“Un requisito fundamental para mantener el crecimiento de Chile –señalaba recientemente la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC)- es el estado de derecho y la paz social. No existen elementos más importantes que éstos para asegurar que el país vaya avanzando por el camino del desarrollo y la superación de la pobreza. Es por esto que nos preocupan hechos recientes en que grupos ideologizados han alterado la paz social y el Estado de Derecho, y las autoridades no han actuado con la suficiente celeridad y energía” [1].

Cuando Monseñor Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal, explicó en el Consejo Asesor para la Equidad Social, constituido por el Gobierno en respuesta a la gran huelga contratista de julio de este año, los motivos de su intervención en ésta, señaló entre ellos “la violencia que se desarrollaba” [2] . ¿Cuál es el origen de todas estas afirmaciones, que crecientemente se vuelven “lugares comunes” en las cenas y reuniones empresariales? ¿Es cierto que en Chile ciertos “grupos ideologizados” comienzan a “alterar la paz social” y el “Estado de Derecho”?
Nada de eso. Es la preocupación de una burguesía acostumbrada a la impunidad, producida porque la clase trabajadora comienza a dar los primeros pasos en su reaparición, luego de padecer durante décadas los ataques neoliberales. Desde 2002 es visible en Chile un proceso no lineal y no uniforme de recomposición obrera.

I - El Chile neoliberal de la Concertación

Es sabido que Chile fue el primer país en el que se pusieron en práctica los postulados del neoliberalismo. La feroz dictadura pinochetista que acabó mediante la represión y el genocidio con uno de los procesos más avanzados de la lucha de clases –el ascenso revolucionario, con los Cordones Industriales-, barrió con prácticamente todas las conquistas que consiguió la clase trabajadora y el pueblo pobre de Chile a lo largo del siglo XX.

Los gobiernos de la Concertación [3] sentaron, durante la década de los ‘90, las bases para preservar y profundizar en los marcos del “régimen democrático” [4] las transformaciones fundamentales efectuadas por la dictadura pinochetista. Existen muchos datos que podríamos citar a propósito de nuestra afirmación. Entre otros:

a) Se avanzó en la privatización del principal recurso del país, el cobre. Si en 1990 –el año en que asume Aylwin-, el 86,9% de la producción total de cobre era realizada por el Estado, en 2000 el Estado quedó con sólo un 32,9% del total de la producción. Las enormes ganancias (US$ 25.000 millones) que en 2006 obtuvieron las trasnacionales gracias a los altos precios del mineral, equivalen a más del doble del presupuesto conjunto de salud y educación. La dictadura pinochetista preparó las bases para el saqueo de esta riqueza natural, y la Concertación –de la mano de los empresarios nacionales e internacionales- fue la organizadora práctica de éste. He aquí sólo el ejemplo más llamativo del conjunto de privatizaciones realizadas para desmantelar la propiedad estatal en beneficio de los capitalistas.

b) Se consagró la privatización de los derechos y servicios sociales. El sistema previsional, que antes dependía del Estado, a fines de los ‘70 pasó a estar en manos de un conjunto de especuladores que sin ninguna restricción pudieron operar en el mercado financiero. La Concertación preservó el sistema previsional de las AFP (Administradoras de los Fondos de Previsionales). Por otra parte, la reducción de recursos destinados a la educación, la liberalización de los emprendimientos privados en el terreno educativo y el sistema de subsidios estatales a estas instituciones –todas medidas iniciadas en dictadura- han encontrado durante la “transición a la democracia” su pleno despliegue, dando por resultado una creciente privatización de la educación escolar y superior. El sistema de salud, por su parte, también avanza en ese sentido con la llamada “autogestión” que consiste en que los hospitales tengan que “generar sus propios recursos”, sin recurrir al Estado, y pudiendo asociarse con capitales privados.

c) Se preservó el proceso a una disminución general del nivel de vida y a una creciente precarización de la clase obrera. Entre los elementos más importantes que han contribuido a este proceso, podemos considerar:

– El aumento de los contratos precarios. Tomando algunos datos de la ENCLA (Encuesta Laboral) 2006, organizada por la Dirección del Trabajo, nos percatamos de que sólo entre 1998 y 2006 han disminuido los contratos por plazo indefinido, de un 88,2% a un 70%, aumentando de esa forma los contratos a plazo fijo, la subcontratación y otras formas de trabajo inestable [5]. Este proceso de precarización a través del trabajo inestable fue en muchos casos un ataque directo. En un estudio realizado por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados en 2001, se consigna el siguiente dato: “la privatización de empresas estatales, (por ej:. ESSEL VI Región) dio lugar a despidos masivos, estando los trabajadores despedidos contratados por los nuevos dueños como contratistas, en peores condiciones que los trabajadores que permanecieron en la empresa” [6] .

