandes mayorías. Ésta fue la principal contradicción del gobierno: incapaz de resolver las aspiraciones democráticas y de mejor calidad de vida de las masas, perdió base de apoyo entre las clases medias y pasaron a la oposición amplios sectores de los trabajadores y el pueblo. Esto tuvo su expresión (pasiva pero no menos significativa) en las elecciones de medio término en julio de 2003, cuando salió derrotado el PAN, acelerándose el desgaste del gobierno federal [3].

A fines de 2003, el intento de imponer la reforma fiscal (imposición del IVA a alimentos y medicinas) y avanzar en la privatización y apertura completa del sector energético al capital imperialista, generó una importante respuesta de los trabajadores, cuando el 27 de noviembre de 2003 se movilizaron alrededor de 150.000 personas. Esta manifestación fue convocada por el SME y la central opositora UNT y se convirtió en la acción más importante en años por su masividad, por su carácter político y por los sectores sociales que entraron en juego. La participación obrera, expresada en los contingentes del SME, del Sindicato del Seguro Social, trabajadores telefónicos (que incluyó a cientos de jóvenes trabajadores que nutrieron los contingentes electricistas y otros sindicatos), junto a sectores populares, juveniles y estudiantiles, convirtió la marcha en un frente único, obrero y popular contra el gobierno y sus planes. A la vez, el peso obrero dificultó que la burguesía "opositora" pudiera montarse, y por ello los diputados del PRD y del PRI tuvieron menos protagonismo que en otras movilizaciones.

Esta movilización fue la expresión más alta del descontento; si en los meses y años previos la resistencia fue dispersa y parcial, el 27/11 marcó un salto cualitativo con su tendencia a la unidad de los sectores en lucha y logró frenar los planes de Fox y el imperialismo. Con esta importante acción, México comenzaba a ponerse a tono con la situación de la mayor parte de América Latina.

Esta situación de la lucha de clases se combinó con las diferencias entre la mayoría del PRI y el PRD con Fox y el PAN, donde los primeros rechazaron la propuesta de reforma fiscal del gobierno. Estas disputas cruzaron transversalmente a los partidos, especialmente al PRI. En este partido, el ala pro gubernamental de su secretaria general, Elba Esther Gordillo, apoyó la propuesta presidencial y luego de un agrio enfrentamiento fue derrotada por Roberto Madrazo, presidente del PRI.
La movilización del 27 de noviembre y el retroceso del gobierno en la aplicación de la reforma fiscal, marcan un punto de inflexión y la apertura de una nueva situación en la cual se desarrollará una creciente crisis política en el régimen de la alternancia.

La crisis del régimen de la alternancia

¿Cuáles son las causas profundas por las que el nuevo régimen, "mimado" por el imperialismo, comenzó tan rápidamente su desgaste?
En primer lugar, porque impactaron en México los cambios en la situación internacional, como las tendencias a la recesión y el cuestionamiento de la hegemonía norteamericana. Si la transición pactada basó su fuerza en el apoyo imperialista, Fox asume simultáneamente al comienzo de la crisis del patrón de acumulación capitalista basado en la industria maquiladora de exportación y las ramas dinámicas de la producción (como la automotriz y la electrónica) en un "modelo" de integración subordinada a los EEUU. Las tendencias a la desaceleración de la economía norteamericana y la competencia arrolladora de las exportaciones chinas al mercado norteamericano, aunado a un claro retroceso de la inversión de capitales foráneos (el ingreso en concepto de remesas de mexicanos en el extranjero es mayor que la inversión extranjera), impulsaron el desaceleramiento de la economía nacional desde 2000, la que aún no recupera el terreno perdido por el PIB, y que en este 2004 crecerá menos que el promedio del continente [4]. Estas tendencias de largo plazo existen más allá de recuperaciones coyunturales (como las que experimentaron recientemente sectores de la producción) y de la renta suplementaria proveniente del alza de los precios del petróleo. Como consecuencia de la falta de "éxitos" económicos, el régimen perdió capacidad para generar consenso entre las capas medias e incluso en sectores de la clase obrera, como logró el priato en los años de los ex presidentes Salinas y Zedillo.

