El 2006 fue el año del movimiento estudiantil secundario, que con su consigna el cobre por el cielo, la educación por el suelo, cuestionó los pilares del neoliberalismo en el terreno de la enseñanza. Como consecuencia de aquél movimiento, hasta hoy, ha perdurado un debate educativo en la política nacional. Pero si durante la lucha secundaria, el debate se producía en las tomas y en las calles; desde que el Gobierno instaló la Comisión Asesora Presidencial para la Calidad de la Educación (CAP), el debate se trasladó a los marcos del régimen. De ello es fruto la llamada Ley General de Educación (LGE), primero ideada por la Concertación, luego pactada -en noviembre de 2007- con la Alianza (derecha), y recientemente votada en la cámara de diputados.

Conseguir que se votara la ley no fue fácil para el Gobierno. Pues durante este año, se venían produciendo una serie de roces entre la Alianza y la Concertación, y al interior de ésta última, que estaban conduciendo a que no se respetara el acuerdo de noviembre. Primero, la Alianza, destituyó constitucionalmente a la ministra de educación que había estado en el acuerdo, argumentando que las irregularidades en su cartera, correspondientes a US$262 millones destinados a subvenciones, eran responsabilidad de la ministra (obviamente callándose la boca ante el hecho de que ellos, cuando gobernaban con Pinochet, introdujeron el sistema de "subvenciones" que favorece irregularidades y corrupción). Los parlamentarios de la Concertación, irritados con la actitud de la Alianza, comenzaron a introducir una serie de indicaciones a la LGE, con las que también buscaban aparecer como contrarios al "lucro" con la educación, para prevenir de esa forma, la emergencia del movimiento estudiantil, insatisfecho con la ley. La Alianza acusó a estos parlamentarios de no respetar los acuerdos. El resultado: un empantanamiento de la LGE. Y como esos roces en las alturas pusieron en el centro los problemas educativos, alentaron a su vez al movimiento estudiantil, universitario y secundario. Y por esa vía, un movimiento de los trabajadores docentes. Así, luego de la derrota asestada a los trabajadores subcontratados de Codelco, el Gobierno -sin que llegara a descansar lo suficiente- adquirió un nuevo dolor de cabeza: una LGE empantanada, tomas en colegios y universidades, marchas, paros estudiantiles y del profesorado

Finalmente, la Ley General de Educación(LGE), el pasado jueves 19 de junio, fue aprobada por la cámara de diputados. Para conseguir aquel objetivo, el Gobierno desplegó una serie de maniobras. Esto le ha acarreado importantes costos.

El primero es que al interior de la propia Concertación, se han potenciado los roces. Varios parlamentarios se han pronunciado en contra de la LGE y de los métodos que usó el Gobierno para su aprobación. Lo hizo el propio presidente de la Comisión de Educación de la cámara alta, el senador Alejando Navarro (además de organismos como la UNESCO, o intelectuales concertacionistas).

El segundo costo es el descontento social que ha generado la aprobación. El Colegio de Profesores, que viene de organizar dos paros nacionales con una importante adhesión, rechazó el actuar del parlamento. Para el 29 de junio preparan una asamblea nacional extraordinaria, en la que organizarán un plan de lucha frente a la discusión de la ley en el Senado. Y los estudiantes, se han mantenido movilizados, si bien comienzan a mostrarse los primeros signos de retroceso centralmente entre los estudiantes universitarios.

Estos costos contribuyen a su vez a acelerar el proceso de desgaste de la Concertación y, por esa vía, del régimen. La aprobación de la LGE ha sido un signo demasiado evidente de que el Gobierno y sus parlamentarios, de la mano de la derecha, legislan para preservar los intereses de los empresarios de la educación, y no para dar solución al conjunto de problemas que instaló en 2006 el movimiento estudiantil secundario. En el Gobierno de Bachelet, esto se suma a la implementación, durante el año pasado, del "Transantiago", sistema de transporte público que aumentó las horas de viaje de los trabajadores y el pueblo pobre, en la región metropolitana, y que fue experimentado masivamente como un ataque del Gobierno (si bien sin detonar luchas de importancia).