– La proliferación de salarios variables. Según la ENCLA el 55% de las empresas remunera en forma variable a sus trabajadores. Entre las grandes empresas la proporción llega al 79,2% y en las microempresas al 34,4%. Esto significa que para obtener un salario más o menos apto para satisfacer las necesidades básicas, los patrones ponen una serie de condiciones como el aumento de la productividad o la realización de horas extras, de tal forma de “completar con bonos” el llamado “sueldo base”. Es, por decirlo así, una forma moderna del “salario a destajo”.

– Los salarios de hambre. El sueldo mínimo en Chile es de $144.000 (288 dólares). Según la ENCLA, un 47% de los trabajadores no gana más de $270.000 (540 dólares). Mientras que el costo de la canasta básica familiar –según cálculos alternativos a los gubernamentales- es de $350.000 (700 dólares). Es esto lo que ha llevado –luego de la huelga contratista de julio- a la Iglesia, a los partidos del régimen y a una serie de representantes de la clase burguesa, a discutir con tanto ahínco el tema del “salario ético” de $250.000 propuesto por Monseñor Goic “para las empresas que lo puedan pagar”.

– La inexistencia de un derecho efectivo a huelga. Según el Código del Trabajo, habiendo pasado 15 días hábiles desde el inicio de la huelga, las empresas pueden contratar a reemplazantes. Al mismo tiempo, se hace factible que los trabajadores puedan retirarse individualmente de la huelga. Esto da por resultado, la imposibilidad de que las huelgas afecten las ganancias patronales constituyéndose de ese modo en instrumentos aptos para la lucha obrera.

A grandes rasgos, este es el panorama del Chile neoliberal de la Concertación. En su cuarto gobierno, la coalición que durante los ‘80 y los ‘90 concentró las expectativas y aspiraciones de millones de trabajadores y pobres, y que actuó como “partido de contención”, no ha concedido nada importante.

II - La mecánica de la recomposición

Pasado el primer largo período post-dictadura, que tuvo como eje que la Concertación logró jugar su papel de contención de las demandas y aspiraciones de la clase trabajadora y el pueblo pobre, en la dicotomía “dictadura-democracia”, “Concertación-derecha”, iniciándose un período de desgaste de la Concertación y este papel que ha venido jugando, es que las escasas mejoras en las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora y los pobres de Chile, junto con la presión que ejerce la burguesía para acelerar el paso en profundizar aun más el neoliberalismo, viene alimentando las tendencias iniciales a la recomposición de la clase trabajadora chilena. El gobierno de Bachelet intentó contener ese proceso, presentándose con especial esmero, como un gobierno ciudadano y progresista. Actualmente mantiene aquella orientación, como lo demostró en el foro Iberoamericano, con su política de “cohesión social”.

Este elemento se da en combinación con un crecimiento económico más o menos sostenido desde 2004. Producto de la crisis asiática, la economía chilena, entre 1998 y 2003, cayó de la tasa anual característica de los llamados “años dorados”, en los que se llegó a un crecimiento de un 7,9% anual. En 2004 y 2005 se llegó al 6,2% y 6,3% respectivamente. Aunque en 2006 el crecimiento tendió a decaer (4,2%) ello no afectó las ganancias de la burguesía. Sólo durante el año pasado “dos tercios de las empresas chilenas mejoraron sus resultados”. El año “fue uno de los mejores años de la última década. De las 542 empresas consideradas en el ranking 2006 realizado por el diario La Tercera, 413 obtuvieron utilidades y 350 (64,5% del total) mejoraron su desempeño respecto de 2005, elevando ganancias o revirtiendo o disminuyendo pérdidas. En total, ganaron US$ 25.613 millones, 46% más que en 2005”. De estas empresas, precisamente dos exportadoras de materias primas, Codelco y La Escondida, habrían sido las de mayores utilidades, concentrando un 48,5% de los beneficios totales. Pero sin afectar las ganancias del conjunto del gran capital: “En general 2006 fue un buen año para los grandes grupos. El holding Quiñenco –matriz del grupo Luksic- aumentó en 9,4% sus utilidades. AntarChile, matriz de negocios de Angelini, ganó 7,6% más que en 2005 y Empresas Copec, también del conglomerado, subió en 36,7% sus utilidades, impulsada por los resultados históricos de Celulosa Arauco (...) Los Matte retrocedieron en 13% los beneficios de CMPC, pero se recuperaron con Colbún que escaló 73%. Y el grupo Said subió con Andina (30%), aunque cayó con BBVA” [7].

