A
siete meses de gobierno, la gestión de Lula ha sido
marcada por la continuación de las recetas neoliberales,
un profundo alineamiento con el imperialismo y el FMI, cuya
última expresión fue el cierre del acuerdo
del ALCA “de mínima” para el 2005 en
su reciente encuentro con Bush. En este corto periodo una
profunda crisis social golpea las puertas del gobierno y
se extiende por todas las regiones del país, crisis
que se expresa en el medio millón de desempleados
generados por las propias medidas monetaristas del gobierno,
una brutal caída del salario real que alcanza niveles
del 14,7% en el mismo periodo, la carestía de vida
sigue la misma dinámica creciente y los sectores
más expuestos a la miseria continúan aglomerándose
en las grandes ciudades.
Como telón de fondo, la crisis económica alcanza
niveles recesivos en todas las ramas de la industria, lo
que termina recayendo sobre los trabajadores ya que los
capitalistas recurren inmediatamente a los despidos. Mientras
todo esto acontece, la dependencia externa del país
continúa tan profunda como durante el gobierno anterior,
pero más agravada ya que al disminuir los flujos
de capitales en los que se sustentó Fernando Enrique
Cardoso, ésta se expresa en toda su magnitud. Esto
ha sido acompañado por una contraofensiva del gobierno
para avanzar en reformas como la del sistema de previsión
social, tributaria y laboral, pactadas con el FMI.
La insatisfacción con el gobierno de Lula y con el
PT se ha generalizado con tal grado de intensidad que la
llamada “luna de miel” de los primeros meses
parece proyectarse en un lejano pasado, representando un
punto de inflexión en la percepción de una
insatisfacción que se venía formando en olas.
Esto va desde fuertes cuestionamientos de sectores importantes
de la burguesía que lo apoyaron durante la campaña
electoral y sectores de su base aliada, conflictos con el
Poder Judicial, hasta el fuerte descontento de los trabajadores
y sectores de masas populares del campo y la ciudad.
Así, después de los primeros meses del gobierno
de Luis Inácio Lula da Silva, se ha abierto una situación
política dinámica y en la cual los principales
elementos del gobierno anterior, la baja o casi nula conflictividad
en la lucha de clases, la cohesión de las fracciones
burguesas internas y la relativa estabilidad económica,
muestran razones estructurales para que se reviertan en
su contrario. De esta manera, después del interregno
relativamente estable que predominó durante los primeros
meses del año, surgen mayores conflictos entre las
clases y crisis en las alturas, como desarrollaremos en
este artículo.

Lula la gran desilusión

 

Bajo
el fin del Consenso de Washington y por la crisis estructural
del capitalismo mundial, la economía brasileña
se encuentra en una situación extremadamente delicada
para la burguesía. Más allá de la mayor
o menor distancia que la separa de una dinámica acelerada
de la crisis catastrófica, la realidad es que la
economía nacional se encuentra desprovista de cualquier
base sólida. Para la burguesía brasileña
se trata no sólo de impedir la debacle económica
sino de buscar fundamentos para un nuevo ciclo de crecimiento.
El avance mayor del imperialismo en la región durante
la década pasada se opera con el aumento vertiginoso
de la presencia imperialista en la composición orgánica
de las empresas del país, con el proceso de desnacionalización
de la industria, con sectores sustituidos por el aumento
de las importaciones ya desde el corto gobierno de Fernando
Collor, y a lo largo de todo el periodo que siguió,
y con una intensificación de la dependencia extranjera
expresada, entre otras, por la deuda externa.
Con la inversión de las condiciones externas para
el financiamiento de la economía, condiciones que
en su momento Fernando Enrique Cardoso caracterizaba como
de “abundancia de capitales para inversiones”,
Brasil se encontró en un atolladero. El imperialismo
ahogó mucho más al país en el estancamiento.
En la nueva situación, para mantener el flujo de
capitales para el país, que ya no se daba espontáneamente,
se hizo necesario tener mecanismos para evitar su evasión
como la política de elevadísimas tasas de
interés. La situación actual está entonces
marcada por el incremento de la dependencia con relación
al capital imperialista, que se expresa en un aumento vertiginoso
de la relación deuda externa/PBI; una balanza de
pagos con presiones deficitarias; una enorme presión
sobre el cambio, la deuda y la inflación; una economía
en gran parte desnacionalizada como subproducto de la privatización
de los servicios públicos con tarifas vinculadas
al dólar y de los subsidios e incentivos fiscales
garantizados a las multinacionales, pero también
por el elevado costo del crédito, subproducto de
las altas tasas de interés. En este año, Brasil
precisa US$ 32,6 mil millones para cubrir el rumbo de sus
cuentas externas, de los cuales US$ 4,2 mil millones están
referidas al déficit en cuentas corrientes y US$
28,4 mil millones de las amortizaciones de deudas con plazo
arriba de un año, de acuerdo con el Banco Central.1
Fue ese el escenario de fondo, acompañado de la incertidumbre
con relación a un posible gobierno de Lula, que colocó
a Brasil en un escenario económico al borde de la
moratoria al final del año pasado. Ese fue el escenario
económico que proporcionó la desagregación
de la amplia alianza burguesa que sustentó a Cardoso;
y ese es el escenario económico que, combinado con
el giro a la izquierda del movimiento de masas en Brasil,
se expresó de forma parlamentaria en el inmenso apoyo
a la candidatura de Lula, que hizo que importantes sectores
burgueses apoyaran a la alianza PT-PL. El nuevo gobierno
retomó el programa de reformas estructurales, interrumpidas
por Fernando Enrique Cardoso por falta de condiciones políticas.
El PT asustando con el “escenario argentino”
se amarró más al imperialismo continuando
con la misma política económica, transformándose
en un insólito defensor de la austeridad, credibilidad
internacional y confianza de los mercados, cuando cada uno
de esos términos significa políticamente un
distanciamiento de aquello que el PT y el mismo Lula, históricamente,
decían defender. Con tantas semejanzas entre uno
y otro gobierno, no es sorprendente que el gobierno de Lula
haya recibido tantos aplausos del empresariado local y extranjero
y de agencias imperialistas, como el FMI y el Banco Mundial,
además del Tesoro norteamericano.
¿Pero qué explica el hecho de que Lula y su
gabinete presenten una orientación tan pro FMI, en
vez de seguir con la línea que Lula decía
defender durante la campaña electoral, cuando anunciaba
medidas consistentes en el incentivo a las empresas y de
generación de millones de empleos, una vez que conquista
una relativa confianza del imperialismo en sus primeros
meses de gobierno, consiguiendo el retorno del flujo de
capitales para el país? En primer lugar, los pocos
márgenes que el imperialismo le da para cualquier
política más nacional como desarrollaremos
a continuación, la enorme vulnerabilidad de la economía,
la debilidad y la inestabilidad de los índices con
relación al cambio y al llamado “riesgo país”,
que dependen de la continuidad de una orientación
política económica fiscalista y monetarista.
Además de esto, el apoyo de prominentes sectores
de la burguesía como Luis Fernando Furlan, Celso
Amorín, Roberto Rodríguez y el presidente
de la Compañía Siderúrgica Nacional,
los cuales aún definen como correcta la actual orientación
del gobierno y constituyen la base interna que junto con
el imperialismo y los banqueros, permite al gobierno, aunque
no sin mayores contradicciones, tomar distancia con los
sectores “neodesarrollistas” que apostaron en
Lula. De hecho, la división interburguesa con relación
a las medidas del gobierno ocurre en el seno de los sectores
más concentrados, con pesos pesados tanto entre los
que apoyan las mismas como entre sus detractores.