En segundo término, la contradicción de haber ascendido al régimen montándose en las aspiraciones de cambio de las masas, se potenció por las consecuencias del desaceleramiento económico y el aumento del desempleo (112% en lo que va del sexenio) y el estancamiento salarial. Esto aumenta el descontento, le quita margen político a Fox y obliga a los partidos "opositores" a reposicionarse.

Aunado a lo anterior, ante el odio al priato, principal motor del "ni un voto al PRI" de julio de 2000, aparece claramente el carácter degradado de esta democracia para ricos. Recientemente el PAN y el PRI pactaron a todas luces y evitaron la consignación del genocida ex presidente priísta Luis Echeverría, responsable de las masacres de 1968 y 1971. A la vez, continúan gran parte de las odiadas estructuras características del priato, como el poder de los caciques en el campo y la ciudad, las mafias vinculadas al poder político y la descomposición de las fuerzas represivas, con su secuela de secuestros, violaciones y asesinatos (como el feminicidio de Ciudad Juárez, donde cientos de mujeres han sido asesinadas). Se vuelve evidente que este régimen y el gobierno panista no pueden resolver las demandas más elementales, y se potencia el desprestigio de instituciones características del viejo régimen, como la burocracia charra.

Este desgaste del régimen de la alternancia ha llevado a algunos en la izquierda a opinar, incorrectamente, que no hubo cambio de régimen en México. Coinciden con quienes sostienen que en 2000 se dio una "revolución democrática" en negarse a ver el triunfo que significó, para la burguesía, consumar la transición, alejando la posibilidad de la caída traumática del régimen y logrando que México fuera, durante varios años, un polo de estabilidad continental y un punto de apoyo para la política de EE.UU. No se comprende así la dialéctica de una contrarrevolución democrática cuyo corto alcance fue condicionado por las contradicciones que acabamos de plantear y por su incapacidad para resolver las aspiraciones democráticas que no pudo resolver un régimen con más de 70 años de existencia. Entender este proceso es fundamental tanto para el análisis como para desarrollar una estrategia alternativa a la política de la burguesía y sus representantes.

Desestabilización y brechas en las alturas de la alternancia

Entonces, el descontento y la desilusión crecientes son la base de las brechas en las alturas y de la crisis política en el régimen.

Esta crisis se expresa en que, frente a la caída del gobierno en su popularidad, las instituciones y los partidos de oposición no se fortalecieron. Esto fue evidente el 6 de julio de 2003: por una parte, ni el PRI ni el PRD crecieron en su cosecha electoral (aunque por las características del sistema electoral el PRD acrecentó su bancada). Por la otra, si Fox ganó en 2000 con una alta participación electoral, en 2003 se expresó una sólida tendencia al abstencionismo, lo que de continuarse, pone en cuestión la legitimidad de un recambio en 2006. En ese contexto, la credibilidad del Instituto Federal Electoral, institución encargada de garantizar la "transparencia" de las elecciones, también viene en picada.

Esta deslegitimación se acrecienta porque ante las próximas elecciones, las relaciones entre partidos se polarizan, con mayores enfrentamientos. Por ejemplo, la judicialización de la contienda electoral es una posibilidad latente tras las amenazas de desafuero a López Obrador. Y también porque los pactos existentes son acuerdos a todas luces pragmáticos para la contienda electoral (como la alianza PRD-PAN-Partido Verde en el estado de Oaxaca tras la candidatura de un ex priísta vinculado al nefasto ex secretario de gobernación Diodoro Carrasco, para enfrentar al candidato del gobernador priísta José Murat) o acuerdos evidentemente reaccionarios como el suscrito por el PAN y el PRI en torno a la contrarreforma al régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS.