La combinación de la ubicación progresista del gobierno bacheletista con el crecimiento económico, dio por resultado el aliento de las expectativas de las masas, que durante casi tres décadas han soportado los ataques neoliberales. De esa forma se detonó la lucha de los estudiantes secundarios en 2006, que con la consigna “el cobre por el cielo, la educación por el suelo” cuestionaron una de las muestras más groseras de las transformaciones neoliberales: la desigualdad notoria entre la educación para los ricos y la que reciben los hijos de los trabajadores y el pueblo pobre. Simultáneamente viene desarrollándose un proceso de recomposición al interior de la clase trabajadora.

Luego de una serie de luchas aisladas, salariales, con epicentro en la industria, en la minería y en servicios, que se desenvolvieron por dos años -con posteridad al paro de agosto de 2003, que tendió a reponer a la clase obrera en la escena política nacional-; el proceso de reaparición de la clase obrera parece fortalecerse. Importantes huelgas de la clase trabajadora han repercutido en el conjunto de la sociedad chilena, inclusive más allá de su propia perduración, dando lugar a una “cuestión obrera” en el cuarto gobierno concertacionista. Esto se explica por varios elementos:

Comienzan a aparecer en la escena sectores ubicados en ramas estratégicas...
Si bien es observable, por lo menos desde 2002, un aumento de huelgas económicas aisladas que reclaman centralmente mejoras salariales, centralmente en la industria, en servicios y en sectores aislados de la minería; en estos dos últimos años se han dado hitos huelguísticos en ramas estratégicas de la economía nacional, que por su importancia objetiva se han terminado transformando en hechos políticos nacionales, que han permitido que sectores de la burguesía mundial comiencen a expresar con cautela sus primeras “inquietudes” por lo que llaman el “modelo chileno”.

Hemos visto actividad huelguística en el cobre, con los contratistas de la minera estatal Codelco y sus huelgas de enero de 2006, y de junio-julio de este año; con los trabajadores de la minera privada –en manos de capitales angloaustralianos, la transnacional BHP Billiton- La Escondida, y su huelga de agosto de 2006. Esto, en un momento en el que los precios del cobre se encuentran “en las nubes”, y representando Chile un 37% de la producción mundial del mineral. Sólo La Escondida representa un 8% de la producción mundial de cobre, y un 2,5% del PIB nacional.

También han aparecido en la escena los trabajadores de la industria forestal, con los más de 2.000 obreros que votaron el paro en marzo de este año y que lo llevaron adelante durante los últimos días de abril y los primeros de mayo. En Chile, esta industria es la segunda rama exportadora. Ha tenido durante los últimos años, un crecimiento voluptuoso, como lo explica el economista progresista Marcel Claude: “El Producto Interno Bruto, PIB, del sector forestal chileno creció a una tasa promedio de 4,8% entre los años 1999-2004, acumulando en el año 2004 más de 2 mil 300 millones de dólares. El PIB Forestal representa el 3,4% del PIB total nacional, manteniéndose esta participación de manera constante en los últimos años. Por otro lado, las exportaciones forestales chilenas han crecido exponencialmente en los últimos años, a una tasa promedio de 10,8% en la primera mitad de la década del 2000, acumulando retornos, en el año 2005, cercanos a los 3 mil 500 millones de dólares” [8].

También hemos visto aparecer a los trabajadores de la industria del salmón en el sur de Chile (Aqua Chile en 2006), y a los trabajadores del transporte público en la región metropolitana (Subus y Alsacia, en 2007), aunque con menor relevancia nacional. Y a trabajadores, que si bien no pueden ser considerados “estratégicos” a la vista de su ubicación en la economía, si tienen peso nacional: los trabajadores públicos de la salud y la educación en octubre del año pasado.

