Por un gran paro nacional de las organizaciones obreras y populares

Por Bryan Brenes

La situación política en la ciudad panameña de Colón –80 kilómetros al norte de la capital- se ha vuelto cada vez más dinámica y explosiva, casi una semana después de que comenzaron duros choques entre los pobladores y trabajadores de la ciudad con la policía, en el marco de un amplio movimiento de oposición a la Ley 72 impulsada por el presidente Ricardo Martinelli en el Congreso y que permite la venta de tierras de la Zona Libre, una de las más importantes del país.

Hasta el momento se contabilizan cuatro muertos causados por las ráfagas de bala propinadas por la policía -uno de ellos un niño de 9 años-, treinta heridos y más de una centena de detenciones. Desde el lunes 22 las acciones de lucha han tendido a acrecentarse como respuesta a la represión y a la oposición contra la Ley de Martinelli, combinándose el bloqueo de los obreros de la construcción a la entrada principal de Colón, movilizaciones de organizaciones sindicales hasta el Congreso, y el paro de 24 horas convocado por media docena de organizaciones magisteriales, con importantes movilizaciones como la de los estudiantes del Instituto Nacional, que al final fueron reprimidos y detenidos por la policía. En las últimas horas el SUNTRACS (sindicato de la construcción y el más importante del país) anunció un paro de un día en todo el país para el viernes, los indígenas Ngäbe buglé con una importante presencia social en la región han anunciado su incorporación a la lucha con nuevas movilizaciones, mientras que los trabajadores de la industria y el banano a través de su sindicato (sitrabaina) han dado un plazo de 72 horas al gobierno para que derogue la Ley, de lo contrario entrarán en paro general a partir del viernes.

Aunque el Presidente respondió durante los primeros días felicitando la represión, ha intentado dar un giro al percibir cada vez más fuerzas sociales de oposición en movimiento, declarando desde tierras lejanas a través de twitter y por medio del ministerio de la Presidencia “que las tierras de Colón no serán vendidas”, y que “derogará la venta de tierras”, en lo que parece uno de sus primeros retrocesos.

En estos momentos se mantiene un complejo pulso político, pues al mismo tiempo que tienen lugar grandes paros y acciones obreras y populares, el gobierno se juega a combinar la “negociación” con la represión; sincronizando sus movimientos con los de la iglesia católica, que se ha ofrecido como mediadora entre las partes en conflicto. Pero el gobierno hace todo esto a la vez que sigue aplicando la mano dura por medio del Toque de Queda, que permite convertir la ciudad prácticamente en una cárcel y así recortar los derechos democráticos más elementales de las masas.

Ninguna negociación con la “delegación gubernamental”

Aunque Martinelli dio a entender en las redes sociales que derogaría la Ley 72, no se puede tener ninguna confianza ni en el Presidente ni en sus representantes, que buscan incrementar la represión con tal de doblegar la disposición a la lucha e imponer sus “condiciones” en relación a la polémica Ley, que van desde la propuesta de que las tierras sean vendidas pero otorgando “el 100% de la venta de los terrenos de la Zona Libre… a esa provincia”, así como “en derogar los artículos que tienen que ver con la venta de los tierras y conceder a los colonenses el 100% de lo que se recaude en alquiler”.(1)
La movilización debe ser fortalecida y generalizada hasta ver derrotada por completo la Ley, como correctamente han anticipado los obreros del banano, de la construcción y decenas de organizaciones sindicales, que apuestan a extender las acciones de lucha al conjunto del país. Pero las condiciones imponen continuar la movilización hasta que salga la policía de la ciudad y sean liberados todos los detenidos, lo que debe comenzar con un levantamiento del Toque de Queda por parte de los representantes gubernamentales.
El discurso oficial de los medios de prensa de la burguesía dice que Panamá no tiene Ejército, pero se olvidan de señalar que la policía de éste país es una de las más profesionalizadas del mundo, entrenada y equipada por los Ejércitos de los EE.UU. y sus aliados. La policía panameña asesina, heredera de Escuela de las Américas y formada de acuerdo a los manuales de tortura del Pentágono debe abandonar de una vez por todas la provincia de Colón.