Esta crisis política (junto a varios escándalos) está afectando la credibilidad del congreso, principal palestra de acción de los partidos. ¿Cuáles serán las consecuencias de ello? Por tratarse de la institución pilar de la transición pactada y del actual régimen, muy profundas, sin duda. Sectores de las masas podrían comenzar a ver el verdadero carácter de esta reaccionaria institución, dificultándose así las operaciones de contención por parte de la oposición burguesa parlamentaria.

Hacia 2006, aparece el problema del recambio gubernamental. El PRD, que podría fungir como una alternativa de recambio y cuenta con un precandidato con alto índice de popularidad, tiene poca proyección nacional (centrado esencialmente en México D.F. y el Estado de México) y escasa inserción en las estructuras caciquiles del campo y la ciudad. A la vez, su contradicción clave está en su relación con el movimiento de masas. El PRD está tensionado entre su ubicación como opositor y su evolución a derecha de los últimos años para postularse como una alternativa capaz de garantizar la estabilidad a la burguesía. Esta evolución se hizo patente en las estrechas relaciones entre el jefe de gobierno del DF y distintos empresarios, entre los que está Carlos Slim, dueño de un holding de empresas de telecomunicaciones, bursátiles y de comercio. Esta contradicción se agravará ante luchas obreras como la del IMSS, que le exigirán un giro a izquierda, lo que podría generar mayores enfrentamientos entre los sectores del PRD, dividido entre el ala izquierda de Cuauhtémoc Cárdenas, el sector que responde a López Obrador, y las alas más derechistas de Amalia García (ahora gobernadora del estado de Zacatecas), y el senador Jesús Ortega.

El PRI es el partido más importante del régimen, por la cantidad de estados que gobierna y su bancada parlamentaria. Sin embargo, arrastra explosivas contradicciones estructurales. En primer lugar, porque si el presidente de turno arbitraba entre los distintos grupos, la pérdida de este poder central abre la puerta para la feudalización en torno al poder que concentran los gobernadores de este partido. Esto se potencia por la heterogeneidad interna y la lucha entre los grupos "nacionalistas" y "neoliberales", que en el futuro pueden afectar la estabilidad burguesa. En otro sentido, la identificación que sectores de las masas hacen entre el PRI y el viejo régimen, complica la credibilidad de un recambio basado en el PRI, el cual anuncia medidas propias del viejo régimen para retornar a la presidencia, como las alianzas tejidas con Hank, alcalde electo de Tijuana, y miembro de una familia emblemática y característica del viejo régimen.

El creciente desgaste y la apertura de una crisis en el régimen han alentado la emergencia de la acción de sectores de la clase obrera y las masas, que desarrollamos a continuación.

Las nuevas luchas de la clase obrera mexicana

Desde el levantamiento indígena y campesino de Chiapas, en 1994, fueron escasos y localizados los fenómenos de lucha protagonizados por la clase trabajadora. La resistencia quedó en manos del campesinado, el movimiento indígena y los estudiantes. Desde la asunción de Fox, se dieron distintas luchas protagonizadas por sectores parciales de la clase trabajadora, que en su mayor parte fueron aisladas y/o derrotadas, como el caso de los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la llantera Euzkadi, los siderúrgicos de la ciudad de Lázaro Cárdenas y en la Volkswagen, la mayor fábrica de México (11.000 trabajadores en 2000), donde pasaron los retiros voluntarios y la reducción salarial.

Muy distinta a la situación de fortaleza de la alternancia en los años 2000-2003, el debilitamiento del gobierno y las disputas interburguesas abrieron brechas que fueron aprovechadas por sectores de la clase obrera para iniciar con la acción del 27 de noviembre una nueva fase de resistencia obrera y popular. Esto continuó con nuevas luchas de los trabajadores.