Este factor –la actividad en ramas estratégicas y de sectores con peso– es de la mayor importancia, pues revela el peso de la clase trabajadora en la sociedad. Es un elemento que tiende a fortalecer el posicionamiento objetivo del proletariado como un factor político nacional, abriendo mejores condiciones para la intervención de una política obrera conciente, en desmedro de las ideologías que daban a la clase obrera por muerta, y buscaban basarse en nuevos “movimientos sociales”, abandonando la problemática de la hegemonía obrera.

Los más explotados de los explotados salen a luchar...

Merece especial atención el que en este proceso de recomposición de la clase trabajadora, lo más dinámico sean los trabajadores precarizados, centralmente los subcontratistas, como lo revelaron los mineros de Codelco. Porque uno de los ataques centrales que viene dando la burguesía en contra de la clase trabajadora -ataque que no termina de llevarse hasta el final, como lo demuestra el hecho de que aun un 70% de los trabajadores tenga contrato indefinido- comienza a responderse.
En Codelco, hacia 1980 eran 28.000 los trabajadores de planta. En 2006, se redujeron a 18.000; esto mientras los contratistas pasaron a ser 28.000. Es decir, durante estas décadas, fueron expulsados de Codelco un total de 10.000 trabajadores de planta. Este ataque en contra de los trabajadores, no impidió que se pudieran realizar dos huelgas en los últimos dos años [9] . Los trabajadores contratistas de Codelco, tanto en enero de 2006, cuando pedían un bono de 1.000 dólares a Codelco, por los altos precios del cobre, como este año en junio-julio, cuando además de un bono luchaban por obtener beneficios en salud y educación; al plantear sus reivindicaciones a Codelco, tendieron a cuestionar objetivamente la subcontratación. Aunque desde el punto de vista jurídico sus empleadores sean las decenas de empresas contratistas, no tuvieron problemas en unificarse este año en un organismo común, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), para negociar con la empresa para lo cual trabajan en los hechos. En la última huelga, la política de los dirigentes oficiales de la CTC –ligados al Partido Comunista (PC) y a la Concertación- fue, sin embargo, exigir que se cumpla la ley de subcontratación. Esta ley –que se votó luego de la huelga de 2006, con el fin de desviar y descomprimir el proceso- no hace sino consagrar la subcontratación, limando sus aspectos más irritantes. Los subcontratistas, aunque realicen el mismo trabajo que los trabajadores de planta, seguirán –con esta ley- siendo trabajadores de segunda categoría.

Del mismo modo en la huelga de los trabajadores forestales (mayo de 2007), participaron unitariamente trabajadores contratistas y trabajadores de planta. Los grados de precarización de estos trabajadores quedaron expuestos cuando se publicó en la prensa que una buena parte de éstos tenían sueldos base de sólo $60.000 (120 dólares), motivo por el cual se veían obligados a “armarse un salario” obteniendo bonos por productividad u horas extras. El mártir forestal, el joven trabajador Rodrigo Cisternas, asesinado por carabineros, era uno de los que ganaban aquella miseria.

Por último, huelgas como la de los trabajadores transitorios de Pacific Nut Company (empresa frutícula), la de los trabajadores de Agrosuper (empresa alimenticia), y la reciente huelga nacional de los trabajadores de BancoEstado Cobranzas, se inscriben en el mismo proceso al interior de los contratistas y precarizados. El conjunto de estas huelgas tiende a implicar la correlación de fuerzas entre las clases, en tanto pone en juego la forma en que trabajadores y patrones hacen valer sus intereses. Si ateniéndose a los marcos jurídicos basados en la derrota ejercida por la dictadura pinochetista, y que no apuntan sino a fragmentar las fuerzas del proletariado, o en base a la unidad de los trabajadores.

Se comienzan a recuperar los métodos históricos de la clase obrera.. .

Aunque la legislación laboral chilena niegue el derecho a huelga, debido a la aceptación de los reemplazantes, la tendencia a la recomposición de la clase trabajadora tiene a cuestionar aquella limitación. Se comienza a recuperar la huelga como un método tradicional de la clase trabajadora.