La alta dependencia del imperialismo y el “callejón
sin salida” de la nación semicolonial brasileña

 

Las
contradicciones en el plano económico se amontonan
porque la crisis capitalista mundial continúa sin
mostrar ninguna salida al estilo del consenso obtenido al
comienzo de los años ’90, y más, las
tendencias son a una agudización de las tendencias
estructurales recesivas, pudiendo abrir una nueva depresión
de la economía capitalista mundial. La política
norteamericana de redefinir su hegemonía en detrimento
de sus competidores imperialistas y de las burguesías
semicoloniales es el elemento más dinámico
del actual panorama internacional.
Con relación al acuerdo del ALCA propiamente dicho,
estas mismas contradicciones no dejan de mostrarse con todo.
Por un lado, el gobierno consiguió con su actual
orientación disipar el temor de sectores de la burguesía
que alimentaban aprehensión en cuanto a la posibilidad
de una política antiamericana del PT en el gobierno.
Sin embargo, hay una elevada expectativa con relación
a las negociaciones con los Estados Unidos, pues muchos
sectores temen ser alcanzados por la implementación
del tratado; con base en estos sectores, muchos críticos
han apuntado debilidades del gobierno en las negociaciones.
Después de su último viaje a Washington, Lula
fue considerado muy servil con relación al imperialismo
hasta por sectores de la burguesía nacional, y su
elogio de “sinceridad” a Bush, en la misma semana
en que amenazaba atacar Irán, causó estupefacción
en quienes imaginaban una postura más dura de Lula
para obtener mejores condiciones para la burguesía
brasileña en el acuerdo. También fue resaltada
por diversos analistas la ausencia de la palabra “Mercosur”
en los textos vinculados a la prensa después de la
reunión que, por determinación de la Casa
Blanca, ocurrió no sólo entre los presidentes
sino que también incluyó un gran equipo de
ministros y asesores de ambas partes. Aunque no se puede
descartar que en negociaciones privadas, sin acceso de los
medios, haya sido reservado un lugar especial para la discusión
del bloque sudamericano dentro del ALCA, el énfasis
de todo el encuentro fue en las relaciones bilaterales entre
Estados Unidos y Brasil. De cualquier manera, los que apoyan
al gobierno resaltaron la “insistencia” de Lula
en el papel que el país debe asumir como “interlocutor
privilegiado” del imperialismo en la región.
Está por definirse, sin embargo, cual será
de hecho ese papel, pues el conjunto de las burguesías
del Cono Sur espera utilizar el capital político
de Lula para fortalecer el bloque en las negociaciones del
ALCA, mientras el imperialismo trata de aprovechar la imprevista
docilidad del gobierno brasileño para acelerar el
proceso de implementación del acuerdo del “libre
comercio” en beneficio propio.
En este marco, son muy estrechas las bases para maniobrar
que el imperialismo deja a los nuevos tipos de gobierno
que surgen al estilo de Lula, como Kirchner en Argentina,
Gutiérrez en Ecuador, etc., así como al conjunto
de las burguesías de la región. La tentativa
de agruparse en un bloque propio, el Mercosur, para a partir
de ahí negociar con el imperialismo, enfrenta dificultades
intrínsecas a su dependencia con respecto al imperialismo,
siendo la burguesía brasileña, que tiene un
papel determinante en la viabilidad de ese proyecto en el
ámbito regional, la mayor encarnación de esas
dificultades, dividida entre el deseo de grandeza y la cobardía
genética y estructural. En estas condiciones, y con
la distancia entre las expectativas en cuanto a la política
externa del gobierno y la orientación que está
teniendo de hecho, el nacionalismo burgués se expresa
hoy con más fuerza en cuanto tendencia ideológica
(aquí sí, se expresa con mucha fuerza, ejerciendo
una presión de absorción a importantes sectores
de izquierda, incluso potencialmente el centrismo) que como
alternativa real para las actuales políticas económicas
del gobierno. Sin embargo, el desdoblamiento ulterior del
bloque “neodesarrollista”, como del propio gobierno
de Lula, estará marcado de forma viva por las enormes
contradicciones que la burguesía brasileña
enfrentará para restablecer un nuevo patrón
de acumulación capitalista en el país. Por
un lado, la necesidad de garantizar el flujo de capitales
extranjeros para el país y, por el otro, la necesidad
de estimular el desarrollo de la economía nacional.
Del mismo modo, como hoy la presión imperialista
lleva al gobierno Lula a someterse, es el aumento de esta
enorme presión imperialista lo que empuja (o puede
empujar), a pesar de su timidez y cobardía, a un
renovado impulso de las burguesías nacionales de
recobrar ciertos márgenes de maniobra con respecto
al imperialismo. Así, las contradicciones en la región,
marcadas por la crisis del Consenso de Washington, por la
insatisfacción de las masas y la falta de márgenes
para hacerle concesiones y la debilidad estratégica
de las burguesías semicoloniales, pueden empujar
a Lula a un giro más nacionalista (sin embargo sin
ruptura con el imperialismo), aunque eso signifique cambios
importantes y un recoveco en las tendencias hoy prevalecientes
en el gobierno. Así, la actual orientación
del gobierno no permite descartar que, por una serie de
factores políticos nacionales e internacionales,
Lula se vea obligado a apoyarse en sectores de la burguesía
que hoy lo cuestionan para efectuar un cambio de orientación
política. Por eso tenemos que considerar que, producto
de la presión norteamericana, se está provocando
también una polarización en las elites de
las clases dominantes, tal como escribimos más arriba,
que tiende a profundizar la inestabilidad política.
Esto significa que entre los grandes sectores concentrados
del capitalismo brasileño, se generan también
divisiones, lo que lleva a que ni siquiera todos los sectores
más concentrados estén del lado de Lula. Así
por ejemplo, el gran empresario Antonio Ermírio de
Moraes, ligado al imperialismo y con gran peso económico,
también dice oponerse al gobierno. Este escenario,
aunque no nos sea sugerido por las tendencias actualmente
dominantes en la situación política, cobra
gran importancia en el análisis debido a la magnitud
de las contradicciones descriptas en este artículo.