Desde fines del año pasado, el gobierno anunció una reforma que aumentaba la edad jubilatoria y los aportes obreros al sistema de jubilaciones, atacando el Contrato Colectivo de Trabajo de un sindicato de 360.000 afiliados. Como ha reconocido la misma burocracia del Congreso del Trabajo, que apoya la reforma, ésta es la punta de lanza de un ataque contra el conjunto del sistema de pensiones. Y es parte de una ofensiva contra el sistema de seguridad social, una de las conquistas más importantes para el movimiento de masas arrancada al estado posrevolucionario (y dicho sea de paso, el sistema de seguridad social más grande de América Latina). Ofensiva que por sus consecuencias económicas y políticas, podría ser la base para luchas generalizadas de los trabajadores y el pueblo.

Frente a ello, en el Seguro Social se inició, desde fines de 2003, un importante proceso de movilizaciones y acciones callejeras que en los meses previos fueron la expresión más alta del estado de ánimo y la disposición a la lucha de la clase obrera. En el mes de marzo, en el XXIII Congreso extraordinario del SNTSS (Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social), la presión de las bases impulsó a la mayoría de los delegados a oponerse a las modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, en contra del secretario general del sindicato, Roberto Vega Galina (uno de los presidentes colegiados de la UNT) quien las defendía en acuerdo con la Secretaría de Salud y el gobierno de Fox.

Si, como decíamos antes, su prematuro desgaste afectó a instituciones claves del régimen de dominio, en el conflicto del IMSS esto se mostró desde principios de año cuando surgió una importante vanguardia que se opuso a la burocracia sindical priísta (Vega es diputado federal por el PRI). Parte de este fenómeno antiburocrático es el Frente de Trabajadores y Trabajadoras Activos y Jubilados del Seguro Social, que aglutina a corrientes sindicales y activistas independientes (del cual forma parte Hoja Obrera, corriente de opinión de trabajadores de la salud en la cual participa la Liga de Trabajadores por el Socialismo), el cual surgió en los meses previos con una política opuesta a la burocracia sindical, e impulsó un Encuentro de Trabajadores a través de una convocatoria que tendencialmente iba hacia la independencia de clase.

Así, México comienza a ponerse a tono con una característica que recorre la lucha de clases en distintos países de América Latina, esto es, la mayor participación de sectores concentrados de la clase trabajadora. Si la clase obrera mexicana arrastra gran atraso en su subjetividad, consecuencia de décadas de dominio priísta así como de la influencia del stalinismo (integrado desde 1988 al PRD), este fenómeno antiburocrático expresa, en México, las tendencias a la recomposición de la subjetividad proletaria, tendencia que se expresa en la acción de la clase obrera en Bolivia (los mineros de Huanuni), en Argentina (las fábricas ocupadas y bajo control de los trabajadores) y en las huelgas "salvajes" de varios países de Europa.

Estas tendencias antiburocráticas nos remiten a gloriosas páginas de la historia del proletariado mexicano, cuando aprendió que para luchar seriamente había que enfrentarse al charrismo, como en el caso de los ferroviarios a fines de los ’50, en la época de la "insurgencia obrera" de los ’70 o en los mismos años ’80 en las luchas del magisterio democrático.

Pero a diferencia de entonces, asistimos a una creciente deslegitimación de un régimen político que no cuenta con la fortaleza económica de las décadas previas, cuando el priato tuvo una política "desarrollista" y pudo conceder conquistas como la seguridad social. Esas son las bases estructurales para pensar que la acción de sectores de la clase obrera desde fines de 2003 puede estar abriendo lo que no se pudo abrir en los ’90: el inicio de una crisis de la dominación burguesa sobre el movimiento obrero, basada en el rol de la burocracia sindical y en la cooptación al PRI, para subordinar y pasivizar al proletariado [5].