Con especial claridad lo han revelado los trabajadores de La Escondida, y los contratistas de Codelco. Los primeros realizaron la huelga por 25 días (el promedio de duración de las huelgas en 2006, fue de 11,2 días, según datos de la Dirección del Trabajo), producto de que su demanda salarial y de un bono por los altos precios del cobre era rechazada provocadoramente por la empresa. Ésta, en el transcurso de la huelga, no dudó en buscar una y mil maneras de quebrar la voluntad de los trabajadores realizando llamados individuales para el retorno al trabajo, poniendo reemplazantes. Sin embargo prácticamente la totalidad de los huelguistas permaneció hasta que la huelga concluyó. No hubo “descuelgues” individuales. Los segundos –luego de haber realizado una huelga sin figura legal el 2006- volvieron a la carga y mantuvieron -en junio y julio-, por 37 días su paro. Durante esos días, la burguesía desplegó una fuerte campaña de hostigamiento. A través de la prensa, salió a criminalizar la huelga, y habiendo pasado casi un mes desde el inicio del conflicto, llegó a un acuerdo con los sindicatos contratistas que no estaban en huelga, otorgando varias de las concesiones que exigían los huelguistas, con el fin de dejar como lección que “las huelgas no sirven”. Pero posteriormente a ese acuerdo divisionista, en vez de debilitarse, las fuerzas de los contratistas se incrementaron, aumentando la asistencia a las asambleas y la movilización.

Del mismo modo, se observa una incipiente recuperación del método obrero de la toma de planta. El caso más nítido es el de los trabajadores transitorios de Pacific Nut Company, que en su conflicto tomaron dos plantas ubicadas en la periferia de Santiago, desatando la ira de los empresarios del agro, que inundaron la prensa con declaraciones hasta conseguir que la Dirección del Trabajo declarase ilegal a la huelga, generando un “anillo asfixiante” alrededor de ésta, motivo por el que los trabajadores tuvieron que retroceder. También vimos esta tendencia en la huelga de los mineros de Codelco, que tomaron los accesos de la planta de El Salvador, y en la de los trabajadores de Agrosuper, que en la segunda quincena de agosto, tomaron los accesos de la planta de Lo Miranda, en Doñihue.

Otro método obrero que incipientemente comienza a renacer es el de las huelgas en solidaridad. Cuando comenzó la huelga de La Escondida el año pasado, los trabajadores de las mineras Collahuasi y El Abra realizaron paros en solidaridad. Aunque su duración fue de 5 minutos, revela una tendencia de la clase trabajadora a mirarse a sí misma como portadora de intereses comunes. Así también, luego de que la policía asesinara a Rodrigo Cisternas, los trabajadores de la forestal Celco, en la X región, ofrecieron realizar un paro en apoyo, cuestión a la que se negaron los dirigentes de los forestales de Arauco.

Por último, comienzan a manifestarse mayores niveles de violencia en el sostenimiento de las huelgas, como lo hemos visto con los cortes de ruta destinados a interrumpir la producción, que realizaron tanto los trabajadores contratistas de Codelco, el año pasado y este, los de La Escondida y los de Agrosuper; lo que ha generado choques con la policía.

De conjunto, la recuperación de sus propios métodos por la clase trabajadora contribuye a que vaya haciéndose conciente de sus fuerzas, y buscando las vías para satisfacer sus intereses y no confiando en sectores de la burguesía. Esto, aunque en la conciencia de la clase trabajadora todavía predomine la confianza en el régimen.

La posibilidad de la unidad con el movimiento estudiantil secundario y las capas medias empobrecidas...

El movimiento de los estudiantes secundarios en 2006, además de sus propias conquistas [10], instaló la posibilidad objetiva de una alianza con los trabajadores, que fue abortada solamente porque las direcciones tradicionales del movimiento obrero se negaron a adherir al paro del 4 de junio de 2006, convocado por los estudiantes, en momentos en que la mayoría de la clase trabajadora simpatizaba con la lucha estudiantil. De todos modos, en octubre, cuando un sector minoritario de secundarios retornó a la escena efectuando tomas de establecimientos, hubo una coincidencia en las calles entre docentes y secundarios. Aunque sin hacernos ilusiones, considerando el cierre que ha conseguido el gobierno concertacionista de la lucha secundaria, a través del desvío de la Comisión Asesora Presidencial constituida el año pasado para discutir una nueva política educacional [11]; de renacer a mediano plazo la actividad de los secundarios, la clase trabajadora cuenta con la posibilidad de ganar a este importante sector del movimiento estudiantil como un aliado en su lucha, si es que tiene una política para hacerlo.