Del interregno de la “transición” de
los primeros meses a un aceleramiento de la crisis y los
factores políticos

 

Con
el ascenso de Lula y su frente popular preventivo, como
lo definimos en la revista Estrategia Internacional anterior,
un nuevo periodo político se abrió en el país,
marcado por la enorme ilusión del movimiento de masas,
abriendo la necesidad de pactar un nuevo equilibrio de fuerzas
entre el imperialismo, la burguesía nacional y el
proletariado. Pero es preciso afirmar: Lula no fue electo
por las masas para ser un gobierno “neoliberal”
más. No es eso lo que esperan de él las masas,
y no es tampoco lo que quieren los sectores de la burguesía
que lo apoyaron, aunque desde otro ángulo. Sin tomar
esto en cuenta, no se puede comprender el carácter
de la actual crisis en el gobierno, ni el hecho de que la
oposición a Lula hoy no venga aún ni del proletariado
ni de las masas en su conjunto, que permanece sustentando
las ilusiones y las aspiraciones de cambio, ni de la parte
de los sectores más reaccionarios de la burguesía,
exceptuando los latifundistas.
El cuadro actual se distingue de los primeros tres meses
del gobierno, cuando se vivió un interregno político
que podríamos llamar de “transición”
o del “consenso”, donde todas las fuerzas políticas
concordaban con las medidas del gobierno frente a la incertidumbre
de la situación económica y la poca confianza
de los mercados internacionales en Lula y con el intento
de evitar una crisis en el régimen de dominio debido
a la gravedad brutal de la crisis económica. Ya en
el 2003, durante los primeros meses de gobierno este pacto
de transición continuó su curso, como quedó
demostrado por la postura discreta de los partidos burgueses
que en ese entonces ya se colocaban en la oposición
(PFL y PSFB), incluyendo a los gobernadores de todos los
Estados, ya sea apoyando directamente las medidas del gobierno
o por falta de una oposición firme a ellas. Este
pacto tuvo como objetivo estimular el flujo de capitales
externos para el país y de esta forma evitar una
explosión del dólar, una crisis de pago, fiscal,
inflacionaria y del sistema bancario, como ocurrió
en Argentina en el 2001.
De conjunto podríamos decir que hubo un plan de salvataje
del régimen de dominio brasileño para que
no entrase en una crisis profunda. Este pacto, combinado
con la enorme aprobación popular del gobierno Lula
y las bajas tasas de interés en los países
imperialistas (que proporcionaron una baja rentabilidad
para el capital especulativo), posibilitaron una administración
política de la crisis económica, conquistando
un retorno relativo de flujo de capitales para el país
y un alivio de la presión sobre el dólar,
sobre la deuda y sobre la inflación, combinado con
un aumento de las exportaciones como subproducto de la desvalorización
del real. El pacto burgués de transición,
influenciado por la amenaza de una catástrofe económica,
y la “luna de miel” del movimiento de masas,
combinado con una tregua del conjunto de la izquierda, determinaron
en los primeros meses del año un interregno “estable”
con relación a las fuertes contradicciones que marcaron
la llegada del PT al gobierno del país.
En los meses siguientes, el gobierno de Lula da continuidad,
en un plan más estratégico, a aquello que
era definido por algunos sectores como “transitorio”
(o “táctico”), para no romper contratos,
como la política de las altas tasas de interés
para evitar la fuga de capitales y las fuertes medidas monetaristas,
fiscales y recesivas, con la finalidad de dar luego un “cambio”
de rumbo a la producción. Pero el cambio no se opera.
Lula y su equipo dan continuidad a la política anterior
más allá de la “transición”.
Es decir, el gobierno da continuidad a la orientación
pro-FMI y de alineamiento con los EEUU, en un camino similar
a los primeros años del gobierno de De la Rúa,
como se demostró en su viaje a los EEUU, con la acentuación
de su sumisión al FMI y al gobierno norteamericano.
Sobre el plan “neodesarrollista” que querían
implementar los sectores que se articulan alrededor de la
candidatura de Lula aunque, como ya afirmamos es utópico
pues no existen las condiciones externas ni internas en
el sentido que se dio en la época de Juscelino Kubitschek
y estaría condenado en un momento u otro al fracaso,
Lula no hizo la más mínima tentativa, cediendo
rápidamente a la presión imperialista y las
fuerzas políticas internas concentradas, y dando
continuidad a la vieja política económica
de cuño neoliberal. Así, los resultados ya
en los primeros cinco meses fueron de agravamiento social:
“la política económica de los primeros
cinco meses del gobierno de Lula produjo 580 mil nuevos
desempleados en las seis regiones metropolitanas del país,
según el IBGE. El desempleo alcanzó, en mayo,
12,8% de la población económicamente activa
(PEA), la mayor tasa en 14 meses. En abril, había
sido de 12,4% y, en mayo del año pasado, de 11,9%.
El aumento del desempleo fue acompañado de un crecimiento
de la informalidad. Y la informalidad incurrió en
la reducción de la renta. Los trabajadores autónomos
perdieron 22,1% de su ganancia mensual en mayo, con relación
al mismo mes del año pasado.”2
En los últimos meses el gobierno continúa
con su política de ahogamiento de la economía.
Las medidas adoptadas son tomadas al costo del desgaste