Como expresión del desprestigio de las instituciones, están surgiendo otros fenómenos sociales. El 27 de junio, sectores de las clases medias y medias altas dirigidos en gran medida por sectores conservadores y ultraderechistas, como la Confederación Patronal de México, la clerical Provida y asociaciones "vecinales", fueron los protagonistas principales de una multitudinaria movilización. En los años previos, algunas de estas organizaciones fueron alentadas por el gobierno de Fox, como la antiabortista Provida, que dirige los centros oficiales de "apoyo a la mujer". De signo claramente reaccionario por su reclamo mayoritario (más seguridad) la movilización expresó distorsionadamente un complejo fenómeno con raíz en la descomposición del estado y en la acción de bandas policiales y parapoliciales en la "industria" del narco y el secuestro. Eso explica que el 27/6 participaron desde las familias de los barrios exclusivos de Cuajimalpa y Huixquilucan, hasta los familiares de las mujeres asesinadas de Juárez que luchan contra un feminicidio cometido con la complicidad del régimen.

Frente a estos fenómenos surgen alternativas políticas claramente reaccionarias, como la candidatura del camaleónico y ex centroizquierdista Jorge Castañeda, e indican que podemos asistir al surgimiento de un "partido del orden" dirigido a las clases medias y medias altas.

Lo que está planteado es la posibilidad de que la clase obrera aproveche el debilitamiento del régimen para realizar nuevas y más elevadas acciones, incorporando a los sectores concentrados en las grandes industrias y el conjunto de los servicios y disputando la hegemonía política sobre las clases medias y los sectores populares a las distintas variantes del régimen. Frente a esa posibilidad es que surge un nuevo capítulo de la ofensiva burguesa.

Una coyuntura de mayor tensión entre las clases

Desde mediados de julio, con el acuerdo PRI-PAN para reformar la ley del seguro social, la situación política transita un momento de polarización política y de tensión entre las clases. La propuesta PRI-PAN (apoyada por el rabiosamente propatronal Congreso del Trabajo y sus diputados y senadores) es una solución claramente reaccionaria al hecho de que en el Congreso sindical no habían pasado las reformas exigidas por el gobierno [6].
Aprovechando la mayoría parlamentaria priísta, la clase dominante unificó las fuerzas de sus dos principales partidos y resolvió la situación con un clásico albazo.
Este ataque es el más frontal desde 2000, y muestra una unidad mucho mayor que la existente en el intento de reforma fiscal y un fortalecimiento coyuntural basado en los pactos reaccionarios, en el peso institucional del PRI y el PAN (gobernaturas, parlamentarios, etc.) y en el control priísta sobre el aparato sindical. Prueba de ello es la votación fast track en el congreso, desoyendo los "ruegos" de la dirección del SNTSS.

Si en los primeros años del foxismo los pactos fueron centrales para lograr estabilidad, hoy es un maridaje forzoso para sostener la alternancia, contrarrestar la crisis política y fortalecer el ataque contra los trabajadores.

Con el pacto, el gobierno de Fox no absorbe solo el descontento popular y sus consecuencias electorales, en tanto que el PRI recobra poder de decisión en la situación nacional, aprovechando a su favor la debilidad de un gobierno que no tiene la fuerza para actuar solo.

Si estamos en un momento de tensión entre las clases es porque esta ofensiva provocó un salto en la movilización de los trabajadores del IMSS.

