El miércoles 2/10 el presidente uruguayo José Mujica dio a conocer que su gobierno otorgaba a la empresa finlandesa UPM (ex Botnia) el permiso de ampliación de la producción de pasta de celulosa del 10%.

El gobierno argentino a través del ministro Héctor Timerman denunció que la medida "afecta la soberanía ambiental de Argentina y viola los tratados entre ambas naciones" ya que esta nueva concesión a la empresa se habría realizado sin la consulta bilateral como establece el Tratado del Río Uruguay (1975) y anunció que se recurrirá nuevamente a la Corte Internacional de La Haya. Esto último, al cierre de esta edición aún no se había producido y de hecho el tono de las relaciones diplomáticas y las acusaciones cruzadas bajaron sustancialmente en los últimos días. De la parte uruguaya se hizo lo mismo quitando el tema de la reunión de ministros del 7/10 y el canciller Almagro se fue de viaje a Asia.

La semana anterior, el momento de mayor tensión, Mujica había argumentado que "Debo cuidar el trabajo de los uruguayos. Desde el punto de vista jurídico, Uruguay está procediendo de forma correcta y lo que está haciendo no merece ninguna objeción" y contraatacó a sus pares argentinos denunciando la contaminación del otro lado del río.

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, institución que quedó de la gran lucha de 2006-2010 y cuyos dirigentes vienen actuando en acuerdo con el gobierno de Entre Ríos que encabeza el kirchnerista Juan José Bahillo, rechazó las medidas del gobierno uruguayo y volvió a denunciar la contaminación de UPM. El 6/10 se realizó una marcha sobre el puente que comunica con la ciudad uruguaya de Fray Bentos ylas fuerzas de seguridad uruguayas impidieron el paso a los manifestantes que permanecieron en la frontera. Ahora se esperan nuevas asambleas y movilizaciones.

Contaminación y “progresismo”

La contaminación es innegable. Las mediciones desde que se comenzaron a realizar en 2010 a partir de la Comisión Controladora que determinó el fallo de La Haya de ese año, muestran grandes aumentos de fósforo, nitrógeno y fenol entre otros. Sin embargo, lo que el gobierno argentino oculta y ha ocultado desde que se abrió la puja por la instalación de las pasteras ENCE y Botnia en 2006, es que a lo largo del mismo Río Uruguay pero de la costa argentina (y en varios otros ríos del país) hay varias pasteras y papeleras que utilizan métodos de producción aún más contaminantes que el de UPM, así como también de curtiembres y otras industrias contaminantes.
El gobierno argentino siempre (desde la presidencia de Nestor Kirchner) tomó el “caso Botnia” como símbolo de una supuesta postura progresista, ecologista y de solidaridad con la movilización popular (que en aquellos años realizó las más grandes movilizaciones en la historia de la ciudad y mantuvo cortado el puente por más de 3 años). Hoy el kirchnerismo trata de recrear esa falsa imagen aprovechando este nuevo capítulo en el diferendo bilateral cuando acaba de concretar uno de los acuerdos más entreguistas de la historia nacional con la petrolera yanqui Chevron a la que prácticamente le entregaron el petróleo de Loma de la Lata por décadas y con un método de extracción (fracking) que está prohibido en casi todo el mundo por su elevado daño ambiental. Por su parte, el gobierno uruguayo encabezado por el Frente Amplio, viene a profundizar el modelo promovido e impuesto por la derecha en 1989 con la Ley de Forestación. Bajo este modelo, se mantiene extranjerizada más de 2/3 de la tierra.

De maniobras y distracciones

El régimen político apuntó a acusar una maniobra “electoral” por parte del Kirchnerismo para administrar su marcada decadencia evidenciada en las PASO del 11 de Agosto. Pero en Uruguay no es un momento más. Estamos asistiendo al año con mayor conflictividad obrera desde finales de los años 90. Con una ronda salarial que actualmente involucra a 500 mil trabajadores de la industria y los servicios que aún no pueden cerrar por intransigencia de las patronales (que ya están discutiendo con qué programa y con quién afrontar el próximo periodo).

Por todos estos aspectos, el régimen uruguayo se ha valido fuertemente de este “revival” del conflicto binacional para encolumnarse desde la ultraderecha, hasta el último de los frenteamplistas con el gobierno de la república. El régimen ha logrado por un momento trasladar la atención a UPM y la disputa por el Río Uruguay, mientras mantiene las miserables pautas salariales. Sin ir más lejos, la central obrera (PIT-CNT), al mismo tiempo que las cámaras empresariales han manifestado su apoyo político a la decisión de aumentar la producción de UPM. Toda una síntesis de la estrategia de conciliación de clases de la burocracia sindical, trasladando la idea de que “si a la patronal le va bien, a los trabajadores también”, encubriendo su política bajo fraseología de “desarrollo nacional”.

Pero el FA está jugando con fuego, y esto quedará en evidencia el próximo 18 de Octubre, cuando miles nuevamente salgan a manifestarse contra los “megaproyectos” contaminantes, y en defensa de los recursos naturales. El problema que tiene el FA aquí es que no puede recubrir su política de profundización del modelo extractivista con una retórica de defensa del “interés nacional”.

La única salida la puede dar la clase obrera

La realidad más allá de los discursos “progresistas” de ambos gobiernos, es que los dos hacen grandes negociados con las multinacionales, como puede verse también con los grandes emprendimientos mineros, y gobiernan garantizando la expoliación imperialista y el pago sagrado de la deuda externa a costa de los trabajadores y el pueblo. Además, este conflicto nuevamente ha mostrado los límites de la unidad burguesa de América Latina, como por ejemplo el proyecto del Mercosur, donde lo que priman son los intereses de las burguesías locales quienes viven de las migajas de los negociados imperialistas. Los revolucionarios internacionalistas de ambos lados del Río Uruguay creemos que la única salida consecuente para este conflicto la puede dar la clase trabajadora por medio de la estatización bajo control de trabajadores y pobladores de la zona de UPM y toda la industria forestal, para poner ésta al servicio de las mayorías populares y terminar con la sed de ganancia de los capitalistas, quienes son capaces de arrasar con nuestro medio ambiente. La Asamblea de Gualeguaychú deberá reactivarse con sus propios métodos de lucha independiente, sin ninguna confianza en el gobierno Argentino ni su intendente Bahillo.

09/10/2013