del gobierno con relación a sectores de la burguesía
brasileña que fueron importantes sustentos de la
campaña electoral de Lula. Como expresan las duras
críticas de Eugenio Staub, dueño de la Gradiente,
del vicepresidente José de Alencar y de la FIESP,
la ruptura del PDT de Leonel Brizola con la base de gobierno,
los cuestionamientos del PPS, partido de Roberto Freire
y del ministro Ciro Gomes al igual que los diversos conflictos
en el Congreso en función de los conflictos con su
base aliada. Eso demuestra que ha primado en la orientación
del gobierno la visión de los sectores más
financistas, conservadores y pro imperialistas de la burguesía
del país, como Olavo Setúbal, presidente del
Itaú, de que es necesario sobretodo garantizar el
flujo de capitales extranjeros para el país, aunque
para esto tengan que ser sacrificados determinados sectores
internos evitando el riesgo de volver a una situación
semejante a la del final del año pasado. Sin embargo,
hay que ubicar esa opción estratégica en el
marco de una determinada correlación de fuerzas internas
que garantice la continuidad de la “gobernabilidad”.
El prolongamiento del apriete monetario, cada vez más
profundo y que parece obedecer a una visión específica
del funcionamiento del régimen de metas inflacionarias,
vuelve precarias las perspectivas de una vuelta al crecimiento
aún en el 2003 y transforma el próximo año
en una incógnita, según los analistas económicos.
Con todo, el gobierno de Lula no se limitó a atacar
las condiciones de vida de las masas a través de
su política monetarista. Lado a lado con los cortes
presupuestarios y la ortodoxia económica, el gobierno
se apresuró en definir como una de sus principales
metas la implementación de las llamadas “reformas
de segunda fase” del Consenso neoliberal, dando seguimiento
a aquello que Fernando Enrique Cardoso, por no tener dadas
las condiciones, no las pudo realizar. El anuncio de las
reformas tributaria, laboral y de la previsión social
y la puesta en marcha de la última en base a un discurso
de demonización de los empleados públicos,
fueron la piedra de toque del perfil antipopular del gobierno.
Y Lula acaba de obtener un triunfo político dando
un golpe a los trabajadores con la votación de la
reforma de la previsión social durante la primera
quincena de agosto en la Cámara de Diputados, reforma
que incluye la privatización del sistema de jubilaciones
para la implementación de los fondos de pensión,
beneficiando así al imperialismo y los grandes bancos
y garantizar el dinero para el pago de las deudas internas
y externas. Como muy bien declaró el más importante
jefe del banco HSBC, directamente desde los Estados Unidos,
“lo importante para el mercado es que las reformas
coloquen a Brasil en una posición de garantizar el
pago, en el futuro, de sus deudas interna y externa.”3
Pero para este triunfo, el gobierno tuvo que pagar un gran
costo político. Costo este, no sólo con respecto
a los trabajadores estatales, sino que incluso con sectores
de su base aliada, y también con el propio PT, acelerando
la crisis interna del mismo con la tensión de sus
alas de izquierda. El desgaste sufrido con la votación
en el Congreso es una expresión de lo que decimos,
cuestión que hasta los propios medios nacionales,
que festejan los golpes de Lula, lo reconocen: “una
constatación después del primer test en el
Congreso asusta a la cúpula del gobierno: la base
[aliada] está fragmentada. Sin la ayuda de la oposición,
el gobierno no hubiera conseguido aprobar (...) el texto
básico de la reforma de la Previsión social.”4
Pero también el rápido retroceso frente a
la presión del Poder Judicial, dando grandes concesiones,
fue visto por importantes sectores de la burguesía
nacional, que registraron la debilidad de Lula, como si
éste no fuera el primero de una serie de cambios
que pueden limitar el alcance de la reforma. Ahora las divergencias
alrededor de la nueva reforma tributaria mostrarán
un nuevo flanco de conflictos entre los grupos económicos
dominantes: entre los estados y los municipios. En la nueva
pulseada que se avecina la situación será
más problemática de lo que se ha observado
con la reforma de la previsión social, ya que allí
es donde la mayoría del Congreso tiende a apoyar
a los gobernadores de los diversos estados, cuestión
que desarrollaremos más adelante.
Aunque por el momento no son las amplias masas en su conjunto
que ven estas reformas como ataques directos, sectores importantes
como los empleados públicos sí lo sienten
y comienzan a cuestionarlo más directamente. Las
consecuencias que tales medidas pueden tener para la popularidad
de Lula, que aún es alta, pueden ser aún más
negativas debido al vacío del otro foco principal
de su campaña electoral: los demagógicos planes
asistencialistas. Así, la estrategia del gobierno
de mantener la popularidad combinando el ataque a determinados
sectores con concesiones a los más “expuestos
a la miseria” queda con una de sus piernas quebradas.
El resultado de eso puede ser observado en las encuestas
de opinión con respecto al principal problema social
del país: mientras después de las elecciones
el ítem más recordado era el hambre, seis
meses después casi la mitad de la población
apuntó al desempleo como el principal problema del
país.