El viernes 23 de julio, precedido por bloqueos de avenidas y mítines, se realizó una multitudinaria manifestación, continuada por plantones, bloqueos de avenidas y múltiples manifestaciones. El 4 de agosto, ante la votación inminente, se bloquearon los ingresos a la Cámara de Senadores, que sólo pudieron ser "liberados" con la acción represiva de la policía. Mientras la dirección del sindicato se negaba a convocar a una huelga nacional, en varios estados de la república se realizaban paros escalonados y tomas de oficinas, y en distintas dependencias del DF y otros lugares del país, surgieron comités de base. Como retrataron los medios de comunicación, sectores de vanguardia han coreado una y otra vez "Si hay traición, habrá destitución", y está madurando un proceso de enfrentamiento de los sectores más avanzados con la burocracia sindical que no cejará en apelar a métodos gangsteriles para cuidar sus puestos. La importancia de ello es retratada por el diario La Jornada, que en su edición del domingo 8/8 publicó "Integrantes del frente, corriente política al interior del SNTSS, señalaron que no es conveniente esperar a que la cúpula del gremio emprenda marchas y paros (programados para el 31 de agosto y 1° de septiembre próximos). ’Hay que actuar ya en contra de la reforma a la Ley del IMSS (...) Tomar la calle cuantas veces sea necesario y acudir a los paros escalonados, bloqueos y faltas colectivas de inmediato ... Nuestra lucha no es para quitar a un grupo y poner a otro sino en defensa de la seguridad social, el contrato colectivo de trabajo y, en particular, para que se respeten los resolutivos de nuestro congreso nacional de marzo pasado. Si los líderes seccionales y nacionales quieren asumir estos principios caminaremos en el mismo sentido. Esperamos que reivindiquen su papel y la lucha de clase’, señalaron."

Por otra parte, esta lucha puede incorporar a otros sectores de la población, contrarrestando la maniobra de enfrentar trabajadores y derechohabientes. Sin ser más que síntoma, hubo acciones de colonos (como en la delegación Azcapozalco en el DF) bloqueando calles en oposición al cierre del Hospital Infantil.

Los trabajadores del Seguro Social que hace años miraban las movilizaciones de la CNTE como algo ajeno, se están acostumbrando a tomar el camino de la movilización. En su acción se muestran tendencias muy importantes, como
– una gran disposición a la lucha y una creciente politización que se expresa en el sentimiento antiburocrático y en la receptividad que tienen las corrientes combativas y de izquierda, así como en la existencia de organismos como el Frente de Trabajadores Activos y Jubilados,
– el surgimiento de una vanguardia cada vez más amplia que desarrolla una fuerte espontaneidad en las acciones callejeras,
– el desarrollo de métodos de acción radicales e, incipientemente, la recuperación de formas de organización de base.

Estos inicios de recomposición del movimiento obrero mexicano se ven también en que la palabra "huelga" vuelve al vocabulario de sectores obreros, pero también de los actores del régimen (obviamente, para evitarla).

Las luchas de las últimas semanas se dieron contra la política de la dirección sindical y gracias a la determinación de la base obrera. Vega Galina permitió que la reforma se votase sin llamar al paro, en tanto llama a concentrar todas las esperanzas en la vía legal. Su contrapropuesta de carácter pro-patronal (rechazada por el PRI y el PAN) aumentaba la edad jubilatoria y los aportes obreros del 1 al 10%. Por su parte, la dirección de la UNT no realizó tampoco una sola medida en solidaridad y anunció tardíamente un paro nacional para el 1° de septiembre, cuya realización efectiva dependerá exclusivamente de los trabajadores.

Hacia dónde va la situación en México

La suerte de esta lucha es de extrema importancia para las perspectivas de la situación política.
La alianza PRI-PAN indica que, lejos de ser un "tigre de papel", el régimen apelará a pactos y alianzas para garantizar la ofensiva y mantener la gobernabilidad. Ante la crisis política, surgirán salidas para encauzar los distintos fenómenos sociales. Nos referimos a las alternativas que se preparan desde la derecha conservadora, pero fundamentalmente al reposicionamiento del PRD y sectores del PRI de corte nacionalista. Ante la crisis del gobierno y el rol "oficialista" de la dirección del PRI, el PRD, que en la coyuntura de la lucha del IMSS ha posado como "opositor", apuesta a favorecerse del "ni un voto al PRI; ni un voto al PAN" que demandan los trabajadores. El PRD y sectores del PRI, como los senadores liderados por el "nacionalista" Manuel Bartlett, opuestos a la reforma, pueden fortalecerse y montarse en las luchas obreras y populares.

