En estos días salió a la luz la comprometida situación fiscal de muchas provincias y los niveles de endeudamiento elevados que enfrentan. Así como el gobierno de CFK buscó aprovechar el efecto de los votos sacados en octubre para ajustar el gasto público, atacando el salario mediante un tarifazo en los servicios públicos, los kirchneristas de Santa Cruz y Río Negro quisieron encontrar en el clima de fin de año el ámbito propicio para votar ajustes en las cuentas públicas que, como en la Unión Europea, atacan el salario de los trabajadores estatales, aumentan las edades jubilatorias, prevén despidos y aumentos de impuestos. Además, para ponerse un poco más a tono con los planes de ajuste que tanto criticó en las cumbres internacionales, CFK sacó un Decreto de Necesidad y Urgencia que plantea “revisar” los salarios de 300.000 trabajadores estatales.

La crisis internacional y el “modelo”

El kirchnerismo se favoreció todos estos años de los efectos de la devaluación, un enorme ataque al salario obrero, y de las condiciones externas favorables por los altos precios de las materias primas. Esto permitió sostener los famosos “superávit gemelos”: en el comercio exterior y en el frente fiscal.

La casi segura perspectiva de recesión para la Unión Europea, y también en menor medida para los Estados Unidos, junto con la desaceleración del crecimiento en China y Brasil, hacen que el panorama económico para este año sea de menor crecimiento en nuestro país. La crisis internacional, sumada a la propia erosión interna de los efectos de la devaluación por la vía inflacionaria (aunque todavía se conserva cierta ventaja competitiva), han puesto en cuestionamiento los superávits gemelos. La caída de Lehman Brothers y sus efectos en la Argentina durante el 2009 ya habían liquidado el superávit fiscal. De conjunto, las condiciones que le permitieron al gobierno practicar el “bonapartismo fiscal” con el cual gestionó la relación con gobernadores, intendentes y distintas fracciones del capital, están cambiando.

Esto se expresó en que por primera vez desde la devaluación del 2002 el Banco Central perdió reservas en el 2011, cosa que no había ocurrido ni con el pago al contado y por adelantado al FMI en 2006, ni con el uso de reservas para el pago de la deuda externa en 2010. Es que el superávit comercial, aunque sigue existiendo, es cada vez menor y no alcanza a cubrir la salida de dólares, ya sea por fuga de capitales, por remisión de ganancias que hacen las empresas imperialistas a sus casas centrales o por pagos de la deuda externa, que a pesar del discurso del “desendeudamiento” sigue teniendo un peso importante en el presupuesto nacional. Por eso, la brecha se cubre con pérdida de reservas. Es asíque también queda comprometida la posibilidad de que el Banco Central siga financiando al gobierno nacional, o si lo hace sea con cada vez mayor costo inflacionario.

“Bonapartismo fiscal” asediado

Lo central de la situación está definido por la relación entre la nación y las provincias. Es que los ingresos provinciales provienen en su gran mayoría de recursos de origen nacional (RON, que incluyen la coparticipación), de transferencias corrientes y de capital que les hace el gobierno nacional. De esta forma, el kirchnerismo ha logrado ganar adhesiones con el manejo de la “caja”. En el año 2010, en algunas provincias como La Rioja, Jujuy y Santiago del Estero, la dependencia de los recursos nacionales alcanzó más del 90% de los ingresos provinciales totales, mientras los recursos provinciales propios no llegaban al 10%. La única excepción a esta enorme dependencia es la Ciudad de Buenos Aires que contó con el 88% de recursos propios.

Aunque una parte significativa de los fondos enviados por la Nación a las provincias corresponden a la coparticipación (es decir, su reparto está establecido por ley), otra parte importante se realiza a modo discrecional, como ocurre con los fondos que son distribuidos para obras públicas y para afrontar aumentos de salarios de docentes provinciales.

La limitada capacidad de obtener recursos propios que tienen las provincias ubica a muchas en situación de déficit y con deudas importantes, parte de las cuales son con el estado nacional. Las provincias con mayores déficits son las más grandes: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Por eso los gobernadores sintieron como un alivio la extensión de los plazos del Fondo Federal de Desendeudamiento que anunció Cristina Kirchner la semana pasada. Este fondo fue creado en mayo del 2010 para refinanciar la deuda de las provincias con el Estado Nacional, dando un período de gracia que venció en diciembre del 2011. El gobierno volvió a extender el período de gracia hasta diciembre del 2013, es decir, luego de las elecciones de medio término, lo que contribuye a intentar sostener hasta entonces a los gobernadores de su lado. Esto permite cubrir el bache financiero y contribuye a mejorar la situación fiscal porque no se pagan los intereses adeudados a la nación, pero no resuelve el problema en sí mismo, en tanto persiste el desequilibrio entre ingresos corrientes y gastos corrientes.

Es por eso que en muchas provincias se incluyó en los presupuestos del año 2012 la suba de las alícuotas de impuestos. En la Ciudad de Buenos Aires, Macri hizo votar en la legislatura aumentos del ABL que llegarán en algunos casos hasta el 300% desde marzo. Todos, desde los kirchneristas en Santa Cruz y Río Negro, hasta Macri en la Ciuda de Buenos Aires, hacen ajustes contra los trabajadores que son preparatorios frente a una situación económica más compleja por el contexto de crisis internacional, donde es más difícil conseguir financiamiento en los “mercados” (varias provincias venían usando la colocación de bonos de deuda) y en momentos en que al gobierno nacional se le complica dar respuesta en todos los frentes y comenzó a apretar el freno del gasto público.

¡Qué la crisis la paguen los capitalistas!

La estructura recaudatoria es tan regresiva a nivel nacional (basada mayormente en el IVA a los consumos populares) como en las provincias, donde lo principal de la recaudación proviene del impuesto a los ingresos brutos (que se aplican sobre el total facturado afectando todos los precios que terminan pagando los consumidores) y, en menor medida, del impuesto inmobiliario y a los automotores. La megaminería, que saquea los recursos del país beneficiada por la Ley de Inversiones Mineras, y las petroleras, beneficiadas por la privatización de la explotación de hidrocarburos que trajo graves problemas estructurales en el abastecimiento, entre otras “herencias” neoliberales que el kirchnerismo mantuvo, significan el goce de los más amplios beneficios impositivos. Entre otros casos, esto también se da en provincias con promoción industrial como San Luis y La Rioja, o en Tierra del Fuego. A pesar de todo esto los economistas del establishment plantean que el deterioro en el frente fiscal se debe al descontrol en el gasto y a la imposibilidad de seguir aumentando impuestos dado que se estaría en una situación límite en relación a la presión tributaria, es decir, que los capitalistas no podrían soportar mayores niveles de impuestos. Un verdadero disparate... Para el kirchnerismo la profundización del “modelo” significa defender las altas ganancias empresarias contra el pueblo trabajador.

5-01-2012