Descontento con el gobierno y tensión política

 

Desde
el punto de vista de las amplias masas, el cuadro general
de giro a la izquierda con la enorme votación a Lula
y las altas expectativas en su gobierno aún se mantienen,
a pesar del brutal giro a la derecha del gobierno y de la
falencia de las medidas demagógicas como Hambre Cero.
Pero el descontento de sectores de las mismas comienza a
manifestarse frente a la situación generada por la
orientación de derecha del gobierno y el incumplimiento
de los cambios esperados por el pueblo. Esto es lo que expresa
la importante lucha que traban los trabajadores del sector
público federal contra la reforma de la previsión
social y su primera huelga general por tiempo indeterminado,
enfrentándose directamente con Lula, o los conflictos
que surgen entre la patronal y los trabajadores del sector
privado, como es el ejemplo de las huelgas metalúrgicas
que ocurrieron entre abril y mayo, y las tensiones en el
mes de julio producto de los nuevos ataques patronales intentando
descargar sobre los trabajadores la crisis de recesión
con una oleada de despidos. Así también deben
ser entendidas las ocupaciones de tierras y bloqueos de
rutas que han aumentado en el último periodo, generando
una situación en el campo que tiende a agravarse,
con una polarización política y desarrollo
de elementos de guerra civil larvada entre los campesinos
sin tierras y los bandos armados de los terratenientes.
Se debe dar también la debida importancia a la ola
de ocupaciones de edificios desocupados y terrenos baldíos
usados para la especulación financiera por los rentistas,
de sectores importantes urbanos. Y, sobre todo, los más
expuestos a la miseria que luchan por una vivienda digna,
como el reciente caso de los 15 mil trabajadores sin techo
que ocuparon un terreno de la Volkswagen en San Bernardo
do Campo, y como ocurre centralmente en las grandes ciudades
como San Pablo, Río de Janeiro y otras.
Todo esto es lo que está por detrás de los
conflictos actuales entre el gobierno de Lula y las corrientes
de izquierda del PT, centralmente con diputados que han
tenido mayor visibilidad pública como Heloísa
Helena5, Luciana Genro6 y João Batista Araújo
más conocido como Babá7 y João Fontes
(los tres últimos ya amenazados de expulsión
por haber votado contra la aprobación de la enmienda
de la reforma de previsión social en el primer turno
en la Cámara de Diputados), así como entre
el gobierno y los intelectuales históricamente ligados
al partido. El elemento diferencial de las luchas que comienzan
a librar los trabajadores, como la importante huelga nacional
de los estatales, con relación a las luchas protagonizadas
durante el gobierno de FHC es que, en muchos casos está
ocurriendo en oposición a sus direcciones que hoy
están completamente atadas al gobierno.
Aunque no se observen por el momento tendencias más
claras de radicalización política general,
los trabajadores que salen a luchar en la tentativa de dar
una respuesta a las condiciones de miseria y hambre o para
enfrentar los ataques directos que el gobierno de Lula ya
orquestó, caso de los estatales, constituyen elementos
de ruptura con el gobierno; aunque no se manifiestan, por
el momento, la tendencia de grandes acciones del proletariado.
Es que la correlación de fuerzas entre las clases
está aún marcada por la importante debilidad
política del proletariado, por la desmovilización
de sus fuerzas y la postura de pasividad a la visión
de sí como sujeto. Al mismo tiempo, esta correlación
de fuerzas también es complicada para la burguesía,
que en sus sectores más lúcidos sabe del potencial
liberador de energías que una decepción con
Lula puede generar y que en sus sectores más truculentos
acelera aún más la polarización social,
como se ve hoy en el campo. En este marco, el gobierno puede
reprimir sectores que salen primero a luchar y tener una
política para aislar a la vanguardia de las masas,
cuestión que estaría enormemente favorecida
por la situación de pasividad de las más amplias
masas del proletariado, así como por su propia condición
de miseria y desmovilización producto de las derrotas
del periodo anterior.
Atribuimos importancia a estos primeros pasos a pesar de
no ser abiertamente contra Lula, pero sí contra las
medidas actualmente en curso, porque se dan en oposición
a las principales direcciones y contrarían la estrategia
del gobierno de cooptación del movimiento sindical
y popular. En ese sentido, la manifestación ocurrida
en el día 11 de junio en Brasilia, como las otras
que se han venido desarrollando de allí en más
contra la reforma de la Previsión social, con cerca
de 30 mil manifestantes, está repleta de significados
ya que aconteció pocos días después
de la elección del nuevo presidente de la Central
Unica de Trabajadores (CUT), indicado por el propio Lula,
demostrando que no tiene el control absoluto de los sectores
organizados. Del mismo modo, la movilización de los
trabajadores estatales que realizan una huelga nacional
desde el 8 de julio contra la reforma en oposición
a la dirección mayoritaria de la CUT, es una importante
demostración de los límites de lo que puede
hacer la CUT como mediación gubernamental en el movimiento
sindical.
Como habíamos observado en los meses de abril y mayo,
en julio una nueva amenaza de huelgas del proletariado más
concentrado fue un fantasma que recorrió los principales
polos industriales. Los trabajadores metalúrgicos,
como respuesta a la ola de despidos, hicieron sonar los
tambores de guerra, que desgraciadamente fueron silenciados
por la “pipa de la paz” de las direcciones burocráticas
sindicales y la patronal. Aquí, ya sea por la mayor
fuerza y control de la burocracia sindical o por la impotencia
política de corrientes de izquierda y centristas,
la dinámica de un resurgir de grandes luchas puede
ser más lenta. Pero no está escrito en ningún
lugar que frente a la grave crisis social este sector no
pueda salir a la lucha, haciendo honor de su tradición
de finales de los años setenta e inicios de los ochenta.
Las camadas que salen hoy a luchar, constituidas principalmente
por trabajadores de los sectores de los empleados públicos
y de otras ramas de los sectores privados, por trabajadores
que gravitan alrededor de las corrientes de la izquierda
del PT, y de otras organizaciones menores, pueden anunciar
rupturas con el gobierno. Son nuevos sectores de trabajadores
que tienen como enormes barreras sus propias direcciones
políticas, además de las inmensas ilusiones
que la población aún deposita en Lula. De
este modo, la elección de Lula, principal líder
histórico del PT, no sólo coloca en jaque
el prestigio del partido frente a amplios sectores de masas
y de la vanguardia sino también cuestiona lo que
fue un pilar central del petismo como fenómeno ideológico:
la fe en las elecciones y en la administración “honesta”
y “para bien del pueblo” de los negocios capitalistas,
como medio de mejorar efectivamente las condiciones de vida
de las masas. En términos generales podemos decir
que comienza a expresarse la insatisfacción del movimiento
de masas, siendo que los actuales movimientos de vanguardia
pueden ser sus expresiones más claras. Todo esto
significa que comienza a gestarse una nueva camada de trabajadores
y de sectores populares en el país que están
en la primera línea contra las medidas del gobierno
y de la patronal y que puede comenzar a dar pasos importantes
en dirección a la independencia frente al gobierno.

La irresolución de la cuestión agraria por
el gobierno de Lula intensifica las luchas en el campo entre
los campesinos sin tierras y los terratenientes