Es importante señalar que esta posibilidad también puede darse con sectores de las capas medias empobrecidas (como los pobladores allegados o sin casa). La huelga contratista despertó muchas simpatías en la población, según se desprendía de las encuestas. Pero no sólo eso: ha habido casos aislados de unidad de los trabajadores con sectores populares que merecen toda nuestra atención para desarrollarlos como política. Por ejemplo, en la huelga de los trabajadores forestales, inmediatamente después del asesinato de Rodrigo Cisternas por los carabineros, cientos de vecinos del popular barrio El Pinar de Laraquete, adhirieron a la jornada de los forestales. Según la prensa local: “Fue una reacción casi espontánea la que sintieron los pobladores de esa localidad, quienes también sufrieron el acoso de parte de carabineros, que también actuó contra ellos esa noche”. (Renacer de Arauco – 05/05/07). Asimismo, el día del funeral de Rodrigo Cisternas, se realizó una marcha de 8.000 personas en Curanilahue, en la que participaron mujeres, pobladores, trabajadores de otros rubros, delegaciones mapuche, que con indignación gritaban: “¡El pueblo lo vio, el paco [12] lo mató!”. A lo largo del país, hubo muestras de solidaridad, que pese a ser reducidas, de pequeñas columnas estudiantiles y de trabajadores, mostraron a pequeña escala el potencial que tienen los trabajadores de convocar tras de sí a otros sectores oprimidos.

Del mismo modo, durante la huelga de los contratistas de Codelco de este año, los pobladores de Diego de Almagro, se solidarizaron con los huelguistas de El Salvador –los mismos que tomaron el acceso a la planta- en su enfrentamiento con la policía.

III - La cuestión obrera, el “pacto social” y las direcciones del movimiento obrero

Es este conjunto de elementos el que determina que la recomposición de la clase trabajadora repercuta en el conjunto de la sociedad, dando paso a una discusión en la superestructura del régimen burgués. La clave de todo es que se busca sentar las bases de un nuevo “marco” en la relación entre el proletariado y la burguesía, que permita prolongar la estabilidad neoliberal. En vista de que el clima huelguístico que se instaló con especial intensidad durante este año, ha dejado ver elementos nuevos que no se constriñen en los acuerdos conseguidos en los albores de la “transición a la democracia”, la burguesía busca adelantarse intentando definir un conjunto de políticas preventivas que exorcicen el peligro de un salto en la lucha de clases. Sus sectores más reaccionarios (La Confederación de la Producción y el Comercio, entre otros), como agitadores, comparan la situación actual a la situación de fines de los ‘60, cuando comenzaba el mayor ascenso obrero que haya conocido la historia de Chile. Otros que se presentan como más progresistas (Concertación), apelan a que la realidad no se condice con las normas e instan a modificar estas últimas de tal forma que las tendencias de la lucha de clases encuentren regulación legal y se mantengan en los marcos del régimen. Todos coinciden en preservar las bases del dominio burgués basado en el neoliberalismo, más allá de los acentos puestos en el rol del Estado o el mercado [13]. Unos con métodos más coercitivos, otros con mecanismos de cooptación.

¿Podrá la burguesía detener el proceso de recomposición de la clase trabajadora? Todavía no es posible dar una respuesta a esta pregunta. Aminorando sus roces internos, los patrones y sus políticos vienen ensayando una política de “pacto social” que apunta a recrear la política “noventista” de los acuerdos, poniéndola en concordancia con la situación actual, de tal forma de ganar en unidad, y detener el proceso de recomposición obrera. En la última cena anual de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), luego de un impasse con el gobierno producido por la filtración de las actas del consejo directivo de este organismo empresarial, en las que se lo calificaba en duros términos por fomentar un clima laboral desfavorable a la actividad empresarial, Bruno Philippi, presidente de la SOFOFA, se deshizo en halagos a la presidenta Bachelet: “El Gobierno cumple en esto un rol de liderazgo insustituible. Usted, Presidenta Bachelet, tiene la fortaleza y la claridad para aunar las voluntades que deben concurrir a respaldar este proceso hacia el desarrollo. Formulamos votos para que la comunidad política la acompañe en esta misión de Estado”.