Las implicancias en el proceso de desgaste de la Concertación, es quizá el costo más alto de la votación a favor de la LGE. El conglomerado oficialista ha cumplido durante los últimos veinte años el papel de "partido de contención", concentrando las aspiraciones y expectativas de los trabajadores y el pueblo pobre. Durante los últimos 3 años, hemos visto como en su interior han comenzado a proliferar una serie de roces, movimientos y quiebres localizados, que a su manera, han expresado que su proyecto de encarnar la "democracia" contra la "dictadura" que lo determinaba, se comienza a hacer cada vez más disfuncional a las exigencias de la realidad. El movimiento estudiantil de 2006 y las importantes -aunque reducidas- huelgas obreras de 2007, comenzaron a poner en discusión importantes aspectos del neoliberalismo, presionando a que en su interior emerjan sensibilidades que buscan actuar preventivamente ante los nuevos fenómenos de la lucha de clases. Estos sectores vienen en permanentes disputas con los concertacionistas que pretenden aplicar al pie de la letra las recetas que les dieron éxito en los `90. Pero el conglomerado no consigue articular un proyecto que le de nuevo aliento para el periodo que se avecina. Y eso ha dado pie para una serie de quiebres recientes (en el PPD en 2006, en la DC a fines de 2007 y hace unos meses, en el PS). Y a una serie de roces, como la presentación -por primera vez en la historia del conglomerado- de dos listas paralelas para la elección de concejales en las municipales de octubre.

Es por todos estos elementos que podemos señalar que el triunfo gubernamental de aprobar la LGE en la cámara, tiene sabor a derrota.

La confluencia de profesores y estudiantes en la lucha contra la LGE

En la lucha contra la LGE, un elemento relevante desde el punto de vista de la lucha de clases, ha sido la confluencia de profesores y estudiantes -secundarios y universitarios. El malestar con la LGE ha sido el factor unificador. Esto se expresó con nitidez el 4 de junio, cuando profesores y estudiantes, de todo el país, marcharon juntos. Pese a que la actual pelea contra la LGE no ha tenido la masividad de la lucha secundaria de 2006, de por sí esta confluencia de un sector de la clase trabajadora, con un sector oprimido, constituye un elemento progresivo, que objetivamente abona el terreno para que la clase trabajadora pueda ganar aliados.

De todas maneras esta confluencia ha manifestado una serie de límites. Por ejemplo, al interior del movimiento estudiantil, han emergido una serie de pequeños organismos, o semi-organismos, basados en buena medida en corrientes políticas de izquierda, que han permanecido separados, sin discutir ni siquiera un pliego unificado para enfrentar la LGE. En varias ocasiones incluso, han privilegiado sus "pequeños intereses" y se han negado a organizar convocatorias comunes a marchar.

Otro ejemplo puede verse en el movimiento de los trabajadores docentes. Sin duda éste le ha dado nueva vida a la lucha contra la LGE con su paro masivo de 4 días la semana pasada (16 a 19 de junio), pero su dirección del Partido Comunista, al bajar el paro luego de que se aprobara la LGE el jueves pasado, ha dejado aislado al movimiento estudiantil. De haber apostado por mantenerlo, masivamente, como venía siendo, no sólo hubiese podido complicarle más el panorama al Gobierno y la Alianza con su LGE deslegitimada, sino que haber fortalecido al movimiento estudiantil en lucha. La serie de amenazas que alcaldes de derecha como Zalaquett, le hicieron a los profesores (descuentos salariales, sumarios administrativos), de haberse mantenido masivamente el paro, no podrían haberse concretado. El paro, a su vez, podría haber alentado a otros sectores de la clase trabajadora a discutir como apoyar con sus métodos la lucha contra la educación de mercado, pues por lo menos desde sus organizaciones sindicales, venían pronunciándose en apoyo a los profesores y estudiantes (por ejemplo, la Confederación de Trabajadores Forestales o la Asociación de Empleados Fiscales).