La tensión social crece en el campo. Desde el inicio
del gobierno las ocupaciones de campesinos sin tierras se
han intensificado en diversos puntos del país, desde
la región sur, en Río Grande do Sul, Paraná
y Santa Catarina, en el sudeste como en San Pablo y Minas
Gerais y hasta en el nordeste como en Bahía, Pernambuco
y Maranhão, fruto de la propia miseria en el campo.
Las aspiraciones que millones tienen en Lula los hacen redoblar
el aliento de las luchas. Este resurgir de luchas muestra
la grave crisis en el campo. Más de 70 mil familias
aguardan por asentamientos en diversos campamentos, y otros
millones continúan luchando por tierra para trabajar,
números que se han intensificado en los últimos
meses. Sólo en los primeros meses del gobierno de
Lula las ocupaciones de tierras aumentaron un 150% con respecto
al periodo anterior.
El mayor problema para el gobierno es que la cuestión
agraria en Brasil es una de las tareas que la burguesía
nunca pudo resolver. La estructura agraria brasileña
es una de las más atrasadas del mundo con los mayores
latifundios, con una elevadísima concentración
de tierras agravada por la fusión entre el latifundio
y las grandes empresas y los bancos. En este punto, Lula
enfrenta una de las mayores contradicciones centrales de
su gobierno, pues no hay prácticamente ningún
margen para concesiones, pues la burguesía teme que
cualquier gesto de Lula pueda liberar una ola de radicalización
de la lucha en el campo. Así, la cuestión
agraria es una especie de bomba de tiempo para el gobierno
y para el régimen, pues las masas de trabajadores
rurales esperan mucho más de Lula de lo que obtuvieron
de FHC, mientras que la burguesía no le tolera ni
siquiera los tímidos cambios que su antecesor realizó.
Pero la dirección más importante de los campesinos
sin tierras tiene una política colaboracionista con
el gobierno. Fue la dirección del Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierras (MST) quien sugirió
a Lula el actual Ministro de Desarrollo Agrario, Miguel
Rosseto, y fueron ellos también quienes propusieron
una buena parte de los directores de los institutos de reforma
agraria del gobierno federal. Además la dirección
del MST tiene representación en el Consejo de Desarrollo
Económico y Social, sin siquiera haber sido invitados,
participando así de su pacto de conciliación
de clases al lado de los grandes terratenientes en el gobierno
de Lula. Pero la propia dirección del MST se encuentra
en una situación complicada: en la medida en que
mantiene su política colaboracionista con el gobierno
y al mismo tiempo es presionada por la intensificación
y radicalización de los campesinos sin tierra. Es
por eso que las ocupaciones y bloqueos de carreteras realizados
por los “sin tierras” tienen mayor relevancia,
pues una buena parte de las acciones se da en oposición
a las principales direcciones del MST y han originado importantes
fisuras en la cúpula del movimiento, con sectores,
incluyendo líderes nacionales, que dan un giro a
izquierda presionados por la situación.
Sin embargo, en la medida en que las luchas campesinas son
dirigidas contra los terratenientes, éstas constituyen
un poderoso factor político independientemente de
sus direcciones reformistas y conciliadoras que intentan
contenerlos o llevarlos a una conciliación con el
gobierno. La lucha por la tierra, como se viene mostrando,
los enfrenta de una manera directa contra el propio estado
capitalista, en la medida que atacan directamente la propiedad
privada. Esto es lo que explica los enfrentamientos directos
con la policía militar que actúa en forma
salvaje, reprimiendo y asesinando “sin tierras”,
amparada en los mandatos y fallos de la Justicia, o con
los bandos paramilitares de asesinos armados por los latifundistas.
La tendencia principal es que todo esto se agrave en el
próximo periodo, con polarización política
y el desarrollo de elementos de guerra civil abierta en
el campo. El gobierno de Lula es incapaz de dar una solución
al problema agrario, en un momento en que la lucha por una
reforma agraria radical es una aspiración de millones
de campesinos.
Pero la fuerza de los “sin tierras” sólo
puede adquirir una verdadera dimensión nacional aliándose
con los trabajadores de las ciudades. La principal barrera
para esto deviene de la propia dirección del movimiento
que se niega no sólo a unir la lucha de los campesinos
con los trabajadores urbanos sino también con los
obreros agrícolas. En la actual situación,
con la tensión social aumentando, cuestión
que hasta el propio gobierno de Lula reconoce cuando afirma
que “los movimientos sociales están creciendo
mucho y, por causa de eso, los líderes están
perdiendo el control” 8, lo que se comienza a desarrollar
es una verdadera lucha de clases en el campo.

La clase obrera y sus direcciones

 

Los
fenómenos de lucha de los trabajadores, tanto los
actuales como los que pueden surgir en el próximo
periodo con el aumento del desempleo y de la carestía,
deben ser vistos, sobre todo, desde la perspectiva de las
relaciones de las masas en general, y de la clase obrera
en particular, con sus direcciones históricas. La
situación actual del proletariado brasileño
es, a pesar del giro a izquierda en el marco electoral (y
realimentado por el mismo) de una situación defensiva.
Pero Lula, presidente, no se relaciona con el movimiento
obrero sino como dirección burocrática. El
hecho de no ser simplemente el PT sino fundamentalmente
la figura de Lula hoy la responsable por la aplicación
de los planes capitalistas (su política de desempleo
y baja salarial, su inclinación a reprimir los sectores
que salgan a luchar, etc) coloca la perspectiva de un nuevo
capítulo en la historia del movimiento obrero brasileño,
un nuevo giro histórico.
Con relación al movimiento obrero en particular,
es preciso remarcar el cambio que se da a partir de la llegada
de Lula al gobierno. Las instituciones del movimiento obrero,
es decir, el conjunto de los sindicatos y fundamentalmente
la Central Unica de los Trabajadores, dan un salto en su
integración al régimen de dominio. Ahora el
PT es el partido del gobierno y la CUT cumple un papel abiertamente
gubernamental en el seno del movimiento de masas, llegando
al punto de apoyar las reformas de Lula como “necesarias”
para la vuelta del “crecimiento económico”,
limitándose como mucho, a pedir alteraciones marginales
en los textos de los proyectos presentados por el gobierno.
En el caso de la CUT es preciso decir que ésta constituye
aún para amplios sectores de la clase obrera la mayor
referencia nacional de luchas, a pesar de la pasividad ocurrida
a lo largo de la década pasada. Por más reaccionaria
que haya sido el pasaje de la CUT al estatus de “izquierda
pro-positiva”, es decir, que se propuso abiertamente
conciliar y proponer soluciones negociadas con la patronal
por fuera de las luchas, la integración de esta central
al conjunto de instituciones y órganos con los cuales
el gobierno patronal de Lula pretende avanzar sobre las
condiciones de vida del proletariado y de las capas medias
de la población brasileña constituye, sin
sombra de dudas, un salto cualitativo que, si bien en el
futuro puede liberar la energía de los trabajadores,
por el momento representa una barrera más, aunque
ciertamente no absoluta, para la organización de
la clase obrera brasileña. Más aún,
si se toma en cuenta la pasividad y capitulación
de la izquierda y la completa ausencia de luchas más
duras contra esta integración, aunque fuera de sectores
minoritarios. Y esto puede incluso permitir una reubicación
de Fuerza Sindical, central históricamente ligada
a la patronal, así como rupturas con la CUT por derecha,
surgimiento de nuevas corrientes o tendencias con apoyo
de la patronal para presionar al gobierno por una política
más nacional y sacando provecho de las transformaciones
que pueden ocurrir en la estructura sindical con la reforma
laboral.
Desde el punto de vista del proletariado, mientras tanto,
la situación defensiva del periodo anterior se mantiene,
aunque la victoria de Lula y del PT coloque estratégicamente
una nueva fase de las relaciones del proletariado con sus
direcciones, generando posibilidades para un nuevo giro
histórico del movimiento obrero. El sindicalismo
democrático (“nuevo sindicalismo”), que
se levantó primeramente como alternativa “combativa”
a la tradicional burocracia pro patronal y pelega (carnera,
charra) que predominó hasta mediados de los años
ochenta, se fue desfigurando a lo largo de la década
del noventa fruto de la contradicción interna irresoluble
de la política que levantaba. Es decir, de la tentativa
de agrupar al mismo tiempo el perfil “combativo”
con la defensa irreconciliable de la democracia burguesa
y de la conciliación de clases como medio supuesto
para obtener las “conquistas” que la clase obrera
y el conjunto del proletariado reivindicaban, pero que en
definitiva llevó a la pérdida de conquistas
históricas. En este cuadro es que debe ser comprendida
la incapacidad de la CUT, repetimos, para evitar acciones
como la huelga de los empleados estatales, a pesar de la
política clara de oposición que Luiz Marinho,
presidente de la entidad, tuvo en ese sentido. Esto significa
que pueden abrirse crisis con rupturas a la izquierda en
la CUT debido al aumento de las contradicciones que la Central
vive al constituirse en brazo sindical del gobierno, en
el marco del curso antipopular que éste último
ha tenido hasta ahora.