Luego de eso planteó su posición frente al clima huelguístico: “Episodios como los de Celco, Codelco, Agrosuper u otros, impulsados por grupos minoritarios o simplemente por trabajadores externos, no son propios de la realidad del Chile que estamos construyendo. Cuando la ley comienza a escribirse en las calles y no en el Congreso, se está dando una pésima señal no sólo al inversionista o al empresario, sino a toda la ciudadanía. Cualquier cambio que se quiera introducir en la legislación laboral, por favor o en contra que estemos, discutámoslo civilizadamente primero y sin condiciones, pero no usemos la violencia para imponer cambios por la fuerza” (La Nación, 26/10/07).

Encuentros como el de la SOFOFA y el Gobierno, se vienen repitiendo entre los partidos del régimen. En el Consejo Asesor para la Equidad Social, participan figuras del oficialismo y de la oposición. Paralelamente se comienzan a establecer consensos en torno a temas que hasta hace unos meses eran fuente de intensas disputas. El acuerdo en torno a la educación es el más notorio. La Concertación, que durante el primer semestre instaló la idea del “fin del lucro” con la educación escolar, en una voltereta monumental, ha aceptado un pacto con la Derecha, sustituyendo su anterior definición por la de “ganancia justa” o “lucro controlado”. De esa forma, el cuestionamiento instalado por el movimiento estudiantil secundario a la educación heredada de la dictadura, sufre un revés cuyas repercusiones estamos todavía por ver.

Así, la burguesía gana en unidad. Eso puede aumentar su confianza en sí misma y dejarla mejor parada para futuros ataques a la clase trabajadora y el pueblo.
Y bien, ¿cuál es la situación política de la clase trabajadora? Pese a todos los elementos progresivos que hemos visto aparecer estos dos años, vemos en la coyuntura un relativo retroceso de la actividad huelguística, luego de la jornada de movilización del 29 de agosto, convocada por la CUT (dirigida por el PS y el PC). Lo determinante es que estas jornadas no fueron convocadas como un paro de la clase trabajadora, sino meramente como movilizaciones, lo que terminó diluyendo a la clase obrera en la “sociedad civil”, impidiendo que el clima huelguístico que en aquel momento perduraba en la combativa huelga de Agrosuper, se expresara en la arena nacional. Y por esos días incluso había adherido otra planta de Agrosuper a la huelga.

Previamente se había constituido la CTC (dirigida principalmente por el PC) entre los mineros contratistas de las privadas del norte. Pero sin que se realizara un congreso abierto, abortándose de ese modo la posibilidad de que el impacto que generó la huelga en Codelco, se tradujera en una deliberación de masas de los trabajadores contratistas del norte, en la conformación de la CTC. Así, la actividad huelguística perdió fuerza e intensidad.

En base a eso, las direcciones tradicionales del movimiento obrero, el PS y el PC, han encontrado más margen para desplegar una política de diálogo social. Arturo Martínez (presidente de la Central Unitaria de Trabajadores), que tenía suspendidas desde hace meses sus reuniones públicas con el Gobierno y los empresarios, las retomó el 18 de octubre con bombos y platillos. Pero no para exigir la satisfacción de los intereses de los trabajadores, sino llamando a depositar confianza en los empresarios: “He conversado con él (Ovalle, presidente de la CPC) y no entiende por qué tienen que haber grupos negociadores donde hay sindicatos, por qué la empresa tiene que responder por menos de lo que tienen los trabajadores en la negociación colectiva, porque su práctica en el sector minero [14] es distinta, pero cuando habla de esas cosas tiene que ponerse a favor de sus bases. Entonces a sus representados es a los que hay que cambiarles la mentalidad para que entiendan esto (...) La UDI y Juan Claro [15] deben apoyar a Alfredo Ovalle”( La Nación, 10/10/07).

Por su parte, el PC viene con una política de pactar con los sectores “no neoliberales” (o con retórica antineoliberal) de la Concertación, realizando centralmente con el PS diversos acuerdos. Lo vimos en las recientes elecciones en el Colegio de Profesores y en algunas elecciones estudiantiles. Estas constituyen “ensayos” para su política de aliarse con la Concertación en las elecciones municipales que se desarrollarán el año próximo y para la política frente a las presidenciales. Previamente, han demostrado confianza ante todas las declaraciones de tinte progresista realizadas por personeros de la burguesía. De esa forma llamaron a votar por Michelle Bachelet en la segunda vuelta de las presidenciales, en 2006.