Sintetizando, los mecanismos y políticas del régimen estarán dictados por el temor de una oleada de luchas obreras y populares que comprometan al sistema de dominación capitalista. Y es que las perspectivas están lejos de una transición aterciopelada y de tener garantizado per se un cambio de administración estable en 2006.

Sin duda, la votación de la reforma envalentonará a la burguesía para avanzar con otros puntos de su "agenda" de "reformas estructurales", como la privatización de la industria eléctrica o las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Pero es poco probable que se desactive la situación abierta a fines de 2003, ya que ésta tiene bases profundas.

Contra cualquier visión escéptica, al calor de una renovada ofensiva burguesa, pueden darse luchas de sectores de la clase obrera y el pueblo que sientan peligrar sus conquistas, como en el Instituto de Seguro Social de los trabajadores del Estado (ISSTE) o en PEMEX; sectores de la burocracia, como la UNT, buscarán aparecer como "opositores" y ponerse al frente de los reclamos. Esto puede combinarse con nuevos fenómenos de organización y lucha, o con el desarrollo de los ya existentes, como en el IMSS, que puede afectar a los sindicatos dirigidos por la burocracia del CT-CTM, que ha dado un salto en su colaboración contrarrevolucionaria con el gobierno. Las posibilidades de que se desarrolle una nueva fase de descontento obrero y popular y se profundice la crisis del régimen están planteadas.

Ante ello, es fundamental impulsar el ingreso en escena del conjunto de la clase obrera, incorporando a la lucha al proletariado industrial y a la clase obrera de las maquiladoras, que junto con los trabajadores de los servicios pueden paralizar los centros neurálgicos de la economía. La LTS participa y apoya activamente los actuales conflictos de la clase obrera, como la lucha del Seguro Social, peleando por poner en pie un movimiento obrero clasista y combativo, desarrollando la tendencia antiburocrática expresada en el Seguro Social, impulsando la lucha por sacarse de encima a las direcciones sindicales burocráticas y conciliadoras con el gobierno y la patronal (tanto del CT-CTM como de la UNT). El objetivo debe ser poner en pie organismos de democracia directa basados en delegados revocables y con mandato, así como en transformar las viejas organizaciones sindicales en herramientas para la lucha.

La burguesía intentará repetir lo que logró en 2000, cuando el descontento con el priato fue desviado hacia la trampa de las elecciones. Ante la trampa que se prepara para 2006, los trotskistas de la LTS luchamos para que el movimiento obrero avance en la ruptura con los partidos (como el PRD y el PRI) e instituciones del régimen de la alternancia, adoptando una perspectiva de independencia de clase y confiando solamente en sus fuerzas y en sus métodos de lucha, como la huelga y la movilización. En ese sentido, la convocatoria a un paro nacional para principios de septiembre puede ser un gran paso, no sólo para derrotar la contrarreforma del PRI y el PAN, sino para preparar una verdadera huelga general política hasta derrotar la ofensiva impulsada por el imperialismo e instaurar un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

Este régimen proimperialista y propatronal de "democracia para ricos" ya demostró que, al igual que el priato, sólo puede traer más miseria, explotación y opresión. Sólo una perspectiva socialista y revolucionaria garantizará la resolución de las demandas más elementales que este régimen de la alternancia no puede resolver, como son la ruptura con el imperialismo, la reforma agraria radical y la autonomía para los pueblos indígenas, para lo cual es indispensable partir de la expropiación de los expropiadores, los capitalistas y los terratenientes.

En esta nueva situación, en sectores de trabajadores y de algunos sindicatos se comienza a plantear, desde distintas posiciones políticas, la necesidad de un partido de trabajadores; los trotskistas de la LTS creemos que para impulsar la perspectiva planteada en los párrafos previos, hay que construir un partido de trabajadores, internacionalista, socialista y revolucionario, que luche por transformar radicalmente el orden establecido y edificar una sociedad sin explotadores ni explotados.