Por Natialia Cruces, PTR

El gobierno del empresario Sebastián Piñera viene acrecentando su política represiva y criminalizadora contra las movilizaciones y los luchadores sociales. En Aysén han reforzado la presencia de carabineros y las fuerzas especiales, enviando nuevos contingentes para reprimir a los trabajadores y el pueblo de la región, aplicando además la Ley de Seguridad Interior del Estado contra 22 dirigentes sociales. La misma política represiva se vio en la marcha convocada por estudiantes secundarios y universitarios el jueves 15/3, que terminó con más de 50 detenidos.

La política represiva del gobierno busca impedir que el ejemplo de Aysén se extienda a otros lugares y sobre todo, recuperar base social en los sectores más reaccionarios (el gobierno tiene un histórico 60% de rechazo) y frenar el cada vez más profundo cuestionamiento que los trabajadores, el pueblo pobre, los estudiantes secundarios y universitarios vienen haciendo al modelo económico, político y social instalado en dictadura y profundizado por la Concertación y la derecha.

Represión en Aysén y a las movilizaciones estudiantiles

El gobierno de la derecha viene reforzando su política represiva para enfrentar las luchas y movilizaciones. En Aysén aplicó finalmente la Ley de Seguridad Interior del Estado, persiguiendo a 22 personas para aplicar castigos ejemplificadores. Esta Ley, utilizada en nueve ocasiones también por la Concertación (incluso contra el pueblo mapuche), busca criminalizar y perseguir las movilizaciones y a los dirigentes políticos y sociales. Es que la derecha no sabe otra cosa que aplicar mano dura, reprimir, criminalizar y perseguir las movilizaciones sociales, tal como sucedió durante el año 2011 con el movimiento estudiantil y como se vio en la marcha del 15/3, convocada por estudiantes secundarios, donde se denunciaron casos de tortura y detenciones ilegales.

Estos últimos días ha redoblado la presencia de carabineros en Aysén, lo que ha sido rechazado por la población. La noche del 21/3 se produjeron los incidentes más graves, cuando los trabajadores y pobladores buscaron impedir la llegada de los carabineros, cortando las calles con barricadas y bloqueos de caminos y puentes. Carabineros comenzó a reprimir, deteniendo, golpeando, usando balines de goma, cortando los teléfonos celulares e internet para impedir las comunicaciones, ingresando ilegalmente a las casas para detener a dirigentes, lanzando lacrimógenas contra hospitales y hogares particulares. Observadores de derechos humanos han denunciando la escalada represiva, con decenas de heridos, personas que han perdido la vista, golpeados, amenazas de muerte, uso de balines de acero y el estado de sitio de hecho en estas ciudades y todo tipo de aprestos ilegales (1).

Los dirigentes de Aysén, como Iván Fuentes, fueron los que aceptaron las condiciones del gobierno para “dialogar”: bajar los cortes de caminos o aceptar las mesas de trabajo que solo sirvieron para desviar la discusión y ahora proponen bajar los bloqueos para que el gobierno retire las querellas de Ley e seguridad interior del Estado; esta política de ceder, permitió un retroceso momentáneo del movimiento, mostrando al gobierno como dialogante y dándole tiempo para pasar a la ofensiva. Por el contrario el único camino para imponer sus condiciones, es recuperar la movilización, desplazando a estos dirigentes del diálogo y convocando a un paro nacional en apoyo a sus demandas y a unificarse bajo una Asamblea Obrera y Popular, que funcione bajo democracia directa, con delegados de los distintos sectores, revocables, negociaciones públicas. El primer paso para volver a negociar debe ser exigir el retiro inmediato de las querellas, la derogación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y el retiro inmediato de todas las fuerzas represivas.

La movilización estudiantil del jueves 15/3 mostró la disposición a la lucha de importantes sectores de los secundarios y universitarios, los que salieron a marchar a pesar de que sus dirigentes oficiales, como Gabriel Boric (FECh) no solo no convocaron sino que vienen desmovilizando desde el año pasado. A pesar de las expulsiones y cierre de colegios, más de 5.000 estudiantes salieron a marchar. La respuesta del gobierno: represión y más de cincuenta detenidos, con denuncias de golpes y tortura (2). Durante estos días se realizó también la movilización en la ciudad de Calama, con más de 15.000 personas y se prepara una en la ciudad de Concepción, golpeada por el terremoto.

Por una coordinadora nacional de lucha

En Chile se está abriendo una profunda crisis de toda la herencia de Pinochet: ayer fueron las movilizaciones en Punta Arenas, la lucha estudiantil de universitarios y secundarios, hoy el pueblo pobre y trabajador de Aysén.
Mientras aumenta el costo de los alimentos, el transporte y la vida, el gobierno habla de una reforma tributaria que en nada toca los millonarios negocios y ganancias empresariales; la Concertación sigue en una crisis no menor, con un rechazo cercano el 70%, múltiples candidatos presidenciales y tensiones internas, tratando de reposicionarse con un discurso antirepresivo en este año de elecciones, para lo que cuenta con la ayuda del Partido Comunista y su pacto por omisión. Las direcciones oficiales del movimiento obrero, con Arturo Martínez en la CUT nada han hecho por impulsar una movilización y un paro nacional en apoyo a la lucha de los trabajadores y el pueblo pobre de Aysén.

Es necesario coordinar todas las luchas y demandas que están en curso en una Coordinadora Nacional de Lucha, para potenciar y unificar las diferentes demandas. Para eso hace falta desplazar a los dirigentes del diálogo y la desmovilización, desconfiando de los políticos patronales de la Concertación y la derecha y su parlamento.
La lucha estudiantil del año pasado, Aysén, Punta Arenas son la muestra de la crisis del régimen de la concertación y la derecha y del cuestionamiento a la herencia de Pinochet; hace falta impulsar una Asamblea constituyente libre y soberana, basada en la movilización obrera y popular, que permita discutir la falta de derechos a la educación y la salud, las privatizaciones, la entrega de las riquezas naturales a los empresarios nacionales y extranjeros, el fin del régimen binominal (donde alternan el poder la Concertación y la derecha) y las leyes represivas, los salarios de hambre y las leyes antiobreras.

Notas:

1. Algunos testimonios cuentan cómo carabineros detiene ilegalmente, como el caso de dos jóvenes que fueron “detenidos como a las 4 AM refieren haber sido arrinconados contra la pared del supermercado y pateados antes de subirlos al carro. A uno de ellos le hicieron arrodillarse y poner las manos en alto para darle un puntazo con el pie en su pierna derecha. Al otro lo golpearon en la cabeza y en la espalda” (El Mostrador); otras personas han recibido en sus cuerpos disparos de lacrimógenas y balines; uno de los casos más graves es Teófilo Haro, quién perdió un ojo producto de recibir el impacto de catorce balines, mientras le disparaban, carabineros le decían “aquí te remato, hueón”.

2. El abogado Julio Cortés de derechos humanos fue detenido junto a quince estudiantes; durante tres horas fueron transportados en un carro de carabineros, hacinados, golpeados y amenazados, según el abogado, la situación era tal que los estudiantes gritaban “Por favor, sáquenme la cresta y después dejen que me vaya” (El Ciudadano, 16/03/12).

21 de marzo de 2012