Esto, al mismo tiempo que, obligados por la emergencia de una nueva cuestión obrera, en que se va abriendo una dinámica de actividad y lucha reivindicativa, deben dar un tono relativamente más combativo a sus intervenciones sindicales.
De ese modo, las direcciones oficiales del movimiento obrero, que en muchos casos han impulsado y dirigido las huelgas más importantes en los últimos años, terminan transformándose en un obstáculo para que esta tendencia a la recomposición obrera se desarrolle hacia una política independiente de la burguesía.

IV - La necesidad de una alternativa obrera revolucionaria

Es preciso desarrollar una política que sirva para profundizar el proceso de recomposición de las fuerzas de la clase obrera.

1. Frente al aumento del trabajo precario y la subcontratación, es necesario plantear el fin a la subcontratación y trabajo estable para todos. Para avanzar en este sentido hay que comenzar a discutir cómo poner en pie un encuentro nacional de trabajadores contratistas que en unidad con los trabajadores de planta, puedan luchar por sus intereses. También, es necesario que se exija un tarifado nacional por oficio de tal forma que al mismo trabajo, corresponda el mismo salario, sin que importe la empresa para la cual se trabaja.

2. Frente a los salarios variables y de hambre, que para colmo este año vienen siendo afectados por la inflación, es necesario exigir un salario líquido mínimo de $350.000 (700 dólares aprox.), que es lo que realmente cuesta la canasta básica familiar, y que sea móvil acorde al costo de la vida.

3. Frente a la carencia del derecho a huelga, es necesario exigir el derecho efectivo a huelga, acabando con los reemplazos. Del mismo modo, para fortalecer el poder de la huelga, es necesario plantear el derecho a la negociación colectiva por rama. Los patrones se vienen negando a esto, y estarían dispuestos a “mejorar” la negociación colectiva en la empresa. Saben que si los trabajadores se unen por rama de producción, la huelga, como método de la clase obrera, se fortalece.

4. Del mismo modo, frente a los primeros efectos de la crisis de los créditos subprime en la economía nacional, que se comienzan a revelar en el sector forestal, con el cierre de plantas (La Araucana), vacaciones forzadas y despidos, es necesario responder exigiendo, el fin de los despidos. En caso de que se apele a las necesidades económicas, la estatización de toda planta que cierre y ponerla a producir bajo control de los trabajadores. En caso de que predomine la intransigencia patronal, los trabajadores que conserven su trabajo, en unidad con los desocupados, aprovechando que a nivel nacional la mano de obra todavía escasea, pueden plantear el reparto de las horas de trabajo sin rebaja del sueldo.

5. Para luchar por estas políticas, es necesario desplazar a los dirigentes oficiales del movimiento obrero, del PS y el PC y recuperar la CUT para los intereses de los trabajadores. Para esto, es necesario impulsar tendencias clasistas de trabajadores de base.

6. Los trotskistas de Clase contra Clase, miembros de la FT-CI, lucharemos por estas políticas al interior del movimiento obrero, considerando que mientras mejor sea aprovechada la coyuntura económica favorable por los trabajadores, en mejor relación de fuerzas se llegará para cuando los empresarios quieran descargar su crisis sobre los hombros de la clase trabajadora. Sin embargo, opinamos que deben ir de la mano de la construcción de un partido obrero revolucionario, que se proponga no sólo dar una pelea por ellas en el movimiento obrero, sino que también proyectar a la clase trabajadora como una clase capaz de darle salida al conjunto de los problemas que afectan al pueblo pobre, avanzando hasta una república de los trabajadores.

7. En este período, para aglutinar fuerzas tras la clase trabajadora, frente a lo profundamente antidemocrático del actual régimen -en gran medida continuidad del pinochetismo- y la política de “reformas cosméticas” que vienen realizando los gobiernos concertacionistas, es necesario plantear la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana basada en la movilización de los trabajadores y el pueblo. En esta asamblea se deberán discutir el conjunto de problemas que afectan a las capas medias empobrecidas, a los estudiantes y pobres de la ciudad y el campo. Simultáneamente se debe impulsar la pelea por constituir organismos de autodeterminación de los trabajadores, que vayan sentando las bases de un estado obrero, basado en la alianza revolucionaria entre el proletariado y las masas populares.

Santiago de Chile, 15 de noviembre de 2007