Esto último es de importancia, pues los bolsillos de la clase trabajadora vienen tremendamente golpeados producto de las tendencias inflacionarias de la economía mundial, que se refractan en el terreno nacional. Sólo los alimentos, han subido en un 18%. La inflación oficial es de un 8,9% (lo que es engañoso, considerando que la clase trabajadora gasta la mayor parte de sus ingresos en alimentos). El Gobierno, para prevenir que la negociación del salario mínimo se transforme en un nuevo "flanco", lo ha subido en un 10,5%, cuestión que es novedosa (nunca el aumento había sido proporcional al IPC), y que expresa distorsionadamente la recomposición de la clase trabajadora que venimos viendo en los últimos años. Con ello han "parchado" momentáneamente el problema de las demandas salariales. Aunque no lo ha cerrado, pues no ha habido aumento real.

Volviendo a la discusión sobre la LGE y la confluencia de profesores y estudiantes, hay que señalar que una mayor unidad de ambos sectores y la realización de nuevas movilizaciones como la del 4 de junio, hubiese sido útil para ponerle límites a la fuerte política represiva que viene desplegando el Gobierno. Los desalojos a colegios y universidades están a la orden del día. Recién la semana pasada, fueron desalojadas dos importantes universidades de la capital: la Universidad de Santiago y la UMCE. Además de una serie de colegios (varios de ellos han sido desalojados más de 15 veces).

La determinación que tome el Colegio de Profesores en su asamblea nacional extraordinaria del 27 de junio, será determinante para el curso que tome el proceso de lucha contra la LGE.

Una política para enfrentar la educación de mercado

La dirección del Colegio de Profesores viene anunciando la realización de un Congreso Nacional Educativo. Organizar una instancia así es clave para que sean los trabajadores de la educación, docentes y no docentes, en alianza con el movimiento estudiantil, y con otros sectores de trabajadores, los que discutan una alternativa a la educación heredada de la dictadura. El Gobierno de Bachelet anunció para el segundo semestre una ley para fortalecer la educación pública. Nada podemos esperar de la Concertación que ya votó la LGE arrodillándose ante la derecha. Son los trabajadores y sus aliados los que deben, por medio de la lucha, acabar con el neoliberalismo en la educación.

Para transformar este Congreso Nacional Educativo en un organismo que sirva efectivamente para enfrentar la educación de mercado, hay que exigir que sea con delegados mandatados y revocables. Y hay que cerrarle sus puertas a los parlamentarios que, como Alejandro Navarro (del Partido Socialista, que está en el Gobierno), buscarán presentarse como amigos, para llevar todo nuevamente a los pasillos de las instituciones del régimen. Lamentablemente el PC -como ya lo hizo previamente con su Asamblea Nacional por el Derecho a la Educación- viene dando muestras de que será con estos parlamentarios empresariales "progresistas", con quienes tendrá que discutir el movimiento de los trabajadores docentes y el movimiento estudiantil, su proyecto educativo.

En lo inmediato, es clave exigir el retiro inmediato de la LGE del parlamento. Para ello es necesario preparar un paro nacional educativo, de los profesores y estudiantes, hasta el retiro de la ley. El viernes 27, el Colegio de Profesores tiene la oportunidad de reimpulsar un paro contra la LGE. También es necesario que las organizaciones de la clase trabajadora, comiencen a discutir como apoyar con sus métodos, la lucha contra la educación pinochetista-concertacionista.

Quienes militamos en Clase contra Clase, junto a los compañeros independientes de Las Armas de la Crítica, opinamos que la perspectiva ante la educación debe ser luchar por una educación gratuita en todos sus niveles. Y que para eso podemos comenzar ya peleando por una Escuela Nacional Unificada, por acabar con los subsidios a los privados, y por una Segunda Reforma Universitaria, en el camino de una Universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo pobre. De esa forma estaremos acabando con una de las transformaciones más importantes que la dictadura pinochetista, asesinando a obreros y estudiantes, realizó durante los `70 y `80.

25 de junio de 2008