Las aceleraciones de las tensiones expresadas en los primeros
meses del gobierno pueden abrir mayores contradicciones
para el régimen de dominio y una acentuación
de la actual crisis

 

Decíamos
en el número anterior de Estrategia Internacional
que la elección de Lula representaba un fenómeno
agudamente contradictorio para el régimen democrático
burgués brasileño. Por un lado, la posibilidad
de asimilación completa sin rupturas (considerando
la llegada a la presidencia como fiel de la balanza de esta
asimilación) mostraba una fortaleza relativa del
régimen, sin embargo, al mismo tiempo, significaba
una degradación de la democracia burguesa y un mayor
debilitamiento, por los cambios subterráneos que
implica y por la dinámica de crisis y rupturas que
proyecta para el futuro.
Aunque aún no haya un cuestionamiento del régimen
de conjunto por el proletariado y el movimiento de masas,
hay una serie de debilidades estructurales del régimen
de dominio que amenazan minar sus bases de sustento de manera
subterránea a punto de debilitar la dominación
burguesa frente a un posible ascenso de masas en el país
en un futuro no muy lejano.
Los conflictos entre las instituciones del régimen
se expresan en la contradicción entre la profundización
del ajuste fiscal necesario a la credibilidad de los inversionistas
internacionales y las funciones del Estado en sus diversas
esferas, no sólo en lo que dice respecto a la “armonía
de poderes”, sino también en lo que dice respecto
a la mínima manutención de los servicios públicos
y la intervención en la economía para garantizar
la acumulación capitalista. Es eso lo que observamos
en el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial,
en el cual la necesidad de sanear las finanzas de la Unión
se choca con los intereses de la alta magistratura y los
jueces. Es eso lo que observamos también en el conflicto
con los Estados en lo dice respecto a la reforma tributaria,
en la cual el mismo problema se choca con lobbies empresariales
regionales. Al mismo tiempo es lo que observamos en los
conflictos entre la Unión y los municipios, los cuales
dependen de los fondos de la Unión para garantizar
el funcionamiento más elemental de los servicios
públicos. En ese sentido, hoy se expresan peleas
entre el gobierno federal, gobernadores e intendentes, para
ver quién cargará con los costos del ajuste
fiscal. De la misma forma, con relación a la reforma
tributaria se esboza un conflicto entre los estados más
desarrollados como San Pablo y Minas Gerais y aquellos más
atrasados como los del Norte y Noreste del país.
Estas contradicciones no permiten descartar que sectores
burgueses, presionados por la escasez de recursos públicos
y por la disputa entre estados y municipios por el reparto
de los impuestos, tomen medidas unilaterales como la moratoria
de Itamar Franco en el `98, cuando era gobernador de Minas
Gerais.
Lo que observamos en los conflictos en la Cámara
de Diputados alrededor de las negociaciones para aprobar
la reforma de la previsión social son menores frente
a las que se desarrollarán con las otras reformas
como la tributaria ya que abarcan disputas entre la base
gubernamental y la oposición expresándose
los más diversos intereses corporativos del país.
El desarrollo de estos elementos puede venir a establecer
una relación conflictiva entre el gobierno y el Congreso
más de lo que se observó en el primer semestre
de este año.
En lo que respecta a la elevación de lucha de clases
al nivel de cuestionamiento de las instituciones de algunos
sectores, esto se da como subproducto de la contradicción
entre las enormes aspiraciones depositadas en el gobierno
de Lula y el reducido margen de maniobra que éste
posee para hacer mínimas concesiones, siendo Lula
mismo el actor que deberá reprimir radicalizaciones
por fuera de la legalidad. El gobierno viene declarando
abiertamente su predisposición a la represión
de trabajadores sin tierras que se ubiquen por fuera de
la “ley”. Sin embargo, el hecho de que aún
no haya reprimido violentamente la ola de ocupaciones de
tierras y bloqueos de carreteras que vienen siendo realizadas
en los últimos meses, ni la aplicación de
la ley que prohíbe la desapropiación de tierras
recién ocupada, muestra cierta “aprehensión”
con relación a las consecuencias que esto puede traer
consigo. Aprehensión de perder el control relativo
que aún posee sobre las direcciones de este movimiento;
aprehensión de las reacciones dentro del PT, que
pueden fortalecer las alas más de izquierda del partido,
y en importantes sectores de su base urbana, principalmente
aquellos más ilustrados como intelectuales, profesores
y estudiantes. Estos fenómenos muestran la contradicción
entre las “energías liberadas” por la
elección de Lula y la condición del PT de
“garantizador” de la ley en última instancia.
En este marco lo que resulta especialmente destacable son
las debilidades de los mecanismos de contención del
gobierno, que se suponían serían más
fuertes. Por mucho que estos aún no hayan sido probados
en grandes embates del proletariado y por mucho que mantengan
cierto prestigio preservado en amplio sectores del movimiento
de masas, la CUT por ejemplo ya muestra una gran debilidad.
De la misma manera como se expresa en cierta forma también
con la dirección del MST, que mientras se reunía
con el gobierno demostró que no tenía el absoluto
control del movimiento pues en muchas regiones los campesinos
desoyeron el pedido de que en ese momento no se ocuparan
tierras.
Con relación a la disputa entre las fracciones burguesas,
cabe preguntarse si estas divisiones pueden llevar incluso
a alteraciones en el cuadro actual del régimen, con
divisiones y reagrupaciones de sectores burgueses en un
sistema de partidos que contemple de forma más directa
las divisiones estratégicas de la burguesía
nacional. Esto porque, en una perspectiva más estratégica,
podemos decir que, al mismo tiempo que los sectores más
concentrados de la burguesía brasileña procuran
adaptarse a las tendencias más generales del capitalismo
mundial, de concentración e internacionalización
del capital, buscando ubicarse como socia menor del imperialismo
y buscando un determinado espacio en la división
internacional del trabajo, otros sectores importantes de
la burguesía nacional procuran resistir, ser la parte
de las fuerzas productivas que necesariamente tendrán
que ser destruidas para garantizar la continuidad de la
valorización del capital en una escala cada vez más
monopólica. Desde el punto de vista de las transformaciones
más estructurales del régimen de dominio aceleradas
con la victoria de Lula, la tendencia a la constitución
de un “partido del orden” puede transformarse
en una posibilidad. Cuestión que se expresa en el
discurso que comienza a ser dominante sobre el “caos
social” en el país. Según esas voces,
se hace “necesario poner un orden” frente a
lo cual Lula “se muestra incapaz”. Esto se ha
mostrado con los frecuentes comentarios de analistas políticos
que afirman que sería “bueno para el régimen”
que el PFL buscara ampliar sus bases para formar un “fuerte
partido conservador” en el país, y lamentan
que esto no haya ocurrido.