La violencia con que vienen actuando los cuerpos represivos del Estado en Colón hace necesaria la construcción de comités de autodefensa que funcionen por empresa, sindicato o poblado; con tal de resistir la arremetida de la policía militar y cuidar los cortes de ruta, las huelgas, la inviolabilidad de los domicilios y los locales sindicales (violentados por la policía en busca de “sospechosos”), así como para proteger al conjunto de las organizaciones obreras. Estos comités deben favorecer la expulsión de la policía de la ciudad, junto a la movilización obrera y popular a escala de todo el país.

Además de lo anterior, es imperante no depositar confianza en los empresarios, sean estos grandes o pequeños, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Colón. Si bien este sector empresarial rivaliza con Martinelli alrededor del control de la Zona Libre, y se ha resistido al diálogo debido a la presión e intensidad de las acciones obreras y populares; no se puede poner en manos de un bando de la burguesía los intereses de los trabadores. A diferencia de los primeros días de protesta, los enfrentamientos han entrado en una primera fase que es decisiva, que demanda colocar como una “causa nacional” la defensa de la ciudad en conflicto.

Derogatoria inmediata y sin condiciones de la Ley 72.
Abajo el Toque de Queda.

Expulsar a la policía de la Ciudad de Colón y que sean liberados todos los compañeros detenidos-

Nota

1. La Prensa. Ciudad de Panamá. 24/10/2012.

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Los intereses del gobierno de Martinelli y los empresarios en la estratégica provincia de Colón

Si bien desde hace meses se vienen librando importantes luchas obreras en el norte de Panamá -como la reciente huelga bananera de Chiriquí- hay que afirmar que las acciones de la Ciudad de Colón resaltan por su diversidad así como por la crisis política que le vienen generando al gobierno del derechista Ricardo Martinelli. Pero, ¿cuáles son las principales características de Colón? ¿Qué intereses prevalecen en la región?

La provincia de Colón -actualmente en el centro de la escena política panameña- comprende un área de 4.860 km² de extensión y en ella se localiza la sección norte del Canal de Panamá, una región de importancia vital, tanto para los intereses económicos de este país de América Central, así como para las grandes empresas del comercio internacional, que realizan la mayor parte de sus movimientos de mercancías por ese paso interoceánico. La ciudad cuenta con alrededor de 250 mil habitantes, vinculados directa o indirectamente al turismo y al comercio, potenciado por la existencia de la Zona Libre: una porción de alrededor de 35 hectáreas –la segunda más grande del mundo- en donde las empresas no pagan impuestos y se benefician de la reexportación.
Como es de esperarse por su importancia económica y geopolítica, la ciudad -y especialmente la Zona Libre- es apetecida por grandes empresas que buscan instalarse dentro de sus límites; debido a esta razón, el gobierno de Martinelli ha insistido en darle mayor apertura por medio de la Ley 72, que permitiría la venta de tierras.

Es que por medio de la Ley 72 se buscarían varios objetivos: por un lado asegurar la entrada de grandes empresarios a la región, de la talla del propio Martinelli, con negocios en cadenas de supermercados, importación de artículos, accionista en televisoras; y con un importante pasado como Ministro del Canal de Panamá. La penetración en este punto de la geografía panameña es de primer orden, especialmente por la ampliación del Canal en curso, que se traducirá en un aumento del volumen comercial. No por casualidad la Cámara de Comercio de Colón -que agrupa a los empresarios locales- ha decretado el Paro, lo que indica la rivalidad de esta cámara comercial con el sector burgués representado por Martinelli.

Por otra parte, la Ley 72 significará más recursos para el Estado obtenidos a través de la venta de tierras, lo que le ayudará al gobierno a financiar grandes obras públicas como la construcción de un oneroso Tranvía en Ciudad de Panamá, así como seguir financiando redes de asistencialismo vinculadas a las pensiones o a las ayudas proporcionadas a estudiantes de la educación en primaria y secundaria, todo lo anterior sin necesidad de tocar las ganancias de los grandes capitalistas nacionales e internacionales.
Los pobladores de Colón, así como las principales organizaciones políticas y de trabajadores señalan que la Ley aprobada en el Congreso significará nada más y nada menos que la privatización de los beneficios vinculados al Canal, administrado por el Estado panameño apenas desde 1948, después del control monopólico ejercido por los EE.UU. desde 1914 en que fue inaugurado.

24-10-2012