Perspectivas

 

Con
los últimos meses trayendo a la luz una serie de
hechos que expresan todos los límites de la estabilidad
relativa del inicio del gobierno, el país vive una
coyuntura transitoria que marca una nueva situación
política, en la cual comienzan a desarrollarse elementos
prerrevolucionarios. Los elementos que marcan esta coyuntura
son el surgimiento de divisiones entre las fracciones de
la burguesía con relación a la política
económica seguida por el gobierno; el giro a la izquierda
de sectores de la vanguardia, con elementos de ruptura con
el gobierno en relación a las medidas antipopulares
y pro imperialistas del mismo; y un recrudecimiento de la
lucha en el campo por la nueva ola de ocupaciones sin tierras
y frente a la cual la burguesía agraria responde
violentamente, además de otros sectores sociales
que salen a luchar.
Con relación a la crisis económica, las medidas
de equilibrio del gobierno entre las demandas económicas
externas y domésticas son cada vez más precarias
y cada vez satisfacen menos a todas las partes. Al mismo
tiempo, la política de despidos de la patronal, suscitada
por la recesión industrial y la estagnación
general de la economía, contribuye a empeorar el
cuadro de la crisis social en los próximos meses.
Todo esto está acumulándose en el gabinete
y en las divisiones entre los ministros: un curso económico
pro activo del Estado y la resistencia del ala más
monetarista para mantener el número combinado de
superávit fiscal, lo que liquida toda posibilidad
de un intervensionismo estatal importante en la economía
en el sentido de un curso volcado a la producción
como reclaman los sectores desarrollistas. Aunque Lula intente
aumentar el gasto estatal en el segundo semestre utilizando
lo que consiguió acumular en el primero, más
allá del margen de superávit primario acordado
con el FMI, no le permitirá hacer concesiones capaces
de enfrentar el agravamiento de las condiciones de vida
de las masas sin chocar con la línea que hoy viene
representando.
Después del fuerte apoyo inicial de sectores importantes
de la burguesía imperialistas y de sus gobiernos
al nuevo curso ortodoxo adoptado, las huelgas, la pulseada
con el Poder Judicial y la votación final sobre las
reformas en el Congreso van a determinar cuál es
la verdadera fuerza política para sostener el curso
derechista emprendido. Al mismo tiempo, la manera de cómo
el gobierno vaya a conseguir o no controlar el conflicto
en el campo, con la capacidad de disciplinar no sólo
a sus direcciones, sino fundamentalmente a los millones
de “sin tierras” que están saliendo a
luchar, se está transformando en una gran prueba
para la fortaleza de Lula como contenedor de las masas.
Cuestión esta que también veremos en la manera
de cómo enfrente la gran cantidad de conflictos urbanos,
sea de los diversos sectores sociales, como la dinámica
de un resurgir de huelgas, no sólo ya entre los empleados
públicos, sino que también en los polos industriales
del país. Para la burguesía de conjunto, es
fundamental que el gobierno muestre firmeza y sea duro con
los movimientos “sin tierras” y el conjunto
de las luchas sociales. Del otro lado, la esperanza de las
masas en el gobierno y su confianza en Lula amenazan ser
gravemente heridas en caso de que el gobierno se vea obligado
a reprimir para calmar a la burguesía e intentar
disciplinar al movimiento de masas.
En el caso de que esos fenómenos se continúen
desarrollando, la perspectiva a la que se apunta es la de
una crisis y fuerte debilidad del gobierno que puede ser
el preludio de un salto en la crisis económica y
social. Todo este escenario podría ser alterado tal
vez si Lula diera algún giro en dirección
a su base original neodesarrollista, actuando como elemento
paralizante de las tendencias actuales, pero nada, por lo
menos hasta ahora, indica un giro de este tipo.
Si el gobierno mantiene su política, los próximos
meses señalan un aumento de la inestabilidad política
y social en todas las esferas, acelerando la experiencia
de los trabajadores con el gobierno del PT. Frente al desenmascaramiento
y crisis que la política de Lula ha generado en sectores
de vanguardia y en la base del PT, los trabajadores brasileños
precisan de un nuevo partido de la clase obrera. Desde los
partidos de izquierda como el PSTU o de los legisladores
de la izquierda petista se viene insistiendo en la necesidad
de la formación de un “nuevo partido”.
En ese sentido proponemos a toda la vanguardia obrera y
popular y a las agrupaciones de izquierda hacer un balance
de la experiencia del PT y de cómo el esfuerzo de
millones de trabajadores fue usado por una camarilla de
arribistas pequeñoburgueses y burócratas como
base de maniobras para gobernar al servicio de los intereses
de la burguesía. En esa ineludible discusión
los revolucionarios propondremos que los trabajadores con
sus organismos sean los sujetos de la discusión y
elaboración de la política de ese nuevo partido
y que no sea ésta una prerrogativa de los políticos
profesionales, proponiendo a su vez un programa revolucionario
para dar una salida progresiva a la crisis que corroe al
país.
Los próximos meses, tendrán enormes consecuencias
para determinar a dónde se encamina la situación
general del gobierno y del país. De cualquier modo,
las enormes contradicciones que han salido a la luz indican
que la situación brasileña se está
encaminando a un punto de ebullición que tendrá
grandes repercusiones no sólo para Brasil sino también
para toda América del Sur.

NOTAS

1
Periódico Estado de São Paulo, 29/06/03.
2 Revista on line Primeira Leitura, 29/06/03.
3 Folha de São Paulo, 8/08/03.
4 O Globo, 7/08/03.
5 Perteneciente a Democracia Socialista, corriente vinculada
al mandelismo.
6 Miembro del Movimiento de Izquierda Socialista.
7 Dirigente de la Corriente Socialista de Trabajadores.
8 Periódico Folha de São Paulo, 29/07/03.